Fuentes envenenadas

Ahora está de moda que los conglomerados humanos más significativos se llamen naciones, y que las naciones se llamen países. Está de moda desde hace cuatro o cinco siglos, y tal vez transcurrirán varios más antes de que se imponga una nueva tendencia en el mercado de los rebaños. Mientras llega el momento, hay que referirse a países para preguntar si existe alguno, en esta tierra, con vocación homicida. La respuesta obvia es que sí y que no, que todos y ninguno.

El instrumento civilizatorio de la época, la más sofisticada máquina para convivir, es también, puede serlo, una máquina para matar. Apenas la semana pasada, 8 de cada diez estadunidenses pedían una lluvia de misiles para Saddam y un nuevo espectáculo de fuegos artificiales que podría ser observado, por cortesía de CNN, frente a un plato de palomitas y pizzas a domicilio. Del otro lado del mundo, miles de iraquíes misérrimos se agolpaban alrededor de las oficinas gubernamentales de Bagdad para demandar un nuevo capítulo de la Madre de todas las Batallas que, en las circunstancias actuales, para ellos sólo podría significar el martirio y, de ser cierta la promesa coránica, un reparto de visas para el Paraíso de las huríes.

Las escenas han sido inquietantes porque no se trataba de porras en el estadio y tenían precedentes negros: con bombas químicas, Saddam les coció los pulmones y el sistema nervioso a miles de kurdos, invadió y destruyó Kuwait, asesinó de paso a la Liga Árabe y tiró sus famosos Scud sobre los civiles de Tel Aviv, todo ello con un entusiasta apoyo de las masas de su país.

El anterior gobierno de Washington --cuyo ejemplo, en lo que toca a Bagdad, reclama Clinton-- destruyó buena parte del poder militar de Irak, pero también acabó con la economía, con la infraestructura y con una parte de la población de ese país, y desde entonces --seis años ya-- ha mantenido un bloqueo que afecta mucho más a la población iraquí que al propio Saddam. Y si los estadunidenses polemizan sobre las aventuras financieras o sexuales de su presidente, le otorgan un respaldo casi unánime cuando se trata, en cambio, de mandar portaviones al Golfo Pérsico.

Ahora se ha superado la crisis de los equipos de inspección. Estados Unidos considera que la legalidad ha sido restablecida y Bagdad llama a festejar el ''triunfo'' diplomático.

Pero el episodio ha puesto al descubierto, una vez más, las infinitas reservas de bestialidad y violencia que yacen tras las fachadas de un par de Estados que se pretenden depositarios y portadores de civilización. Poco importa, para el caso, que la dictadura iraquí se engalane con las herencias de Mesopotamia y el Islam, o que la democracia estadunidense se proclame nieta de Occidente. El hecho es que la abominación y la fobia se convierten, con mucha presteza, en fibras integradoras de ambos países.

Y no son los únicos. En esta postrimería secular ocurrió también, entre otros ejemplos, el derrumbe fácil del modelo de convivencia yugoslavo, que hasta entonces se tenía como paradigmático, y se dio lugar, en los Balcanes, a una carnicería como no había habido en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

Más allá de la moraleja simplona de que las ganas de matar permean y trascienden ideologías y modelos políticos y económicos, es claro que en todas las sociedades existen núcleos de violencia latente, que todas las estructuras sociales son susceptibles de ser alineadas en torno a consignas fóbicas --para ello, basta con que en Roma alguien proclame que los cartagineses envenenaron el agua de las fuentes--, que eso implica una grave fragilidad de la convivencia y que esa fragilidad se vuelve aterradora en un mundo empequeñecido por la globalización, en donde, a pesar de los procesos de desarme, siguen en pie muchos misiles, convencionales o nucleares, que no obedecen contraórdenes.

