25.6.16

Preguntas por Nochixtlán


¿Por qué afirmó la Comisión Nacional de Seguridad en su boletín del domingo 19 de junio que los elementos de la Policía Federal enviados a desalojar el bloqueo de Nochixtlán “no se encuentran armados ni portan tolete”?

¿Por qué dijo el gobiero que las fotos y los videos de la acción en la que se puede ver a policías armados y disparando “no correspondían” a ésta? ¿Por qué guardó silencio una vez que las agencias Ap y Xinhua divulgaron los metadatos de las cámaras, que validan que las gráficas fueron tomadas en el lugar y a la hora de los hechos?

¿Por qué, horas más tarde, el comisionado de la Policía Federal, Enrique Francisco Galindo Cevallos, afirmó que los efectivos gubernamentales habían sido víctimas de una “emboscada” con armas de fuego?

¿Cuáles fueron los “grupos radicalizados” que supuestamente atacaron a balazos a las fuerzas del orden?

¿Por qué dijo que los policías federales no portaban armas de fuego y que sí iban armados, en cambio, los miembros de la Gendarmería Nacional supuestamente enviados a algo así como una acción de rescate?

¿Por qué las fotos –que sí son auténticas– muestran tanto a policías federales como a miembros de la Gendarmería (los uniformes son distintos) accionando armas de fuego?

¿Por qué hasta ahora no hay una sola foto en la que aparezcan lugareños o maestros armados con “cuernos de chivo”, como lo sostuvieron las versiones oficiales?

¿Por qué hay videos en los que se muestra a manifestantes tirándose al suelo al escuchar las detonaciones, pero no a policías parapetándose y cubriéndose de fuego enemigo?

¿Por qué aparecen policías descubiertos y platicando, mientras a unos metros de ellos sus pares disparan, parapetados en la vulcanizadora?

¿Qué características tienen los “cohetones de muy alto poder” con los que fueron atacados los policías, según el jefe de la Policía Federal?

¿Por qué a cuatro días de los hechos el gobierno no ha exhibido los helicópteros que supuestamente recibieron disparos de los maestros y pobladores?

¿Por qué no se ha informado de las lesiones “de disparos” que supuestamente sufrieron “varios policías”? ¿Cuántos? ¿De qué gravedad?

¿Por qué insisten las autoridades en afirmar que entre los muertos no hay ni un solo maestro?

¿Por qué irrumpieron los policías en un entierro para llevarse detenidos a 19 participantes y presentarlos como responsables de la “agresión” sufrida por los efectivos oficiales en Nochixtlán? ¿Por qué, si no hubo “detenciones al azar”, como dijo Galindo Cevallos, todos los capturados en esas circunstancias fueron puestos en libertad 48 horas después de las detenciones? ¿Quién las ordenó? ¿Por qué los detenidos fueron transportados como reses muertas en un camión? ¿Cumple esa clase de traslados con los protocolos de trato a los detenidos y con los derechos humanos?

¿Existió algo así como un mando único y un C4 en el operativo de desalojo de la carretera? ¿Cómo actuó? ¿Dónde están los registros de sus comunicaciones?

¿Es cierto que la Federación actuó “a solicitud del gobernador Gabino Cué” para impedir que se siguiera lesionando la industria turística y el presunto desabasto de víveres causado por los bloqueos? ¿Por qué el secretario de Desarrollo Social insistió en ese punto? ¿Por qué el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, desmintió que haya desabasto? ¿Quién miente? ¿Por qué Galindo Cevallos dio como motivo de la acción policial la neccesidad de reabrir el paso a la refinería? Si esa fue una reazón real, ¿por qué la Federación no actuó antes de que el gobernador oaxaqueño pidiera la intervención?

¿Por qué, en todo caso, si esos eran los propósitos del desalojo en Nochixtlán, la Policía Federal avanzó también sobre la ciudad de Oaxaca? ¿Por qué hubo allí también disparos de los efectivos policiales en contra de civiles?

¿Cumplió la incursión policial sus presuntos objetivos o no? ¿Se suprimieron los bloqueos?

¿Quién asesinó al periodista Elidio Ramos Zárate en la capital oaxaqueña? ¿Con qué base los comentaristas adictos al gobierno dan por sentado que los asesinos fueron “la CNTE o sus aliados”?

¿Por qué guardaron silencio durante tantas horas la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Gobernación y su Subsecretaría de Derechos Humanos? ¿Qué hizo el secretario de Educacion Pública, Aurelio Nuño, en las 50 horas transcurridas desde que ocurrieron los enfrentamientos en Nochixtlán y otros puntos de Oaxaca hasta que emergió a la luz pública el martes siguiente en una conferencia de prensa? ¿Por qué se le permite tomar distancia de una crisis gestada en buena medida por su pésimo manejo político? ¿Se le deja de lado precisamente por eso? ¿Cómo se relaciona este episodio con el jaloneo pretendidamente sucesorio dentro del régimen?

¿Por qué se dejó todo el manejo de la situación y la información a un jefe policial y no a un mando político? ¿Porque era domingo y día del padre? ¿Dónde estaba el piloto?

¿Tiene la fiscalía de Oaxaca capacidad y voluntad para llevar a cabo un esclarecimiento puntual de los homicidios, las agresiones y los atropellos perpetrados el 19 de junio?
Cómo participará la Comisión Nacional de Seguridad en la investigación de los hechos? ¿Es correcto que la institución involucrada en ellos se investigue a sí misma?

¿Qué dependencia de la PGR colaborará en las pesquisas? ¿Pondrán al frente de ellas a Tomás Zerón de Lucio y a sus peritos que anduvieron manoseando huesos de pollo y adulterando las pruebas en el río San Juan y en el basurero de Cocula? ¿Es la “emboscada” de Galindo Cevallos el equivalente oaxaqueño a la incineración de cuerpos inventada por Jesús Murillo Karam en Guerrero?

¿Está consciente el gobierno de Peña de la sima en que se encuentra en materia de credibilidad, respeto a los derechos humanos y procuración de justicia? ¿Se da cuenta de la nueva “tormenta perfecta” que ya avanza sobre él a raíz de lo sucedido en Nochixtlán? La llamará también “mal humor social”?

¿Tiene el régimen la lucidez necesaria para comprender que el conflicto magisterial se ha convertido ya en un conflicto social de dimensiones mayúsculas? ¿Se da cuenta de cómo el su accionar ha exponenciado el respaldo al magisterio inconforme?

¿Por qué hicieron esto? ¿Por descuido, por descontrol, por programa, por odio?

22.6.16

Nochixtlán: qué necesidad


Sumar una decena de muertos a la barbarie represiva en Atenco, a los feminicidos en el Estado de México, al manejo de la desaparición y muerte de la niña Paulette, a su inocultable gestación como producto de marketing en el útero de Televisa, a los desfiguros y tropiezos declarativos, a la compra masiva de votos en las elecciones de 2012, a los excesos represivos del 1 de diciembre de ese año, a las mentiras desenmascaradas de la propaganda por las reformas privatizadoras, al desastre y el desaseo de la estrategia de seguridad en Michoacán, a Tlatlaya, al desdén frente a los asesinados y desaparecidos en Iguala, a los escándalos de la Casa Blanca, Grupo Higa y OHL, a la derrota en las elecciones del 5 de junio.

A pesar de ese palmarés detestable el régimen ensayó en Nochixtlán una solución al conflicto magisterial que se parece tanto a lo perpetrado el 2 de octubre de 1968 en contra de los manifestantes reunidos en Tlatelolco: descargas de armas de fuego en contra de civiles inermes: una decena de muertos; casi un centenar de heridos.

Pero esta vez la decisión no podía terminar bien para el grupo gobernante porque, a diferencia de hace 50 años, el pacto social está roto por las propias reformas peñistas, la economía no crece al 6 por ciento, las clases medias están inconformes, las viejas “atribuciones metaconstitucionales” de la Presidencia son un remedo corrompido de sí mismas, los altos funcionarios desconocen el país y creen que viven en Holanda, hay organización social y popular independiente, la sociedad se ha zafado como ha podido de la tutela gubernamental y el aparato mediático del régimen no ha perdido su antigua capacidad de distorsión pero sí, en buena medida (gracias a la expansión de las redes sociales), la de ocultación.

En la manera gubernamental de tergiversar los hechos no valdría la pena ni detenerse: recuérdese que la Comisión Nacional de Seguridad emitió a medio día del domingo un boletín en el que negaba el uso de armas de fuego por la Policía Federal, que descalificó como “falsas” las fotos en las que se muestra a los efectivos de esa corporación haciendo uso de ellas, y que después el propio jefe tuvo que reconocer que en la acción participaron policías armados, aunque fuera “casi al final”. Es abrumadora la evidencia –incluidas las armas y el parque– de que en Nochixtlán se envió a los uniformados a disparar contra el pueblo.

El culpable máximo de esa acción ya no es Nuño, ni el comisionado Enrique Galindo Cevallos, y ni siquiera el extraviado Gabino Cué quien, con los cuerpos de los muertos aún tibios, declaraba que la masacre tuvo como propósito “preservar las libertades, el estado de derecho y la integridad física” en Oaxaca. Con su desorbitado afán por restaurar un presidencialismo difunto e irredimible, Enrique Peña Nieto se echó al cuello la soga de las responsabilidades. Su empecinamiento en mantener a sangre y fuego (literalmente) la tal reforma laboral disfrazada de educativa le creó otro conflicto político mayúsculo –uno más– a una presidencia que ya tiene abundancia de manchas y agujeros.

Pero qué necesidad tenía: convertir un problema gremial que habría podido resolverse con un poco de voluntad política en un nuevo agravio a la sociedad con declinaciones inevitables en el terreno de lo penal, porque Nochixtlán huele a crimen de lesa humanidad. “He girado instrucciones” tuiteó el titular del Ejecutivo, al ofrecer que los hechos serían investigados y esclarecidos. El problema con esa expresión es que se ha convertido en sinónimo de no hacer nada (como en Iguala, como con la Casa Blanca, como siempre) y que cualquier promesa que venga antecedida por ella es automáticamente ubicada por la opinión pública en el altero de papel reciclable.

Ojalá que Peña caiga en la cuenta de que la feroz andanada oficial contra los maestros democráticos –que va de la calumnia sistemática en artículos de opinión a ráfagas de rifles de asalto– ha fracasado porque los ha fortalecido y ha convertido a la CNTE y a la Sección 22 en el actor central de la resistencia contra la barbarie neoliberal de las reformas. A los ataúdes de los asesinados en Nochixtlán podría unirse otro: el de la “reforma educativa”. A fin de cuentas, en un acto de magistral ponciopilatismo, Claudio X. González y su membrete Mexicanos primero ya se escabulleron de Nochixtlán. De esa manera el peñato podría empezar a despedirse con un gesto –uno, al menos uno– de honorable rectificación. De otra manera, el fin del régimen bien podría adelantarse al de la actual administración. Y qué necesidad.

16.6.16

Que corazón tan duro,
que mente tan perversa



Esta tarde visité el campamento de la CNTE en la Ciudadela. Platiqué con maestras que llegaron de Chiapas en la madrugada y que, junto con el resto de su contingente, permanecieron virtualmente secuestradas por las policías federal y capitalina durante ocho horas. Sin agua. Sin comida. Sin baños. A esta hora están durmiendo en el suelo, lejos de sus hogares, en casas de campaña precarias, después de viajar un día entero y tras permanecer ilegalmente privadas de su libertad.

Qué corazón tan duro y qué mente tan perversa se necesita para afirmar, desde la comodidad de un despacho ministerial, a bordo de una camioneta blindada o en un restaurante de lujo (todo ello pagado con dinero del pueblo) que esas mujeres, maestras rurales o urbanas, están “defendiendo prebendas y privilegios”. Cuánto cinismo se requiere para que un huésped frecuente de la Casa Blanca de Peña Nieto –un individuo que gana en un mes lo que un maestro en dos años– acuse de corrupto al movimiento magisterial.


Por el Espacio Escultórico


¿Se realizó ya la reunión entre el rector de la UNAM, Enrique Graue, y el comité de expertos sobre el Espacio Escultórico? ¿Sigue pendiente? ¿Se efectuará? ¿Se decidirá la demolición total del Edificio “H” de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que arruina la funcionalidad de la obra artística? ¿Le rasurarán cuatro pisos, como mínimo? ¿O triunfará la arrogancia institucional y la construcción intrusa se quedará donde está?

El problema causado por la construcción de un adefesio promedio que se entromete en la limpia línea del horizonte que hasta antes podía disfrutarse desde el Espacio Escultórico puede ser considerado por algunos como un berrinche de puristas y de exquisitos en contra de la eficacia burocrática que en pocos meses hizo erigir una construcción sin duda necesaria y sin más pecado que el de ser fea. Puede parecer frívolo el afán de acabar con el mazacote que costó millones de pesos sólo para que los visitantes del Centro Cultural Universitario puedan evitarse la intrusión visual en la rueda dentada de pirámides que rodea un lago de piedra congelada. Se puede argüir que la utilidad del edificio cuestionado, en donde se llevan a cabo tareas docentes y administrativas es mucho mayor y más tangible que la de un monumento cuya visita forma parte del ocio de los paseantes.

Pero tal vez quienes albergan tales ideas puedan y quieran asomarse al asunto desde otra perspectiva y caigan en la cuenta de que la agresión (culposa, no dolosa) contra el Espacio Escultórico y sus visitantes era del todo innecesaria, porque si algo no le falta a la Ciudad Universitaria es territorio para crecer sin destruir ni afectar su propio patrimonio y había –hay– una enormidad de espacio para edificar edificios H, I, J y K y todos los anexos que se desee. “Bueno, habría podido hacerse mejor, pero ya está hecho –replicarán– y en la UNAM las cosas no están como para tirar el dinero”. Sería una buena réplica, sin duda, salvo por el hecho de que si a esas vamos, la totalidad de las tareas culturales que realiza la máxima casa de estudios, e incluso buena parte de sus labores de investigación, pueden verse como un completo dispendio. ¿O acaso no habría sido más barato pintar de cualquier color las cuatro paredes exteriores de la Biblioteca Central que contratar a Juan O’Gorman para que decorara con mosaico los muros del recinto? ¿No estaría mejor emplear en algo mejor los recursos que se destinan al funcionamiento y mantenimiento de la Sala Miguel Covarrubias? Y en el extremo, ¿para qué sostener algo tan inútil como el Instituto de Investigaciones Filológicas, en vez de comprar más computadoras para la Facultad de Ingeniería?

Como puede verse, es riesgoso adentrarse por las lógicas del eficientismo, y más cuando tales lógicas florecen en las oficinas de una institución que, como la UNAM, es vista desde hace décadas por el grupo en el poder como un desperdicio presupuestal y un estorbo para los planes de negocio de empresarios –o sea: gente de veras productiva– que sueñan con expandir su mercado de estudiantes universitarios. “Imagínense lo que una buena inversión podría hacer en lo que es hoy día un refugio de vagos, grillos y mariguanos”. Es cierto que, salvo uno que otro panista, la mayor parte de los políticos del régimen no se atreve a formularlo con esa crudeza, pero tengan por seguro que lo piensan. A fin de cuentas, el último presidente de la república que egresó de la UNAM terminó su periodo hace más de 20 años, así que de las cúpulas oficiales no esperen ni siquiera afecto por el alma mater.

