26.4.16

GIEI: el régimen desnudo

Die Feier (La celebración),: George Grosz, c. 1921

Los integrantes del Grupo Internacional de Expertos Independientes fueron cuidadosos y prudentes en su lenguaje. En la presentación de su segundo informe sobre la investigación de los crímenes perpetrados el 26 y el 27 de septiembre de 2014 en Iguala –y los que siguen siendo cometidos día a día y hora tras hora desde entonces– omitieron expresiones como siembra, ocultación y destrucción de pruebas, fabricación de culpables, encubrimiento o colusión de funcionarios públicos.

Los expertos dejaron que los hechos hablaran por sí mismos en los dos tramos del episodio delictivo: el primero, que fue la agresión misma, la coordinación entre las fuerzas policiales y militares para perpetrar y/o facilitar los asesinatos y las desapariciones forzadas, la evidencia de que al menos uno de los estudiantes de Ayotzinapa sobrevivió varios días al ataque del 26, la participación de la Policía Federal en la desaparición del autobús Estrella Roja (el “quinto autobús”), el maltrato de los agentes gubernamentales a los sobrevivientes, el desdén ante los heridos y el conocimiento de los hechos casi en tiempo real por parte de las más altas instancias del gobierno; el segundo, la investigación de la PGR, empieza con las torturas a los inculpados para arrancarles confesiones a modo y sigue con una manifiesta siembra de pruebas en los alrededores del río San Juan el 28 de octubre, un día antes de que las diligencias oficiales comenzaran en ese sitio, en donde los peritos de la Procuraduría manipularon evidencias y pasearon a uno de los detenidos; posteriormente obstaculizaron el trabajo de los Especialistas Argentinos en Antropología Forense, impidiéndoles el acceso al río, con el presumible propósito de sembrar en una de las bolsas allí “descubiertas” un fragmento óseo de Alexander Mora Venancio –único de los 43 desaparecidos de quien se ha identificado un resto– procedente sabe Dios de dónde. Es decir, hay elementos adicionales para afirmar que la hoguera de Cocula no fue encendida por los Guerreros unidos sino por los propios empleados de la PGR.

Durante 11 días durante los cuales el régimen de Enrique Peña Nieto se desentendió del caso y lo relegó al ámbito “local” a pesar de que para entonces ya había adquirido un impacto mundial. Pero en ese lapso, y hasta el 9 de febrero de 2015 –es decir, tres meses después de que Murillo Karam incinerara a los estudiantes normalistas en la hoguera de su imaginación– el informe del GIEI reporta que los chips de los celulares de los muchachos siguieron dando esporádicas señales de vida. Fue el caso del teléfono de Jorge Aníbal Cruz Mendoza, quien envió un mensaje de texto a su madre pasada la una de la mañana del 27 de septiembre, hora a la que, según la PGR, ya estaba muerto. Su número volvió a activarse en repetidas ocasiones en diversos puntos de Iguala; uno de sus parientes recibió una llamada en la fecha referida y la familia pidió de inmediato que se localizara el aparato pero no recibió respuesta por parte de las autoridades. En la versión de la PGR, todos los celulares de los normalistas habían sido incinerados en Cocula junto con sus propietarios.

Luego vendrían la suplantación del quinto autobús y de su chofer, la detrucción o el ocultamiento de videos cruciales, la “pérdida” de prendas de los desaparecidos, la fabricación de un tramposo e insustancial tercer peritaje de fuego, justificatorio de la mentira histórica, y muchas otras maniobras para desviar o impedir el trabajo de los expertos extranjeros.

Lo que puede concluirse de los datos duros aportados por el GIEI la mañana del domingo pasado es que la agresión del 26 de septiembre fue un operativo conjunto y coordinado de fuerzas militares, policiales y delictivas en contra de civiles inermes, que los altos niveles del gobierno federal estuvieron al tanto y que desde entonces la PGR ha buscado delimitar la responsabilidad de lo sucedido únicamente a las instancias municipales de Iguala –incluyendo posteriormente a las de Cocula y Huitzuco– para encubrir complicidades estructurales de los tres niveles de gobierno con la complicidad organizada y el narcotráfico.

No hay incapacidad sino deliberado afán de impunidad; no puede concluirse otra cosa de la orden de dar por terminada la misión del GIEI en el país –después de una orquestada campaña de linchamiento mediático en su contra–, a pesar del enorme costo político que esa medida le acarrea al régimen: ahora es claro que el peñato ya no está dispuesto a seguir simulando interés por el esclarecimiento del crimen perpetrado en Iguala.


Pero es demasiado tarde: el trabajo de los expertos internacionales, metódico, riguroso y comprometido, ha desnudado de manera irremediable al gobierno. A la sociedad mexicana le toca hacer lo que falta.

19.4.16

“Casos aislados”


El general Salvador Cienfuegos Zepeda, secretario de la Defensa, repudió y condenó el hecho sin cortapisas, en forma inequívoca y pública. Ofreció una disculpa a la sociedad y dijo que el episodio de tortura ocurrido en Ajuchitlán del Progreso, Guerrero, en febrero de 2015, forma parte de “sucesos repugnantes, aunque aislados, (que) dañan de manera muy importante nuestra imagen y el prestigio” de las fuerzas armadas. Unos días después el comisionado de Seguridad, Renato Sales Heredia, se le unió en las expresiones de consternación y no se quedó atrás Roberto Campa Cifrián, titular de la subsecretaría de Derechos Humanos de Gobernación.

En la sesión de tortura participaron al menos dos elementos castrenses y una agente de la Policía Federal. En el fragmento de video que se hizo viral a mediados de la semana pasada puede verse cómo los militares y la policía patean y encañonan con sus armas reglamentarias a una mujer que está en el suelo, le meten la cabeza en una bolsa de plástico y la conminan a que revele la información que desean obtener.

Una de las interrogantes es quién grabó el video y para qué. Todo indica que tuvo que ser otro servidor público, civil o militar. ¿Qué hay de él o de ella? ¿Lo hizo por perversión personal o tuvo un propósito didáctico, es decir, mostrar a eventuales educandos lo que se debe y lo que no se debe hacer en un interrogatorio de esa clase? Lo cierto es que los torturadores no parecen estar fuera de control ni improvisando; no le gritan a la víctima ni la lastiman “innecesariamente” para sus propósitos; por el contrario, parecen seguir un procedimiento rutinario.

De cualquier forma lo exhibido en la grabación es consistente con los testimonios de miles de personas que han sido víctimas de apremios físicos por las corporaciones policiales y/o militares del país, testimonios que dieron pie a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para señalar, en su informe de octubre del año pasado, que la tortura es una práctica generalizada en México. Y sí: a pesar de los alegatos oficiales de inocencia, la tortura aparece en buena parte de los expedientes judiciales del país como herramienta en eso que el gobierno sigue llamando “lucha contra la delincuencia organizada”, como insumo en el proceso de fabricación de culpables y hasta como medio de venganza y encarnizamiento personal.

La contraparte rutinaria de la tortura consiste en negar (policías, militares) o desestimar y minimizar (jueces) las pruebas de los apremios físicos. Cuando presuntos delincuentes con evidentes huellas de golpizas son presentados sin rubor alguno ante los medios, las autoridades aducen que “se golpearon tratando de escapar”. Pero ólo por excepción es posible contar con la grabación en video de una sesión de tortura como la realizada en en Ajuchitlán del Progreso el año pasado. Y es inevitable suponer que no fue un caso aislado sino la punta de un iceberg.

Qué decir del hecho de que el Ejército tuvo conocimiento de los hechos a fines de 2015 (y detuvo por ellos a un capitán y una soldado) y que no haya hecho públicas tales acciones sino hasta después de la filtración del video. Y qué decir que la Policía Federal no haya sido enterada del asunto sino cuando éste era ya tendencia en las redes sociales.


