18.5.16

Brasil: ¿qué sigue?


Se ha escrito mucho sobre las causas que provocaron el declive de los gobiernos progresistas en Sudamérica, de las económicas a las polítcas y sociales, tanto de las endógenas como de las exógenas. Casi todos los textos escritos desde posiciones próximas a tales gobiernos coinciden en que, ante la constante de la ofensiva neocolonial, los proyectos del PT, en Brasil, de los Kirchner Fernandez, en Argentina, y de Hugo Chávez, en Venezuela, fueron incapaces de articular las variables de economías realmente ajenas a las lógicas tradicionales de la exportación de materias primas y de construir una institucionalidad política distina a la de las democracias parlamentarias en las que llegaron al poder. Se ha señalado, asimismo, la incapacidad de tales proyectos para articularse en forma eficiente y armónica con los movimientos sociales y las causas populares que los apoyaron en las urnas y que, por inercia, desconfianza o mera torpeza política, fueron desmovilizados posteriormente. Se ha dicho, asimismo, que a los gobernantes de este ciclo menguante les faltó audacia, imaginación, radicalismo o las tres cosas juntas para desarticular los promontorios reales del poder oligárquico –industriales, comerciales, financieros y mediáticos– y adoptar el rumbo de una ruptura anticapitalista. Tomará años analizar a fondo los factores que no funcionaron y los que funcionaron a la perfección para configurar crisis políticas como la que acabó con la presidencia de Dilma Rousseff, la que tiene en vilo al gobierno de Maduro o la que condujo a la derrota del Frente por la Victoria en Argentina. Y en lo inmediato, ¿qué sigue?

Lo primero es determinar si lo ocurrido en Argentina y Brasil, más lo que parece estar a punto de ocurrir en Venezuela, son derrotas tácticas o estratégicas para las izquierdas continentales, y todo parece indicar, por desgracia, que se trata de lo segundo. En ninguno de los gigantes sudamericanos se aprecia el grado de cohesión y resistencia social –ojalá que el cálculo sea equivocado– como para hacer inviables los gobiernos de Macri y de Temer, y ya se sabe que a las derechas oligárquicas les toma mucho menos tiempo destruir conquistas que a las izquierdas progresistas les toma décadas edificar, y que no se detienen en consideraciones de legitimidad ni de popularidad para emprender sus galopes de Atila sobre lo construido. Para los bandos reaccionarios sudamericanos debe haber sido muy didáctica la manera rápida y resuelta con que el peñato mexicano acabó con la soberanía energética y electromagnética, los derechos laborales, el derecho a la tierra y otros factores que habían sido pilares del pacto social. Es cierto que apenas culminadas sus reformas, el régimen peñista entró en una crisis sin precedentes en México y que hoy su permanencia en el poder se explica principalmente por la fuerza de la inercia institucional y por su capacidad de corromper a importantes núcleos del electorado. Pero, por lo pronto, con eso le basta para mantenerse en pie y no ha movido un dedo para recrear consensos nacionales mínimos como base para gobernar.

Si la derrota es estratégica habrá que contar con el retorno a estadios de crisis perpetua como los que caracterizaron a la primera generación de presidencias civiles neoliberales –Salinas, Menem, Fujimori, etc.– y a un desasosiego social que no necesariamente se traducirá en desafío de poder para las administraciones oligárquicas, pero sí en una creciente violencia de Estado en contra de las disidencias políticas y sociales; veremos, en el mejor de los casos, la marginación de los gobiernos progresistas que quedan –Bolivia, Ecuador y Uruguay– de las decisiones continentales, un achicamiento de instancias internacionales como el Mercosur, la Celam y el Alba, la reactivación de la OEA, la vuelta a la región de los organismos financieros en calidad de autoridades y el avance incontenible de tratados de libre comercio, sobrepuestos unos a otros, que dañarán en forma acaso irreparable las soberanías nacionales y la articulación de las economías. Más allá del continente el fin del ciclo progresista debilitará las perspectivas mundiales de construcción de un orden multipolar y a los contrapesos que ha sido posible construir a los términos globalizadores neoliberales: el grupo de los BRICS, en primer lugar.

Para abreviar en la medida de lo posible el ciclo que está por empezar o que ya ha empezado se tiene que trabajar en una nueva articulación de formas y momentos de lucha, en proyectos de gobierno más avanzados y radicales que los ensayados anteriormente y, lo más importante, en un camino para acabar con el neoliberalismo no sólo en los ámbitos internos sino también en la escena internacional. Y para ello se requiere encontrar maneras efectivas y definitorias de incidencia en la globalidad. Menuda tarea.

13.5.16

Los muertos no se callan



Lo que fuera persona está allí, por fin, reducida a condición de cosa, y su nuevo estatuto irremediable exacerba los afanes de posesión de quienes siguen vivos. Algunos piensan que ha llegado su oportunidad para la apropiación definitiva, para la exclusión de todos a los que el muerto no quiso o no pudo excluir mientras fue dueño de sus actos. Otros, aun más sórdidos, calculan cuántos hechos ocultos caben en un cadáver y procuran apropiárselo para guardar verdades incómodas bajo metro y medio de tierra. La siguiente escena es un jaloneo entre zopilotes para ver quién paga el funeral, cuál de los socios registra a su nombre la fosa a perpetuidad, qué familia ordena los responsos, quién se queda con una tibia y un omóplato, quién recupera la mandíbula, en qué capilla se deposita la urna funeraria.

Las leyes pueden brillar con claridad meridiana en lo que concierne a los derechos y la prelación de los deudos, pero ya se sabe lo fácil que es torcerlas a conveniencia, especialmente cuando se cuenta con relaciones o cuando se tiene el encargo de aplicarlas. Lo que puede ocurrir en una familia cualquiera empieza a volverse escena habitual en este país que ha alcanzado niveles industriales de asesinatos y desapariciones, sólo que la rebatinga por los muertos la encabezan las autoridades.

Es lo que ocurre, por ejemplo, en Tetelcingo, una localidad correspondiente al municipio de Cuautla, Morelos, donde la Fiscalía General del Estado estuvo enterrando sin ningún control ni formalidad decenas de cuerpos identificados o sin identificar, hasta totalizar 150. El gobierno local encabezado por Graco Ramírez Garrido Abreu no se tomó la molestia de obtener muestras de ADN para compararlas con las de las incontables familias que en esa entidad y las vecinas buscan a sus desaparecidos desde hace meses o años. No indagó lesiones, no levantó actas de defunción, no recabó autorizaciones de inhumación, no tramitó los permisos sanitarios para que aquello pudiera considerarse un cementerio. Durante mucho tiempo acumuló cuerpos humanos envueltos en plástico y los fue acomodando uno sobre otro en un hoyo sin señas. Y así, hasta que la familia de un muchacho desaparecido descubrió el horror.

Entonces llegaron al lugar otras familias que también buscan a alguien ausente a exigir que aquellos cuerpos fueran sometidos a los estudios de rigor que la fiscalía morelense –a cargo de Javier Pérez Durón, sobrino político del gobernador– no pudo o no quiso practicar. De súbito, el gobierno local empezó a comportarse como si los muertos fueran suyos y ahora pretende trasladarlos a la fosa común de un cementerio regular sin permitir más pesquisas que las de sus indolentes peritos.

Algo no muy distinto ocurre en tres localidades de Chihuahua: entre octubre de 2011 y febrero del año siguiente fueron descubiertas tres fosas clandestinas en Rancho Dolores, Cuauhtémoc; El Mortero, Cusihuiriachi, y Brecha El Porvenir, Carichí. Lo hallado allí son fragmentos de huesos calcinados o muy deteriorados. Después de años de no hacer nada, la autoridad estatal pretende proceder a la incineración de los restos. Organizaciones de parientes de desaparecidos –que abundan en ese estado y en los vecinos– han demandado la intervención del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) para que realice procedimientos de identificación, pero el gobierno de César Duarte ha puesto toda clase de trabas para ello.

