Eso fue precisamente lo que dijo el procurador local, Reynaldo Escobar Pérez: “esto es algo que puede tranquilizar a la población, que no se trata de civiles”. De esos primeros resultados, el funcionario concluyó que “por lo que se ve (los 35 muertos) deben ser en su totalidad pertenecientes a una organización criminal”.
Luego, el gobernador Javier Duarte saldría a enunciar lo que llamó “una verdad innegable que no admite debate” y que ha de estar causando carcajadas en la tumba ignota de Jack el Destripador: “los criminales irremediablemente tienen siempre un final trágico: o van a la prisión o pagan con su vida (el) haberse ido por el camino del crimen”. Luego arguyó que “es lamentable el asesinato de 35 personas, pero lo es más que esas mismas personas hayan escogido dedicarse a extorsionar, secuestrar y matar”.
Es notable el parentesco moral entre tales palabras y las empleadas por un “Grupo Matazetas del Cártel de Jalisco” en un video difundido en julio pasado en el que anunciaba su inicio de operaciones en Veracruz. Tras expresar su repudio al ex gobernador Fidel herrera y su respeto al sucesor en el cargo, afirmaba: “Esta gente no respeta nada: violan, secuestran, matan e imponen sus famosas cuotas. Ya no le demos largas a este asunto que mañana te podrá afectar a ti o a un ser querido; es el momento que cualquier que tenga información de algún zeta, denúncielos, que por lo que a nosotros corresponde, lo haremos a nuestra manera. La muestra se las hemos dado dándole muerte a cada uno de los que agarramos” (transcripción literal).
Cabe preguntarse si la masacre no fue una aplicación de la “doctrina de cazadores de hombres”, referida por Lydia Cacho en un artículo reciente, y que consiste en impulsar, desde el poder público, confrontaciones mortíferas entre grupos delictivos rivales, o bien una medida de limpieza social (el exterminio extraoficial de aquellos a quienes la autoridad considera delincuentes reales o en potencia, como personas en situación de calle, sexoservidores, adictos o simples jóvenes marginados de la formalidad económica). Abona a esta posibilidad el hecho de que las declaraciones de culpabilidad de los muertos, emitidas por Duarte y su procurador, tenían cuando menos tres posibles errores: los cuerpos de dos menores entre los 35: una de 17 y uno de 15. El muchacho había sido “levantado” días antes por la patrulla 717 de la Policía Estatal, según dijo su madre al reconocer el cadáver. Otra víctima que sale de la caracterización oficial es Brigitte, una famosa transexual del puerto, y cuya ocupación, harto conocida, distaba mucho de secuestrar y matar.
En todo caso, los sacrificados de Veracruz no representan ni la milésima parte de las tres mil quinientas toneladas de cuerpos humanos difuntos producidas en el país a lo largo de la administración calderonista en el marco de su “guerra contra la delincuencia”, y datos sólidos indican que muchos de esos “delincuentes que se matan entre ellos” son, en realidad, víctimas de programas –municipales, estatales o federales– de limpieza social. Pero el auge imparable de esta industria sugiere que se trata de una actividad exitosa en términos económicos, y lo demás no importa. El país va a toda madre, cuenta con destinos turísticos de ensueño y ocupa el primer lugar mundial como exportador de televisores.