¿Moralejas? La primera, desde luego, es que la legislación debería ser reformada para garantizar que un individuo sobre el que pesan responsabilidades represivas que incluyen modalidades de tortura, como Enrique Peña Nieto (Atenco), no llegue nunca a ocupar la jefatura del Estado. La segunda es que las Fuerzas Armadas deben ser retiradas de inmediato de tareas policiales por la simple razón de que no están concebidas y entrenadas –ni tienen por qué estarlo– para procurar justicia ni investigar delitos sino para la guerra y la aniquilación del enemigo. La tercera es que tal vez no baste con las disculpas genéricas dirigidas “a la sociedad” y que el general Cienfuegos, Sales Heredia y Campa Cifrián deberían considerar la posibilidad de acudir al penal federal de Nayarit en el que se encuentra la mujer que fue sometida a tortura y se disculpen ante ella, la primera agraviada. Finalmente, el documento videográfico tendría que ser suficiente para considerar espuria toda la actuación del Estado en este caso y para dejar libre a la víctima, aunque no sea de nacionalidad francesa. Y si como consecuencia de ello algún delito queda en la impunidad, que los corifeos del régimen no culpen a los defensores de derechos humanos, sino a quien sea o haya sido el responsable de la Base de Operaciones Mixtas (policías Estatal y Federal, Ejército, Marina, PGR) en la que tuvo lugar la atrocidad.

5.4.16

Incertidumbre histórica



Una vez destruida toda verosimilitud de la “verdad histórica” y puesta en evidencia la determinación del gobierno federal de urdir una mentira histórica para encubrir algo aun más truculento y sórdido que esa fábula, la Procuraduría General de la República (PGR) se concentra ahora en fabricar una incertidumbre definitiva sobre el destino de los 43 muchachos normalistas que fueron desaparecidos en Iguala el 26 de septiembre de 2014 por fuerzas del Estado. La construcción de la incertidumbre como lápida final para un crimen incómodo es un conocido recurso de autoexculpación del poder político. Claro que en términos de imagen lo más conveniente es ofrecer una explicación plausible que desvíe la atención de los culpables reales y la haga recaer en culpables inventados o que la constriña a unos autores o cómplices materiales de poca monta. Pero si eso no es posible más vale pasar por ineptos que por criminales. ¿Quiénes ordenaron los asesinatos de los Kennedy? ¿El de Olof Palme? ¿El de Colosio? Misterio. Las pesquisas iniciales de esos delitos fueron inmundas, más pensadas para oscurecer que para aclarar; se dejó pasar el tiempo, se destruyó pruebas, se ocultó testimonios y se fabricó otros, se sembró pistas falsas, el enredo acabó por ser inexpugnable y los asesinos quedaron a salvo de la justicia.

“Si la sociedad no acepta nuestra versión de lo ocurrido en Iguala –parecen calcular ahora los operadores del peñato– al menos que no quede al descubierto nuestra determinación de construir un desenlace imaginario; si instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los Expertos Argentinos en Antropología Forense (EAAF) y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) insisten en descubrir incoherencias, falsedades y deficiencias, arrojemos lodo sobre ellas, vía interpósitas personas (o muchedumbres virtuales de “peñabots”) para restar credibilidad a sus señalamientos. Negociemos: tú no aceptas nuestra “verdad histórica” y nosotros no reconoceremos nunca que mentimos en forma deliberada, así que convengamos un descuento del 50 por ciento y dejémoslo en incertidumbre histórica”.

Aunque en realidad no hay negociación alguna sino un puñetazo sobre la mesa. No fue otra cosa la patética presentación ante medios del subprocurador Éber Omar Betanzos y su especialista Ricardo Damián Torres –lectura de un boletín sin espacio para preguntas– a fin de poner sobre la mesa, de manera sesgadísima, algo del no concluyente ni concluido peritaje del Grupo Colegiado de Expertos en Fuego. Ese acto unilateral violentó los acuerdos básicos de trabajo que habían sido adoptados por la PGR y el GIEI, los compromisos con los padres de los 43 muchachos, las reglas que se había fijado para el desempeño del equipo de especialistas en fuego, la verdad y la decencia.

El hecho de que algunos restos humanos fueron incinerados en Cocula se sabe desde hace mucho, como se sabe, también, que no pertenecían a ninguno de los normalistas. Ello exhibe la pavorosa ruptura del estado de derecho en tiempos del calderonato y del peñato pero no fortalece de manera alguna la historia de Jesús Murillo Karam. En suma, el espectáculo encabezado por Betanzos fue diseñado para hacer creer que la “verdad histórica” tiene algún porcentaje de certeza y que el GIEI mintió, a fin de justificar la decisión gubernamental de poner fin a la misión del grupo en el territorio nacional.

Se trata, pues, de un episodio más en el desempeño del gobierno federal caracterizado por la indolencia, el descuido y el desaseo, las omisiones, la obtención de confesiones bajo tortura, el ocultamiento de pruebas, la opacidad, la criminalización de las víctimas, la distorsión sistemática de los resultados científicos, las campañas sucias y a trasmano contra los expertos independientes, el incumplimiento de acuerdos y de reglas previamente establecidas. Urgía echarle al crimen una capa más de inconsistencias y contradicciones para diluir las certezas –las únicas posibles: que la PGR sigue ocultando la verdad– y extender la impresión de que es imposible saber qué ocurrió aquella noche. Para decirlo rápido y a falta de mejor adjetivo, fue un acto procuraduriento a más no poder.


Han transcurrido 18 meses y medio desde la agresión contra los muchachos normalistas y el régimen sigue negándose a revelar la verdad de lo sucedido. Si no se ejerce ahora una presión social decisiva que reivindique la lucha incansable de los padres de los 43 y el valioso trabajo del GIEI y de los EAAF, el peñato se saldrá con la suya y podrá imponer como solución final la incertidumbre histórica, la impunidad y el encubrimiento.

3.4.16

Del momento preciso

Para Hebe Rosell
y Lutz Alexander Keferstein 


¿ Cuál es la gota que derrama el vaso
o la chispa que incendia la pradera?
Nadie lo sabe con razón certera
ni hay fórmula infalible para el caso.

Se podría evitar tanto fracaso
sin el fútil afán, sin la quimera
de atrapar en la lógica severa
la sutil expresión de un chiripazo.

Es mejor preparar, día tras día,
al margen de una fecha perentoria,
el fin de la vetusta tiranía

sabiendo que es la hora decisoria
–como ya Kapuscinski lo decía–
la faceta inefable de la historia.

1.4.16

Del DF a la CDMX


La atmósfera es un símbolo lamentable de la involución sufrida por esta ciudad en tiempos del mancerato: hemos vuelto a padecer una inversión térmica como no las hubo en más de tres lustros. Algunos sostienen, con argumentos, que los límites de velocidad tipo Kidzania del reglamento de tránsito impuesto por el gobierno local ha contribuido a incrementar la concentración de vapores de mierda sobre este valle. Desde luego no será ese el único factor ni mucho menos: hay que sumar la especulación inmobiliaria y comercial, la voracidad de la industria automotriz, la corrupción en los centros de verificación, las deficiencias del transporte público, las torpezas de los planificadores y la falta de buen sentido en las regulaciones y medidas de vialidad.

Pero para ser justos, en estos últimos nueve años nuestra ciudad no sólo ha experimentado un retroceso sino también un avance pavoroso hacia la estratificación social y la exclusión mediante la persistente privatización de espacios públicos y la monetización (el neologismo es aportación de Google, creo) de todo lo imaginable. Da la impresión de que en el viejo palacio de Ayuntamiento hay un montón de personas exprimiéndose los sesos para encontrar nuevos servicios urbanos, nuevos metros cuadrados o cúbicos de urbe, nuevos contratos y concesiones a los cuales exprimirles unos cuantos pesos por habitante que, sumados, dan montos formidables. No se trata, no, de hacerse de recursos adicionales para la administración local, sino de multiplicar las oportunidades de negocio para los contratistas. En medio de esta dinámica es hasta sorprendente que los gobiernos de Peña y de Mancera hayan decidido regalarle a la voluntad popular un poco de participación en el próximo congreso constituyente y que no hayan encargado a una empresa consultora la tarea de redactar la carta magna local. Esos funcionarios deberían tener cuidado, que la obligada simulación de espíritu democrático se les puede revertir y podría colarse por ella la voluntad del pueblo completa, no rebajada a 60 por ciento, como lo han impuesto.