Desde 2006 los gobiernos federales de Felipe Calderón y Enrique Peña han permitido un estado de violencia y descontrol que se traduce en decenas de muertes diarias y en un acumulado de decenas de miles de desaparecidos. Los virreyes y señores feudales estatales han sido omisos de toda gravedad, cuando no cómplices de las carnicerías. Las fuerzas policiales y militares de la Federación lucen armamentos y equipos cada vez más impresionantes e intimidantes y los exhiben de manera espectacular en sus coreografías por todas las ciudades del país, pero casi nunca están en el lugar de los hechos cuando es necesario, es decir, cuando alguien es levantado o ejecutado. En este país ya no se puede ni orinar sin que te supervise una cámara de vigilancia, un retén, una patrulla, un helicóptero o un batallón, pero si la criminalidad te asesina resulta que las grabaciones se borraron, que los destacamentos estaban de licencia o que las aeronaves se quedaron en tierra porque no tenían gasolina.

Esas curiosas coincidencias alcanzaron su expresión más escandalosa la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, cuando seis personas fueron perseguidas y atacadas durante horas, seis de ellas asesinadas y otras 43 desaparecidas, todo en las narices –el nombre oficial es C-4– de las policías estatal y Federal, el Ejército, la Procuraduría General de la República, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional y no sé cuántas más instituciones de discurso solemne. Tras una quincena de catatonia, cuando ya familiares de los muchachos de Ayotzinapa y de otros desaparecidos habían descubierto que hay restos humanos enterrados a la mala en medio estado de Guerrero, esas dependencias se vieron obligadas a intervenir. De pronto, los ciudadanos que fueron a parar a tales pudrideros, porque el Estado los había dejado indefensos, recibieron una inopinada atención oficial en forma de cintas amarillas o rojas para delimitar el área y policías y militares armados hasta los dientes que resultaban grotescamente innecesarios a meses o años de cometidos los crímenes respectivos. Después de unas semanas la PGR trasladó sus aspavientos al basurero de Cocula –un sitio que según las pruebas recabadas ha sido empleado de tiempo atrás para incineraciones clandestinas sin que ninguna autoridad moviera un dedo– y en menos de nueve días ya tenía armado un guión escalofriante sobre el supuesto fin de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Como en otros sitios del país, la autoridad reclamaba los restos como de su propiedad, y en las diligencias respectivas marginó –ahora lo sabemos en forma inequívoca– al equipo del EAAF que participaba en la investigación por demanda de los familiares de los muchachos. Los videos, las declaraciones y los informes de las torturas realizadas para convertir a albañiles inocentes en pavorosos sicarios de Guerreros unidos hacen pensar que el único fragmento que ha sido positivamente identificado como perteneciente a uno de los 43 fue en realidad sembrado en el lugar por la gente de Tomás Zerón de Lucio.

Y todo, ¿para qué? ¿Por qué la obsesión de los gobernantes en expropiar cuerpos muertos o pedazos de hueso calcinado? ¿Qué caso tiene la aparatosa protección policial a lo que queda de los muertos cuando no se brindó la menor protección a los vivos?

Porque los muertos hablan. A pesar de su silencio obligado, de su extremo deterioro, de la dispersión de sus miembros y moléculas, con mayor frecuencia de lo que se piensa son capaces de contar la verdad de su muerte y de señalar a sus asesinos. Lo han dicho los restos documentadamente hallados en Cocula: “no pertenecemos a ninguno de los 43”. Lo sugiere el único fragmento de hueso identificado: “a mí me trajeron de otro lado y me sembraron aquí”. Lo ha dicho algún cadáver de los de Tetelcingo: “me torturaron y me dieron el tiro de gracia, pero nadie ha investigado”.

Y todo indica que en estos 10 años diversos poderes públicos del país no sólo han sido testigos ineptos de la matanza, sino también, en no pocos casos, participantes activos. Tal vez de allí venga ese afán de los listones amarillos, los guardias artillados y blindados, la expropiación de los muertos. Hay que callarlos cueste lo que cueste.

11.5.16

Veracruz, en juego


Veracruz puede ser una de las primeras entidades del país en las que el Movimiento de Regeneración Nacional gane la gubernatura en las elecciones próximas y uno de los puntos de fractura de esa mezcla de impunidad, corrupción, postración socioeconómica y violencia delictiva que es el régimen imperante. Varios factores se han alineado para crear una coyuntura favorable.

En primer lugar, el desgaste extremo de un feudo tradicionalmente priísta, provocado por la manera sórdida, corrupta, despótica y frívola en que los mandatarios del tricolor han desgobernado la entidad, maneras que alcanzan su clímax en los sexenios de Fidel Herrera y Javier Duarte. Son ellos los responsables, junto con Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, de que Veracruz se haya deslizado a la circunstancia de horror en que se encuentra, caracterizada por la pobreza desesperante en extensas regiones del estado, el quiebre manifiesto del estado de derecho, la inseguridad generalizada y el latrocinio sistemático en las oficinas públicas.

Veracruz es, para decirlo pronto, una de las consecuencias extremas del poder oligárquico y delictivo que padece el país. Pero las facciones oligarquicas se sintieron capaces de jugarse el control local creyendo que, ganara la que ganara, no tendrían competencia desde fuera del régimen y que, en consecuencia, podrían seguir detentando la gubernatura; pasados los comicios ya habría tiempo para remendar la red de complicidades.

Así, las franquicias partidistas del régimen postularon a dos piezas añejas y características: los primos Héctor y Miguel Ángel Yunes. Ambos se parecen como gotas de agua: han sido operadores del poder feudal y corrupto, han pasado por la Secretaría de Gobierno local, han brincado de lo local a lo federal y de lo ejecutivo a lo legislativo sin más ideología que sus ambiciones personales; uno de ellos, Miguel Ángel, abandonó el tricolor para sumarse a los gobiernos de Fox y de Calderón en sus ámbitos más siniestros: los de la seguridad pública; carga, por ello, una responsabilidad insoslayable en el desastre veracruzano. Y fue evidente, por lo demás, que la recomposición habría de centrarse en el endoso de la catástrofe al actual gobernador: ganara el Yunes que ganara, el chivo expiatorio habría de ser Javier Duarte, quien muy pronto empezó a recibir andanadas de su propio partido.

Lo que parecía destinado a quedar en un pleito menor de familia se vio bruscamente trastocado por el surgimiento de una figura nueva, desconocida y fresca: Cuitláhuac García, un universitario joven, con maestría en Ciencias y que tuvo su bautizo electoral en junio del año pasado, cuando le ganó una diputación a los candidatos del régimen. Pero la candidatura de Cuitláhuac por el Movimiento de Regeneración Nacional tiene raíces en un trabajo político de años realizado por diversas corrientes y organizaciones de izquierda y en el que han participado desde Heberto Castillo hasta Andrés Manuel López Obrador, más muchos miles de personas menos conocidas.

Mientras los dos Yunes se hacen cruces para sacudirse el pesado desprestigio de sus respectivas trayectorias, Cuitláhuac tiene como armas su credibilidad personal y la coherencia de un programa partidista de alcance nacional pero de aplicación posible y hasta urgente en la Veracruz devastada por los gobiernos prianistas. La candidatura de Morena ha ganado un momento que pocos se imaginaban, mediante el trabajo político casa por casa y con el establecimiento de alianzas con los movimientos sociales; la más destacada es el acuerdo con el Movimiento Magisterial Popular Veracruzano que compromete a los mentores a defender y promover el voto a favor del partido y al aspirante, a anular la llamada “reforma educativa” del peñato y a crear una legislación estatal de contenidos y calidad educativa.