En esta coyuntura tan jodida no parece sensato descuidar ni un segundo la defensa de la gratuidad en todas sus acepciones y expresiones, y el arte es una de las más relevantes. Junto con la solidaridad, es una de las pocas cosas que le quedan al mundo para reponerse de la borrachera de productividad, eficiencia, rentabilidad y calidad en la que anda extraviado. No es sensato, por ello, atentar contra la integridad de las obras de arte. En rigor, a la humanidad no le pasará nada si se sustrae una piedra más a la pirámide de Chichén (le han sustraído tantas), si se suprime media página de una partitura sinfónica o si se destruye medio metro cuadrado de la Capilla Sixtina. Se habrá perdido o afectado, en todo caso, una comunión social que estableció, quién sabe por qué y para qué, proteger, preservar e investir de sacralidad social a ciertos objetos, ciertas composiciones, ciertos textos. Pero sumen muchas acciones vandálicas de esas y ya estaremos otra vez instalados de lleno en la condición de micos arbóreos, de la que ni hemos salido del todo.

Tal vez nos encontremos ante la necesidad de un punto de inflexión. El país y el mundo se precipitan en el abismo de la construcción desorbitada, el rendimiento máximo, el uso a rajatabla de todo lo que existe y que es, por esa sola razón, susceptible de aprovechamiento. El pragmatismo extremo se instala en cualquier sitio y construye soluciones racionales y proyecciones a futuro sin informarse previamente de lo que hubo allí ni de los ordenamientos sutiles e invisibles que regulaban el lugar –recinto, barrio, pueblo, entorno ecológico, continente– hasta antes de su llegada. En la visión dominante lo rentable es necesario y lo incosteable, contingente. Para esa mentalidad dar alimento al espíritu, cuando ello no se traduce en alguna clase de transacción comercial, es un delito de lesas finanzas tan imperdonable como regalar comida al prójimo.

Y el Espacio Escultórico está allí, en una Ciudad Universitaria enclavada a su vez en una urbe sometida, por lo pronto, a la dictadura de la utilidad y el rendimiento (en su interpretación manceriana, la Ley de Murphy dice que todo lo que pueda generar dividendos los generará). En estricto sentido, ese extraño templo sin dioses no sirve para maldita la cosa; es un desperdicio de concreto y de espacio que hasta ahora nadie se ha atrevido a concesionar a una cadena de restaurantes de comida rápida. ¿Qué caso tiene pelear por la limpieza de su línea visual? ¿Cómo pueden pedir que en aras de ese capricho abstracto se derribe un edificio repleto de aulas, cubículos y oficinas?

Puede ser que la muesca en el tiempo realizada en 1979 apenas empiece a adquirir su plena significación en 2016 y que su utilidad real, insospechada por sus creadores hace 37 años, sea la de ofrecer un punto de inflexión para detener la cabalgata avasalladora del utilitarismo, la rentabilidad y la monetarización de todo lo que existe, y empezar a desandar ese camino peligroso que desembocará, tarde o temprano, en el uso de las pirámides de Teotihuacán como basamento para antenas de telefonía celular o en su concesión a una empresa de entretenimiento. Tal vez ese ojo que mira al cielo con su pupila de lava haga reflexionar a las autoridades universitarias sobre el supremo compromiso de la máxima casa de estudios con el espíritu y consiga preservarse a sí mismo inspirando un acto explícito de contrición (en su sentido laico) que se traduzca en la eliminación de la mole intrusa. Y en el sitio que ésta ocupa actualmente bien podría levantarse un pequeño monumento que diga: “aquí triunfó el arte sobre la insensibilidad, la gratuidad sobre la paga, lo entrañable sobre lo contable, la civilización sobre la barbarie”.


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Posdata.- La doctora Mireya Imaz Gispert, coordinadora del Programa Universitario de Estrategias de Sustentabilidad, expuso recientemente atendibles argumentos en contra de la demolición del edificio “H” de la FCPyS. Y como todo debe ser visto desde distintos ángulos, es de justicia leer la entrevista que le hizo Proceso.

14.6.16

Presume Nuño


Así es él: ante un auditorio de niños de Primaria obligados a servir de telón de fondo de sus declaraciones semanales, Aurelio Nuño se preguntaba ayer por qué Morena y su dirigencia “quieren defender a un presunto delincuente que ha robado, presuntamente, más de ciento treinta millones de pesos”. El secretario de Educación Pública se refería a Rubén Núñez Ginés, líder de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, capturado un día antes con modales de dictadura y enviado a un reclusorio a miles de kilómetros de distancia de su lugar de residencia, y al anuncio de Andrés Manuel López Obrador de que Morena se movilizará en defensa de ese y otros dirigentes magisteriales encarcelados por defender sus conquistas laborales y el derecho a la educación pública y gratuita para los niños de México.

La presunción oficial externada por Nuño y por el subprocurador Gilberto Higuera es ajena a la lógica. Si Núñez Ginés, Francisco Manuel Villalobos Ricárdez y otros líderes del magisterio democrático hubieran querido desviar recursos no habrían tenido que encabezar movilizaciones, fatigar calles y carreteras ni exponerse a la brutalidad policial y al linchamiento de la mayoría de los medios; les habría resultado infinitamente más fácil enriquecerse desde la comodidad de la burocracia sindical que encabeza Juan Díaz de la Torre, sustituto y esquirol de Elba Esther Gordillo e incondicional del propio Nuño.

Significativamente, y desde que se consumó el ajuste de cuentas de Peña Nieto en contra de Gordillo Morales, la cúpula charra del SNTE, esa que inclina la cerviz ante los dictados privatizadores y antilaborales de la reforma educativa peñista, no ha sido vuelta a tocar ni con el pétalo de una averiguación previa, como no lo han sido tampoco los caciques del sindicato petrolero, quienes aprobaron sin chistar el desmantelamiento de la industria energética nacional.

Si el celo justiciero de Nuño fuera auténtico y realmente quisiera identificar a presuntos ladrones tendría que olvidarse de los movimientos sociales y voltear la mirada al entorno presidencial: allí se encontraría mansiones que valen, esas sí, ciento treinta millones de pesos; adjudicaciones, concesiones y contratos como los otorgados a Grupo Higa y OHL o negocios de ganancias astronómicas y utilidad social nula, como el Nuevo Aeropuerto; hallaría Ferraris auténticos y no Lamborghinis inventados; descubriría colecciones de arte multimillonarias en residencias de burros que no tienen la menor cultura artística pero sí muchos vínculos con el poder; se enteraría de nombres y apellidos de protagonistas de trasiegos financieros listados en los papeles de Panamá y sabría de una montaña de operaciones con recursos de procedencia ilícita que le cuesta al país más de medio billón de pesos al año. El secretario de Educación Pública tendría que fijarse, en suma, en su jefe, sus compañeros de gabinete, los socios externos y los peces gordos del servilismo corporativo.

Nuño presume al revés que la sociedad, pues ésta, cuando se trata de ubicar a los posibles rateros, dirige la mirada a las cúpulas del poder público. Pero así como las presunciones de la opinión pública nacional e internacional no pueden cobrar certeza jurídica porque la institucionalidad se juzga y se absuelve a sí misma por medio de funcionarios como Virgilio Andrade y Arely Gómez, las presunciones del poder, en cambio, pueden ser convertidas en órdenes de aprehensión porque cuando se tiene el control de la Policía, de la Procuraduría o de la Secretaría de Hacienda resulta muy fácil inventar pruebas, fabricar culpables y transmutar disidentes, luchadores sociales y opositores en delincuentes comunes.

Tras la masacre de Tlatelolco decenas de estudiantes, profesores e intelectuales fueron condenados entre otros delitos, por “robo”. Seguramente el secretario Nuño no ha leído los expendientes respectivos y no sabe, en consecuencia, cuan grotescamente parecidas resultan las imputaciones que fabrica el peñato a las que inventaba el régimen diazordacista.

¿Que por qué se moviliza Morena en defensa de los presos políticos magisteriales, secretario Nuño? Pues por decencia.

10.6.16

Margarita Zavala de Calderón


Ahora le molesta que se refieran a ella con su apellido de casada. Pero entre 2006 y 2012 así la llamaban los boletines oficiales de la Presidencia, su amiga Elba Esther Gordillo, las revistas de sociales y toda una caterva de aduladores, y a lo largo de esos seis años mantuvo su dignidad de género guardada en el refrigerador.

No, señora, no se confunda: no es misoginia sino recordatorio de una que como primera dama y al amparo de su poder de consorte propició negocios para los hermanos, encubrió al marido genocida y protegió a la prima quemaniños.

7.6.16

El PPM y el 5 de junio


El PRI es más que sus siglas y que su logotipo: es una forma perversa de ejercicio del poder para el saqueo del erario, la imposición de intereses corporativos, el uso patrimonialista de los recursos gubernamentales para la perpetuación del control de las instituciones (incluidas las electorales) por un grupo de operadores enriquecidos y la preservación de una red de impunidad que recorre los sexenios. Esa identidad es plenamente compartida por Acción Nacional, el Partido de la Revolución Democrática, Nueva Alianza, Verde y demás franquicias electorales, lo que ha sido llamado PRIANRD o Partido del Pacto por México (PPM). Desde esa perspectiva el priísmo no perdió nada en las elecciones del pasado domingo 5 de junio.

A estas alturas hay tanto en juego en las pugnas electorales entre priístas, panistas y perredistas como en un partido de futbol: los equipos luchan por imponer sus colores propios sobre los contrarios y por hacerse de los beneficios económicos del campeonato pero jamás para cambiar las reglas técnicas, mediáticas y monetarias del juego. No es posible encontrar una diferencia sustancial, por ejemplo, entre el Rafael Moreno Valle priísta y el Rafael Moreno Valle panista o entre el Miguel Ángel Yunes priísta y el Miguel Ángel Yunes panista; independientemente de su filiación partidista coyuntural, se trata de individuos corruptos, represores, inescrupulosos y sin otro propósito de gobierno que el del beneficio para sí mismos y sus respectivos grupos.

Ya sea con su escudo principal o mimetizado en los del PAN, el PRD, Nueva Alianza, Verde y demás, el PPM ha procurado reducir los comicios a una rebatinga familiar por el reparto de cargos. Lo ha conseguido, en alguna medida, pero a un precio muy alto: la creciente erosión de su fracción principal –la priísta, gran perdedora en las elecciones del domingo–, y la pérdida de identidad de otras dos, la panista y la perredista, las cuales marchan hacia un proceso de virtual fusión. Las numerosas alianzas panredistas ponen en evidencia que en las organizaciones que las conforman no queda ya gran cosa de ideología, principios ni programa y que la motivación de ambas es, simplemente, preservar y ampliar cuotas de poder y acceder al control de filones del presupuesto. En general, el baile de alianzas en el territorio nacional –Nueva Alianza puede ir coaligada al PRI en Veracruz y al PAN en la vecina Puebla, en tanto que el PT va con el verde y el PRI en Chihuahua pero camina con el PAN y Nueva Alianza en Puebla, por ejemplo– muestra la obscena carencia de diferencias reales entre los partidos políticos, su falta de memoria y escrúpulos y la conversión de los procesos electorales en meras oportunidades de negocio.

Ante ese panorama el Movimiento Regeneración Nacional ha ido a las urnas en solitario con respecto al resto de los partidos pero en acuerdo con movimientos sociales como el de los maestros, grupos ambientalistas, y organizaciones populares de diversa índole y se ha consolidando, en apenas un año –del 7 de junio de 2015 al 5 de junio de este año– como la única fuerza electoral dispuesta a jugar para cambiar las reglas del juego. Incluso con el catálogo de suciedades desplegado por el PRD en el Distrito Federal, Morena consiguió ratificarse como la primera fuerza política capitalina. Otro tanto ocurriría en Veracruz si se descontara el ostentoso fraude operado en Veracruz por el PRIANRD para cerrarle el paso a ese partido emergente. El Prep del Ople veracruzano se parece tanto al inverosímil recuento que exhibió el Ife de Luis Carlos Ugalde en 2006 para meterle a la candidatura panista más votos de los que obtuvo en las urnas e incrustar a Felipe Calderón en la Presidencia. Ese mecanismo de fraude cibernético, combinado con la compra masiva de votos por los primos Yunes, pretende desplazar al tercer sitio al candidato de Morena, Cuitláhuac García.

Pero incluso en las cifras increíbles del Ople de Veracruz, Morena es el partido más votado en la entidad, otro tanto ocurre –a pesar de la montaña de mapacheos– en Oaxaca, y en otras entidades la organización que encabeza López Obrador está en segundo o en tercer sitio, lo que habla de un avance formidable no sólo de su votación, sino en la recuperación de los procesos políticos nacionales secuestrados y desvirtuados por el PPM. Muy a su pesar los comicios tienen, pues, mucho más contenido político, social y económico que un partido de futbol.


18.5.16

Brasil: ¿qué sigue?


Se ha escrito mucho sobre las causas que provocaron el declive de los gobiernos progresistas en Sudamérica, de las económicas a las polítcas y sociales, tanto de las endógenas como de las exógenas. Casi todos los textos escritos desde posiciones próximas a tales gobiernos coinciden en que, ante la constante de la ofensiva neocolonial, los proyectos del PT, en Brasil, de los Kirchner Fernandez, en Argentina, y de Hugo Chávez, en Venezuela, fueron incapaces de articular las variables de economías realmente ajenas a las lógicas tradicionales de la exportación de materias primas y de construir una institucionalidad política distina a la de las democracias parlamentarias en las que llegaron al poder. Se ha señalado, asimismo, la incapacidad de tales proyectos para articularse en forma eficiente y armónica con los movimientos sociales y las causas populares que los apoyaron en las urnas y que, por inercia, desconfianza o mera torpeza política, fueron desmovilizados posteriormente. Se ha dicho, asimismo, que a los gobernantes de este ciclo menguante les faltó audacia, imaginación, radicalismo o las tres cosas juntas para desarticular los promontorios reales del poder oligárquico –industriales, comerciales, financieros y mediáticos– y adoptar el rumbo de una ruptura anticapitalista. Tomará años analizar a fondo los factores que no funcionaron y los que funcionaron a la perfección para configurar crisis políticas como la que acabó con la presidencia de Dilma Rousseff, la que tiene en vilo al gobierno de Maduro o la que condujo a la derrota del Frente por la Victoria en Argentina. Y en lo inmediato, ¿qué sigue?

Lo primero es determinar si lo ocurrido en Argentina y Brasil, más lo que parece estar a punto de ocurrir en Venezuela, son derrotas tácticas o estratégicas para las izquierdas continentales, y todo parece indicar, por desgracia, que se trata de lo segundo. En ninguno de los gigantes sudamericanos se aprecia el grado de cohesión y resistencia social –ojalá que el cálculo sea equivocado– como para hacer inviables los gobiernos de Macri y de Temer, y ya se sabe que a las derechas oligárquicas les toma mucho menos tiempo destruir conquistas que a las izquierdas progresistas les toma décadas edificar, y que no se detienen en consideraciones de legitimidad ni de popularidad para emprender sus galopes de Atila sobre lo construido. Para los bandos reaccionarios sudamericanos debe haber sido muy didáctica la manera rápida y resuelta con que el peñato mexicano acabó con la soberanía energética y electromagnética, los derechos laborales, el derecho a la tierra y otros factores que habían sido pilares del pacto social. Es cierto que apenas culminadas sus reformas, el régimen peñista entró en una crisis sin precedentes en México y que hoy su permanencia en el poder se explica principalmente por la fuerza de la inercia institucional y por su capacidad de corromper a importantes núcleos del electorado. Pero, por lo pronto, con eso le basta para mantenerse en pie y no ha movido un dedo para recrear consensos nacionales mínimos como base para gobernar.

Si la derrota es estratégica habrá que contar con el retorno a estadios de crisis perpetua como los que caracterizaron a la primera generación de presidencias civiles neoliberales –Salinas, Menem, Fujimori, etc.– y a un desasosiego social que no necesariamente se traducirá en desafío de poder para las administraciones oligárquicas, pero sí en una creciente violencia de Estado en contra de las disidencias políticas y sociales; veremos, en el mejor de los casos, la marginación de los gobiernos progresistas que quedan –Bolivia, Ecuador y Uruguay– de las decisiones continentales, un achicamiento de instancias internacionales como el Mercosur, la Celam y el Alba, la reactivación de la OEA, la vuelta a la región de los organismos financieros en calidad de autoridades y el avance incontenible de tratados de libre comercio, sobrepuestos unos a otros, que dañarán en forma acaso irreparable las soberanías nacionales y la articulación de las economías. Más allá del continente el fin del ciclo progresista debilitará las perspectivas mundiales de construcción de un orden multipolar y a los contrapesos que ha sido posible construir a los términos globalizadores neoliberales: el grupo de los BRICS, en primer lugar.

Para abreviar en la medida de lo posible el ciclo que está por empezar o que ya ha empezado se tiene que trabajar en una nueva articulación de formas y momentos de lucha, en proyectos de gobierno más avanzados y radicales que los ensayados anteriormente y, lo más importante, en un camino para acabar con el neoliberalismo no sólo en los ámbitos internos sino también en la escena internacional. Y para ello se requiere encontrar maneras efectivas y definitorias de incidencia en la globalidad. Menuda tarea.

13.5.16

Los muertos no se callan



Lo que fuera persona está allí, por fin, reducida a condición de cosa, y su nuevo estatuto irremediable exacerba los afanes de posesión de quienes siguen vivos. Algunos piensan que ha llegado su oportunidad para la apropiación definitiva, para la exclusión de todos a los que el muerto no quiso o no pudo excluir mientras fue dueño de sus actos. Otros, aun más sórdidos, calculan cuántos hechos ocultos caben en un cadáver y procuran apropiárselo para guardar verdades incómodas bajo metro y medio de tierra. La siguiente escena es un jaloneo entre zopilotes para ver quién paga el funeral, cuál de los socios registra a su nombre la fosa a perpetuidad, qué familia ordena los responsos, quién se queda con una tibia y un omóplato, quién recupera la mandíbula, en qué capilla se deposita la urna funeraria.

Las leyes pueden brillar con claridad meridiana en lo que concierne a los derechos y la prelación de los deudos, pero ya se sabe lo fácil que es torcerlas a conveniencia, especialmente cuando se cuenta con relaciones o cuando se tiene el encargo de aplicarlas. Lo que puede ocurrir en una familia cualquiera empieza a volverse escena habitual en este país que ha alcanzado niveles industriales de asesinatos y desapariciones, sólo que la rebatinga por los muertos la encabezan las autoridades.

Es lo que ocurre, por ejemplo, en Tetelcingo, una localidad correspondiente al municipio de Cuautla, Morelos, donde la Fiscalía General del Estado estuvo enterrando sin ningún control ni formalidad decenas de cuerpos identificados o sin identificar, hasta totalizar 150. El gobierno local encabezado por Graco Ramírez Garrido Abreu no se tomó la molestia de obtener muestras de ADN para compararlas con las de las incontables familias que en esa entidad y las vecinas buscan a sus desaparecidos desde hace meses o años. No indagó lesiones, no levantó actas de defunción, no recabó autorizaciones de inhumación, no tramitó los permisos sanitarios para que aquello pudiera considerarse un cementerio. Durante mucho tiempo acumuló cuerpos humanos envueltos en plástico y los fue acomodando uno sobre otro en un hoyo sin señas. Y así, hasta que la familia de un muchacho desaparecido descubrió el horror.

Entonces llegaron al lugar otras familias que también buscan a alguien ausente a exigir que aquellos cuerpos fueran sometidos a los estudios de rigor que la fiscalía morelense –a cargo de Javier Pérez Durón, sobrino político del gobernador– no pudo o no quiso practicar. De súbito, el gobierno local empezó a comportarse como si los muertos fueran suyos y ahora pretende trasladarlos a la fosa común de un cementerio regular sin permitir más pesquisas que las de sus indolentes peritos.

Algo no muy distinto ocurre en tres localidades de Chihuahua: entre octubre de 2011 y febrero del año siguiente fueron descubiertas tres fosas clandestinas en Rancho Dolores, Cuauhtémoc; El Mortero, Cusihuiriachi, y Brecha El Porvenir, Carichí. Lo hallado allí son fragmentos de huesos calcinados o muy deteriorados. Después de años de no hacer nada, la autoridad estatal pretende proceder a la incineración de los restos. Organizaciones de parientes de desaparecidos –que abundan en ese estado y en los vecinos– han demandado la intervención del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) para que realice procedimientos de identificación, pero el gobierno de César Duarte ha puesto toda clase de trabas para ello.

Desde 2006 los gobiernos federales de Felipe Calderón y Enrique Peña han permitido un estado de violencia y descontrol que se traduce en decenas de muertes diarias y en un acumulado de decenas de miles de desaparecidos. Los virreyes y señores feudales estatales han sido omisos de toda gravedad, cuando no cómplices de las carnicerías. Las fuerzas policiales y militares de la Federación lucen armamentos y equipos cada vez más impresionantes e intimidantes y los exhiben de manera espectacular en sus coreografías por todas las ciudades del país, pero casi nunca están en el lugar de los hechos cuando es necesario, es decir, cuando alguien es levantado o ejecutado. En este país ya no se puede ni orinar sin que te supervise una cámara de vigilancia, un retén, una patrulla, un helicóptero o un batallón, pero si la criminalidad te asesina resulta que las grabaciones se borraron, que los destacamentos estaban de licencia o que las aeronaves se quedaron en tierra porque no tenían gasolina.

Esas curiosas coincidencias alcanzaron su expresión más escandalosa la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, cuando seis personas fueron perseguidas y atacadas durante horas, seis de ellas asesinadas y otras 43 desaparecidas, todo en las narices –el nombre oficial es C-4– de las policías estatal y Federal, el Ejército, la Procuraduría General de la República, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional y no sé cuántas más instituciones de discurso solemne. Tras una quincena de catatonia, cuando ya familiares de los muchachos de Ayotzinapa y de otros desaparecidos habían descubierto que hay restos humanos enterrados a la mala en medio estado de Guerrero, esas dependencias se vieron obligadas a intervenir. De pronto, los ciudadanos que fueron a parar a tales pudrideros, porque el Estado los había dejado indefensos, recibieron una inopinada atención oficial en forma de cintas amarillas o rojas para delimitar el área y policías y militares armados hasta los dientes que resultaban grotescamente innecesarios a meses o años de cometidos los crímenes respectivos. Después de unas semanas la PGR trasladó sus aspavientos al basurero de Cocula –un sitio que según las pruebas recabadas ha sido empleado de tiempo atrás para incineraciones clandestinas sin que ninguna autoridad moviera un dedo– y en menos de nueve días ya tenía armado un guión escalofriante sobre el supuesto fin de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Como en otros sitios del país, la autoridad reclamaba los restos como de su propiedad, y en las diligencias respectivas marginó –ahora lo sabemos en forma inequívoca– al equipo del EAAF que participaba en la investigación por demanda de los familiares de los muchachos. Los videos, las declaraciones y los informes de las torturas realizadas para convertir a albañiles inocentes en pavorosos sicarios de Guerreros unidos hacen pensar que el único fragmento que ha sido positivamente identificado como perteneciente a uno de los 43 fue en realidad sembrado en el lugar por la gente de Tomás Zerón de Lucio.

Y todo, ¿para qué? ¿Por qué la obsesión de los gobernantes en expropiar cuerpos muertos o pedazos de hueso calcinado? ¿Qué caso tiene la aparatosa protección policial a lo que queda de los muertos cuando no se brindó la menor protección a los vivos?

Porque los muertos hablan. A pesar de su silencio obligado, de su extremo deterioro, de la dispersión de sus miembros y moléculas, con mayor frecuencia de lo que se piensa son capaces de contar la verdad de su muerte y de señalar a sus asesinos. Lo han dicho los restos documentadamente hallados en Cocula: “no pertenecemos a ninguno de los 43”. Lo sugiere el único fragmento de hueso identificado: “a mí me trajeron de otro lado y me sembraron aquí”. Lo ha dicho algún cadáver de los de Tetelcingo: “me torturaron y me dieron el tiro de gracia, pero nadie ha investigado”.

Y todo indica que en estos 10 años diversos poderes públicos del país no sólo han sido testigos ineptos de la matanza, sino también, en no pocos casos, participantes activos. Tal vez de allí venga ese afán de los listones amarillos, los guardias artillados y blindados, la expropiación de los muertos. Hay que callarlos cueste lo que cueste.

11.5.16

Veracruz, en juego


Veracruz puede ser una de las primeras entidades del país en las que el Movimiento de Regeneración Nacional gane la gubernatura en las elecciones próximas y uno de los puntos de fractura de esa mezcla de impunidad, corrupción, postración socioeconómica y violencia delictiva que es el régimen imperante. Varios factores se han alineado para crear una coyuntura favorable.

En primer lugar, el desgaste extremo de un feudo tradicionalmente priísta, provocado por la manera sórdida, corrupta, despótica y frívola en que los mandatarios del tricolor han desgobernado la entidad, maneras que alcanzan su clímax en los sexenios de Fidel Herrera y Javier Duarte. Son ellos los responsables, junto con Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, de que Veracruz se haya deslizado a la circunstancia de horror en que se encuentra, caracterizada por la pobreza desesperante en extensas regiones del estado, el quiebre manifiesto del estado de derecho, la inseguridad generalizada y el latrocinio sistemático en las oficinas públicas.

Veracruz es, para decirlo pronto, una de las consecuencias extremas del poder oligárquico y delictivo que padece el país. Pero las facciones oligarquicas se sintieron capaces de jugarse el control local creyendo que, ganara la que ganara, no tendrían competencia desde fuera del régimen y que, en consecuencia, podrían seguir detentando la gubernatura; pasados los comicios ya habría tiempo para remendar la red de complicidades.

Así, las franquicias partidistas del régimen postularon a dos piezas añejas y características: los primos Héctor y Miguel Ángel Yunes. Ambos se parecen como gotas de agua: han sido operadores del poder feudal y corrupto, han pasado por la Secretaría de Gobierno local, han brincado de lo local a lo federal y de lo ejecutivo a lo legislativo sin más ideología que sus ambiciones personales; uno de ellos, Miguel Ángel, abandonó el tricolor para sumarse a los gobiernos de Fox y de Calderón en sus ámbitos más siniestros: los de la seguridad pública; carga, por ello, una responsabilidad insoslayable en el desastre veracruzano. Y fue evidente, por lo demás, que la recomposición habría de centrarse en el endoso de la catástrofe al actual gobernador: ganara el Yunes que ganara, el chivo expiatorio habría de ser Javier Duarte, quien muy pronto empezó a recibir andanadas de su propio partido.

Lo que parecía destinado a quedar en un pleito menor de familia se vio bruscamente trastocado por el surgimiento de una figura nueva, desconocida y fresca: Cuitláhuac García, un universitario joven, con maestría en Ciencias y que tuvo su bautizo electoral en junio del año pasado, cuando le ganó una diputación a los candidatos del régimen. Pero la candidatura de Cuitláhuac por el Movimiento de Regeneración Nacional tiene raíces en un trabajo político de años realizado por diversas corrientes y organizaciones de izquierda y en el que han participado desde Heberto Castillo hasta Andrés Manuel López Obrador, más muchos miles de personas menos conocidas.

Mientras los dos Yunes se hacen cruces para sacudirse el pesado desprestigio de sus respectivas trayectorias, Cuitláhuac tiene como armas su credibilidad personal y la coherencia de un programa partidista de alcance nacional pero de aplicación posible y hasta urgente en la Veracruz devastada por los gobiernos prianistas. La candidatura de Morena ha ganado un momento que pocos se imaginaban, mediante el trabajo político casa por casa y con el establecimiento de alianzas con los movimientos sociales; la más destacada es el acuerdo con el Movimiento Magisterial Popular Veracruzano que compromete a los mentores a defender y promover el voto a favor del partido y al aspirante, a anular la llamada “reforma educativa” del peñato y a crear una legislación estatal de contenidos y calidad educativa.


Es de suponer, claro, que los operadores del régimen ya cayeron en la cuenta del tremendo error cometido: con arrogancia característica abrieron una grieta sin pensar que por ésta podría abrirse paso un proyecto político, social y económico capaz de ganar el ejecutivo estatal. ¿Qué les queda, a menos de un mes de la elección? Deponer sus diferencias y hacer frente común contra Morena; impulsar las candidaturas minúsculas (MC, PT y un “independiente”) con el propósito de restar sufragios al partido de López Obrador; y, desde luego, echar mano de los recursos públicos para inducir o comprar votos. Las dos coaliciones del régimen tienen mucha experiencia en eso. Para contrarrestar las trampas y las previsibles compras masivas de votos es indispensable que el próximo 5 de junio la ciudadanía veracruzana protagonice una insurrección cívica electoral y ponga fin de una buen a vez a un prianismo que en Veracruz parece eterno.

3.5.16

El funcionario insostenible



El director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, fue exhibido por el GIEI en el curso de una incursión furtiva, desaseada y sospechosa al río San Juan, en actividades para las cuales no hay otra explicación que el propósito de adulterar la escena y las pruebas de un crimen. En respuesta el funcionario mintió ante la opinión pública y fue rápida y contundentemente desenmascarado desde diversos frentes: el GIEI mismo, el Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos y el Equipo Argentino de Antropología Forense. El régimen y sus propagandistas extraoficiales ya no pueden atribuir el descrédito de su “verdad histórica” a la presunta perversidad de los opositores ni a la supuesta mala fe de los expertos internacionales. Tienen que inventar ahora –ya han empezado a hacerlo– una conjura internacional con participación al menos de la ONU, la CIDH, organismos no gubernamentales y los medios de información mundiales que hasta el año antepasado ponían sus primeras planas al servicio de los propósitos de autoexaltación de Peña Nieto.

El descrédito de Zerón tiene dos vertientes: por un lado derrumba la “verdad oficial” sobre Ayotzinapa, cuyo único asidero a la verosimilitud era el pedacito de hueso identificado como perteneciente a Alexander Mora Venancio, uno de los 43 muchachos desaparecidos el 26 de septiembre por fuerzas del Estado; según la PGR, ese fragmento óseo había sido hallado en una de las bolsas con restos extraídas del río San Juan el 29 de octubre; pero ahora se sabe que las bolsas aparecieron un día antes, el día 28, que la autoridad no registró el hallazgo y que impidió atestiguarlo a los forenses argentinos, lo que hace inevitable pensar que la prueba fue sembrada en el lugar para construir la versión de la incineración de los 43 en el basurero de Cocula.

Por otra parte, a pesar del pesado blindaje de cinismo del gobierno Zerón se encuentra en una posición insostenible porque en lo sucesivo su presencia contamina de sospecha toda acción en la que participe la AIC: a partir de la exhibición y la autoexhibición del funcionario será difícil no imaginar culpables fabricados y pruebas sembradas en la lectura de cada comunicado de la procuración federal.

La salida del régimen para salir del paso podría ser el transferir los escombros de la “verdad histórica” a la cuenta de Zerón, convertirlo en el chivo expiatorio de la perversa investigación oficial y de su derrumbe y realizar de esa manera una operación de control de daños que sirva de cortafuegos para garantizar la impunidad de mandos de mayor nivel que el aún director de la AIC.