Parece ser que esta autoridad subestima a sus gobernados y piensa que es suficiente con pintar la urbe de rosa y emitir discursos ñoños para olvidar la tremenda traición al mandato cometida de 2012 en adelante: las políticas represivas, reinstauradas; la corrupción, magnificada; la vuelta a un espíritu de gobierno elitista en el que la ciudad de todos es sustituida por la ciudad de quienes puedan pagar como servicios extra cosas que hasta hace poco eran sufragadas por el presupuesto público, es decir, por los impuestos que aportan los habitantes. Lo que era gratuito –no por regalo de nadie, sino porque procedía del patrimonio común– hoy es concesionado a contratistas y transita del ámbito de los derechos al de los privilegios. Es equivocado, por ello, sostener que la administración mancerista se mueve únicamente en función del afán recaudatorio. No: también hay en ella un claro propósito divisorio para colocar a las personas de bien en un espacio superior y tarifario, y al resto, en un entorno infernal que castiga a la pobreza o, cuando menos, a la carencia de tarjeta de crédito. Si Marcelo Ebrard aspiraba a convertir al DF en algo así como Rotterdam, parece ser que Mancera lo quiere volver algo parecido a Jerusalén, que es una ciudad dividida entre la zona opulenta del oeste y el oriente árabe, miserable y abandonado.

El riesgo de concesionar mecanismos coercitivos (colocación de inmovilizadores, fotomultas, grúas) a empresas privadas es que el éxito no se mide en la capacidad de cumplir con los reglamentos y de educar a la ciudadanía, sino en el florecimiento mercantil de las concesionarias. O tomen el ejemplo de las Ecobicis, un servicio operado por la trasnacional Clear Channel Outdoor: el sistema está diseñado para realizar trayectos cortos, dentro de una misma zona de la ciudad, pero no para un uso intensivo de ese medio de transporte. Así lo evidencia su estructura tarifaria: si alguien desea rentar una de esas bicicletas por dos días, a fin de llegar en ella a una zona carente de cicloestación (es decir, cualquier barrio pobre de la ciudad) tendrá que pagar más que por un mes de alquiler de un coche subcompacto según precios de mercado.

Mancera ha llegado al colmo de pactar con los malquerientes priístas y panistas de las mayorías capitalinas un cambio de nombre a espaldas de sus habitantes. En virtud de un acuerdo cupular el Distrito Federal pasa a llamarse, en tanto que entidad política, Ciudad de México, un nombre absurdo por donde se le vea: si ya había cierta dificultad con la homonimia entre el país y la entidad federativa, ahora la confusión se multiplica. Además el Distrito Federal no es una ciudad, sino una demarcación con una parte urbana y otra rural en la que se asienta, sí, la porción principal de la megalópolis. Por lo demás la urbe se extiende hacia el norte y el oriente sin solución de continuidad entre sus barrios defeños y varios municipios mexiquenses.


En todo caso, el acrónimo CDMX tuvo mala estrella: nació marcado por una crisis que no es sólo ambiental y vial, pero que tiene en esas dimensiones su expresión de coyuntura. El desastre se ha gestado en la corrupción administrativa –que ha hecho posible, por ejemplo, una descontrolada proliferación de desarrollos inmobiliarios comerciales y habitacionales en zonas carentes de la infraestructura para asimilarlos–, en la claudicación de la autoridad ante la voracidad empresarial y en actitudes clasistas, insolentes y frívolas, más propias del peñato que de los programas progresistas y con visión social que habían distinguido al DF del resto del país. El problema de Mancera es que no se ha tocado el corazón para reprimir, para imponer tributos draconianos (como el incremento del Metro) ni para dictar reglamentos plagados de absurdo. Ahora no puede decir que le han faltado instrumentos de gobierno para impedir la catástrofe ni escurrir el bulto pretendiendo endosar su responsabilidad a sus gobernados. Porque una autoridad incapaz de adelantarse a los acontecimientos y de regular y orientar el funcionamiento de un colectivo, es una autoridad que no sirve para nada.

29.3.16

Ofensiva autoritaria



A principios de este mes la Suprema Corte declaró incosntitucional el artículo 287 del Código Penal del Distrito Federal –a cuya sombra el gobierno de Miguel Ángel Mancera ha encarcelado a varias personas–, que castiga con penas de seis meses a dos años de cárcel el delito de ultrajes a la autoridad, sin especificar qué cosa significa tal ultraje y que permite, en consecuencia, cualquier abuso de interpretación por parte de policías, ministerios públicos y jueces. Falta, sin embargo, que la máxima instancia de justicia elimine en definitiva esa norma del marco legal nacional.

Unos días más tarde, con la votación de todas las fracciones representadas en el congreso local, salvo la de Morena, se aprobó en el estado de México la ley Atenco, un ordenamiento urdido por el gobierno de Eruviel Ávila y orientado a dar manga ancha a la represión y al uso discrecional de la fuerza en contra de manifestaciones públicas. De acuerdo con esa ley, para que la policía pueda disolver por los medios que le dé la gana cualquier expresión ciudadana, bastará con que la considere ilegal o contraria a la paz y el orden público. Más aún, la ley Atenco autoriza a los efectivos policiales a disparar sus armas de fuego en caso de amenaza de muerte y en defensa propia y de terceros, disposición alarmante si se considera el grado de pudrición de las fuerzas públicas mexiquenses, no pocos de cuyos efectivos trabajan además para la delincuencia organizada.

La ley Atenco –obligada referencia a la represión criminal desatada hace una década por Enrique Peña Nieto y Vicente Fox en contra del pueblo de San Salvador Atenco y de quienes allí se encontraban– tiene un correlato federal: el afán del régimen de aprobar una ley reglamentaria del artículo 29 constitucional para facultar a la Presidencia a solicitar al Legislativo la suspensión de garantías y decretar estados de excepción ante riesgos a la paz pública, la seguridad o una amenaza al Estado e incluso para hacer frente a crisis económicas que por su gravedad puedan generar alteraciones al orden público. Con ello el Ejecutivo federal tendría manga ancha para dejar en suspenso los derechos de manifestación, asociación, circulación y libertad de expresión, entre otros. En el colmo del cinismo la iniciativa afirma que interrumpir la vigencia de las garantías y derechos humanos puede ser una forma de tutelarlos.

Resulta meridianamente claro que el régimen oligárquico se preparara a hacer frente, con una cobertura de legalidad, al descontento generalizado larvado por su propia corrupción, su propia ineficacia y su propio entreguismo. Sin necesidad de dictar estados de excepción, en extensas regiones del país las garantías individuales y los derechos humanos y colectivos están suspendidos de facto por la connivencia de funcionarios con la delincuencia organizada o, en el menos peor de los casos, por la absoluta incapacidad de los gobernantes para hacer frente a la inseguridad y la violencia criminal. La política económica de rapiña protagonizada por Peña y su grupo están llevando al país a una crisis económica sin precedentes que tendrá, por supuesto, consecuencias sociales en forma de estallidos de hartazgo. Sólo falta que los funcionarios en turno terminen de desplumar al erario y lo dejen sin los ya menguados recursos de los programas asistencialistas-electoreros de Sedesol y otras entidades. O un tercer fraude electoral al hilo –después de los de 2006 y 2012–, única manera imaginable de que la oligarquía se mantenga en el poder en 2018.

Así pues, ante el panorama devastador que dibujan sus propias proyecciones, el régimen trabaja a marchas forzadas para construir un marco legal abiertamente despótico y represivo. Por si aún no hubiera quedado clara la línea divisoria entre Morena y las franquicias electorales del grupo en el poder, la votación de la ley Atenco del Congreso mexiquense la dibujó con nitidez: con la excepción del mencionado, la aprobaron todos los partidos allí representados, incluidos el PRD, el PT y Movimiento Ciudadano. Desde su participación en el Pacto por México, el de la Revolución Democrática ya había marcado la línea de la simulación: operar para el peñato en las cámaras y rasgarse las vestiduras ante los medios. Y así le hicieron los tres en esta ocasión, sin tomarse la molestia de una explicación pública para semejante traición a sus respectivos electorados, los cuales de seguro no esperaban que sus representantes participaran en la construcción de un marco legal a la represión discrecional de las movilizaciones populares.

22.3.16

Obama en Cuba:
buena onda y presiones



En su viaje a Cuba Barack Obama ha recurrido a los instrumentos diplomáticos de la simpatía, el desenfado y el buen humor. Atributos importantes, sin duda, porque después de medio siglo de hostilidad anticubana el aterrizaje del avión presidencial de Estados Unidos en el aeropuerto José Martí resultaba una operación particularmente crítica y riesgosa, y ojalá que los servicios de inteligencia no busquen más allá de la metáfora, porque ésta se refiere a los riesgos políticos, no a atentados terroristas.