Tráfico de armas

¿Cuántas computadoras personales fabricadas en Estados Unidos se comercializan en Cuba cada año? ¿Cuántas videocaseteras estadunidenses llegan a Irak? En ambos casos la respuesta es que sólo cantidades muy pequeñas, ínfimas, de unas y otras mercancías, pueden romper los respectivos embargos comerciales establecidos por Washington. Computadoras y videocaseteras pueden adquirirse sin restricción alguna, al mayoreo o al menudeo, en todas las ciudades y en todos los pueblos de la Unión Americana; pero es por demás difícil romper los respectivos bloqueos establecidos por el gobierno estadunidense contra la nación caribeña y contra el país árabe.

Los disparatados ejemplos anteriores permiten medir, por contraste, el grado de voluntad política de la Casa Blanca, los Departamentos de Estado y de Comercio, el Congreso, el FBI y la Oficina de Aduanas, entre otras dependencias, en lo tocante a las ventas de armas de fuego estadunidenses a América Latina. A diferencia de las transacciones de computadoras y las videocaseteras, las referidas a armamento deben estar sujetas, según las propias leyes del país vecino, a un estricto control gubernamental. Si se trata de ventas al menudeo, una regulación federal establece para los armeros diversos requisitos de identificación del arma y del cliente. En tratándose de exportaciones masivas, se supone que los fabricantes --empresas constituidas, registradas, con papel membretado, domicilio conocido y declaraciones fiscales-- deben recabar el visto bueno de varias oficinas gubernamentales antes de que sus productos salgan del país.

Sin embargo, en el mercado negro de cualquier país latinoamericano pueden encontrarse muchísimos más fusiles AR-15 o escuadras Smith & Wesson --de inocultable fabricación estadunidense-- que computadoras IBM en Cuba o videocaseteras Radio Shack en Bagdad.

O sea, mientras que los embargos comerciales son escrupulosamente cumplidos por funcionarios y empleados gubernamentales de Estados Unidos, las leyes y regulaciones sobre venta y exportación de armas de fuego son quebrantadas por el propio país fabricante. Tales infracciones refieren, necesariamente, a actos de corrupción, pero también a la ausencia de una voluntad política para combatirlos.

El viernes pasado, el gobierno estadunidense firmó, junto con 27 países latinoamericanos, la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, Municiones y Explosivos, una iniciativa mexicana orientada a reducir la pavorosa acumulación de armas ilegales en los ambientes delictivos de México y del subcontinente. Tal instrumento tiene también por objetivo cortar la relación perversa que se establece, en forma casi natural, entre el narcotráfico y el tráfico de armas.

Este año, la diplomacia mexicana logró que Washington aceptara la responsabilidad de Estados Unidos como uno de los principales abastecedores de armamento para los cárteles de la droga; responsabilidad, por cierto, mucho más grave que la que atañe a los gobiernos latinoamericanos en su infructuosa lucha contra el narco: es muchísimo más fácil fiscalizar la legalidad de las transacciones de un puñado de fábricas de armamento, todas ellas con nombre y apellido, que enfrentar un conjunto difuso, clandestino y multinacional de productores, transportistas y vendedores de cocaína.

Con la firma de Clinton estampada bajo ese documento, los gobernantes de América Latina dispondrán de una carta política de negociación con la Casa Blanca y el Departamento de Estado, podrán echarles en cara su laxitud en el control de la exportación de armas, y eso ya es una buena ganancia. Pero sería demasiado suponer que Estados Unidos va a cumplir los términos de la convención. No lo ha hecho, en este terreno, con sus propias leyes nacionales, y es sabido que para la clase política de Washington la legalidad internacional es una entelequia.

