Se llama golpismo

Uno ya no sabe si Televisa es una oficinota de imagen para la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSPf)o si ésta es el brazo armado de esa empresa, o si ambas cosas. Tras el fin de la serie “El equipo” –un infomercial en 13 capítulos, coproducido por ambas para convencer a la audiencia de que la Policía Federal y su responsable administrativo y político inmediato, Genaro García Luna, son la neta del planeta–, el corporativo de Emilio Azcárraga organizó otro equipo de emergencia para acudir en auxilio de ese funcionario, luego que éste aceptó –y usó– una condecoración otorgada por el gobierno colombiano sin contar con el permiso del Legislativo y, con ello, se pasó la Constitución por el arco del triunfo.

El 25 de mayo, un segmento de 22 minutos del programa Tercer Grado, con participación de Leopoldo Gómez, Ciro Gómez Leyva, Carlos Loret de Mola, Carlos Marín, Denise Maerker y Joaquín López Dóriga, fue dedicado a hacer chunga de la Carta Magna –cuyo artículo 37, fracción III, fue calificado por los comentaristas de “desmedido”, “ridículo”, “anacrónico”, (Maerker) “estúpido” y “baboso” (Marín),–, y a minimizar la infracción de García Luna como un “error de procedimiento”, “deficiencia”, “falta de pulcritud”, incumplimiento “de un protocolo” y un “descuido de formas”, expresiones también empleadas para calificar las violaciones a los derechos humanos, a las garantías individuales y al Código Federal de Procedimientos Penales cometidas por la Policía Federal en varias de sus actuaciones.

En boca de los participantes en el programa, la demanda de que García Luna sea removido del cargo es “política” y la esgrimen los opositores al régimen que encabeza Felipe Calderón, o bien es expresión de un atavismo opositor que viene desde la petición del movimiento estudiantil de 1968 de la destitución del general Cueto (López Dóriga), o incluso de la tradición de los sacrificios humanos prehispánicos (Marín). Según Loret de Mola, los reclamos opositores “ya se despacharon a dos procuradores generales” y ahora se han vuelto un “antigenarismo” porque no se puede exigir la dimisión del propio Calderón y porque “les da miedo” (no dijo a quiénes) pedir la remoción de los secretarios de Defensa y de Marina. Ese “antigenarismo” es profundamente injusto, sin embargo, porque “la eficacia de García Luna está fuera de duda” y la Policía Federal es una corporación “modelo”, la “mejor con la que cuenta el país” (Gómez Leyva).

O sea: se trató de hacer pasar como presentable una doble violación a la Constitución: la que cometió el propio García Luna al recibir la medalla colombiana, y la que comete la institucionalidad en su conjunto al incumplir la sanción prevista en la propia Carta Magna. Se llama golpismo, pero hay que ver con cuánta enjundia quienes construyen esos alegatos abogan, a renglón seguido, por una “cultura de la legalidad”. Según esas piruetas argumentales, el cumplimiento o no de las disposiciones constitucionales y legales es sólo una cuestión de buenos modales. De paso, quienes defiendan la aplicación y la vigencia de la normativa vigente en materia de derechos humanos –pisoteados con tanta frecuencia por la PF– son opositores trasnochados de 1968 o de 1857, si no es que añorantes de los tributos a Huitzilopochtli.

Cuánto descaro, y qué endebles los intentos por hacer pasar a García Luna como “el gran policía”. Al margen de su desprecio por la Carta Magna, independientemente de su documentado –y presumiblemente, ilegal– entreguismo hacia Washington, dejando de lado su inexplicable casota de 20 millones de pesos en Jardines de la Montaña, olvidando incluso los atropellos cometidos por la Policía Federal –relacionados, o no, con su afán de servir a los intereses de los accionistas de Televisa– , el señor es el responsable de la seguridad pública en un país en el que las muertes relacionadas con delincuencia organizada (delito federal bajo su competencia) se han incrementado, de 2007 a 2010, en 540 por ciento, en promedio estatal (considerando desde el descenso de 50 por ciento en Yucatán, hasta el incremento de cinco mil por ciento en Colima, pasando por el alza de 5 por ciento en el DF), según los datos que se presentan en el sitio web de eso a lo que llaman (ha de ser un mero anacronismo de lenguaje constitucional) “Presidencia de la República”. Tales resultados tendrían que ser suficientes para ponerlo de patitas en la calle.

Lo demás ya habría debido sido bastante para hacerlo comparecer ante instancias administrativas y penales, si es que las leyes fueran respetadas. Pero no: el golpismo –ese recurso que permite a los funcionarios decir que la legalidad vale madres y que pueden hacer lo que quieran– avanza, impulsado por televisos y pefepos. ¿Qué sigue?