La pista es estrecha: Obama tiene en Estados Unidos la siempre viva animadversión de republicanos y cubanoestadunidenses y en Cuba, el recuerdo y el recuento de la agresión sistemática de Washington en contra de la isla y sus efectos y consecuencias. Tal vez lo segundo no resulte muy visible porque ahora las expresiones de hospitalidad y simpatía resultan abrumadoras, tanto en la realidad como en la cancha mediática, pero eso no quiere decir que la herida histórica de cinco décadas de intentos de aniquilación pueda cicatrizar por efecto de una visita presidencial.

Tal vez por eso el habitante de la Casa Blanca ha procurado mantener en sus mensajes públicos una cuidadosa fórmula de 33 por ciento de respeto, 33 por ciento de injerencismo y 33 por ciento de buena onda.

En un punto el mandatario estadunidense ha ido más allá de ese equilibrio: en entrevista con ABC News transmitida ayer afirmó que Google expandirá el acceso a Internet en Cuba y que ello forma parte de los anuncios que realizará: que esa empresa “tiene un acuerdo para comenzar a establecer más acceso a Wifi y banda ancha en la isla”. Google, por su parte, anunció en su blog un acuerdo con el Museo Orgánico de Romerillo para exhibir allí productos suyos como Cardboard y Chromebooks y agregó que la exhibición es “sólo un comienzo” para “traer una variedad de servicios a Cuba –incluyendo potencialmente proveedores de Wi-Fi y banda ancha–“ y para “aumentar y mejorar el acceso a Internet”.

El presidente Raúl Castro, en la declaración conjunta, midió cuidadosamente sus palabras: “A partir de las decisiones adoptadas por el presidente Obama para modificar la aplicación de algunos aspectos del bloqueo, empresas cubanas y sus contrapartes estadunidenses trabajan en la identificación de posibles operaciones comerciales que se pudieran concretar en el marco aún restrictivo de las regulaciones en vigor. Algunas se han materializado, especialmente en el área de las telecomunicaciones, ámbito en el que nuestro país cuenta con un programa basado en sus prioridades de desarrollo y en la necesaria soberanía tecnológica que garantice el uso apropiado de éstas al servicio de los intereses nacionales.”

Las operaciones de las que habló el mandatario cubano se refieren básicamente a telefonía, a la licencia estadunidense para telecomunicaciones desde terceros países hacia Cuba, la llegada a la isla de Netflix –que es meramente simbólica, dadas las restricciones de ancho de banda y las que afectan a los pagos internacionales–, y unos contratos de servicio entre Etecsa, la empresa estatal cubana de telecomunicaciones, con algunos proveedores de Estados Unidos.

Ya en enero del año pasado Raúl Castro se quejaba de que Obama liberalizaba a conveniencia el embargo económico aún vigente: “Podría utilizar con determinación sus amplias facultades ejecutivas para modificar sustancialmente la aplicación del bloqueo, lo que está en sus manos hacer, aun sin la decisión del Congreso. Pudiera permitir en otros sectores de la economía todo lo que ha autorizado en el ámbito de las telecomunicaciones con evidentes objetivos de influencia política en Cuba.”

Más de un año después, Obama adelanta en forma unilateral un supuesto acuerdo –su existencia no ha sido confirmada por el gobierno cubano– para que Google (o Alphabet) ofrezca acceso a Internet en la isla cuando lo único en firme, por ahora, es una exposición. Se trata claramente de una forma de presión para lograr la apertura cubana en un terreno particularmente sensible y estratégico.

En la precariedad de su infraestructura internética Cuba ha encontrado una de las pocas virtudes de la pobreza: ha conseguido escapar al aparato de vigilancia gubernamental y corporativo que permite a funcionarios y empresarios estadunidenses espiar a cientos de millones de personas y entidades en buena parte del planeta. La exclusión es una fortaleza de la soberanía y la seguridad nacional. ¿Significa eso que los cubanos deban seguir siendo usuarios marginales de las redes? No, por supuesto. Tal vez sean capaces de concebir y desarrollar redes que no estén al servicio prioritario de inversionistas y de oficinas de inteligencia extranjeras. No sería la primera vez que el país caribeño mostrara al mundo un camino nuevo.

15.3.16

Construir medios


A
yer hace un año el poder político-empresarial cerró filas en contra de Carmen Aristegui y operó la vergonzosa liquidación de un espacio informativo insustituible para la sociedad: el noticiero matutino de Carmen Aristegui en MVS. Meses antes, en noviembre de 2014, una investigación del equipo de Aristegui Noticias había revelado la existencia de una mansión valuada en siete millones de dólares, propiedad del contratista gubernamental Grupo HIGA, cuya posesión había sido reconocida por la esposa de Enrique Peña Nieto, Angélica Rivera, en un reportaje de la revista Hola!

Apenas dos meses antes había ocurrido en Iguala la agresión criminal de agentes del Estado en contra de estudiantes normalistas de Aytozinapa y el peñato se encontraba acorralado por los indicios crecientes de su corresponsabilidad –así fuera en grado de omisión– en ese acto de barbarie. Iguala marcó el punto de inflexión en la imagen de Peña, hasta entonces blindada por toneladas de maquillaje mediático –incluida la célebre portada de la revista Time que lo proclamaba salvador de México– e inmune a los efectos de una extremada impopularidad. Pero todo el aparato mediático –el nacional y el extranjero– no pudo, con su enorme poder, salvar al régimen priísta de la evidencia de su propio rostro atroz, sangriento y corrupto reflejado en el espejo de las torturas, los asesinatos a mansalva, las desapariciones de 43 muchachos, la connivencia con la delincuencia organizada, la fabricación de culpables y de mentiras tan escandalosas como la “verdad histórica” de Murillo Karam y, como remate, la insensibilidad, la torpeza y el cinismo de Peña Nieto.

En esa circunstancia, el hallazgo periodístico de la Casa Blanca de Peña y de su mujer vino a derrumbar lo que hubiera podido quedar de fachada a un gobierno que se presentaba como paladín de la eficacia, la transparencia, la democracia y la modernidad. La mansión de Las Lomas no sólo es impresentable porque constituye una transacción triangulada entre un gobernante y uno de sus contratistas principales sino también porque exhibía la carencia de escrúpulos de un individuo, cabeza de régimen, incapaz de comprender el agravio que representa la riqueza extrema en un país que tiene a la mitad de su población –o más– sumida en la pobreza más injustificable y cuyos gobernantes sin excepción, de Salinas en adelante, han propiciado e intensificado la concentración de beneficios en unas cuantas manos, en detrimento del resto de los habitantes.

La ofensa de la verdad resultó intolerable para el peñato y lo que siguió es bien conocido: se presionó a los dueños de MVS y a la postre éstos esgrimieron un pretexto pueril para ordenar el cierre definitivo del noticiero de Aristegui. El control de daños corrió a cargo de un patiño presidencial (Virgilio Andrade) que operó, en el asunto Casa Blanca, en forma semejante a como lo hizo Jesús Murillo Karam con Iguala: elaborando un relato que eximía a Peña (y a su secretario de Hacienda, Luis Videgaray, a quien también se le descubrió una fastuosa propiedad facilitada por Higa) de cualquier responsabilidad legal.

El asunto lleva a preguntarse si es posible romper de alguna forma la armadura mediática del régimen, una idea que alentó en 2012 al movimiento #YoSoy132, el cual vio con claridad meridiana que la democratización del país es imposible si no se lleva a cabo una democratización de los medios. La tarea no parece fácil: las frecuencias de radio y televisión y las redes de cable están reservadas, de facto, para la élite económica, única representada y mandante de este gobierno; los pocos y marginales espacios de difusión que le quedan al Estado están sometidos a una férrea censura y obligados a proyectar el discurso oficial como verdad única; los medios impresos –cuya tecnología era hasta hace poco la única relativamente asequible a proyectos sociales independientes de los poderes fácticos y del Estado– viven un declive inocultable y enfrentan el difícil desafío de su tránsito a lo digital.

El desarrollo tecnológico ha creado, sin embargo, un terreno en el que es posible romper el monopolio del discurso y ha empezado a erosionar el poderío de los medios electrónicos tradicionales. El acceso a ese terreno empieza a masificarse y ya es posible construir en él espacios de difusión independientes y capaces, en principio, de contrarrestar el enorme peso mediático de la oligarquía gobernante. Ya están surgiendo.