El TLC más grande del mundo

Con o sin plenos poderes para negociar tratados de libre comercio, William Clinton y su equipo están decididos a seguir generando, al menos, ideas espectaculares al respecto. El mes pasado, en su gira por Sudamérica, el presidente estadunidense promovió con muchas ganas la idea de establecer un ámbito hemisférico para el libre comercio, un instrumento que incluya al TLC y al Mercosur, que revitalice el Pacto Andino y que reviva al mercomún centroamericano. Esta iniciativa, que tiene tantos aspectos sublimes como posibilidades monstruosas, tal vez se quede chica frente a otra propuesta, también impulsada por la Casa Blanca, para proclamar una zona de libre comercio en Internet. La ocurrencia monumental fue expuesta por Ira Magaziner --uno de los más brillantes asesores del presidente estadunidense-- en una reunión de la Cámara Internacional de Comercio (ICC, por sus siglas en inglés) que tuvo lugar en París, el jueves 6 de noviembre.

Sólo para entender el tamaño y las posibles implicaciones de este plan, se requiere de un importante esfuerzo de imaginación: en términos geográficos, la Red de Redes puede estar presente en todo aquel punto del planeta y sus alrededores en el que exista un enlace telefónico o radial y una computadora conectada a él; se extiende, así, por los cinco continentes tradicionales, más alguna base científica en La Antártida y, según algunos criterios, hasta por el remoto valle marciano donde rueda un cochecito a control remoto de la NASA. La red reúne a usuarios tan diversos como estudiantes de secundaria y grandes empresas transnacionales, organizaciones no gubernamentales y ministerios, neonazis y anarquistas, satánicos(as) y vaticanos(as), la policía y los narcos, sexoservidores(as) y predicadores(as), sicoanalistas y mecánicos, universidades y casas de bolsa, latinistas y nerds, ligas de vegetarianos y clubes de coprofagia; es decir, un enorme y hasta ahora libérrimo conjunto de lo que ha dado en llamarse ''comunidades virtuales'', y como se está evidenciando, un mercado colosal con muchas decenas o centenas de millones de consumidores potenciales, más los que se acumulen esta semana.

En los momentos posteriores a la masificación de Internet se desarrollaron intensas polémicas públicas sobre los impactos que este fenómeno habría de acarrear en las sociedades, las culturas y las vidas cotidianas. Paradójicamente, las posibilidades del comercio electrónico planetario han estado siendo analizadas, hasta ahora, en círculos más reducidos y circunscritos a los sectores informático, por un lado, y financiero y comercial, por el otro. Pero la reunión de la ICC en París y la provocadora intervención en ella de Magaziner probablemente pondrán de moda las cuestiones más problemáticas del comercio electrónico internacional.

El incremento exponencial de las transacciones digitales vuelve a plantear el tema de las regulaciones gubernamentales de la red mundial, un asunto que el año pasado en Estados Unidos se resolvió, provisionalmente, con una derrota estrepitosa para la Casa Blanca y el Congreso, promotores de la censora ''Acta de la decencia en las telecomunicaciones'', cuya implantación falló tanto por el rechazo político y jurídico que generó, como por la imposibilidad técnica de que una autoridad nacional --así sea la estadunidense-- controle los contenidos de una base de datos con ramificaciones en todo el mundo.

En la perspectiva del comercio digital globalizado, las regulaciones serán multinacionales, o no serán, y para formularlas habrá que considerar muchos más aspectos que la moralina antipornográfica y la paranoia del narcotráfico y el terrorismo, que fueron las únicas motivaciones explícitas del ''Acta de la decencia''. Así, por ejemplo, será necesario contrastar la iniciativa del libre comercio electrónico con las diversas políticas nacionales en materia de impuestos, protección a los consumidores, prácticas notariales y validación de documentos y mecanismos legales de combate a los monopolios, entre otras.

Asimismo, para avanzar en la conformación de un TLC virtual y planetario se requiere de un organismo que se encargue de ordenar, por lo menos, los numerosos y encendidos debates que, sin duda, provocará la iniciativa. Magaziner propuso en París que fuera la Organización Mundial de Comercio el foro para ello, y que la necesaria normalización impositiva se examinara en el seno la OCDE, lo cual, dicho sea de paso, dejaría fuera de la jugada a la gran mayoría de las naciones.