El problema no sería sólo convencer al funcionario insostenible de desempeñar el papel de cabeza de turco –y vaya que el sistema cuenta con medios para ello– sino que tal maniobra le quitaría un hilo muy importante a la red de encubrimientos y complicidades que blinda al régimen mismo desde hace décadas. Zerón ha transitado por las tripas de la Policía Federal de Genaro García Luna con el cargo de coordinador operativo; fue echado de ese puesto en 2007, junto con otros mandos, por quedarse de brazos cruzados ante un ataque masivo de la delincuencia organizada en contra de la sede de la policía municipal de Cananea, con un saldo de 22 muertos. Previamente, el grupo de 50 agresores, a bordo de 15 vehículos, recorrió más de 400 kilómetros sin que nadie los detuviera. A pesar de ello apareció como coordinador de Control y Análisis de la procuraduría mexiquense en el gobierno de Peña y diversos medios señalan que participó en el “esclarecimiento” de la desaparición, muerte y hallazgo de la niña Paulette Gebara Farah, bajo el mando de Alfredo Castillo Cervantes, posteriormente comisionado presidencial en Michoacán y hoy jefe de la Comisión Nacional del Deporte.

En suma, Zerón conoce mucho de la sórdida operación de las instancias policiales y ministeriales del sexenio pasado, de la anterior administración mexiquense y del actual gobierno. Las decisiones de echarlo de su puesto actual y de someterlo a investigación podrían iniciar una reacción en cadena de venganzas en forma de filtraciones al interior del equipo peñista. O no: podría ocurrir también que el régimen lograra imponer la omertá y sacrificar a una de sus piezas en el afán de calmar la indignación internacional causada por el crimen de Iguala, por el empecinamiento gubernamental en no esclarecerlo y por el manantial de suciedad que ha quedado al descubierto. Y no puede descartarse que el peñato pretenda atrincherarse, acentuar su cerrazón e intentar una huída hacia adelante, así sea atropellando al país más de lo que ya lo ha hecho.

A ver.

26.4.16

GIEI: el régimen desnudo

Die Feier (La celebración),: George Grosz, c. 1921

Los integrantes del Grupo Internacional de Expertos Independientes fueron cuidadosos y prudentes en su lenguaje. En la presentación de su segundo informe sobre la investigación de los crímenes perpetrados el 26 y el 27 de septiembre de 2014 en Iguala –y los que siguen siendo cometidos día a día y hora tras hora desde entonces– omitieron expresiones como siembra, ocultación y destrucción de pruebas, fabricación de culpables, encubrimiento o colusión de funcionarios públicos.

Los expertos dejaron que los hechos hablaran por sí mismos en los dos tramos del episodio delictivo: el primero, que fue la agresión misma, la coordinación entre las fuerzas policiales y militares para perpetrar y/o facilitar los asesinatos y las desapariciones forzadas, la evidencia de que al menos uno de los estudiantes de Ayotzinapa sobrevivió varios días al ataque del 26, la participación de la Policía Federal en la desaparición del autobús Estrella Roja (el “quinto autobús”), el maltrato de los agentes gubernamentales a los sobrevivientes, el desdén ante los heridos y el conocimiento de los hechos casi en tiempo real por parte de las más altas instancias del gobierno; el segundo, la investigación de la PGR, empieza con las torturas a los inculpados para arrancarles confesiones a modo y sigue con una manifiesta siembra de pruebas en los alrededores del río San Juan el 28 de octubre, un día antes de que las diligencias oficiales comenzaran en ese sitio, en donde los peritos de la Procuraduría manipularon evidencias y pasearon a uno de los detenidos; posteriormente obstaculizaron el trabajo de los Especialistas Argentinos en Antropología Forense, impidiéndoles el acceso al río, con el presumible propósito de sembrar en una de las bolsas allí “descubiertas” un fragmento óseo de Alexander Mora Venancio –único de los 43 desaparecidos de quien se ha identificado un resto– procedente sabe Dios de dónde. Es decir, hay elementos adicionales para afirmar que la hoguera de Cocula no fue encendida por los Guerreros unidos sino por los propios empleados de la PGR.

Durante 11 días durante los cuales el régimen de Enrique Peña Nieto se desentendió del caso y lo relegó al ámbito “local” a pesar de que para entonces ya había adquirido un impacto mundial. Pero en ese lapso, y hasta el 9 de febrero de 2015 –es decir, tres meses después de que Murillo Karam incinerara a los estudiantes normalistas en la hoguera de su imaginación– el informe del GIEI reporta que los chips de los celulares de los muchachos siguieron dando esporádicas señales de vida. Fue el caso del teléfono de Jorge Aníbal Cruz Mendoza, quien envió un mensaje de texto a su madre pasada la una de la mañana del 27 de septiembre, hora a la que, según la PGR, ya estaba muerto. Su número volvió a activarse en repetidas ocasiones en diversos puntos de Iguala; uno de sus parientes recibió una llamada en la fecha referida y la familia pidió de inmediato que se localizara el aparato pero no recibió respuesta por parte de las autoridades. En la versión de la PGR, todos los celulares de los normalistas habían sido incinerados en Cocula junto con sus propietarios.

Luego vendrían la suplantación del quinto autobús y de su chofer, la detrucción o el ocultamiento de videos cruciales, la “pérdida” de prendas de los desaparecidos, la fabricación de un tramposo e insustancial tercer peritaje de fuego, justificatorio de la mentira histórica, y muchas otras maniobras para desviar o impedir el trabajo de los expertos extranjeros.

Lo que puede concluirse de los datos duros aportados por el GIEI la mañana del domingo pasado es que la agresión del 26 de septiembre fue un operativo conjunto y coordinado de fuerzas militares, policiales y delictivas en contra de civiles inermes, que los altos niveles del gobierno federal estuvieron al tanto y que desde entonces la PGR ha buscado delimitar la responsabilidad de lo sucedido únicamente a las instancias municipales de Iguala –incluyendo posteriormente a las de Cocula y Huitzuco– para encubrir complicidades estructurales de los tres niveles de gobierno con la complicidad organizada y el narcotráfico.

No hay incapacidad sino deliberado afán de impunidad; no puede concluirse otra cosa de la orden de dar por terminada la misión del GIEI en el país –después de una orquestada campaña de linchamiento mediático en su contra–, a pesar del enorme costo político que esa medida le acarrea al régimen: ahora es claro que el peñato ya no está dispuesto a seguir simulando interés por el esclarecimiento del crimen perpetrado en Iguala.


Pero es demasiado tarde: el trabajo de los expertos internacionales, metódico, riguroso y comprometido, ha desnudado de manera irremediable al gobierno. A la sociedad mexicana le toca hacer lo que falta.

19.4.16

“Casos aislados”


El general Salvador Cienfuegos Zepeda, secretario de la Defensa, repudió y condenó el hecho sin cortapisas, en forma inequívoca y pública. Ofreció una disculpa a la sociedad y dijo que el episodio de tortura ocurrido en Ajuchitlán del Progreso, Guerrero, en febrero de 2015, forma parte de “sucesos repugnantes, aunque aislados, (que) dañan de manera muy importante nuestra imagen y el prestigio” de las fuerzas armadas. Unos días después el comisionado de Seguridad, Renato Sales Heredia, se le unió en las expresiones de consternación y no se quedó atrás Roberto Campa Cifrián, titular de la subsecretaría de Derechos Humanos de Gobernación.

En la sesión de tortura participaron al menos dos elementos castrenses y una agente de la Policía Federal. En el fragmento de video que se hizo viral a mediados de la semana pasada puede verse cómo los militares y la policía patean y encañonan con sus armas reglamentarias a una mujer que está en el suelo, le meten la cabeza en una bolsa de plástico y la conminan a que revele la información que desean obtener.

Una de las interrogantes es quién grabó el video y para qué. Todo indica que tuvo que ser otro servidor público, civil o militar. ¿Qué hay de él o de ella? ¿Lo hizo por perversión personal o tuvo un propósito didáctico, es decir, mostrar a eventuales educandos lo que se debe y lo que no se debe hacer en un interrogatorio de esa clase? Lo cierto es que los torturadores no parecen estar fuera de control ni improvisando; no le gritan a la víctima ni la lastiman “innecesariamente” para sus propósitos; por el contrario, parecen seguir un procedimiento rutinario.

De cualquier forma lo exhibido en la grabación es consistente con los testimonios de miles de personas que han sido víctimas de apremios físicos por las corporaciones policiales y/o militares del país, testimonios que dieron pie a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para señalar, en su informe de octubre del año pasado, que la tortura es una práctica generalizada en México. Y sí: a pesar de los alegatos oficiales de inocencia, la tortura aparece en buena parte de los expedientes judiciales del país como herramienta en eso que el gobierno sigue llamando “lucha contra la delincuencia organizada”, como insumo en el proceso de fabricación de culpables y hasta como medio de venganza y encarnizamiento personal.

La contraparte rutinaria de la tortura consiste en negar (policías, militares) o desestimar y minimizar (jueces) las pruebas de los apremios físicos. Cuando presuntos delincuentes con evidentes huellas de golpizas son presentados sin rubor alguno ante los medios, las autoridades aducen que “se golpearon tratando de escapar”. Pero ólo por excepción es posible contar con la grabación en video de una sesión de tortura como la realizada en en Ajuchitlán del Progreso el año pasado. Y es inevitable suponer que no fue un caso aislado sino la punta de un iceberg.

Qué decir del hecho de que el Ejército tuvo conocimiento de los hechos a fines de 2015 (y detuvo por ellos a un capitán y una soldado) y que no haya hecho públicas tales acciones sino hasta después de la filtración del video. Y qué decir que la Policía Federal no haya sido enterada del asunto sino cuando éste era ya tendencia en las redes sociales.


¿Moralejas? La primera, desde luego, es que la legislación debería ser reformada para garantizar que un individuo sobre el que pesan responsabilidades represivas que incluyen modalidades de tortura, como Enrique Peña Nieto (Atenco), no llegue nunca a ocupar la jefatura del Estado. La segunda es que las Fuerzas Armadas deben ser retiradas de inmediato de tareas policiales por la simple razón de que no están concebidas y entrenadas –ni tienen por qué estarlo– para procurar justicia ni investigar delitos sino para la guerra y la aniquilación del enemigo. La tercera es que tal vez no baste con las disculpas genéricas dirigidas “a la sociedad” y que el general Cienfuegos, Sales Heredia y Campa Cifrián deberían considerar la posibilidad de acudir al penal federal de Nayarit en el que se encuentra la mujer que fue sometida a tortura y se disculpen ante ella, la primera agraviada. Finalmente, el documento videográfico tendría que ser suficiente para considerar espuria toda la actuación del Estado en este caso y para dejar libre a la víctima, aunque no sea de nacionalidad francesa. Y si como consecuencia de ello algún delito queda en la impunidad, que los corifeos del régimen no culpen a los defensores de derechos humanos, sino a quien sea o haya sido el responsable de la Base de Operaciones Mixtas (policías Estatal y Federal, Ejército, Marina, PGR) en la que tuvo lugar la atrocidad.

5.4.16

Incertidumbre histórica



Una vez destruida toda verosimilitud de la “verdad histórica” y puesta en evidencia la determinación del gobierno federal de urdir una mentira histórica para encubrir algo aun más truculento y sórdido que esa fábula, la Procuraduría General de la República (PGR) se concentra ahora en fabricar una incertidumbre definitiva sobre el destino de los 43 muchachos normalistas que fueron desaparecidos en Iguala el 26 de septiembre de 2014 por fuerzas del Estado. La construcción de la incertidumbre como lápida final para un crimen incómodo es un conocido recurso de autoexculpación del poder político. Claro que en términos de imagen lo más conveniente es ofrecer una explicación plausible que desvíe la atención de los culpables reales y la haga recaer en culpables inventados o que la constriña a unos autores o cómplices materiales de poca monta. Pero si eso no es posible más vale pasar por ineptos que por criminales. ¿Quiénes ordenaron los asesinatos de los Kennedy? ¿El de Olof Palme? ¿El de Colosio? Misterio. Las pesquisas iniciales de esos delitos fueron inmundas, más pensadas para oscurecer que para aclarar; se dejó pasar el tiempo, se destruyó pruebas, se ocultó testimonios y se fabricó otros, se sembró pistas falsas, el enredo acabó por ser inexpugnable y los asesinos quedaron a salvo de la justicia.

“Si la sociedad no acepta nuestra versión de lo ocurrido en Iguala –parecen calcular ahora los operadores del peñato– al menos que no quede al descubierto nuestra determinación de construir un desenlace imaginario; si instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los Expertos Argentinos en Antropología Forense (EAAF) y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) insisten en descubrir incoherencias, falsedades y deficiencias, arrojemos lodo sobre ellas, vía interpósitas personas (o muchedumbres virtuales de “peñabots”) para restar credibilidad a sus señalamientos. Negociemos: tú no aceptas nuestra “verdad histórica” y nosotros no reconoceremos nunca que mentimos en forma deliberada, así que convengamos un descuento del 50 por ciento y dejémoslo en incertidumbre histórica”.

Aunque en realidad no hay negociación alguna sino un puñetazo sobre la mesa. No fue otra cosa la patética presentación ante medios del subprocurador Éber Omar Betanzos y su especialista Ricardo Damián Torres –lectura de un boletín sin espacio para preguntas– a fin de poner sobre la mesa, de manera sesgadísima, algo del no concluyente ni concluido peritaje del Grupo Colegiado de Expertos en Fuego. Ese acto unilateral violentó los acuerdos básicos de trabajo que habían sido adoptados por la PGR y el GIEI, los compromisos con los padres de los 43 muchachos, las reglas que se había fijado para el desempeño del equipo de especialistas en fuego, la verdad y la decencia.

El hecho de que algunos restos humanos fueron incinerados en Cocula se sabe desde hace mucho, como se sabe, también, que no pertenecían a ninguno de los normalistas. Ello exhibe la pavorosa ruptura del estado de derecho en tiempos del calderonato y del peñato pero no fortalece de manera alguna la historia de Jesús Murillo Karam. En suma, el espectáculo encabezado por Betanzos fue diseñado para hacer creer que la “verdad histórica” tiene algún porcentaje de certeza y que el GIEI mintió, a fin de justificar la decisión gubernamental de poner fin a la misión del grupo en el territorio nacional.

Se trata, pues, de un episodio más en el desempeño del gobierno federal caracterizado por la indolencia, el descuido y el desaseo, las omisiones, la obtención de confesiones bajo tortura, el ocultamiento de pruebas, la opacidad, la criminalización de las víctimas, la distorsión sistemática de los resultados científicos, las campañas sucias y a trasmano contra los expertos independientes, el incumplimiento de acuerdos y de reglas previamente establecidas. Urgía echarle al crimen una capa más de inconsistencias y contradicciones para diluir las certezas –las únicas posibles: que la PGR sigue ocultando la verdad– y extender la impresión de que es imposible saber qué ocurrió aquella noche. Para decirlo rápido y a falta de mejor adjetivo, fue un acto procuraduriento a más no poder.


Han transcurrido 18 meses y medio desde la agresión contra los muchachos normalistas y el régimen sigue negándose a revelar la verdad de lo sucedido. Si no se ejerce ahora una presión social decisiva que reivindique la lucha incansable de los padres de los 43 y el valioso trabajo del GIEI y de los EAAF, el peñato se saldrá con la suya y podrá imponer como solución final la incertidumbre histórica, la impunidad y el encubrimiento.

3.4.16

Del momento preciso

Para Hebe Rosell
y Lutz Alexander Keferstein 


¿ Cuál es la gota que derrama el vaso
o la chispa que incendia la pradera?
Nadie lo sabe con razón certera
ni hay fórmula infalible para el caso.

Se podría evitar tanto fracaso
sin el fútil afán, sin la quimera
de atrapar en la lógica severa
la sutil expresión de un chiripazo.

Es mejor preparar, día tras día,
al margen de una fecha perentoria,
el fin de la vetusta tiranía

sabiendo que es la hora decisoria
–como ya Kapuscinski lo decía–
la faceta inefable de la historia.