Duarte, misil prianista

Viene al caso porque Javier Duarte de Ochoa es una personalidad política que en algún momento fue el más valioso activo del PRI en Veracruz, el más firme aliado exopanista de Felipe Calderón en su perversa guerra genocida y el gran benefactor de sí mismo, claro, pero también de la delincuencia organizada.

Duarte pasó de ser el empleado más abyecto de Fidel Herrera al planchador-sucesor de trapacereías. Dueño de horca y cuchillo de su entidad, fue un anfitrión espléndido de los Calderón-Zavala, a quienes apapachó mucho más allá de lo que dicta la cortesía institucional, según consta en centenas de imágenes y decenas de videos que hoy estarán causando dolores de cabeza a los operadores encargados de limpiar Internet de vestigios incómodos. Llevó al paroxismo el modelo de concesión de la seguridad regional a los criminales, modelo que se implantó, en los hechos, durante el calderonato, y que le costó al país más de 120 mil muertos y 20 mil desaparecidos.

En correspondencia Calderón estuvo perfectamente al tanto de los desvíos multimillonarios del veracruzano –él mismo lo confesó el día en que presentó a Yunes Linares, el siguiente en la serie de sátrapas– y no hizo nada porque, según él, “fuimos detenidos por la maquinaria judicial, que nos prohibió seguir adelante”. Vaya. Calderón, que en el episodio del michoacanazo envió a la cárcel a muchos inocentes pero luego no encontró en todo el catálogo de facultades presidenciales ningún recurso para controlar el saqueo de las arcas públicas que perpetraba en sus narices un flagrante culpable.

La verdad es extraoficial pero pública: Calderón no actuó porque una parte de esos desvíos estaban destinados a asegurar –mediante la compra masiva de votos– una sucesión presidencial pactada entre el PAN y el PRI, y desenmascarar, investigar o perseguir al gobernado veracruzano habría implicado atentar contra el eslabón más delicado de la impunidad transexenal.

Desde luego, Duarte de Ochoa fue soldado incondicional de su propio partido cuando éste se propuso recuperar la presidencia que le había cedido en préstamo a Acción Nacional. El entonces candidato Enrique Peña Nieto no tuvo reparo en elogiarlo, junto con otras alhajas tricolores –César Duarte, Roberto Borge–, como representante de “la nueva generación de priístas” que habría de dejar atrás las miserias históricas de esa organización política.

Una vez instaurado a la mala, el peñato retribuyó a Duarte con recursos millonarios (algunos de ellos, entregados por Alfredo del Mazo, quien ahora jura que no es su amigo, por más que lo haya llamado así de manera pública) y con plena tolerancia a las atrocidades que el poder ejecutivo de Veracruz permitía o perpetraba. Si Duarte se mantuvo casi hasta el final de su periodo, ello fue posible gracias al empecinamiento del gobierno federal priísta en mantenerlo en el cargo. Y cabe preguntarse cuántas fosas clandestinas y cuantas arcas institucionales saqueadas le habrían ahorrado a los veracruzanos si hubiera actuado con un mínimo decoro y un poco de apego a la legalidad.

Pero la pudrición causada en la entidad costeña por su gobernador fue de tal magnitud que acabó por descomponer la propia figura del gobernante hasta el punto en que a la Presidencia que lo protegía y a los poderes fácticos a los que beneficiaba les resultó imposible mantener aquella alianza por más tiempo. Inició entonces la operación de lavado de manos, desinfección de muebles y deslindes políticos. Miguel Ángel Yunes, un hombre tan escrupuloso como su antecesor, quien ostenta una más añeja pertenencia al régimen (en cualquiera de sus patentes electorales) y es por ello viejo conocedor de sus mañas, urdió un plan genial: ya que Duarte había llevado tan lejos las prácticas delictivas y corruptas del grupo en el poder, había que volverlo depositario de toda la inmundicia y convertirlo en un arma arrojadiza en contra de la verdadera oposición. Toda una arma bacteriológica.

Así, el año pasado Yunes Linares inventó que Duarte financiaba las campañas políticas del Movimiento de Regeneración Nacional, y echó a andar la calumnia con gran bombo mediático y ninguna prueba sólida. A lo que puede verse, el peñato le compró la idea. La milagrosa localización y la captura pascual de Duarte en Guatemala apunta a un doble propósito: por una parte, aparentar que algo –aunque sea algo– se hace para combatir la corrupción y, por la otra, usar al ex gobernador en desgracia como un misil de lodo en contra de López Obrador. El arma podría llamarse “Desafuero II”.

Ahora falta que la sociedad les crea.

Sometidos a Trump

La propaganda del PRI cuando Tomás Yarrington era su candidato a gobernador de

Tamaulipas

El domingo pescaron a Tomás Yarrington en Florencia, Italia. Es uno de esos pocos casos en los que los grupos en el poder actúan de manera precavida, se deslindan de uno de sus mafiosos, se adelantan a fincarle responsabilidades y evitan, así, daños políticos mayores. Desde 2012 la PGR emitió una orden de aprehensión del ex gobernador tamaulipeco. Otra cosa es que haya existido, o no, la voluntad para cumplirla; el lustro transcurrido desde que se giró la orden de captura hasta la detención del individuo hace pensar que no, como no parece haberla en los casos de los Duarte y manifiestamente no la hay en el de Borge Angulo.

Otros ex funcionarios han sido apresados en días recientes por la policía de Estados Unidos. El más conocido es Édgar Veytia, quien fue capturado cuando aún se desempeñaba como fiscal general de Nayarit, el 23 de marzo, en San Diego, por acusaciones de narcotráfico. Unos días más tarde cayó preso en Phoenix Carlos Manuel Villalobos Organista, ex senador panista, acusado de desviar presupuestos destinados a seguridad, educación y salud cuando se desempeñaba como secretario de Hacienda en el gobierno de Guillermo Padrés Elías, en Sonora. También se dio a conocer que un individuo que sirvió como enlace entre la Policía Federal mexicana y la DEA estadunidense, identificado únicamente como “Iván N.”, se entregó a principios de mes a la fiscalía de Chicago para responder por cargos de obstrucción de acciones de inteligencia y vinculación con un grupo delictivo.

Tanto los ex funcionarios detenidos por Washington como los delincuentes sin cargo oficial que han sido capturados o entregados en extradición por el gobierno de Peña Nieto (el más prominente es El Chapo) aportan a la administración de Donald Trump una masa de información sobre los entresijos de la corrupción en México, las complicidades entre funcionarios y grupos delictivos y la inoperancia deliberada de los organismos supuestamente encargados de procurar justicia y responsables, en los hechos, de procurar impunidad.

Washington tiene otras fuentes y otros métodos para hurgar en la criminalidad gubernamental al sur del Río Bravo. Un caso conocido es el espionaje sistemático, masivo y de alta tecnología aplicado por la Agencia Nacional de Seguridad (NSA, en inglés) sobre funcionarios y políticos de diversos niveles. Por ejemplo, como parte de la información obtenida por Edward Snowden, el 1 de septiembre de 2013 se dio a conocer un documento interno de esa dependencia en el que se informaba que en dos semanas de “esfuerzo intensivo” de espionaje, la NSA había conseguido 85 mil 489 mensajes de texto intercambiados entre Peña Nieto (por entonces, candidato presidencial) y nueve de sus más cercanos colaboradores. El documento filtrado por Snowden era una presentación interna para instruir a empleados de la NSA en las técnicas del espionaje digital y sólo especificaba, como ejemplo, el contenido de dos de esos mensajes. Otra revelación obtenida gracias a Snowden es que la inteligencia militar estadunidense también consiguió información interna “lucrativa” a partir del hackeo de la cuenta decorreo de la Presidencia de México en el sexenio de Calderón.

Entre espionaje y confesiones de delincuentes presuntos o confesos capturados por Estados Unidos, el gobierno de ese país ha logrado hacerse con una formidable capacidad de chantaje sobre los gobernantes mexicanos del PAN y del PRI, ejecutores serviles de los dictados económicos, políticos y estratégicos de Washington en nuestro país.

Tal circunstancia no sólo explica la plena sumisión de tales gobernantes a los dictados del norte sino también la preferencia de Trump, recientemente expresada vía su secretario de Seguridad Interior, John Kelly, por un nuevo gobierno panista o priísta a partir de 2018: no otra conclusión puede extraerse de lo dicho por éste y por el senador John McCain en el sentido de que no quieren en México un presidente de izquierda. La administración republicana desea que el vecino del sur sea gobernado por alguna fórmula “conocida”, es decir, alguien de quien pueda lograr docilidad mediante datos comprometedores. En suma, aunque las candidaturas priísta y panista de cara a 2018 aún no se han definido, es claro que estarán de antemano sometidas a Donald Trump.