En suma, falta mucho para que la propuesta estadunidense encuentre las muchas pistas de aterrizaje que requiere, si es que las encuentra. En lo inmediato, los habitantes y frecuentadores del ciberespacio habremos de admitir, con resignada nostalgia, que el Ágora más libertaria, plural y fascinante que ha existido va camino de convertirse en un gigantesco supermercado.

¿Volver al pasado?

Los movimientos insurgentes que aún existen en América Latina, a pesar de su erosión política e ideológica, siguen expresando la problemática común a casi todas las naciones de la región: marginación y pobreza, saqueo económico, precariedad financiera, corrupción, narcotráfico, iniquidad social, carencia de vías de participación política. Eso no quiere decir que sean, a estas alturas, propuestas viables para resolver esas y otras lacras. La persistencia de las organizaciones armadas es parte de los problemas reales, no de las soluciones posibles.

El caso de Colombia es particularmente desolador. Sobreviven allí grupos político-militares consolidados, en términos de control regional y poder de fuego, pero cada vez más desdibujados y erráticos en lo ideológico y lo político. La violencia estructurada que existe en regiones del campo colombiano hace posible que para muchos la guerrilla sea ya no una militancia, sino un modus vivendi. Da la impresión --y el reciente secuestro de dos funcionarios internacionales se encargó de reforzarla-- de que el programa de las organizaciones rebeldes colombianas se reduce, hoy, a dos puntos: subsistir y preservar sus cotos de poder.

Con la única excepción de los zapatistas --los cuales se cuecen aparte, según admiten simpatizantes, adversarios y observadores neutrales, suponiendo que los haya--, las organizaciones que reivindican la lucha armada en América Latina no tienen gran cosa que decirle al mundo ni a sus respectivas sociedades. Esta diferencia puede explicarse, en parte, debido al carisma y el talento mediático de los insurgentes chiapanecos. Pero sólo en parte: si los Cerpa Cartolini, los Gorriarán Merlo o los dirigentes del ELN colombiano no son escuchados por sectores importantes de las sociedades de sus respectivos países --ya no digamos por los círculos progresistas que quedan en Europa y Estados Unidos-- ello no es únicamente porque sean menos simpáticos que Marcos, David, Tacho o Ramona, sino, principalmente, porque, a diferencia de éstos, los sudamericanos ofrecen un discurso y un programa marcados por el arcaísmo, la vaciedad y la confusión entre los medios y los fines, es decir, la reivindicación de la guerra porque sí y ya.

Sería simplista pensar que la degradación política y la erosión de su contacto social conducirán necesariamente a tales grupos a la extinción natural. Peor aún: en el entorno latinoamericano actual nada garantiza que no surjan organizaciones guerrilleras nuevas, tan arraigadas en la problemática social como carentes de propuestas reales, justamente a la manera de las colombianas.

Sin ir muy lejos, América Central es una zona que reúne condiciones para un resurgimiento de movimientos armados: marginación y miseria persistentes --a pesar de los planes de desarrollo--, existencias abundantes de armamento --pese a las ceremonias de desarme--, violaciones reiteradas a los derechos humanos --que la depuración de ejércitos y policías no ha logrado abatir--, subsistencia de oligarquías --ahora diversificadas por la admisión de ex comandantes guerrilleros en las fiestas de la alta sociedad--, un alto número de personas sin más capacitación profesional que para matar --a pesar de los planes de reubicación y reinserción--, una paz que no llega y una violencia que persiste, por más que las guerras hayan sido oficialmente clausuradas en hermosas y emotivas ceremonias internacionales.

Si el resurgimiento de la lucha armada no haría más que empeorar sus propias circunstancias justificatorias, la vuelta a las políticas gubernamentales de contrainsurgencia sería incluso más lesiva para los precarios --ínfimos, si se quiere-- espacios de legitimidad e institucionalidad arduamente construidos en el continente a partir de la década pasada. Ojalá que no.