● Milpa Alta huele
a madera recién cortada
● El deprimente
deprimido
● Helipuerto, muro de por medio
En febrero y marzo
pasados unos vientos insólitos azotaron la Ciudad de México.
Centenares de árboles fueron derribados por el fenómeno atmosférico
en diversas delegaciones de la entidad, entre ellas Milpa Alta. Era
preciso retirar los troncos caídos para evitar el riesgo de
incendios y las autoridades otorgaron a los comuneros la autorización
verbal para cortarlos y transportarlos a fin de que pudieran utilizar
la madera. El permiso era requerido porque las actividades de
explotación maderera (tala, aserraderos) están prohibidas desde
1947 en el territorio de la capital de la República (veda forestal).
Pero los bosques de la sierra de Chichinautzin (que corre por las
delegaciones Cuajimalpa, Álvaro Obregón, Magdalena Contreras,
Tlalpan, Xochimilco y Milpa Alta) son el oscuro objeto del deseo de
depredadores. Ya en 2013 diversas dependencias de la autoridad local
–Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Procuraduría Ambiental y
del Ordenamiento Territorial (PAOT), Secretaría del Medio Ambiente
(Sedema), Procuraduría General de Justicia (PGJ)–, así como la
autoridad delegacional, habían emprendido diversas acciones contra
talamontes y aserraderos clandestinos en Milpa Alta.
Pero dos años más
tarde las autorizaciones para aprovechar la madera de los árboles
derribados por las ventiscas sirvieron de paraguas para el retorno de
los taladores. El olor a madera recién cortada envolvió la
delegación y los camiones de tres y media toneladas, cargados de
troncos mucho más robustos que los derribados por el viento,
empezaron a circular sin ningún impedimento y en esta ocasión las
autoridades no hicieron nada. La Sedema, la PAOT y el Instituto de
Verificación Administrativa (Invea) se revelaron como un manojo de
siglas burocráticas sin voluntad alguna de defensa del medio
ambiente. Arguyeron que el cuidado de los bosques era de competencia
federal y las muy federales Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y Procuraduría
Federal de Protección al Ambiente (Profepa) voltearon hacia otro
lado.
El problema no sólo
es ambiental. Como ocurre en otras entidades del país, el negocio de
la tala clandestina se asocia en automático con el narco. Uno y otro
conforman una suerte de ciclo agrícola infernal: se tala una zona de
bosque, se siembra con droga y al cabo de un tiempo los camiones
bajan cargados de madera y droga. Además, los grupos delictivos
aprovechan las zonas recién despejadas para establecer sus
campamentos y aterrorizar desde ellos al resto de la población.
Los comuneros de
diversos pueblos originaros de Milpa Alta coinciden en que individuos
llegados de Michoacán se pasean con armas largas en total impunidad,
cuidando sus negocios. Cuentan que sólo en la localidad de San Pablo
Oztotepec, donde el general Emiliano Zapata estableció su cuartel
general hace 102 años, hay en la actualidad 12 aserraderos
clandestinos.
Y mientras el
gobierno local lanza a sus policías a emprender cateos masivos en el
centro de la ciudad en busca de celulares robados, en el extremo
suroriente del territorio capitalino la depredación ambiental y la
descomposición social se meten al Valle de México sin que nadie
muestre interés alguno en ponerle freno.
El deprimente
deprimido
¿Resolver un
problema vial en la Ciudad de México? Fácil: cosa de abrirle paso
al automóvil escarbando 14 kilómetros de túnel (aunque con la otra
mano las autoridades se empeñen en volver imposible la circulación
de vehículos automotores), partirle la existencia a media docena de
colonias de clase media que alguna vez fueron apacibles (¿queda
algún sitio apacible en este sufrido DF al que hasta el nombre le
han cambiado para volverlo marca registrada?) y tirar un millar de
árboles en una urbe que necesita, precisamente, más árboles y
menos automóviles.
Desde el inicio los
vecinos pidieron audiencias para demandar que se respetara a los
árboles en la ejecución de la obra. Patricia Mercado, la secretaria
de Gobierno de Miguel Ángel Mancera, les dijo que sólo se talarían
600. La PAOT autorizó 680. A cada nueva reunión, las autoridades
ofrecían detener la tala, pero por las noches talaban. La obra se
extendió como metástasis por puntos no previstos en el proyecto
ejecutivo, como Barranca del Muerto. Los habitantes interpusieron un
amparo y lograron la suspensión definitiva de la devastación. El
gobierno capitalino respondió con una artimaña legal: aceptó
detener la tala, pero pidió al juez autorización para
trasplantarlos, lo que en los hechos significa arrancar los árboles,
no cortarlos, para ir a tirarlos por allí. En reunión con los
vecinos, Mercado llegó a la burla: los vecinos podrían ir a visitar
los árboles en cuanto éstos estuvieran instalados en su nuevo
hogar.
Los colonos no se
arredraron e interpusieron un segundo amparo ante el juez Ricardo
Gallardo Vara, del 16° juzgado en materia administrativa. Éste
aceptó el recurso, pero sin detener el trasplante y sin recibir a
los quejosos.
La rúbrica de la
opacidad: cuando los habitantes de las colonias arrasadas por la obra
pidieron que se les mostrara el estudio de impacto ambiental del
deprimido Mixcoac, se les informó amablemente que la Sedema lo había
enviado a la reserva. De seguro es un asunto de seguridad nacional y
se trata de impedir que los planos del túnel caigan en manos de
terroristas islámicos.
Aquí, algunos momentos del ecocidio y de la resistencia vecinal:
Helipuerto, muro de por medio
Ante el desastre del
tránsito urbano, agravado de manera notoria por los desatinos del
mancerato, los ricos de entre los ricos han ido optando por
trasladarse en helicóptero. La desigualdad en la movilidad: si a las
clases medias se les insta a que se apeen del coche para montarse en
la bicicleta, a los de la lista de Forbes se les tolera que se
conviertan en señores de los cielos y que pasen zumbando por encima
de los embotellamientos. Y, claro, las oficinas de Cadena Tres,
construidas en un predio en el que antes había un expendio de
muebles Hermanos Vázquez, rodeado por los cuatro costados por
unidades habitacionales densamente pobladas, no podían funcionar sin
un helipuerto.
Éste fue construido
en la más absoluta ilegalidad y sin contar con las autorizaciones
correspondientes de la administración local ni de la federal,
amparado en una simple autorización para remodelar la vieja tienda.
Se instaló una antena de 60 metros de altura, el helipuerto
propiamente dicho y unos tanques de almacenamiento de combustible que
colindaban –muro de por medio, literal– con el centro de
distribución de gas natural de la Unidad Latinoamericana; en medio
de once unidades habitacionales ocupadas por 22 mil familias.
Patricia Mercado
salió al quite. En una reunión con representantes vecinales
reconoció la inexistencia de autorizaciones para la obra (hay video
del encuentro) pero, en vez de proceder a la clausura, les dio largas
y les ofreció gestionarles una junta con la empresa. Rapidito, el
gobierno de Mancera y la delegación Coyoacán extendieron cuanto
papel fuera necesario para regularizar la aberración.
Falta un detalle:
los helicópteros ya suben y bajan en medio de una olla de edificios
situada a unos metros del cruce de Avenida Universidad y el Eje 10
sin que exista una autorización de la Dirección de Aeronáutica de
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y adivinen dónde
está la solicitud correspondiente: pues en la reserva. Dónde más
iba a estar.
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