El viernes pasado, en el buzón del domicilio del que firma, aparece un envoltijo con las trazas inconfundibles de la Secretaría de Hacienda o, para ser más precisos, del Servicio de Administración Tributaria (SAT): hoja doblada en tres con orillas desprendibles que por una cara es sobre y, por la otra, mensaje. Unas semanas antes, un notificador de esa dependencia había entregado un requerimiento impresionante, lleno de formalismos, citas de la ley fiscal y advertencias ominosas, pero sin más propósito real que el de invitar a la revisión de la veracidad de lo asentado en una declaración parcial de marzo de 2008 que, a la postre, resultó ser correcta. Al rasgar los bordes desprendibles del nuevo documento, se despliega una notificación demoledora: “El Servicio de Administración Tributaria determinó multarlo por haber presentado la obligación de la Declaración Informativa mensual de Operaciones con Terceros correspondiente al mes de julio de 2008, a requerimiento de la autoridad número 1007780000015 que se notificó el 29 de septiembre de 2008”. Luego, un resumen de las “obligaciones omitidas o motivos”, el fundamento legal de la infracción, el de la sanción y el monto de la multa: 8 mil 780 pesos (una bicoca: apenas para cubrir tres días de los gastos alimentarios asignados a Agustín Carstens). A continuación, una parrafada con el resolutivo correspondiente, y en el tercio inferior de la hoja, un “formulario múltiple de pago”, desprendible en dos: un “ejemplar para el contribuyente” y un “ejemplar para el banco”.
Antes de marcar el número del contador, el destinatario revisa el anverso de la carta-sobre y descubre esta leyenda: “Para evitar requerimientos y multas, como la que a manera de muestra contiene el presente documento, le invitamos a que realice la presentación correcta de cada una de las declaraciones y pagos que a esta fecha haya omitido”. En letra más chiquita, un listado de incumplimientos imaginarios contenidos en “los registros que obran en nuestros sistemas” y un par de amenazas más: “El SAT enviará al Buró de Crédito la información de los contribuyentes que tengan obligaciones y pagos que a esta fecha haya omitido” (sic) y “Evite que la autoridad haga uso de los medios coercitivos previstos en la legislación fiscal para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales!”.
Hay que preguntarse cuánto dinero público malgastan el jefe del SAT, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, y su jefe Carstens, en asustar y hostigar a pequeños causantes cautivos que pagan sus impuestos. Se sabe, en cambio, que dichos funcionarios otorgan un trato privilegiado a las grandes corporaciones empresariales. Unos días después del nombramiento del primero, se publicó que el SAT concedía a 12 grandes empresas, seis bancos y tres grupos aeroportuarios, regímenes fiscales especiales que les permitían pagar impuestos por únicamente 4.3 por ciento de sus ingresos, en promedio, que esos 21 grandes contribuyentes se habían beneficiado con un esquema de pagos diferidos hasta por 130 mil millones de pesos y que, en tanto que las grandes empresas generan entre el 55 y el 60 por ciento del ingreso nacional, su contribución al pago del ISR es de apenas 2.5 por ciento, en promedio anual, desde que el PAN ocupa la Presidencia de la República. Mientras tanto, por lo que hace a los pequeños contribuyentes, el SAT ha sido habilitado como casa de los sustos.
Me encantaría saber qué salario le pagamos (los que sí pagamos) a Gutiérrez Ortiz Mena para que nos asuste y se haga pato con los que no pagan, pero el opaquísimo “Portal de Obligaciones de Transparencia” del IFAI (portaltransparencia.gob.mx) devuelve, al consultar la remuneración mensual bruta del jefe del Servicio de Administración Tributaria, clave del puesto CFHA101, un mensaje que dice “Hubo un error al procesar su información favor de Intentar mas tarde” (sic), y lo mismo respondió durante toda una mañana.
De cualquier forma, ¿qué son ocho mil 780 pinchurrientos pesos frente a lo que el secretario Carstens se está gastando en Colombia y en Inglaterra?
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P.D.: Hace un par de horas por fin respondió el servidor del IFAI. El señor de aquí arriba gana mensualmente 203 mil 487 pesos brutos y, asumiendo que pague impuestos, le quedan 176 mil 669.44 (más que al propio Carstens, quien según el IFAI sólo alcanza 151 mil 49) más 287 mil 95.29 anuales de aguinaldo y primas vacacionales, más seguro de gastos médicos por 442 mil 500, más un "seguro institucional" por ocho millones 139 mil 518.80. Ah, no incluye el costo de la máscara para espantar contribuyentes, pero de todos modos, está a toda madre, ¿eh?