Es de suponer, claro, que los operadores del régimen ya cayeron en la cuenta del tremendo error cometido: con arrogancia característica abrieron una grieta sin pensar que por ésta podría abrirse paso un proyecto político, social y económico capaz de ganar el ejecutivo estatal. ¿Qué les queda, a menos de un mes de la elección? Deponer sus diferencias y hacer frente común contra Morena; impulsar las candidaturas minúsculas (MC, PT y un “independiente”) con el propósito de restar sufragios al partido de López Obrador; y, desde luego, echar mano de los recursos públicos para inducir o comprar votos. Las dos coaliciones del régimen tienen mucha experiencia en eso. Para contrarrestar las trampas y las previsibles compras masivas de votos es indispensable que el próximo 5 de junio la ciudadanía veracruzana protagonice una insurrección cívica electoral y ponga fin de una buen a vez a un prianismo que en Veracruz parece eterno.

3.5.16

El funcionario insostenible



El director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, fue exhibido por el GIEI en el curso de una incursión furtiva, desaseada y sospechosa al río San Juan, en actividades para las cuales no hay otra explicación que el propósito de adulterar la escena y las pruebas de un crimen. En respuesta el funcionario mintió ante la opinión pública y fue rápida y contundentemente desenmascarado desde diversos frentes: el GIEI mismo, el Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos y el Equipo Argentino de Antropología Forense. El régimen y sus propagandistas extraoficiales ya no pueden atribuir el descrédito de su “verdad histórica” a la presunta perversidad de los opositores ni a la supuesta mala fe de los expertos internacionales. Tienen que inventar ahora –ya han empezado a hacerlo– una conjura internacional con participación al menos de la ONU, la CIDH, organismos no gubernamentales y los medios de información mundiales que hasta el año antepasado ponían sus primeras planas al servicio de los propósitos de autoexaltación de Peña Nieto.

El descrédito de Zerón tiene dos vertientes: por un lado derrumba la “verdad oficial” sobre Ayotzinapa, cuyo único asidero a la verosimilitud era el pedacito de hueso identificado como perteneciente a Alexander Mora Venancio, uno de los 43 muchachos desaparecidos el 26 de septiembre por fuerzas del Estado; según la PGR, ese fragmento óseo había sido hallado en una de las bolsas con restos extraídas del río San Juan el 29 de octubre; pero ahora se sabe que las bolsas aparecieron un día antes, el día 28, que la autoridad no registró el hallazgo y que impidió atestiguarlo a los forenses argentinos, lo que hace inevitable pensar que la prueba fue sembrada en el lugar para construir la versión de la incineración de los 43 en el basurero de Cocula.

Por otra parte, a pesar del pesado blindaje de cinismo del gobierno Zerón se encuentra en una posición insostenible porque en lo sucesivo su presencia contamina de sospecha toda acción en la que participe la AIC: a partir de la exhibición y la autoexhibición del funcionario será difícil no imaginar culpables fabricados y pruebas sembradas en la lectura de cada comunicado de la procuración federal.

La salida del régimen para salir del paso podría ser el transferir los escombros de la “verdad histórica” a la cuenta de Zerón, convertirlo en el chivo expiatorio de la perversa investigación oficial y de su derrumbe y realizar de esa manera una operación de control de daños que sirva de cortafuegos para garantizar la impunidad de mandos de mayor nivel que el aún director de la AIC.

El problema no sería sólo convencer al funcionario insostenible de desempeñar el papel de cabeza de turco –y vaya que el sistema cuenta con medios para ello– sino que tal maniobra le quitaría un hilo muy importante a la red de encubrimientos y complicidades que blinda al régimen mismo desde hace décadas. Zerón ha transitado por las tripas de la Policía Federal de Genaro García Luna con el cargo de coordinador operativo; fue echado de ese puesto en 2007, junto con otros mandos, por quedarse de brazos cruzados ante un ataque masivo de la delincuencia organizada en contra de la sede de la policía municipal de Cananea, con un saldo de 22 muertos. Previamente, el grupo de 50 agresores, a bordo de 15 vehículos, recorrió más de 400 kilómetros sin que nadie los detuviera. A pesar de ello apareció como coordinador de Control y Análisis de la procuraduría mexiquense en el gobierno de Peña y diversos medios señalan que participó en el “esclarecimiento” de la desaparición, muerte y hallazgo de la niña Paulette Gebara Farah, bajo el mando de Alfredo Castillo Cervantes, posteriormente comisionado presidencial en Michoacán y hoy jefe de la Comisión Nacional del Deporte.

En suma, Zerón conoce mucho de la sórdida operación de las instancias policiales y ministeriales del sexenio pasado, de la anterior administración mexiquense y del actual gobierno. Las decisiones de echarlo de su puesto actual y de someterlo a investigación podrían iniciar una reacción en cadena de venganzas en forma de filtraciones al interior del equipo peñista. O no: podría ocurrir también que el régimen lograra imponer la omertá y sacrificar a una de sus piezas en el afán de calmar la indignación internacional causada por el crimen de Iguala, por el empecinamiento gubernamental en no esclarecerlo y por el manantial de suciedad que ha quedado al descubierto. Y no puede descartarse que el peñato pretenda atrincherarse, acentuar su cerrazón e intentar una huída hacia adelante, así sea atropellando al país más de lo que ya lo ha hecho.

A ver.

26.4.16

GIEI: el régimen desnudo

Die Feier (La celebración),: George Grosz, c. 1921

Los integrantes del Grupo Internacional de Expertos Independientes fueron cuidadosos y prudentes en su lenguaje. En la presentación de su segundo informe sobre la investigación de los crímenes perpetrados el 26 y el 27 de septiembre de 2014 en Iguala –y los que siguen siendo cometidos día a día y hora tras hora desde entonces– omitieron expresiones como siembra, ocultación y destrucción de pruebas, fabricación de culpables, encubrimiento o colusión de funcionarios públicos.

Los expertos dejaron que los hechos hablaran por sí mismos en los dos tramos del episodio delictivo: el primero, que fue la agresión misma, la coordinación entre las fuerzas policiales y militares para perpetrar y/o facilitar los asesinatos y las desapariciones forzadas, la evidencia de que al menos uno de los estudiantes de Ayotzinapa sobrevivió varios días al ataque del 26, la participación de la Policía Federal en la desaparición del autobús Estrella Roja (el “quinto autobús”), el maltrato de los agentes gubernamentales a los sobrevivientes, el desdén ante los heridos y el conocimiento de los hechos casi en tiempo real por parte de las más altas instancias del gobierno; el segundo, la investigación de la PGR, empieza con las torturas a los inculpados para arrancarles confesiones a modo y sigue con una manifiesta siembra de pruebas en los alrededores del río San Juan el 28 de octubre, un día antes de que las diligencias oficiales comenzaran en ese sitio, en donde los peritos de la Procuraduría manipularon evidencias y pasearon a uno de los detenidos; posteriormente obstaculizaron el trabajo de los Especialistas Argentinos en Antropología Forense, impidiéndoles el acceso al río, con el presumible propósito de sembrar en una de las bolsas allí “descubiertas” un fragmento óseo de Alexander Mora Venancio –único de los 43 desaparecidos de quien se ha identificado un resto– procedente sabe Dios de dónde. Es decir, hay elementos adicionales para afirmar que la hoguera de Cocula no fue encendida por los Guerreros unidos sino por los propios empleados de la PGR.

Durante 11 días durante los cuales el régimen de Enrique Peña Nieto se desentendió del caso y lo relegó al ámbito “local” a pesar de que para entonces ya había adquirido un impacto mundial. Pero en ese lapso, y hasta el 9 de febrero de 2015 –es decir, tres meses después de que Murillo Karam incinerara a los estudiantes normalistas en la hoguera de su imaginación– el informe del GIEI reporta que los chips de los celulares de los muchachos siguieron dando esporádicas señales de vida. Fue el caso del teléfono de Jorge Aníbal Cruz Mendoza, quien envió un mensaje de texto a su madre pasada la una de la mañana del 27 de septiembre, hora a la que, según la PGR, ya estaba muerto. Su número volvió a activarse en repetidas ocasiones en diversos puntos de Iguala; uno de sus parientes recibió una llamada en la fecha referida y la familia pidió de inmediato que se localizara el aparato pero no recibió respuesta por parte de las autoridades. En la versión de la PGR, todos los celulares de los normalistas habían sido incinerados en Cocula junto con sus propietarios.

Luego vendrían la suplantación del quinto autobús y de su chofer, la detrucción o el ocultamiento de videos cruciales, la “pérdida” de prendas de los desaparecidos, la fabricación de un tramposo e insustancial tercer peritaje de fuego, justificatorio de la mentira histórica, y muchas otras maniobras para desviar o impedir el trabajo de los expertos extranjeros.

Lo que puede concluirse de los datos duros aportados por el GIEI la mañana del domingo pasado es que la agresión del 26 de septiembre fue un operativo conjunto y coordinado de fuerzas militares, policiales y delictivas en contra de civiles inermes, que los altos niveles del gobierno federal estuvieron al tanto y que desde entonces la PGR ha buscado delimitar la responsabilidad de lo sucedido únicamente a las instancias municipales de Iguala –incluyendo posteriormente a las de Cocula y Huitzuco– para encubrir complicidades estructurales de los tres niveles de gobierno con la complicidad organizada y el narcotráfico.

No hay incapacidad sino deliberado afán de impunidad; no puede concluirse otra cosa de la orden de dar por terminada la misión del GIEI en el país –después de una orquestada campaña de linchamiento mediático en su contra–, a pesar del enorme costo político que esa medida le acarrea al régimen: ahora es claro que el peñato ya no está dispuesto a seguir simulando interés por el esclarecimiento del crimen perpetrado en Iguala.


Pero es demasiado tarde: el trabajo de los expertos internacionales, metódico, riguroso y comprometido, ha desnudado de manera irremediable al gobierno. A la sociedad mexicana le toca hacer lo que falta.

19.4.16

“Casos aislados”


El general Salvador Cienfuegos Zepeda, secretario de la Defensa, repudió y condenó el hecho sin cortapisas, en forma inequívoca y pública. Ofreció una disculpa a la sociedad y dijo que el episodio de tortura ocurrido en Ajuchitlán del Progreso, Guerrero, en febrero de 2015, forma parte de “sucesos repugnantes, aunque aislados, (que) dañan de manera muy importante nuestra imagen y el prestigio” de las fuerzas armadas. Unos días después el comisionado de Seguridad, Renato Sales Heredia, se le unió en las expresiones de consternación y no se quedó atrás Roberto Campa Cifrián, titular de la subsecretaría de Derechos Humanos de Gobernación.

En la sesión de tortura participaron al menos dos elementos castrenses y una agente de la Policía Federal. En el fragmento de video que se hizo viral a mediados de la semana pasada puede verse cómo los militares y la policía patean y encañonan con sus armas reglamentarias a una mujer que está en el suelo, le meten la cabeza en una bolsa de plástico y la conminan a que revele la información que desean obtener.

Una de las interrogantes es quién grabó el video y para qué. Todo indica que tuvo que ser otro servidor público, civil o militar. ¿Qué hay de él o de ella? ¿Lo hizo por perversión personal o tuvo un propósito didáctico, es decir, mostrar a eventuales educandos lo que se debe y lo que no se debe hacer en un interrogatorio de esa clase? Lo cierto es que los torturadores no parecen estar fuera de control ni improvisando; no le gritan a la víctima ni la lastiman “innecesariamente” para sus propósitos; por el contrario, parecen seguir un procedimiento rutinario.

De cualquier forma lo exhibido en la grabación es consistente con los testimonios de miles de personas que han sido víctimas de apremios físicos por las corporaciones policiales y/o militares del país, testimonios que dieron pie a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para señalar, en su informe de octubre del año pasado, que la tortura es una práctica generalizada en México. Y sí: a pesar de los alegatos oficiales de inocencia, la tortura aparece en buena parte de los expedientes judiciales del país como herramienta en eso que el gobierno sigue llamando “lucha contra la delincuencia organizada”, como insumo en el proceso de fabricación de culpables y hasta como medio de venganza y encarnizamiento personal.

La contraparte rutinaria de la tortura consiste en negar (policías, militares) o desestimar y minimizar (jueces) las pruebas de los apremios físicos. Cuando presuntos delincuentes con evidentes huellas de golpizas son presentados sin rubor alguno ante los medios, las autoridades aducen que “se golpearon tratando de escapar”. Pero ólo por excepción es posible contar con la grabación en video de una sesión de tortura como la realizada en en Ajuchitlán del Progreso el año pasado. Y es inevitable suponer que no fue un caso aislado sino la punta de un iceberg.

Qué decir del hecho de que el Ejército tuvo conocimiento de los hechos a fines de 2015 (y detuvo por ellos a un capitán y una soldado) y que no haya hecho públicas tales acciones sino hasta después de la filtración del video. Y qué decir que la Policía Federal no haya sido enterada del asunto sino cuando éste era ya tendencia en las redes sociales.


¿Moralejas? La primera, desde luego, es que la legislación debería ser reformada para garantizar que un individuo sobre el que pesan responsabilidades represivas que incluyen modalidades de tortura, como Enrique Peña Nieto (Atenco), no llegue nunca a ocupar la jefatura del Estado. La segunda es que las Fuerzas Armadas deben ser retiradas de inmediato de tareas policiales por la simple razón de que no están concebidas y entrenadas –ni tienen por qué estarlo– para procurar justicia ni investigar delitos sino para la guerra y la aniquilación del enemigo. La tercera es que tal vez no baste con las disculpas genéricas dirigidas “a la sociedad” y que el general Cienfuegos, Sales Heredia y Campa Cifrián deberían considerar la posibilidad de acudir al penal federal de Nayarit en el que se encuentra la mujer que fue sometida a tortura y se disculpen ante ella, la primera agraviada. Finalmente, el documento videográfico tendría que ser suficiente para considerar espuria toda la actuación del Estado en este caso y para dejar libre a la víctima, aunque no sea de nacionalidad francesa. Y si como consecuencia de ello algún delito queda en la impunidad, que los corifeos del régimen no culpen a los defensores de derechos humanos, sino a quien sea o haya sido el responsable de la Base de Operaciones Mixtas (policías Estatal y Federal, Ejército, Marina, PGR) en la que tuvo lugar la atrocidad.

5.4.16

Incertidumbre histórica



Una vez destruida toda verosimilitud de la “verdad histórica” y puesta en evidencia la determinación del gobierno federal de urdir una mentira histórica para encubrir algo aun más truculento y sórdido que esa fábula, la Procuraduría General de la República (PGR) se concentra ahora en fabricar una incertidumbre definitiva sobre el destino de los 43 muchachos normalistas que fueron desaparecidos en Iguala el 26 de septiembre de 2014 por fuerzas del Estado. La construcción de la incertidumbre como lápida final para un crimen incómodo es un conocido recurso de autoexculpación del poder político. Claro que en términos de imagen lo más conveniente es ofrecer una explicación plausible que desvíe la atención de los culpables reales y la haga recaer en culpables inventados o que la constriña a unos autores o cómplices materiales de poca monta. Pero si eso no es posible más vale pasar por ineptos que por criminales. ¿Quiénes ordenaron los asesinatos de los Kennedy? ¿El de Olof Palme? ¿El de Colosio? Misterio. Las pesquisas iniciales de esos delitos fueron inmundas, más pensadas para oscurecer que para aclarar; se dejó pasar el tiempo, se destruyó pruebas, se ocultó testimonios y se fabricó otros, se sembró pistas falsas, el enredo acabó por ser inexpugnable y los asesinos quedaron a salvo de la justicia.

“Si la sociedad no acepta nuestra versión de lo ocurrido en Iguala –parecen calcular ahora los operadores del peñato– al menos que no quede al descubierto nuestra determinación de construir un desenlace imaginario; si instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los Expertos Argentinos en Antropología Forense (EAAF) y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) insisten en descubrir incoherencias, falsedades y deficiencias, arrojemos lodo sobre ellas, vía interpósitas personas (o muchedumbres virtuales de “peñabots”) para restar credibilidad a sus señalamientos. Negociemos: tú no aceptas nuestra “verdad histórica” y nosotros no reconoceremos nunca que mentimos en forma deliberada, así que convengamos un descuento del 50 por ciento y dejémoslo en incertidumbre histórica”.

Aunque en realidad no hay negociación alguna sino un puñetazo sobre la mesa. No fue otra cosa la patética presentación ante medios del subprocurador Éber Omar Betanzos y su especialista Ricardo Damián Torres –lectura de un boletín sin espacio para preguntas– a fin de poner sobre la mesa, de manera sesgadísima, algo del no concluyente ni concluido peritaje del Grupo Colegiado de Expertos en Fuego. Ese acto unilateral violentó los acuerdos básicos de trabajo que habían sido adoptados por la PGR y el GIEI, los compromisos con los padres de los 43 muchachos, las reglas que se había fijado para el desempeño del equipo de especialistas en fuego, la verdad y la decencia.

El hecho de que algunos restos humanos fueron incinerados en Cocula se sabe desde hace mucho, como se sabe, también, que no pertenecían a ninguno de los normalistas. Ello exhibe la pavorosa ruptura del estado de derecho en tiempos del calderonato y del peñato pero no fortalece de manera alguna la historia de Jesús Murillo Karam. En suma, el espectáculo encabezado por Betanzos fue diseñado para hacer creer que la “verdad histórica” tiene algún porcentaje de certeza y que el GIEI mintió, a fin de justificar la decisión gubernamental de poner fin a la misión del grupo en el territorio nacional.

Se trata, pues, de un episodio más en el desempeño del gobierno federal caracterizado por la indolencia, el descuido y el desaseo, las omisiones, la obtención de confesiones bajo tortura, el ocultamiento de pruebas, la opacidad, la criminalización de las víctimas, la distorsión sistemática de los resultados científicos, las campañas sucias y a trasmano contra los expertos independientes, el incumplimiento de acuerdos y de reglas previamente establecidas. Urgía echarle al crimen una capa más de inconsistencias y contradicciones para diluir las certezas –las únicas posibles: que la PGR sigue ocultando la verdad– y extender la impresión de que es imposible saber qué ocurrió aquella noche. Para decirlo rápido y a falta de mejor adjetivo, fue un acto procuraduriento a más no poder.


Han transcurrido 18 meses y medio desde la agresión contra los muchachos normalistas y el régimen sigue negándose a revelar la verdad de lo sucedido. Si no se ejerce ahora una presión social decisiva que reivindique la lucha incansable de los padres de los 43 y el valioso trabajo del GIEI y de los EAAF, el peñato se saldrá con la suya y podrá imponer como solución final la incertidumbre histórica, la impunidad y el encubrimiento.

3.4.16

Del momento preciso

Para Hebe Rosell
y Lutz Alexander Keferstein 


¿ Cuál es la gota que derrama el vaso
o la chispa que incendia la pradera?
Nadie lo sabe con razón certera
ni hay fórmula infalible para el caso.

Se podría evitar tanto fracaso
sin el fútil afán, sin la quimera
de atrapar en la lógica severa
la sutil expresión de un chiripazo.

Es mejor preparar, día tras día,
al margen de una fecha perentoria,
el fin de la vetusta tiranía

sabiendo que es la hora decisoria
–como ya Kapuscinski lo decía–
la faceta inefable de la historia.

1.4.16

Del DF a la CDMX


La atmósfera es un símbolo lamentable de la involución sufrida por esta ciudad en tiempos del mancerato: hemos vuelto a padecer una inversión térmica como no las hubo en más de tres lustros. Algunos sostienen, con argumentos, que los límites de velocidad tipo Kidzania del reglamento de tránsito impuesto por el gobierno local ha contribuido a incrementar la concentración de vapores de mierda sobre este valle. Desde luego no será ese el único factor ni mucho menos: hay que sumar la especulación inmobiliaria y comercial, la voracidad de la industria automotriz, la corrupción en los centros de verificación, las deficiencias del transporte público, las torpezas de los planificadores y la falta de buen sentido en las regulaciones y medidas de vialidad.

Pero para ser justos, en estos últimos nueve años nuestra ciudad no sólo ha experimentado un retroceso sino también un avance pavoroso hacia la estratificación social y la exclusión mediante la persistente privatización de espacios públicos y la monetización (el neologismo es aportación de Google, creo) de todo lo imaginable. Da la impresión de que en el viejo palacio de Ayuntamiento hay un montón de personas exprimiéndose los sesos para encontrar nuevos servicios urbanos, nuevos metros cuadrados o cúbicos de urbe, nuevos contratos y concesiones a los cuales exprimirles unos cuantos pesos por habitante que, sumados, dan montos formidables. No se trata, no, de hacerse de recursos adicionales para la administración local, sino de multiplicar las oportunidades de negocio para los contratistas. En medio de esta dinámica es hasta sorprendente que los gobiernos de Peña y de Mancera hayan decidido regalarle a la voluntad popular un poco de participación en el próximo congreso constituyente y que no hayan encargado a una empresa consultora la tarea de redactar la carta magna local. Esos funcionarios deberían tener cuidado, que la obligada simulación de espíritu democrático se les puede revertir y podría colarse por ella la voluntad del pueblo completa, no rebajada a 60 por ciento, como lo han impuesto.

Parece ser que esta autoridad subestima a sus gobernados y piensa que es suficiente con pintar la urbe de rosa y emitir discursos ñoños para olvidar la tremenda traición al mandato cometida de 2012 en adelante: las políticas represivas, reinstauradas; la corrupción, magnificada; la vuelta a un espíritu de gobierno elitista en el que la ciudad de todos es sustituida por la ciudad de quienes puedan pagar como servicios extra cosas que hasta hace poco eran sufragadas por el presupuesto público, es decir, por los impuestos que aportan los habitantes. Lo que era gratuito –no por regalo de nadie, sino porque procedía del patrimonio común– hoy es concesionado a contratistas y transita del ámbito de los derechos al de los privilegios. Es equivocado, por ello, sostener que la administración mancerista se mueve únicamente en función del afán recaudatorio. No: también hay en ella un claro propósito divisorio para colocar a las personas de bien en un espacio superior y tarifario, y al resto, en un entorno infernal que castiga a la pobreza o, cuando menos, a la carencia de tarjeta de crédito. Si Marcelo Ebrard aspiraba a convertir al DF en algo así como Rotterdam, parece ser que Mancera lo quiere volver algo parecido a Jerusalén, que es una ciudad dividida entre la zona opulenta del oeste y el oriente árabe, miserable y abandonado.

El riesgo de concesionar mecanismos coercitivos (colocación de inmovilizadores, fotomultas, grúas) a empresas privadas es que el éxito no se mide en la capacidad de cumplir con los reglamentos y de educar a la ciudadanía, sino en el florecimiento mercantil de las concesionarias. O tomen el ejemplo de las Ecobicis, un servicio operado por la trasnacional Clear Channel Outdoor: el sistema está diseñado para realizar trayectos cortos, dentro de una misma zona de la ciudad, pero no para un uso intensivo de ese medio de transporte. Así lo evidencia su estructura tarifaria: si alguien desea rentar una de esas bicicletas por dos días, a fin de llegar en ella a una zona carente de cicloestación (es decir, cualquier barrio pobre de la ciudad) tendrá que pagar más que por un mes de alquiler de un coche subcompacto según precios de mercado.

Mancera ha llegado al colmo de pactar con los malquerientes priístas y panistas de las mayorías capitalinas un cambio de nombre a espaldas de sus habitantes. En virtud de un acuerdo cupular el Distrito Federal pasa a llamarse, en tanto que entidad política, Ciudad de México, un nombre absurdo por donde se le vea: si ya había cierta dificultad con la homonimia entre el país y la entidad federativa, ahora la confusión se multiplica. Además el Distrito Federal no es una ciudad, sino una demarcación con una parte urbana y otra rural en la que se asienta, sí, la porción principal de la megalópolis. Por lo demás la urbe se extiende hacia el norte y el oriente sin solución de continuidad entre sus barrios defeños y varios municipios mexiquenses.


