El
peñato construyó su primera y última victoria política al uncir
al Pacto por México a la mayor parte de las bancadas legislativas
presentes en los dos órganos del Congreso a principios de este
sexenio. La operación correspondiente hubo de implicar intercambios
no muy confesables, reparto de prebendas y hasta premios
en efectivo. Así fuera sobre esa base inmunda, Enrique Peña
pudo lucirse como unificador de la voluntad democrática y ejecutar
sin mayor oposición parlamentaria las reformas estructurales que hoy
exhiben ya algunos de sus efectos negativos en la economía y en el
resto del quehacer nacional.
A
partir de ese punto de máximo avance el régimen inició su
derrumbe. La reforma fiscal lo enemistó con sus promotores
empresariales. Luego ocurrió la atrocidad de Iguala, ante la cual el
peñato no ha dejado de exhibir sus incapacidades, sus complicidades
y su portentosa insensibilidad. Después llegaron las revelaciones
sobre la “casa blanca” de la pareja presidencial y las otras
residencias de lujo que Grupo Higa, contratista principalísimo en el
Estado de México, facilitó al propio Peña (Ixtapan de la Sal) y a
su secretario de Hacienda, Luis Videgaray (Malinalco) y el papelón
del encubrimiento protagonizado por Virgilio Andrade. Y después,
como cereza del pastel, la fuga asistida del Chapo, que
coloca a los gobernantes ante la difícil disyuntiva de ser muy
ineptos o de ser cómplices. Así,
con el telón de fondo de la violencia delictiva imparable y las
graves violaciones a los derechos humanos –Tlatlaya, Apatzingán y
Tanhuato son casos emblemáticos, pero no únicos, de un poder que
actúa a contrapelo del derecho–, el actual gobierno viene
acumulando derrota tras derrota de cara a la opinión pública y
transita por un ocaso prematuro del poder sexenal.
La
reforma llamada educativa, que es en realidad una reforma laboral
específica para el magisterio, había sido aprobada sin mayor
problema en septiembre de 2013 pero las cosas han sido muy diferentes
a la hora de aplicarla.
Como
no logró hacerlo Emilio Chuayffet, un reciclado del desván de
Atlacomulco, fue remplazado por un tecnócrata brioso pero de
inspiración escasa, Aurelio Nuño, quien antes de ser jefe de
comunicación de Los Pinos se había desempeñado como coordinador de
mensaje y mercadotecnia en la campaña presidencial de Peña y, por
ende, responsable de los infinitos y graves descalabros sufridos por
su jefe de noviembre de 2011 hasta julio del año siguiente, cuando
hubo de ser incrustado en la Presidencia mediante una masiva compra
de votos, recurso al que hubo de echarse mano porque su popularidad
televisiva había sido destruida en pocos meses por la exposición de
la persona real ante la opinión pública.
En
cuanto llegó al cargo, Nuño colocó la reforma pretendidamente
educativa no en el ámbito laboral sino en el policial, recurrió a
la amenaza represiva cruda y logró, con ello, cohesionar al
magisterio disidente, evidenciar aun más el carácter persecutorio
de las “evaluaciones” e investir a la SEP –que tuvo en el
pasado algunos titulares insignes– de un inequívoco aire de
jefatura de policía. Lucido gobierno éste, que nombró
subsecretario de Gobernación a un delincuente y que trata como
delincuentes a los maestros opositores. Si los estrategas del grupo
gobernante pretenden recuperar el terreno perdido con semejantes
pifias, no llegarán muy lejos.
La
reforma energética pudo ser implantada principalmente porque la
directiva sindical del ramo, férreamente uncida al poder
presidencial desde tiempos de Salinas, tuvo éxito en eliminar toda
disidencia. La reforma educativa no podrá ser impuesta a manotazos
porque en el gremio magisterial los grupos independientes del
gobierno tienen organización y cohesión. Poco importa que Nuño se
ufane que en Querétaro o Tamaulipas la evaluación marche sobre
ruedas. Para efectos políticos, Oaxaca es el bastión irreductible.
Y los maestros oaxaqueños no cedieron.
Si
Nuño no hubiera asumido modales de perdonavidas la negociación con
la CNTE habría sido una salida plausible y honrosa. Pero con sus
bravuconerías el secretario se cerró a sí mismo la puerta del
diálogo y ahora, si accede a entablarlo, habrá perdido y habrá
construido una nueva derrota táctica para el régimen del que forma
parte.
La
sensatez y hasta el pragmatismo hacen recomendable encajar el golpe,
con o sin Nuño, y asumir de una vez por todas que las disposiciones
legales privatizadoras, inquisitivas y antilaborales contenidas en la
reforma educativa deben ser revertidas y que la disidencia
magisterial debe ser escuchada, así sea a posteriori. Pero el peñato
ha demostrado decenas de veces una asombrosa capacidad para
deslegitimarse a sí mismo. Ojalá que esta vez no vuelva a hacerlo
mediante una carga policial absurda, irresponsable y sin sentido.