5.3.16

Eso que te odia



A veces te odia porque eres judío
y otras veces te odia porque eres palestino.
(Antes, hallaba insoportable
que fueras numantino, albigense,
bruja, negro o gitano.)
Puede ser que te deteste
porque resistes y defiendes tu tierra
o que te abomine porque reclamas tus derechos.
Busca exterminarte porque te niegas a cambiar de religión
o porque abrazas otra religión
o porque no tienes religión alguna
o porque comes tal cosa, o porque no comes tal otra,
o porque bebes cerveza,
o porque no consumes cerveza de su marca.
Si eres pobre te odia casi siempre;
si eres indio y campesino hará cuanto pueda
por borrarte de la estadística;
si eres mujer que hace lo que quiere,
si eres hombre que llora sin vergüenza,
si organizaste un sindicato libre,
si eres joven y quieres estudiar,
si eres viejo y pretendes jubilarte,
si no vendiste tu dignidad,
si te le ríes en su cara,
si lo descubres,
si buscas destronarlo,
querrá tu destrucción.
Así es eso. Y no cambia
aunque aprenda a comer en juego de seis cubiertos,
aunque se ponga una corbata,
aunque se diga democrático
y haga todo lo imaginable
por limpiarse la sangre y la mierda
en su tina con grifos de oro.
Así es eso.
Tú tienes dos deberes:
no dejarte matar de forma alguna
(tiene tantas maneras,
desde el secuestro y la tortura
hasta la compra y las adulaciones)
y no acabar siendo una cosa
semejante a eso que te odia.

3.3.16

Tributo a un hombre de letras




Leemos. Salvo en casos de extremada precariedad (no ha de confundirse con pobreza, porque hay pobres de solemnidad que leen más y con mejor provecho que ciertos individuos prominentes), en esta civilización el texto escrito sigue siendo, a pesar de todo, un objeto simbólico indispensable para relacionarnos con el mundo. Es, por así decirlo, el conocimiento hecho carne, el logos materializado. Poco importa ya que sea impreso en papel, estampado en acrílico o ingeniosamente emulado mediante los pixeles de una pantalla electrónica de cualquier especie.

Leemos y escribimos con toda suerte de dispositivos –del bolígrafo al teclado, real o virtual– y al realizar ambas actividades echamos mano de conjuntos tipográficos de uso generalizado. Salvo por lo que se refiere a la escritura a mano y su posterior lectura, empleamos caracteres diseñados y trazados por otras personas para el empleo masivo y rara vez reparamos en ellos. La acuciante búsqueda del significado de las palabras escritas no nos deja tiempo para fijar la atención en particular en una jota, en una zeta, en una efe. Tampoco solemos hacerle caso a la fuente en la que leemos o escribimos y casi siempre nos da igual si es compensada o no, y si se trata de una egipcia, una gótica o una humanista. Pensamos, a lo más, que está muy pequeña y es, por ende, de difícil lectura, o que es demasiado grande y que no nos va a caber el texto en la hoja de papel, la pancarta o el anuncio.

Sin embargo, las características tipográficas de un texto inciden de una manera sutil en nuestra aceptación o rechazo, en nuestra comprensión o nuestro pasmo y hasta en el estado de ánimo con que leemos algo. Baste, para demostrarlo y evidenciar la incomodidad, con llevar las cosas hasta cierto extremo y emplear una fuente que puede parecer genial para un anuncio o un logotipo pero que resulta inadecuada para componer un cuerpo de texto.

Bien: tras la invención de las fuentes hay personas que trabajan como hormigas con el lápiz, el pincel, el punzón metálico y el programa de diseño, se rompen la cabeza comparando trazos para encontrar los más armónicos y legibles y formar, con ellos, nuevas fuentes tipográficas. Si hacemos a un lado la extendida metonimia y acudimos a la literalidad, son ellos los verdaderos hombres (y mujeres) de letras.

El primero y el más grande es sin duda el buen Juan Gutenberg, quien para la edición de su primera obra, la llamada Biblia de 42 líneas, inventó la primera fuente tipográfica del mundo: la llamada textura, que imita la escritura de los monjes copistas a los que se propuso superar, con su invento, en velocidad y capacidad de producción. El alemán creó también una cursiva gótica bastarda con la que fue compuesta la Indulgencia de Maguncia. La proliferación de imprentas de tipos móviles dio lugar al diseño y la fundición de nuevas tipografías: la manual humanista, la minúscula carolingia, el tipo romano y la llamada romana de letra blanca.

Otro hombre de letras destacadísimo, contemporáneo nuestro, es Hermann Zapf, quien murió el 4 de junio del año pasado en Darmnstadt, Alemania, ya nonagenario. Nacido el 8 de noviembre de 1918 en Núremberg y conoció desde muy niño el hambre de la gran depresión. En la escuela se interesó por temas científicos y tecnológicos y a edad temprana construyó un receptor para escuchar la radio por las noches, bajo las sábanas y a escondidas de sus padres, con su hermano, cuatro años mayor que él. Para ocultar aquella actividad fabricó detectores que los alertaban si se movía la manija de la puerta.

A los 12 años diseñó alfabetos codificados –mezcla de tipos cirílicos con runas germánicas– para comunicarse con su hermano de manera encriptada. Al terminar la escuela, en 1933, pretendió estudiar ingeniería eléctrica, pero su padre perdió el empleo “y tuvo tremendos problemas con el nuevo régimen –apunta el propio Zapf en su autobiografía, en referencia al régimen nazi–: había estado involucrado con los sindicatos y en marzo de aquel año fue enviado al campo de concentración de Dachau por un corto tiempo”.

“Dadas las circunstancias políticas, no se me permitió ingresar al Instituto Politécnico de Ohm, en Núremberg, y no fue sino hasta 30 años después, en Estados Unidos, que pude cumplir mis sueños de juventud con la tecnología de computadoras”. De modo que el joven Zapf tuvo que optar por volverse aprendiz en una empresa que no le preguntara por las posturas políticas de su familia. Así, en 1934 empezó a trabajar de corrector en la imprenta Karl Ulrich.

Tras visitar una exposición itinerante de Rudolf Koch, nuestro personaje se interesó en el trazado de caracteres y leyó Das Schreiben als Kunstfertigkeit (La habilidad de la caligrafía) del propio Koch, así como el clásico Writing, Illuminating and Lettering de Edward Johnston. En 1938 Zapf cambió de trabajo y empezó a colaborar en el taller de Paul Koch, en Fráncfurt, al tiempo que estudiaba artes gráficas y grabación con punzones con el maestro grabador August Rosenberg. Juntos elaboraron el libro Pen and graver, que contenía 25 alfabetos caligráficos, y que no fue publicado sino hasta 1949, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial.

La participación de Zapf en la wehrmacht del Tercer Reich fue marginal. Llamado a filas en 1939 y enviado a la línea Siegfred, enfermó del corazón y fue rápidamente descartado. Pero en abril de 1942 el Reich empezó a echar mano de todos los ciudadanos, cardiacos o no, para enrolarlos. Zapf fue integrado al cuerpo de artilleros, donde su torpeza llevó a los oficiales a un estado de desesperación. Fue ubicado como cartógrafo en el Primer Ejército y enviado a Burdeos, donde le encomendaron el trazo de la frontera franco-española. Al término del conflicto el tipógrafo fue capturado por las fuerzas francesas, las cuales lo trataron con consideración, por considerarlo un artista y lo enviaron a casa en cuestión de semanas. De vuelta al Núremberg destruido, Zapf trabajó como profesor de caligrafía.

En 1947 la fundición Stempel, de Fráncfurt, le ofreció una plaza de jefe del taller artístico de la empresa. Aun sin haber cumplido 30 años y sin ningún certificado de estudios, Zapf se abrió paso en la industria mostrando su cuaderno de trazos. En 1949 publicó el libro Feder und Stichel (Pluma y punzón, en colaboración con August Rosenberg), recopilación de 25 alfabetos caligráficos que le valió un vasto prestigio como hacedor de letras.

En 1951 Hermann se casó con la caligrafista Gudrun von Hesse, quien desarrolló una carrera propia y destacada en el diseño de fuentes (Ariadne, Calligraphic 810, Carmina y Shakespeare, entre otras). En los años siguientes trabajó para diversas editoriales: Suhrkamp, Insel, the Book Guild Gutenberg, Hanser, Dr. Ludwig Reichert, Philipp von Zabern y otras. “Por un asunto de principio, nunca trabajé para agencias de publicidad”, asentó en su reseña autobiográfica. Posteriormente se trasladó a Estados Unidos, donde colaboró con firmas como Linotype, Hell, ITC y Bitstream. En 1977 fundó Design Processing International, Inc. en Nueva York. En esa empresa partició en el desarrollo de software de diseño tipográfico.

Sus obras más trascendentes son sin duda las fuentes Palatino, Antiqua y Optima, usadas en cientos de millones de publicaciones, anuncios, aparatos y dispositivos en todo el mundo. La primera es considerada la fuente más plagiada del siglo XX. La prodigiosa Zapfino es una fuente que permite crear, con tipografía digital, textos caligráficos en los que las letras quedan unidas entre sí por un trazo continuo. Y no hay tipógrafo que no haya usado la colección de viñetas llamada Zapf Dingbats.

Las letras están en deuda con este tipo.


1.3.16

Notas del latrocinio


La revisión a la cuenta pública de 2014, dada a conocer hace unos días por la Auditoría Superior de la federación (ASF), constituye una radiografía precisa de la corrupción monumental que caracteriza al gobierno de Enrique Peña Nieto. Aunque para cubrir el hueco causado en la renta petrolera por la privatización y por la caída de los precios del crudo el régimen se ha ensañado en el incremento de impuestos a las grandes mayorías, durante 2014 el Sistema de Administración Tributaria dejó de cobrar o devolvió más de 1.2 billones de pesos (el 7 por ciento del producto interno bruto) a un puñado de grandes empresas. “No es momento de reducir los impuestos”, dice Luis Videgaray, refiriéndose, claro, a asalariados, profesionistas, pequeños comerciantes y otros ciudadanos de a pie, mientras favorece con devoluciones en efectivo, exenciones y créditos fiscales a los capitales a los que rinde cuentas el peñato. Por estos días se anunció un recorte de más de cien mil millones de pesos al presupuesto de Pemex –lo que se traducirá en una reducción en la producción de cien mil barriles diarios. De manera coincidente, la ASF recibió la denuncia de un fraude por caso el triple de esa suma (271 mil 751 millones, para ser precisos) al Fideicomiso de Cobertura al Pasivo Laboral y de Vivienda (Ficolavi) de los trabajadores petroleros.

Las empresas mineras que destrozan el territorio nacional no pagan nada al Estado si tienen menos de cien hectáreas concesionadas, y únicamente 500 pesos anuales por hectárea, si tienen más de cien. Se cobra por superficie, no por lo extraído, o sea que la tarifa es la misma, independientemente de que extraigan oro o carbón. Pero un tercio de esas compañías no paga ni siquiera eso gracias a que ni el SAT ni la Secretaría de Economía se ocupan de realizar los cobros correspondientes.

Además de la expoliación de los bolsillos ciudadanos, para cubrir los enormes huecos que la corrupción deja en las finanzas públicas se recurre a un endeudamiento obsceno e injustificable que en los tres primeros años del peñato le ha costado al país cerca de 25 mil millones de dólares anuales para cubrir los intereses –sólo los intereses– de los empréstitos foráneos.

En mayo del año pasado Andrés Manuel López Obrador calculaba que el latrocinio asciende a unos 500 mil millones de pesos al año. Se quedó corto. Unos meses más tarde, Julio Millán Bojalil, presidente del Grupo Corporación Azteca, dijo que la corrupción le cuesta al país cerca de 740 mil millones. Los empresarios saben de lo que hablan porque no sólo se trata de los beneficiarios de contratos sucios, como los grupos Higa y OHL, o Autotraffic, la empresa de las fotomultas de Miguel Ángel Mancera, sino también de los que tienen que pagar los moches, las comisiones, las mordidas y las extorsiones de un sistema que LydiaCacho describe con precisión en su expresión local de Quintana Roo y que se extiende por todo el territorio nacional. En Veracruz, por ejemplo, además de fosas clandestinas, desapariciones y asesinatos, hay dos agujeros por 700 millones de pesos (fondo de pensiones de los trabajadores del Estado) y dos mil millones (presupuesto que el gobierno local debe entregarse a la Universidad Veracruzana), aunque Javier Duarte, responsable de aplicar y cuidar el dinero público en la entidad, jure que él no se ha robado “ni un centavo”.

Una parte del balance sale a la luz en sumas que van de unos cuantos millones a más de un billón. El otro lado apenas muestra su punta del iceberg en las residencias de lujo, en el avión presidencial, en los cientos de millones de pesos que los máximos funcionarios del Poder Judicial se embolsan con toda impunidad, en los quinientos millones de pesos que derrocha el INE en una injustificable renta de automóviles o en elcaviar, el salmón y la champaña con que se regalan los funcionarios “encargados de combatir la corrupción” en sus viajes al extranjero y que su jefe, el cara dura de Virgilio Andrade, considera que “cumplen con la normatividad”.

Claro que el robo del dinero público no se inventó hace tres años: baste con recordar las raterías del ultraderechista Jorge Serrano Limón, perpetradas al amparo de aquella inescrupulosa “pareja presidencial”, o el cochinero de la Torre de Luz de Felipe Calderón. Pero si para los gobernantes anteriores el latrocinio era un complemento inocultable del ejercicio del poder, el peñato lo ha convertido en su esencia. Y las pruebas brotan por todas partes.

27.2.16

A María Magdalena






Sobre la cruz de la mujer excluida
edificó la iglesia sus altares
y quedó por los primus inter pares
a la función de madre reducida.

La amante de Jesús fue convertida
en figura menor de sus andares
que del muerto aliviaba los pesares
bajo la sombra de la cruz erguida.

Mas un discreto signo profetiza
que el templo está construido sobre arena
y que es la hipocresía su condena:

misógino será, pero en la misa
ofrenda con el Grial, que simboliza
la matriz de María Magdalena.

(Foto: 
Gregor Erhart (?): María Magdalena (Museo del Louvre)

25.2.16

Iguala: un mes más


Mañana, viernes, se cumplen diecisiete meses, señores del poder, señores del poder municipal, del poder estatal y del poder federal. Tal vez a estas alturas hacen cuentas alegres y empiezan a pensar que ya la hicieron: en abril próximo vence el convenio con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mengua el movimiento de solidaridad con las víctimas y el maniquí que los preside a ustedes ya hasta se da el lujo de pisar la sangre seca en el pavimento de Iguala para entonar, por enésima vez, su versión personal del "y yo, por qué": hemos puesto todo de nuestra parte, hemos procurado justicia profunda y transparente, y no está bien que aquel incidente del que casi nadie se acuerda cause perjuicios a la industria turística de la ciudad. Vivimos en un país en el que cada voto cuenta (especialmente si es comprado) y tenemos finanzas públicas sanas: la prueba es que resisten las casitas en Las Lomas, las comisiones, las complacencias fiscales y las cenas con caviar en el extranjero hasta por un total de uno o 2 billones de pesos al año. ¿Qué más quieren? O sea. Ya supérenlo.

Ustedes piensan que el país es tan tonto que va a tragarse la verdad histórica de la hoguera en el basurero de Cocula y de unos malvadísimos narcos que no tienen nadita que ver con ustedes. A fin de cuentas recapturaron al Chapo, ¿no? Total, están tan empeñados en combatir esa lacra que ya hasta están pensando –después de una guerra que ha costado decenas de miles de vidas y al calor de la cual muchos de ustedes han efectuado pingües negocios– en despenalizar la mariguana. En estos meses ya detuvieron e identificaron a más de un centenar de perpetradores del crimen y lograron que confesaran su participación en forma voluntaria y espontánea, sin recurrir a la tortura y sin fabricar culpables. Ustedes creen que basta con que sus aparatos mediáticos minimicen u omitan las pruebas duras que echan por tierra la invención de Murillo Karam; que Virgilio Andrade realice un pase de magia para desvanecer las groseras evidencias de enriquecimiento ilícito; que es suficiente con armar alianzas de saqueo y silencio dentro de la clase política para neutralizar cualquier sospecha de antidemocracia; con comprar un puñado de viejos priístas y de viejos opositores y reciclarlos como independientes para asegurarse puntos de apoyo que les aseguren la vida eterna de pillaje, crimen, impunidad y simulación a la que están acostumbrados.