En todo caso, el acrónimo CDMX tuvo mala estrella: nació marcado por una crisis que no es sólo ambiental y vial, pero que tiene en esas dimensiones su expresión de coyuntura. El desastre se ha gestado en la corrupción administrativa –que ha hecho posible, por ejemplo, una descontrolada proliferación de desarrollos inmobiliarios comerciales y habitacionales en zonas carentes de la infraestructura para asimilarlos–, en la claudicación de la autoridad ante la voracidad empresarial y en actitudes clasistas, insolentes y frívolas, más propias del peñato que de los programas progresistas y con visión social que habían distinguido al DF del resto del país. El problema de Mancera es que no se ha tocado el corazón para reprimir, para imponer tributos draconianos (como el incremento del Metro) ni para dictar reglamentos plagados de absurdo. Ahora no puede decir que le han faltado instrumentos de gobierno para impedir la catástrofe ni escurrir el bulto pretendiendo endosar su responsabilidad a sus gobernados. Porque una autoridad incapaz de adelantarse a los acontecimientos y de regular y orientar el funcionamiento de un colectivo, es una autoridad que no sirve para nada.

29.3.16

Ofensiva autoritaria



A principios de este mes la Suprema Corte declaró incosntitucional el artículo 287 del Código Penal del Distrito Federal –a cuya sombra el gobierno de Miguel Ángel Mancera ha encarcelado a varias personas–, que castiga con penas de seis meses a dos años de cárcel el delito de ultrajes a la autoridad, sin especificar qué cosa significa tal ultraje y que permite, en consecuencia, cualquier abuso de interpretación por parte de policías, ministerios públicos y jueces. Falta, sin embargo, que la máxima instancia de justicia elimine en definitiva esa norma del marco legal nacional.

Unos días más tarde, con la votación de todas las fracciones representadas en el congreso local, salvo la de Morena, se aprobó en el estado de México la ley Atenco, un ordenamiento urdido por el gobierno de Eruviel Ávila y orientado a dar manga ancha a la represión y al uso discrecional de la fuerza en contra de manifestaciones públicas. De acuerdo con esa ley, para que la policía pueda disolver por los medios que le dé la gana cualquier expresión ciudadana, bastará con que la considere ilegal o contraria a la paz y el orden público. Más aún, la ley Atenco autoriza a los efectivos policiales a disparar sus armas de fuego en caso de amenaza de muerte y en defensa propia y de terceros, disposición alarmante si se considera el grado de pudrición de las fuerzas públicas mexiquenses, no pocos de cuyos efectivos trabajan además para la delincuencia organizada.

La ley Atenco –obligada referencia a la represión criminal desatada hace una década por Enrique Peña Nieto y Vicente Fox en contra del pueblo de San Salvador Atenco y de quienes allí se encontraban– tiene un correlato federal: el afán del régimen de aprobar una ley reglamentaria del artículo 29 constitucional para facultar a la Presidencia a solicitar al Legislativo la suspensión de garantías y decretar estados de excepción ante riesgos a la paz pública, la seguridad o una amenaza al Estado e incluso para hacer frente a crisis económicas que por su gravedad puedan generar alteraciones al orden público. Con ello el Ejecutivo federal tendría manga ancha para dejar en suspenso los derechos de manifestación, asociación, circulación y libertad de expresión, entre otros. En el colmo del cinismo la iniciativa afirma que interrumpir la vigencia de las garantías y derechos humanos puede ser una forma de tutelarlos.

Resulta meridianamente claro que el régimen oligárquico se preparara a hacer frente, con una cobertura de legalidad, al descontento generalizado larvado por su propia corrupción, su propia ineficacia y su propio entreguismo. Sin necesidad de dictar estados de excepción, en extensas regiones del país las garantías individuales y los derechos humanos y colectivos están suspendidos de facto por la connivencia de funcionarios con la delincuencia organizada o, en el menos peor de los casos, por la absoluta incapacidad de los gobernantes para hacer frente a la inseguridad y la violencia criminal. La política económica de rapiña protagonizada por Peña y su grupo están llevando al país a una crisis económica sin precedentes que tendrá, por supuesto, consecuencias sociales en forma de estallidos de hartazgo. Sólo falta que los funcionarios en turno terminen de desplumar al erario y lo dejen sin los ya menguados recursos de los programas asistencialistas-electoreros de Sedesol y otras entidades. O un tercer fraude electoral al hilo –después de los de 2006 y 2012–, única manera imaginable de que la oligarquía se mantenga en el poder en 2018.

Así pues, ante el panorama devastador que dibujan sus propias proyecciones, el régimen trabaja a marchas forzadas para construir un marco legal abiertamente despótico y represivo. Por si aún no hubiera quedado clara la línea divisoria entre Morena y las franquicias electorales del grupo en el poder, la votación de la ley Atenco del Congreso mexiquense la dibujó con nitidez: con la excepción del mencionado, la aprobaron todos los partidos allí representados, incluidos el PRD, el PT y Movimiento Ciudadano. Desde su participación en el Pacto por México, el de la Revolución Democrática ya había marcado la línea de la simulación: operar para el peñato en las cámaras y rasgarse las vestiduras ante los medios. Y así le hicieron los tres en esta ocasión, sin tomarse la molestia de una explicación pública para semejante traición a sus respectivos electorados, los cuales de seguro no esperaban que sus representantes participaran en la construcción de un marco legal a la represión discrecional de las movilizaciones populares.

22.3.16

Obama en Cuba:
buena onda y presiones



En su viaje a Cuba Barack Obama ha recurrido a los instrumentos diplomáticos de la simpatía, el desenfado y el buen humor. Atributos importantes, sin duda, porque después de medio siglo de hostilidad anticubana el aterrizaje del avión presidencial de Estados Unidos en el aeropuerto José Martí resultaba una operación particularmente crítica y riesgosa, y ojalá que los servicios de inteligencia no busquen más allá de la metáfora, porque ésta se refiere a los riesgos políticos, no a atentados terroristas.

La pista es estrecha: Obama tiene en Estados Unidos la siempre viva animadversión de republicanos y cubanoestadunidenses y en Cuba, el recuerdo y el recuento de la agresión sistemática de Washington en contra de la isla y sus efectos y consecuencias. Tal vez lo segundo no resulte muy visible porque ahora las expresiones de hospitalidad y simpatía resultan abrumadoras, tanto en la realidad como en la cancha mediática, pero eso no quiere decir que la herida histórica de cinco décadas de intentos de aniquilación pueda cicatrizar por efecto de una visita presidencial.

Tal vez por eso el habitante de la Casa Blanca ha procurado mantener en sus mensajes públicos una cuidadosa fórmula de 33 por ciento de respeto, 33 por ciento de injerencismo y 33 por ciento de buena onda.

En un punto el mandatario estadunidense ha ido más allá de ese equilibrio: en entrevista con ABC News transmitida ayer afirmó que Google expandirá el acceso a Internet en Cuba y que ello forma parte de los anuncios que realizará: que esa empresa “tiene un acuerdo para comenzar a establecer más acceso a Wifi y banda ancha en la isla”. Google, por su parte, anunció en su blog un acuerdo con el Museo Orgánico de Romerillo para exhibir allí productos suyos como Cardboard y Chromebooks y agregó que la exhibición es “sólo un comienzo” para “traer una variedad de servicios a Cuba –incluyendo potencialmente proveedores de Wi-Fi y banda ancha–“ y para “aumentar y mejorar el acceso a Internet”.

El presidente Raúl Castro, en la declaración conjunta, midió cuidadosamente sus palabras: “A partir de las decisiones adoptadas por el presidente Obama para modificar la aplicación de algunos aspectos del bloqueo, empresas cubanas y sus contrapartes estadunidenses trabajan en la identificación de posibles operaciones comerciales que se pudieran concretar en el marco aún restrictivo de las regulaciones en vigor. Algunas se han materializado, especialmente en el área de las telecomunicaciones, ámbito en el que nuestro país cuenta con un programa basado en sus prioridades de desarrollo y en la necesaria soberanía tecnológica que garantice el uso apropiado de éstas al servicio de los intereses nacionales.”

Las operaciones de las que habló el mandatario cubano se refieren básicamente a telefonía, a la licencia estadunidense para telecomunicaciones desde terceros países hacia Cuba, la llegada a la isla de Netflix –que es meramente simbólica, dadas las restricciones de ancho de banda y las que afectan a los pagos internacionales–, y unos contratos de servicio entre Etecsa, la empresa estatal cubana de telecomunicaciones, con algunos proveedores de Estados Unidos.

Ya en enero del año pasado Raúl Castro se quejaba de que Obama liberalizaba a conveniencia el embargo económico aún vigente: “Podría utilizar con determinación sus amplias facultades ejecutivas para modificar sustancialmente la aplicación del bloqueo, lo que está en sus manos hacer, aun sin la decisión del Congreso. Pudiera permitir en otros sectores de la economía todo lo que ha autorizado en el ámbito de las telecomunicaciones con evidentes objetivos de influencia política en Cuba.”

Más de un año después, Obama adelanta en forma unilateral un supuesto acuerdo –su existencia no ha sido confirmada por el gobierno cubano– para que Google (o Alphabet) ofrezca acceso a Internet en la isla cuando lo único en firme, por ahora, es una exposición. Se trata claramente de una forma de presión para lograr la apertura cubana en un terreno particularmente sensible y estratégico.

En la precariedad de su infraestructura internética Cuba ha encontrado una de las pocas virtudes de la pobreza: ha conseguido escapar al aparato de vigilancia gubernamental y corporativo que permite a funcionarios y empresarios estadunidenses espiar a cientos de millones de personas y entidades en buena parte del planeta. La exclusión es una fortaleza de la soberanía y la seguridad nacional. ¿Significa eso que los cubanos deban seguir siendo usuarios marginales de las redes? No, por supuesto. Tal vez sean capaces de concebir y desarrollar redes que no estén al servicio prioritario de inversionistas y de oficinas de inteligencia extranjeras. No sería la primera vez que el país caribeño mostrara al mundo un camino nuevo.

15.3.16

Construir medios


A
yer hace un año el poder político-empresarial cerró filas en contra de Carmen Aristegui y operó la vergonzosa liquidación de un espacio informativo insustituible para la sociedad: el noticiero matutino de Carmen Aristegui en MVS. Meses antes, en noviembre de 2014, una investigación del equipo de Aristegui Noticias había revelado la existencia de una mansión valuada en siete millones de dólares, propiedad del contratista gubernamental Grupo HIGA, cuya posesión había sido reconocida por la esposa de Enrique Peña Nieto, Angélica Rivera, en un reportaje de la revista Hola!

Apenas dos meses antes había ocurrido en Iguala la agresión criminal de agentes del Estado en contra de estudiantes normalistas de Aytozinapa y el peñato se encontraba acorralado por los indicios crecientes de su corresponsabilidad –así fuera en grado de omisión– en ese acto de barbarie. Iguala marcó el punto de inflexión en la imagen de Peña, hasta entonces blindada por toneladas de maquillaje mediático –incluida la célebre portada de la revista Time que lo proclamaba salvador de México– e inmune a los efectos de una extremada impopularidad. Pero todo el aparato mediático –el nacional y el extranjero– no pudo, con su enorme poder, salvar al régimen priísta de la evidencia de su propio rostro atroz, sangriento y corrupto reflejado en el espejo de las torturas, los asesinatos a mansalva, las desapariciones de 43 muchachos, la connivencia con la delincuencia organizada, la fabricación de culpables y de mentiras tan escandalosas como la “verdad histórica” de Murillo Karam y, como remate, la insensibilidad, la torpeza y el cinismo de Peña Nieto.

En esa circunstancia, el hallazgo periodístico de la Casa Blanca de Peña y de su mujer vino a derrumbar lo que hubiera podido quedar de fachada a un gobierno que se presentaba como paladín de la eficacia, la transparencia, la democracia y la modernidad. La mansión de Las Lomas no sólo es impresentable porque constituye una transacción triangulada entre un gobernante y uno de sus contratistas principales sino también porque exhibía la carencia de escrúpulos de un individuo, cabeza de régimen, incapaz de comprender el agravio que representa la riqueza extrema en un país que tiene a la mitad de su población –o más– sumida en la pobreza más injustificable y cuyos gobernantes sin excepción, de Salinas en adelante, han propiciado e intensificado la concentración de beneficios en unas cuantas manos, en detrimento del resto de los habitantes.

La ofensa de la verdad resultó intolerable para el peñato y lo que siguió es bien conocido: se presionó a los dueños de MVS y a la postre éstos esgrimieron un pretexto pueril para ordenar el cierre definitivo del noticiero de Aristegui. El control de daños corrió a cargo de un patiño presidencial (Virgilio Andrade) que operó, en el asunto Casa Blanca, en forma semejante a como lo hizo Jesús Murillo Karam con Iguala: elaborando un relato que eximía a Peña (y a su secretario de Hacienda, Luis Videgaray, a quien también se le descubrió una fastuosa propiedad facilitada por Higa) de cualquier responsabilidad legal.

El asunto lleva a preguntarse si es posible romper de alguna forma la armadura mediática del régimen, una idea que alentó en 2012 al movimiento #YoSoy132, el cual vio con claridad meridiana que la democratización del país es imposible si no se lleva a cabo una democratización de los medios. La tarea no parece fácil: las frecuencias de radio y televisión y las redes de cable están reservadas, de facto, para la élite económica, única representada y mandante de este gobierno; los pocos y marginales espacios de difusión que le quedan al Estado están sometidos a una férrea censura y obligados a proyectar el discurso oficial como verdad única; los medios impresos –cuya tecnología era hasta hace poco la única relativamente asequible a proyectos sociales independientes de los poderes fácticos y del Estado– viven un declive inocultable y enfrentan el difícil desafío de su tránsito a lo digital.

El desarrollo tecnológico ha creado, sin embargo, un terreno en el que es posible romper el monopolio del discurso y ha empezado a erosionar el poderío de los medios electrónicos tradicionales. El acceso a ese terreno empieza a masificarse y ya es posible construir en él espacios de difusión independientes y capaces, en principio, de contrarrestar el enorme peso mediático de la oligarquía gobernante. Ya están surgiendo.

5.3.16

Eso que te odia



A veces te odia porque eres judío
y otras veces te odia porque eres palestino.
(Antes, hallaba insoportable
que fueras numantino, albigense,
bruja, negro o gitano.)
Puede ser que te deteste
porque resistes y defiendes tu tierra
o que te abomine porque reclamas tus derechos.
Busca exterminarte porque te niegas a cambiar de religión
o porque abrazas otra religión
o porque no tienes religión alguna
o porque comes tal cosa, o porque no comes tal otra,
o porque bebes cerveza,
o porque no consumes cerveza de su marca.
Si eres pobre te odia casi siempre;
si eres indio y campesino hará cuanto pueda
por borrarte de la estadística;
si eres mujer que hace lo que quiere,
si eres hombre que llora sin vergüenza,
si organizaste un sindicato libre,
si eres joven y quieres estudiar,
si eres viejo y pretendes jubilarte,
si no vendiste tu dignidad,
si te le ríes en su cara,
si lo descubres,
si buscas destronarlo,
querrá tu destrucción.
Así es eso. Y no cambia
aunque aprenda a comer en juego de seis cubiertos,
aunque se ponga una corbata,
aunque se diga democrático
y haga todo lo imaginable
por limpiarse la sangre y la mierda
en su tina con grifos de oro.
Así es eso.
Tú tienes dos deberes:
no dejarte matar de forma alguna
(tiene tantas maneras,
desde el secuestro y la tortura
hasta la compra y las adulaciones)
y no acabar siendo una cosa
semejante a eso que te odia.

