La serpiente, fuera del huevo

En Baltasar Garzón conviven un investigador espléndido, un jurista desaseado, un funcionario audaz, un político conspirador y un hombre arrogante. Esas cinco características inseparables han confluido en procesos de trascendencia civilizatoria e histórica —en octubre de 1998, para no citar sino uno, Augusto Pinochet fue detenido en Londres a instancias de Garzón, y ese día cambió el mundo— y en canalladas como la persecución inquisitorial contra las publicaciones en euskera Egin y Ardi Beltza. Y esas cinco características lo llevaron a tocar lo intocable: los crímenes de guerra perpetrados por el franquismo. Con eso, Garzón se brincó las trancas de una transición que habría debido sellar las heridas de la Guerra Civil. La reacción franquista en su contra, su vergonzosa defenestración por el alguacil Luciano Varela, han demostrado que esas heridas están vivas en la España contemporánea. En la sesión que la comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial efectuó el 14 de mayo de 2010, y en la cual se decidió la suspensión del juez más famoso de España, se libró una nueva batalla de la Guerra Civil. En ella, el bando dictatorial se impuso, otra vez, a las instituciones democráticas.

Más allá de la suerte personal de Garzón, lo grave es que el engendro institucional parido por la transición —esa transición que nos han vendido como modelo de civilidad y progreso— ha resultado incapaz de gestionar los delitos de lesa humanidad sobre los que se construyó la España contemporánea con su parlamentarismo impecable, sus modernos rascacielos, sus autopistas, sus códigos, sus Cortes Ingleses, su tolerancia y su frivolidad europeísta. El edificio de la democracia amenaza con derrumbarse en el momento en que se extraiga de sus cimientos uno solo de los esqueletos de los republicanos represaliados por el fascismo. La España que se ha sentido con arrestos para juzgar a Pinochet y a Videla, a George Bush, a Osama bin Laden y a Berlusconi; la que predica modernidad parlamentaria y exhibe ante el mundo a su rey de chocolate como prueba de que lo monárquico no quita lo contemporáneo, es incapaz de ajustar cuentas con su propio pasado. La sesión del 14 de mayo del Consejo General del Poder Judicial hace ver que Franco está vivo, y peor: que también está vivo Torquemada.

Las vías institucionales están cerradas (“y bien cerradas”, parafraseando al Criminalísimo) a todo intento de impartir justicia a las víctimas del franquismo. De alguna manera se sabía, porque la impunidad fue una de las concesiones negociadas con los herederos políticos de la dictadura. Y ahora se confirma.

A la porción democrática, progresista y legalista de la piel del toro no le queda más remedio que volver sobre los pasos que ha dado en las últimas décadas en materia de modales y salir a las calles a exigir que ese Tribunal Supremo de porquería reinstale en su puesto a Garzón, al temible Garzón, con todos sus aciertos y todos sus excesos. Si quiere mantener sus libertades y sus derechos (con todo y lo cosmético de unas y de otros), debe olvidarse por un rato de las buenas maneras y detener el tránsito en un par de ciudades importantes. Lo que puede y cabe esperar de ella es una dosis de incorrección política y que mande al diablo a esas instituciones empapadas de fascismo.

Porque los códigos y los procedimientos podrán decir lo que quieran, pero lo que hay en este proceso es un capítulo decisivo de la vieja lucha entre el totalitarismo y la democracia, y Luciano Varela, el documentado e impúdico prevaricador franquista, juega, a la vista de todo mundo, en el bando del primero.

En ese Tribunal Supremo español la metáfora del huevo de la serpiente es un anacronismo. En ese nido la serpiente ha nacido ya, y para los españoles demócratas la alternativa es clara: o la erradican con movilizaciones, aunque eso signifique poner al país patas arriba por un tiempo, o se resignan a componerle un villancico.

Luciano Varela