Margarita Zavala se entrevistó con John McCain justo antes de que éste advirtiera

"el peligro de un presidente de izquierda" en México.

Edomex: la proeza posible

En el Estado de México el PRI ha puesto en juego el catálogo de mapacherías para impedir el triunfo de la oposición en las próximas elecciones estatales del 4 de junio: derroche de recursos públicos para repartir dádivas entre los electores, presencia intensiva de miembros del gabinete para hacer campaña por el aspirante del peñato, uncimiento a los intereses de la facción gubernamental de las decisiones de la autoridad electoral local y apoyo y aliento a candidatos sin ninguna posibilidad real de triunfo pero capaces de restar votos a la única candidatura de verdadera oposición: la de Delfina Gómez Álvarez.

Un componente adicional para desorientar y engañar a la voluntad popular es que en esta ocasión el grupo en el poder concurre al proceso electoral con dos candidaturas significativas: una explícita, la del Alfredo del Mazo, y una furtiva, la de Josefina Vázquez Mota, una funcionaria leal al régimen neoliberal, beneficiada durante tres años con subsidios presidenciales nunca bien aclarados, y que podría ser una suerte de “Plan B” en caso de que no surtan efecto todos los recursos empeñados para impulsar al representante oficial del jurásico de Atlacomulco y éste se vaya al fondo en las preferencias electorales.

Por el lado del PAN la reacción ha cerrado filas en torno a Josefina Vázquez Mota hasta el punto de que uno de sus más notorios malquerientes, Felipe Calderón, acudió entusiasta al lanzamiento de su candidatura. Las artes de la guerra sucia empleadas por el panismo en 2006 –la calumnia repetida hasta volverla tendencia de opinión, la siembra de pánico, la descalificación mercadológica– ya están siendo desempolvadas para aplicarlas en contra de Delfina Gómez, y no sólo por sus creadores originales sino también por la dirigencia priísta. Previsiblemente, esa clase de campaña crecerá y se intensificará conforme se acerque la fecha de los comicios y veremos una vez más cómo la inmundicia arroja pedazos de sí misma en contra de sus adversarios.

La corrupción, la violencia, el quiebre del estado de derecho, la impunidad, la pobreza y la marginación que caracterizan al Estado de México son, al mismo tiempo, la gran debilidad y la gran fortaleza del régimen ante estas elecciones: por un lado, es evidente que es en esa entidad en donde el régimen neoliberal ha alcanzado sus cotas máximas de inviabilidad, pero por el otro la extremada descomposición institucional y social genera un terreno propicio para operar los mecanismos de distorsión de la voluntad popular –desde el acarreo y la compra de votos hasta el manoseo cibernético de los resultados– y para cometer, al amparo de autoridades obsecuentes y omisas, toda clase de infracciones a la legalidad electoral y a la legalidad a secas.

Las posibilidades de vencer los operativos referidos y de impedir la perpetuación del régimen en la entidad –sea por la vía de Del Mazo o de Vázquez Mota– dependen, por un lado, de que para el grupo en el poder resulten más perniciosos que benéficos los saldos causados por décadas de sembrar pobreza, corrupción y violencia; por el otro, de la concreción orgánica del hartazgo y de una toma de conciencia masiva entre la ciudadanía mexiquense que se concrete en una insurrección cívica por la vía de las urnas: una proeza social y ciudadana posible.

Resulta fundamental en esta circunstancia comunicar que la recuperación del Estado de México para sus habitantes es una tarea posible, a condición de que los propios mexiquenses están dispuestos a emprenderla llevando a Delfina Gómez a la gubernatura. Debe entenderse que la lucha electoral de Morena no es por el cargo del ejecutivo estatal sino por hacer posible el acceso al gobierno a los sectores mayoritarios de la población y por poner a su servicio los organismos públicos que actualmente se encuentran al servicio de poderes fácticos legales o ilegales. Y es de gran importancia, asimismo, hacer ver a la ciudadanía la trascendencia de una derrota local del régimen en el escenario nacional. En efecto, si se logra el triunfo de una candidatura realmente opositora al PRI en su principal semillero de sufragios, en la cuna del equipo que hoy detenta la Presidencia y en la raíz de su poder mafioso, la suerte del régimen para 2018 estará prácticamente sellada.

Ni los mexicanos ni los mexiquenses tienen porqué estar condenados a vivir bajo la podredumbre impune de los gobernantes ni en la pobreza, la informalidad, la violencia, los feminicidios, la resignación y el cinismo. Otra vida es posible.