3.3.16

Tributo a un hombre de letras




Leemos. Salvo en casos de extremada precariedad (no ha de confundirse con pobreza, porque hay pobres de solemnidad que leen más y con mejor provecho que ciertos individuos prominentes), en esta civilización el texto escrito sigue siendo, a pesar de todo, un objeto simbólico indispensable para relacionarnos con el mundo. Es, por así decirlo, el conocimiento hecho carne, el logos materializado. Poco importa ya que sea impreso en papel, estampado en acrílico o ingeniosamente emulado mediante los pixeles de una pantalla electrónica de cualquier especie.

Leemos y escribimos con toda suerte de dispositivos –del bolígrafo al teclado, real o virtual– y al realizar ambas actividades echamos mano de conjuntos tipográficos de uso generalizado. Salvo por lo que se refiere a la escritura a mano y su posterior lectura, empleamos caracteres diseñados y trazados por otras personas para el empleo masivo y rara vez reparamos en ellos. La acuciante búsqueda del significado de las palabras escritas no nos deja tiempo para fijar la atención en particular en una jota, en una zeta, en una efe. Tampoco solemos hacerle caso a la fuente en la que leemos o escribimos y casi siempre nos da igual si es compensada o no, y si se trata de una egipcia, una gótica o una humanista. Pensamos, a lo más, que está muy pequeña y es, por ende, de difícil lectura, o que es demasiado grande y que no nos va a caber el texto en la hoja de papel, la pancarta o el anuncio.

Sin embargo, las características tipográficas de un texto inciden de una manera sutil en nuestra aceptación o rechazo, en nuestra comprensión o nuestro pasmo y hasta en el estado de ánimo con que leemos algo. Baste, para demostrarlo y evidenciar la incomodidad, con llevar las cosas hasta cierto extremo y emplear una fuente que puede parecer genial para un anuncio o un logotipo pero que resulta inadecuada para componer un cuerpo de texto.

Bien: tras la invención de las fuentes hay personas que trabajan como hormigas con el lápiz, el pincel, el punzón metálico y el programa de diseño, se rompen la cabeza comparando trazos para encontrar los más armónicos y legibles y formar, con ellos, nuevas fuentes tipográficas. Si hacemos a un lado la extendida metonimia y acudimos a la literalidad, son ellos los verdaderos hombres (y mujeres) de letras.

El primero y el más grande es sin duda el buen Juan Gutenberg, quien para la edición de su primera obra, la llamada Biblia de 42 líneas, inventó la primera fuente tipográfica del mundo: la llamada textura, que imita la escritura de los monjes copistas a los que se propuso superar, con su invento, en velocidad y capacidad de producción. El alemán creó también una cursiva gótica bastarda con la que fue compuesta la Indulgencia de Maguncia. La proliferación de imprentas de tipos móviles dio lugar al diseño y la fundición de nuevas tipografías: la manual humanista, la minúscula carolingia, el tipo romano y la llamada romana de letra blanca.

Otro hombre de letras destacadísimo, contemporáneo nuestro, es Hermann Zapf, quien murió el 4 de junio del año pasado en Darmnstadt, Alemania, ya nonagenario. Nacido el 8 de noviembre de 1918 en Núremberg y conoció desde muy niño el hambre de la gran depresión. En la escuela se interesó por temas científicos y tecnológicos y a edad temprana construyó un receptor para escuchar la radio por las noches, bajo las sábanas y a escondidas de sus padres, con su hermano, cuatro años mayor que él. Para ocultar aquella actividad fabricó detectores que los alertaban si se movía la manija de la puerta.

A los 12 años diseñó alfabetos codificados –mezcla de tipos cirílicos con runas germánicas– para comunicarse con su hermano de manera encriptada. Al terminar la escuela, en 1933, pretendió estudiar ingeniería eléctrica, pero su padre perdió el empleo “y tuvo tremendos problemas con el nuevo régimen –apunta el propio Zapf en su autobiografía, en referencia al régimen nazi–: había estado involucrado con los sindicatos y en marzo de aquel año fue enviado al campo de concentración de Dachau por un corto tiempo”.

“Dadas las circunstancias políticas, no se me permitió ingresar al Instituto Politécnico de Ohm, en Núremberg, y no fue sino hasta 30 años después, en Estados Unidos, que pude cumplir mis sueños de juventud con la tecnología de computadoras”. De modo que el joven Zapf tuvo que optar por volverse aprendiz en una empresa que no le preguntara por las posturas políticas de su familia. Así, en 1934 empezó a trabajar de corrector en la imprenta Karl Ulrich.

Tras visitar una exposición itinerante de Rudolf Koch, nuestro personaje se interesó en el trazado de caracteres y leyó Das Schreiben als Kunstfertigkeit (La habilidad de la caligrafía) del propio Koch, así como el clásico Writing, Illuminating and Lettering de Edward Johnston. En 1938 Zapf cambió de trabajo y empezó a colaborar en el taller de Paul Koch, en Fráncfurt, al tiempo que estudiaba artes gráficas y grabación con punzones con el maestro grabador August Rosenberg. Juntos elaboraron el libro Pen and graver, que contenía 25 alfabetos caligráficos, y que no fue publicado sino hasta 1949, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial.

La participación de Zapf en la wehrmacht del Tercer Reich fue marginal. Llamado a filas en 1939 y enviado a la línea Siegfred, enfermó del corazón y fue rápidamente descartado. Pero en abril de 1942 el Reich empezó a echar mano de todos los ciudadanos, cardiacos o no, para enrolarlos. Zapf fue integrado al cuerpo de artilleros, donde su torpeza llevó a los oficiales a un estado de desesperación. Fue ubicado como cartógrafo en el Primer Ejército y enviado a Burdeos, donde le encomendaron el trazo de la frontera franco-española. Al término del conflicto el tipógrafo fue capturado por las fuerzas francesas, las cuales lo trataron con consideración, por considerarlo un artista y lo enviaron a casa en cuestión de semanas. De vuelta al Núremberg destruido, Zapf trabajó como profesor de caligrafía.

En 1947 la fundición Stempel, de Fráncfurt, le ofreció una plaza de jefe del taller artístico de la empresa. Aun sin haber cumplido 30 años y sin ningún certificado de estudios, Zapf se abrió paso en la industria mostrando su cuaderno de trazos. En 1949 publicó el libro Feder und Stichel (Pluma y punzón, en colaboración con August Rosenberg), recopilación de 25 alfabetos caligráficos que le valió un vasto prestigio como hacedor de letras.

En 1951 Hermann se casó con la caligrafista Gudrun von Hesse, quien desarrolló una carrera propia y destacada en el diseño de fuentes (Ariadne, Calligraphic 810, Carmina y Shakespeare, entre otras). En los años siguientes trabajó para diversas editoriales: Suhrkamp, Insel, the Book Guild Gutenberg, Hanser, Dr. Ludwig Reichert, Philipp von Zabern y otras. “Por un asunto de principio, nunca trabajé para agencias de publicidad”, asentó en su reseña autobiográfica. Posteriormente se trasladó a Estados Unidos, donde colaboró con firmas como Linotype, Hell, ITC y Bitstream. En 1977 fundó Design Processing International, Inc. en Nueva York. En esa empresa partició en el desarrollo de software de diseño tipográfico.

Sus obras más trascendentes son sin duda las fuentes Palatino, Antiqua y Optima, usadas en cientos de millones de publicaciones, anuncios, aparatos y dispositivos en todo el mundo. La primera es considerada la fuente más plagiada del siglo XX. La prodigiosa Zapfino es una fuente que permite crear, con tipografía digital, textos caligráficos en los que las letras quedan unidas entre sí por un trazo continuo. Y no hay tipógrafo que no haya usado la colección de viñetas llamada Zapf Dingbats.

Las letras están en deuda con este tipo.