Foto: Reuters
La foto
impresiona: el joven efectivo de la Policía Federal que vigila el sitio en el
que fueron encontradas fosas con restos humanos en Iguala sostiene, sin
esfuerzo aparente, una ametralladora M-60 de diez kilos de peso. Era el arma con
la que la infantería estadunidense se abría paso en los arrozales de Vietnam y
en los vecindarios polvorientos de Faluya, aunque al norte el Río Bravo se le
considera obsoleta y ya está siendo remplazada por un nuevo modelo. El
personaje de la gráfica tiene el dedo nervioso pegado al guardamonte y la
canana de cartuchos, colocada a modo de banda presidencial holgada, le cuelga
por debajo de la rodilla. Por si se le acaban esos cartuchos porta, además, un
estuche con varios cargadores, chaleco antibalas, casco con gogles, un kefiyeh
palestino enrollado en el pescuezo –último grito de la moda entre las fuerzas
especiales y cuerpos contrainsurgentes: expropiar el emblema mundial de los
insumisos– y el distintivo reglamentario con bandera, escudo y nombre del país,
México, pegado al hombro. Lo único que desentona con la imagen de guerrero
feroz es su mirada de inocencia; en ella queda claro que el muchacho no tiene
la menor idea de lo que está haciendo.
No es el
único. El gobierno federal custodia ese sitio –relevante sólo para la investigación
criminalística– como si se tratara de una central nuclear pero allí sólo hay
unos hoyos en los que el 4 de octubre fueron encontrados restos humanos que
podrían pertenecer, o no, a algunos de los estudiantes normalistas secuestrados
por la policía de Iguala entre el 26 y el 27 de septiembre y desaparecidos
desde entonces. Han aparecido más fosas pero hasta ayer, lunes 13 de octubre,
ni la autoridad federal ni la estatal habían informado con claridad quiénes ni cuántos
son los muertos hallados en ellas. Más allá de cualquier escrúpulo, ambas
instancias parecen más preocupadas, la primera, por utilizar la barbarie
policial del municipio para destruir políticamente al gobernador guerrerense y
a su partido, el PRD, y éstos, por aferrarse a como dé lugar a esa posición de
poder.
Mientras
la Federación exhibe el poderío de sus policías acordonando agujeros macabros
pero vacíos, las balaceras, los asesinatos y los “levantones” prosiguen su
curso en la normalidad sangrienta impuesta por Felipe Calderón y combatida por
Enrique Peña Nieto con el viejo método de esconderla bajo la alfombra, pero ni
así: los muertos se desbordan por todas partes y los homicidios de estas
semanas en Chihuahua, Acapulco y Ecatepec son una muestra. Uno se pregunta por
qué la prioridad de resguardar cementerios clandestinos con cuerpos de asalto
por sobre la necesidad de custodiar vidas y la respuesta inevitable es que las
vidas no importan tanto como la imagen mediática. Hay que preocuparse sólo cuando
los asesinatos empiezan a deteriorar la percepción del país entre los
inversionistas extranjeros, como lo dijo el fin de semana Luis Videgaray con un
cinismo asombroso a propósito de los jóvenes muertos y desaparecidos de la
Normal de Ayotzinapa. Los muertos que para el secretario de Hacienda
constituyen un riesgo de disuasión financiera son, en manos del PRI y del PRD,
instrumentos de campaña de cara a procesos electorales próximos. Así estamos.
Desde
luego, la ineptitud y la indolencia de Ángel Aguirre Rivero ameritan su salida
del cargo a la brevedad, pero no es el único caso. A dos años de instaurado el
peñato, la Segob, la PGR, el Cisen (¿qué hacía el Cisen mientras la
delincuencia organizada se apoderaba de Iguala? ¿Buscaba con microscopio agentes
del Estado Islámico infiltrados en el territorio nacional?) y el propio Peña
Nieto han incumplido en forma escandalosa, exasperante e inadmisible, su
obligación de garantizar la seguridad pública y el derecho a la vida de las
personas, que es el principal deber de un gobierno. En este sentido, los
muchachos de Ayotzinapa muertos y desaparecidos confirman la desaparición de
todo sentido nacional en una institucionalidad utilizada no para servir a la
población sino para saquear, entregar el país al extranjero y pasear por el
mundo la frivolidad oligárquica en un avión de 7 mil millones de pesos.
Localizar
y presentar a los estudiantes de Ayotzinapa debe ser la última tarea de Aguirre
y también la última de Peña. Y después de eso es necesario que ambos pidan
licencia a sus cargos respectivos porque gobierno, lo que se llama gobierno,
aquí no hay.
1 comentario:
Siempre al principio son inocentes muchos de ellos, sin trabajo, sin estudios, no ven otra que enrolarse en el ejército, pasa y pasó siempre en nuestra dolida América Latina. Pero no tardan en ver la realidad, y eligen, ya no son inocentes. Lo viví en Uruguay y Argentina como presa política. Lo veo hoy en Suecia con la policía que no es como a los finales de los'80, hoy es brutal.
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