En estos diecisiete meses ustedes, dinosaurios y mirreyes, se han valido de virreyes locales para dispersar su podredumbre y desviar la indignación. Lo peor que puede pasar, calculan, es que en determinado momento haya que sacrificar a alguno de los Moreira, de los Moreno Valle, de los Duarte, de los Ramírez Garrido, de los Mancera, y otros sátrapas que les acompañan en la dura tarea del ejercicio de gobierno orientado a satisfacer las necesidades financieras personales de ustedes mismos.

Piensan que ya la hicieron, pues; que cuando están a punto de cruzar la línea de la mitad del sexenio han logrado, a pesar de todo, preservar el pacto supremo de despojo nacional que plasmaron en el Pacto por México y que han venido aplicando a rajatabla para transferir las riquezas nacionales a sus socios del extranjero y del país. Y se frotan las manos calculando cuántos barriles más podrán extraer de los ductos de Pemex antes de rematarlos como fierro viejo, cuántos miles de hectáreas podrán arrebatar a comuneros y ejidatarios bajo el manto de sus reformas, cuántas obras públicas más –la del nuevo aeropuerto es una genialidad, hay que admitirlo– para hincharse las bolsas de dinero, cuántos acuerdos oscuros más de connivencia entre autoridades, mineras chinas, petroleras gringas, constructoras españolas y criminalidad organizada.

Creen que basta con mandar a alguno de sus sicarios de la prensa para echar a rodar infundios contra dirigencias honestas y contra víctimas de la violencia de ustedes para desactivar la rabia y la esperanza, el dolor y las convicciones de muchos miles. Una telenovela más, una calumnia más, otra componenda para asegurar sumisiones legislativas y constituyentes, un discurso más en cadena nacional, un par de agitadores venadeados en algún camino agreste –luego inventan que fue un crimen pasional– y habrán logrado una situación inmejorable para robar sin cortapisas, para atropellar sin obstáculos, para que en los próximos tres años nada ni nadie se interponga entre ustedes y su botín, que es lo que queda del país: lo que sus antecesores dejaron. Y que sigue siendo muchísimo.

Sólo falta que terminen de convencer al resto del país de que no hay nada que hacer y nada por qué luchar, excepto, tal vez, la búsqueda de una puerta de entrada al club selecto de los oligarcas. “Fumé mota y llegué a ser secretario de Gobernación”, se jactó hace unos días uno de sus compinches, un reaccionario que ahora se las da de liberal por las necesidades políticas del momento. Omitió decir que ejerció tal cargo en un régimen que mandó al cementerio (perdón: a las narcofosas) a decenas de miles con el pretexto, entre otros, de evitar que los jóvenes fumen mota. Moralinas aparte (porque aparte de los riesgos legales no hay gran diferencia entre un churro y una lata de cerveza), ustedes han venido transmitiendo, durante décadas, el mensaje de que la transgresión sí paga, y el mejor espécimen de ese principio es el figurín hoy incrustado en la Presidencia. Ya lo decía el viejo Fox: haz todos los chanchullos del mundo, pero asegúrate de que se ajusten al marco legal.

No hay más ruta que la nuestra –nos comunican ustedes con sus actos y hasta con sus palabras–, y consiste en tirar los escrúpulos a la basura. Si no pueden hacerlo destruyan comercios o agárrense a pedradas con la policía, pero no vayan por ningún motivo a organizarse, a luchar por sus derechos a la educación, a la salud y al trabajo, a vincularse con las comunidades o a informar a sus barrios y, sobre todo, no vayan a disputarnos el poder: recuerden que la única disciplina que vale la pena es la fiscal, que toda autoridad resulta intrínsecamente deleznable, que la política es una inmundicia, y el mejor ejemplo somos nosotros.”

Lo que ustedes no alcanzan a ver es que cada nueva mentira, cada nuevo despojo, cada nuevo atropello, cada exhibición de frivolidad insultante –y vaya que se les da– es un manojo de semillas de cólera lanzado a la tierra del país profundo. El crimen cometido hace 17 meses en Iguala no es una marca indeleble en esa ciudad, sino en ustedes y en su jefe. Así como Zedillo nunca podrá separar su nombre de Acteal, Fox no podrá hacerlo de Atenco y Calderón ha quedado asociado para siempre a toponimias lacerantes: Salvárcar, San Fernando, Allende, Cadereyta… Ante la nación ustedes se apellidan Iguala, Tlatlaya, Tanhuato, Tierra Blanca y Apatzingán. Aunque se echen encima litros de perfume, los acompaña el hedor de las fosas. Se pondrán tapones en los oídos pero escucharán siempre los gritos de los torturados y ajusticiados. Ustedes no podrán encerrar en un expediente de la procu toda la fauna cadavérica que pulula en este territorio. Es de ustedes. Es ustedes. Y el país es eso, pero también es muchísimo más. Ya lo verán.

Mientras tanto, lo que sí pueden hacer es confesar –porque lo saben perfectamente– qué hicieron a los 43 muchachos y dónde los tienen. Háganlo ya. Tengan, en su infinita podredumbre, al menos un gesto de humanidad.

23.2.16

Rabian


El Partido del Pacto por México (PPM) ha reaccionado con un inocultable berrinche a la inauguración de las ocho escuelas de educación superior financiadas por Morena. Desde octubre del año pasado el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, había descalificado esos planteles sin tener la menor idea de sus planes de estudios, plantilla docente e instalaciones: las describió como un “engaño para los jóvenes de México”. Tras la inauguración de las escuelas, la dependencia que encabeza Nuño, y que gestiona un sistema educativo en ruinas, saqueado por la voracidad de los funcionarios y minimizado por la determinación de crearle oportunidades de negocio a los empresarios de la enseñanza privada, armó un alboroto porque las escuelas profesionales aún no cuentan con el registro de validez oficial de estudios.

Es inevitable preguntarse qué espera la SEP para otorgar ese registro (que de cualquier manera no garantiza educación de calidad, ni mucho menos, a los planteles que ya lo solicitaron, habida cuenta que cumplen con todos los requisitos para obtenerlo.

Miguel Ángel Mancera, ahora abiertamente entregado al peñato, no dudó en azuzar a la SEP en contra de las escuelas universitarias, Dos días después llamó a crear un “frente común” (con gobernadores priístas y sin los planteles financiados por Morena, claro) para abatir el número de jóvenes rechazados por las instituciones públicas de educación superior del centro del país (150 mil). El perredista Mauricio Toledo (un dechado de honestidad) tampoco dudó en lanzarse en contra de los nuevos establecimientos, a los que describió como “un acto inmoral y con posibles consecuencias fraudulentas” y presentó un punto de acuerdo en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que la Contraloría General capitalina hurgue en ellos en busca de la menor irregularidad. Por supuesto, la mayoría del PPM en la Asamblea Legislativa aprobó el acuerdo de inmediato. Hasta el rector de la UNAM, Enrique Graue, se unió al linchamiento, opinando que las escuelas profesionales “no deben operar” sin previo registro de la SEP , acaso sin pensar en el enorme favor que dichos planteles le hacen a la Máxima Casa de Estudios, al aliviarle la presión social de las decenas de miles de jóvenes que son rechazados por ella mediante un examen de admisión que no está diseñado para aceptar a los mejores sino para descartar al 90 por ciento de los aspirantes.

La semana pasada la diputada local priísta Cynthia López Castro se apersonó junto con sus guaruras en la Escuela de Derecho “Ponciano Arriaga”, recién inaugurada, se puso a intimidar a los alumnos que ingresaban al plantel y armó un escándalo. El energúmeno fue rápidamente neutralizado por el director de la escuela, Netzaí Sandoval, quien la invitó a pasar, le enseñó el local y le expuso los planes de estudio. La legisladora se aplacó en forma momentánea, acto seguido fue a Twitter a decir que el plantel es “ilegal”. Y otra priísta, la diputada federal Carmen Salinas, fue más directa: las escuelas, dijo son “fabricas de huevones”.

La unanimidad del régimen y sus personeros en contra de las escuelas universitarias financiadas por Morena y sus representantes populares sugiere la existencia de una orden oficial de ataque procedente de Los Pinos. Más allá de eso, el ensañamiento, la desmesura y los desfiguros hablan de la profundidad y la gravedad del golpe experimentado por el PPM con la fundación de los ocho planteles. Para empezar, tales escuelas constituyen un abierto desafío al designio gubernamental de reducir la enseñanza superior gratuita a su mínima expresión.

