Saqueos de Estado

En tiempos de Peña Nieto la redistribución de la riqueza se realiza así: los priístas de arriba saquean el erario y mandan a los priístas de abajo a saquear el Chedraui.

La caricatura es ilustrativa de lo ocurrido en la primera semana de este año, cuando el pueblo se lanzó a manifestar pacíficamente su descontento por el brutal incremento al precio de la gasolina, una medida que favorece al grupo en el poder y a los intereses privados a los que la reforma energética cedió la industria petrolera pero que conlleva, de manera inevitable, un brusco deterioro del nivel de vida de la mayor parte de la población.

Las protestas fueron muy pronto seguidas por actos de rapiña y vandalismo que en su coordinación y precisión dejaron ver de inmediato la mano que mecía la cuna. A diferencia de los saqueos espontáneos perpetrados en momentos de oportunidad como inundaciones o terremotos, o de los que cometen masas desesperadas en circunstancias de carencia alimentaria, los ataques de días pasados a comercios establecidos fueron convocados en las redes sociales, dispusieron de transporte y logística, contaron con la protección de corporaciones policiales (como puede verse en diversos videos de dominio público) y, de acuerdo con numerosos testimonios, se ofreció a sus participantes recompensas en efectivo, además del botín que obtuvieran.

En forma simultánea, un enjambre de cuentas de Twitter conocidas por proferir amenazas de muerte en contra de diversas personas ocuparon su tiempo en propalar información falsa sobre supuestos episodios de violencia, particularmente en el Estado de México, con imágenes que en realidad provenían de lejanos conflictos bélicos. Esos mismos bots difundieron supuestos volantes de Morena con recetas para fabricar explosivos y otros llamados apócrifos a la violencia.

En diversos escenarios de protestas genuinas se recurrió al viejo guión priísta que Enrique Peña Nieto recuperó desde el primer día de su administración y que tiene viejas raíces en el Batallón Olimpia (1968) y los “Halcones” (1971): grupos de choque enviados por el poder público fueron infiltrados entre los manifestantes para crear confrontaciones con las fuerzas de seguridad. Uno de los casos más evidentes (consta en video) es el de Nogales, Sonora, en donde la intervención de un grupo de golpeadores culminó con disparos de armas de fuego de la policía estatal en contra de la multitud, y en el que de milagro no hubo muertos. En otros, como Ixmiquilpan, el régimen ni siquiera pasó por la provocación antes de lanzar una represión feroz en contra del pueblo insurrecto.

Los saqueos de Estado, las campañas para sembrar el terror en la sociedad y las infiltraciones de protestas pacíficas tienen todo el sello de un régimen que va más allá del PRI propiamente dicho y que ha incorporado como piezas orgánicas al PAN, al PRD y a otras patentes electorales y sin la participación del poder público no se explica la sincronía y organización con la que ha operado el vandalismo.

¿Para qué? Bueno, si no es para inhibir, desalentar, distorsionar y desvirtuar las extendidas manifestaciones de repudio mediante el terror, como en efecto se logró parcialmente en el Estado de México podría ser, como último recurso, para crear el escenario adecuado para estrenar la Ley Reglamentaria del Artículo 29 e imponer un estado de excepción muy conveniente en tiempos en que el priísmo tiene ante sí la perspectiva de catástrofe electoral que el peñato ha construido con inaudita perseverancia. 

Paradójicamente, al empecinarse en reconstruir la presidencia priísta omnímoda, Peña Nieto se colocó a sí mismo como el jefe nato del partido tricolor con todo lo que eso conlleva: las redes clientelares y lumpenescas, los oxidados aparatos de control corporativo y los ya mencionados grupos de choque permanentes o ad hoc que desde 1968 han sido empleados para golpear en forma colateral a las protestas populares. 

Es pertinente, por ello, demandar al propio titular del Ejecutivo que se ponga fin a los saqueos, provocaciones, campañas de desinformación y siembras de pánico y que el gobierno respete escrupulosamente los derechos de la ciudadanía a la manifestación pacífica y a la libre expresión de su descontento. Con ese propósito se ha elaborado una petición en Change.org que puede consultarse aquí.