Régimen tocado

El calderonato ya no tiene para dónde hacerse. El clamor ciudadano, inocultable, ha reconocido la raíz de la violencia en las acciones gubernamentales, y el régimen no pudo distorsionar (ni con Televisa, ni con sus membretes Causa Ciudadana o México Unido contra la Delincuencia) el mensaje de la Marcha Nacional por la Paz con Justicia y Dignidad. Con todo y el desmadre de la espontaneidad y de un liderazgo que no pretendió serlo, las palabras pronunciadas en el Zócalo capitalino y en otras plazas del país y del mundo, y la inmensa mayoría de las consignas escritas en mantas y pancartas, apuntaron a la responsabilidad del gobierno federal por el baño de sangre y por la violencia desbocada que padece la población. Amplios sectores de la sociedad han caído en la cuenta de un hecho que la izquierda sabía desde siempre: que el principal factor de violencia contra la gente ha provenido, históricamente, del poder público y de sus derivaciones caciquiles, charras y paramilitares.

No hubo forma de edulcorar los reclamos ni de diluir o desviar los señalamientos directos contra Felipe Calderón, Genaro García Luna y el resto, por la ofensiva criminal que sufren millones de mexicanos. En la arena de disputa política que fueron las movilizaciones de ayer, quedó despejado, por lo pronto, el peligro de que la exasperación de la gente fuera transformado en respaldo a los intentos de “mano dura” y autoritarismo agravado, como ocurrió en las marchas previas “contra la inseguridad”, convocadas por las mafias televisivas y los membretes oligárquicos.

Como parte de los intentos del régimen por minimizar los daños causados por las marchas y concentraciones, no faltaron las voces “ciudadanas” que achacaron a éstas el propósito de ”pactar con los narcos”. Tal despropósito fue desmentido por la amplitud de las protestas, por la lucidez de sus reclamos y por los testimonios irreprochables de algunos –sólo unos cuantos– de quienes han perdido a seres queridos a manos de alguno de los bandos delictivos, entre los cuales las fuerzas públicas desbocadas y descontroladas no es el menos importante. Pero no estaría de más recordar que quien ha pactado desde siempre con las organizaciones del narcotráfico ha sido, precisamente, el responsable de combatirlas, es decir, el gobierno federal, el cual, en su tramo presente, parece aplicado a impulsar el control monopólico del mercado por uno de ellos en detrimento de los demás.

La hipocresía del calderonato está tocada. La exigencia formulada por Javier Sicilia de que se despida a García Luna pone a la administración ante una disyuntiva de difícil solución: o sacrifica al cerebro de toda su estrategia de ocultamientos y simulaciones sangrientas o enfrenta la pérdida de los últimos rescoldos de credibilidad y, con ella, los pocos márgenes que le quedan para no parecer una dictadura.

Falta camino por andar. Es preciso, por ejemplo, poner en el centro de la conciencia colectiva la relación causal que va del modelo económico impuesto hace tres décadas al actual clímax de crueldad y destrucción humana. Se requiere, además, construir vías y cursos específicos de acción para forzar a quienes detentan el poder público a cumplir con sus obligaciones constitucionales de proteger la vida humana y garantizar la seguridad pública. Una propuesta específica es enjuiciar –en instancias internacionales, porque las nacionales están cerradas a piedra y lodo– a quienes han sido omisos en su deber de llevar a juicio al 90 por ciento de los presuntos delincuentes y han propiciado o permitido masacres. Habrá que esperar a ver hasta dónde llega la capacidad del calderonato para simular que escucha a la población (se sospecha que no llegará muy lejos). Y, en lo inmediato, hay que procesar y dar cauce al formidable debate político generado por la Marcha Nacional y las movilizaciones paralelas y por las propuestas de Sicilia, quien ha sido, por lo pronto, un valioso portavoz del dolor y del hartazgo colectivos.