No es un dato menor el hecho de que la semana pasada dos nuevas escuelas normales hayan abierto sus puertas, tras cuatro décadas de hostigamiento presupuestal, legislativo, policial y propagandístico en contra de esta clase de planteles. Por añadidura, los centros financiados por Morena, gratuitos, restarán alumnado a los negocios de paga –“patito”, esos sí– cuyo crecimiento descontrolado ha sido auspiciado desde el gobierno federal en diversos sexenios. Y el peor de los agravios: con la apertura de las nuevas escuelas se pone en evidencia la pudrición de una casta gobernante que se roba el dinero público que debiera servir en primer lugar para atender las necesidades de la población en materia de educación, salud y bienestar. Es lógico que rabien los exponentes de la cleptocracia.

18.2.16

Adiós, Francisco



Ahora, en su vuelo de regreso por la negrura atlántica, tal vez duerma por momentos. Es posible que las imágenes de lo que vio y escuchó en este país no se hayan sedimentado y revoloteen y le espanten el sueño. Contempló cosas buenas y conmovedoras, sin duda, experimentó sabores que le eran desconocidos –son los sabores la parte menos olvidable de un viaje– y disfrutó irrepetibles muestras de afecto, adhesión y compromiso. Estrechó manos, repartió abrazos y sonrisas, recibió y dio regalos y molió organismos que caminaron, viajaron y pasaron la noche en el suelo con tal de mirarlo; niños, mujeres, ancianos y hombres que invirtieron más de lo que tienen en un boleto de lotería para mirarlo a los ojos y –el premio mayor– tocarlo, habitantes del país semper fidelis que asimila todo agravio, que sobrelleva sus tragedias con una entereza indistinguible, para muchos, de una resignación intolerable.

Además Francisco cimbró conciencias, estrujó cerebros y dio motivo de auténtica esperanza a miles que esperaban reafirmar sus convicciones en la palabra pontificia. Es difícil hacer entender a algunas cabezas duras que para muchos individuos y sectores la fe religiosa no es rienda ni cadena sino recurso de liberación y de resistencia (o, cuando menos, de supervivencia) y que no es lícito ni útil recurrir a un instrumental de categorías sociológicas para decretar que los creyentes son idiotas. En las concentraciones en torno al Papa hubo de seguro personas atraídas por la televisión, feligreses acarreados y espíritus insustanciales, pero también sujetos ansiosos por atenuar con una experiencia espiritual su vida dura en esta realidad nacional de catástrofe en la que unos pocos han sumido a la gran mayoría.

¿Fue útil y provechoso que algunos niños de Morelia hayan recibido el mensaje de no dejarse pisotear por nadie? Sí, desde luego. Los habitantes de la miseria mexiquense de seguro agradecieron las menciones a algunos de los aspectos más lacerantes de su circunstancia, empezando por el de la inseguridad. Por primera vez en la historia las comunidades indígenas chiapanecas escucharon una petición de disculpa por parte del jefe de un poder eclesiástico que mucho ha colaborado en su opresión, por más que los de la estirpe clerical que va de Bartolomé de las Casas a Samuel Ruiz, pasando por muchos otros, se haya jugado la vida para contrarrestarla. Tal vez algunos presos de Ciudad Juárez encuentren en las palabras papales un motivo para aferrarse a la vida en un contexto carcelario que, en la práctica, no sirve como instrumento de redención sino como máquina de exterminio.

¿Sirvió de algo que delincuentes políticos, eclesiásticos y empresariales hayan tenido que escuchar un retrato implacable de sí mismos, de su corrupción, su frivolidad, su egoísmo y su insensibilidad? Claro, por más que hayan tratado de suavizar las jetas (los esfuerzos de Norberto Carrera en este sentido fueron casi conmovedores), de seguro pasaron por momentos incómodos ante la fuerza del discurso papal. Y el haber hecho referencia, frente a Enrique Peña, Javier Duarte y otros de la calaña, a la combinación de manos ensangrentadas, bolsillos llenos de dinero sórdido y conciencia anestesiada, no tiene precio.

Tal vez un sector de los católicos se sienta muy satisfecho con la visita. Otro, minúsculo, conformado por reaccionarios nerviosos e irremediables, optó por darle la espalda a un Papa al que consideran casi comunista. Pero hay una porción del pueblo fiel al que Francisco le resultó insuficiente, contenido como nunca antes en su pontificado, comedido con el poder y lejano, indiferente incluso, a los símbolos más patentes del dolor colectivo, a los atropellos más impunes, a las atrocidades más visibles de una coalición opresora: política, empresarial, eclesiástica, mediática y delictiva.

Otra cosa son los despistados, creyentes o no, que esperaban del Papa que asumiese funciones de procurador de justicia, que le exigían una conducta similar a la del Che Guevara –un personaje con el que Jorge Mario Bergoglio no tiene más en común que la nacionalidad– o que quisieran ver al Vaticano convertido de la noche a la mañana en baluarte de las causas de género y la diversidad sexual. Esos, blindados en sus nociones inexpugnables del bien y del mal, se sintieron ratificados en su abominación instantánea y general al pontífice, al Vaticano y a las religiones en general y concluyeron con un orondo “lo sabía”.

Acaso en el largo sobrevuelo del Atlántico Francisco sienta algún remordimiento por los tres enormes agujeros de silencio en sus palabras durante el paseo mexicano: los 43 desaparecidos de Iguala –emblema no excluyente de los miles de miles de desaparecidos del país–, los feminicidios en escala casi industrial tolerados por el poder e impunes ante la justicia, y el alud de delitos sexuales cometidos por curas católicos a todo lo largo del país con la complicidad de los altos jerarcas de la iglesia. Tal vez haga conciencia de la vacuidad insultante de su vocero, quien pretextó el reparto equitativo de la presencia papal entre todos los dolientes y que un pontífice no es enciclopedia de problemas. Como si el Vaticano fuera lego en el manejo de los símbolos y como si la mayor parte del pastel pontificio en México no hubiese sido devorada por invitados VIP, pirrurros variopintos y mirreyes ansiosos de tragarse una hostia entre raya y raya de cocaína. O tal vez considere que, en aras de la unidad social y eclesial, o por alguna razón de Estado que escapa a los ciudadanos de a pie, hizo bien en no nombrar en forma explícita y clara esos tres agravios mayúsculos.

Tal vez los silencios se hayan definido en las negociaciones con el gobierno, el cual no dudó en revolcar el principio del Estado laico en los tremedales de la abyección con tal de armar una anfitrionía blindada y seductora a fin de reducir al máximo el riesgo de daños políticos y de encuentros entre Francisco y los sectores del pueblo que querían exponerle sus quejas y recibir alivio espiritual a sus tragedias. O bien hizo un cálculo de prioridades y se equivocó. O acaso este sucesor de Pedro se haya dejado conducir por la soberbia y haya considerado que las insistentes peticiones para que se pronuncie sobre ciertos temas como un atrevimiento y un ataque a su cargo.

Pero sea lo que sea que pase por su cabeza, Francisco puede continuar en paz su vuelo de regreso a Roma porque, a pesar de sus palabras atinadas y de sus tremendas omisiones, de la satisfacción y el desencanto, de la incomodidad temporal y la desvergüenza perdurable de sus anfitriones oficiales, su viaje a México catalizó energías sociales en la masa de creyentes y evidenció de manera nítida la fractura nacional entre las zonas VIP y las barriadas, entre los salones oficiales y la calle, entre el poder opresor y la sociedad oprimida. Lo que se vivió en estos días fue una disputa por la figura papal apenas contenida, en el mejor de los casos, por los boletitos, las vallas de seguridad, los efectivos del Estado Mayor Presidencial y el aparato de espionaje e inteligencia desplegado. La oligarquía, privatizadora de todo lo imaginable, privatizó hasta donde pudo al Pontífice y lo escamoteó a la grey –con el consentimiento al menos parcial del involucrado, sí–, ello resultó evidente para propios y extraños, y el nuevo agravio abonará al desarrollo de una conciencia generalizada sobre la opresión y el despojo que sufre este país.

A estas horas unos agradecen la visita del pontífice, otros suspiran aliviados porque ya terminó, unos cuantos revisan cuentas bancarias rebosantes gracias al periplo y otros persisten en mentarle la madre porque no estuvo a la altura, por opresor, por cura y por Papa. Quién sabe qué cosa esté pensando él en su largo vuelo nocturno de regreso a Roma. Y acaso lo más prudente sea limitarse a decir “adiós, Francisco”.