De la justicia a la propaganda

Parece ser que la oficialía de partes de la Procuraduría General de la República ya se ha vuelto la principal instancia de propaganda electoral. Hace años que el calderonato utiliza a esa institución para propinar golpes de imagen a los partidos rivales del suyo y esa tendencia se agudiza conforme crecen los indicios de que el blanquiazul será desalojado de Los Pinos. El tricolor, por su parte, contrataca, anuncia una demanda contra la hermana no tan cómoda de Calderón por recurrir a los billetazos para imponerse en la interna panista e inicia acciones contra los ex gobernadores de Baja California Ernesto Ruffo y Eugenio Elorduy.

El trámite prescribe que esas torcidas pintas electorales en las ventanillas de la PGR y de la Fepade deben ir precedidas por el antecedente de una filtración, como las instrucciones giradas por radio por un presunto representante de La Familia Michoacana para que una localidad entera votara tricolor, y el telefonema en el que Cocoa ponderaba los efectos persuasivos de los tales billetazos entre delegados panistas.

Lo peor de este modus operandi electoral es que las acusaciones cruzadas tienen visos de ser ciertas y que la subcultura del fraude es hoy patrimonio común de panistas y priístas –también ha causado estragos en procesos internos perredistas– y que, en consecuencia, los arsenales de ambos bandos estarán muy bien avituallados para resistir varios meses de contienda negra.

En tal circunstancia, la dependencia encargada de la procuración de justicia tendría que actuar con estricto apego a derecho y sancionar a tirios y a troyanos con igual rigor. Pero parece más probable el cumplimiento de las supuestas profecías mayas sobre el fin del mundo que la actuación imparcial de procuradores y fiscales nombrados por Calderón, y si uno no logra imaginar a la PGR y a la Fepade presentando cargos contra Cocoa no será por un escepticismo hipertrofiado.

No fueron distintas las cosas, por supuesto, cuando los presidentes salidos del PRI se encargaban de poner y quitar procuradores –no se recurría, entonces, a la incriminación del adversario político con tanta frecuencia como ahora, pero sí que se otorgaba impunidades automáticas a los correligionarios–, pero la edad del asunto no elimina el problema de ir a comicios en ausencia de órganos independientes y creíbles de procuración de justicia, ya sea justicia electoral o justicia a secas, que ésta también tiene aplicaciones muy útiles en el debilitamiento de bandos rivales: todas y cada una de las imputaciones penales contra los funcionarios detenidos en el marco del michoacanazo fueron inventadas, como se demostró posteriormente, con la liberación de la totalidad de los acusados. Pero eso era lo de menos, porque el daño ya estaba hecho.

La persistencia del dedazo presidencial en ese cargo es tan escandalosa como lo fue la sumisión de la extinta Comisión Federal Electoral –antecesora del IFE, presidida por el secretario de Gobernación– al presidente en turno. Por eso, pase lo que pase en las urnas en julio, debiera ser tarea prioritaria del próximo gobierno y del próximo Legislativo la restitución de la autonomía de procuradores y ministerios públicos, particularmente en el caso de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales.