Para
entender lo que ocurre en el México contemporáneo hay que
remontarse a la presidencia de Miguel de la Madrid. En su gobierno,
con Carlos Salinas en los controles de la extinta Secretaría de
Programacion y Presupuesto, se puso fin al fin del estado de
bienestar y se ensayó la aplicación generalizada de la ley de la
jungla que habría de imponerse en toda regla en el sexenio siguiente
y que todavía es paradigma económico y social del grupo en el
poder. El último acto relevante del poder presidencial
delamadridista fue el robo de la presidencia, práctica que volvería
a repetirse en 2006 y 2012.
Entre
junio y noviembre de 1987 arribaron al país tres barcos procedentes
de Irlanda que transportaban, en conjunto, cerca de 17 mil toneladas
de leche en polvo irlandesa, contaminada por la radiación procedente
del accidente de Chernobyl. La mayor parte de esos cargamentos fue
distribuida entre la población por la también desaparecida Comisión
Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo) y consumida por un
número indeterminado de niños y adultos. Hasta la fecha no se ha
realizado una investigación seria sobre los impactos del cesio 137 y
el estroncio 90 entre la población que consumió esa leche
envenenada.
En su
libro Caso Conasupo: la leche radioactiva (Planeta, 1997),
Guillermo Zamora cuenta como distintas dependencias del gobierno
federal –la Presidencia, las secretarías de Salud y Comercio, la
Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, la propia
Conasupo– intentaron ocultar la información. No se sabe a ciencia
cierta quiénes fueron los funcionarios más beneficiados con esta
transacción porque la comisión de la Cámara de Diputados creada en
tiempos de Zedillo para investigar el asunto más bien lo sepultó
con el mayoriteo priísta (los remanentes del cargamento tóxico
fueron sepultados en un basurero de San Miguel de Allende), pero la
lista de sospechosos de corrupción y/o encubrimiento empieza con el
propio Miguel de la Madrid y los hermanos Carlos y Raúl Salinas
(Zamora, p. 97) y culmina, como lo sostuvo el fallecido Adolfo
Aguilar Zínzer, integrante de la Comisión Conasupo, en Ernesto
Zedillo (id., p. 150).
Hace
unos días se conmemoró el quinto aniversario del incendio de la
Guardería ABC, en Heremosillo, en el que 49 niños murieron quemados
y otros 70 sufrieron lesiones graves. El accidente fue la
consecuencia de una cadena de descuidos y omisiones que sólo pueden
explicarse por el afán de lucro de los propietarios del
establecimiento, los del local y, presumiblemente, funcionarios que
no supervisaron o que lo hicieron y omitieron en sus reportes las
miserables condiciones de seguridad. Alguien se fue de juerga con lo
que se ahorró al no comprar extinguidores. Entre los dueños había
parientes políticos del entonces gobernador Eduardo Bours y de
Felipe Calderón. El máximo responsable administrativo de esas
guarderías subrogadas era Juan Molinar Horcasitas, titular del
Instituto Mexicano del Seguro Social. El procurador federal era
Eduardo Medina Mora. El encubrimiento y la impunidad estaban
garantizados.
Son
muchos los ejemplos de este Estado que en tres décadas pasó de ser
benefactor a sacrificial. De entre los que más laceran la memoria,
la masacre de Acteal, la represión criminal en Atenco, el asesinato
industrial de mineros en Pasta de Conchos, la negativa de Peña Nieto
a reconocer la epidemia de feminicidios en el Estado de México. El
cálculo electorero, el afán de lucro, las privatizaciones y
subcontrataciones de todas las propiedades, potestades y funciones
públicas imaginables, la corrupción a escala neoliberal –que hace
palidecer la que había en el país hasta los años ochenta– se
traducen, para la población, en pérdida de derechos, de garantías,
de seguridad. Por tremendas que sean las pérdidas la impunidad está
asegurada. Gobernantes y transnacionales no se llevan tan mal con las
organizaciones delictivas cuando hay de por medio negocios para
compartir. El clima de zozobra y caos sangriento a la manera de
Chihuahua, instaurado a ciencia y paciencia de las autoridades,
“puede ser funcional a una sucesiva entrada de trasnacionales que
se aprovechan de la situación”, señala Federico Mastrogiovanni,
autor de Ni vivos ni muertos. La desaparición forzada en México
como estrategia de terror.
Tal vez
la regresión sea más profunda y larga de lo que tiende a pensarse y
la oligarquía apátrida que se hizo descaradamente del poder desde
1988 no nos haya regresado al Porfiriato ni a la colonia sino a las
épocas del sacrificio humano. Sólo que el Hutzilopochtli
contemporáneo tiene la advocación de la rentabilidad y Tlazoltéotl
se alimenta de comisiones.