El
colapso de unos metros cuadrados de pavimento no es un suceso
exepcional en el asfaltado mundo contemporáneo. Deslaves y
reacomodos del terreno y suelos casi siempre dinámicos provocan la
aparición de hoyos de todos los tamaños en muchos países y
latitudes, y a veces esas depresiones súbitas se tragan casas,
automóviles y gente. Lo extraordinario en el caso del socavón del
Paso Exprés, con su saldo de dos muertos, varios vehículos
destruidos y decenas de miles de afectados por el obligado cierre de
esa peligrosísima vía rápida, es que hizo inocultable la pudrición
del modelo de negocios del grupo que detenta el gobierno.
Es
cierto que las relaciones corruptas entre la facción peñista y
diversas firmas constructoras del país y del extranjero han sido
abundantemente documentadas por investigaciones periodísticas –como
la que sacó a la luz la Casa Blanca del propio Peña–,
conversaciones telefónicas filtradas a los medios en el contexto del
golpeteo interno entre grupos priístas y documentos que han sido
públicos desde siempre en los que se puede observar la manera
desaseada en que suelen resolverse las licitaciones y otorgarse los
contratos. El desaseo pudo observarse también cuando la SCT tuvo que
cancelar el cuestionado contrato de construcción del trén rápido
México-Querétaro, entregado a un consorcio encabezado por una
empresa china y en el que participaba Grupo Higa, vendedor
deficitario de mansiones a Peña, Videgaray y otros, y beneficiario
de concesiones en el Estado de México y en el gobierno federal. Más
tarde se sabría de los enjuagues entre OHL, el consorcio español
abrumado en su país de origen por los señalamientos de corrupción,
y altos funcionarios del peñato, con Ruiz Esparza a la cabeza.
En
el caso del Paso Exprés de Cuernavaca, el contrato fue impugnado de
origen (2014) por la falta de calificación de las empresas
Construcciones Aldesa (española, implicada en “donaciones”
ilegales al Partido Popular) y Epccor (vinculada
a Juan Diego Gutiérrez Cortina, cuya empresa Gutsa fue
inhabilitada por la Secretaría de la Función Pública en 2011 por
incumplimiento de proyectos), porque era tan vago que ni siquiera
especificaba el número de carriles que habría de tener la obra y
resultaba imposible, en consecuencia, determinar de antemano su costo
y el tiempo de su ejecución. Hubo un costo
adicional a los más de dos mil millones de pesos que terminó
costando el Paso Exprés: varias compañías más fueron contratadas
para “verificar la calidad de los trabajos” y recibieron, por
ello, decenas de millones de pesos. La corrupción en todo su
esplendor.
Durante
la construcción proliferaron los accidentes mortales por la falta de
medidas de seguridad y señalización, así como severas afectaciones
a diversas colonias (inundaciones de casas, por ejemplo) y varias
organizaciones vecinales y de comerciantes de Cuernavaca enviaron
denuncias dirigidas al propio Peña Nieto, a Ruiz Esparza y al
gobernador Graco Ramírez, pero ninguno de ellos hizo mucho ni poco
para remediar la situación. Las inconformidades La obra, que habría
debido quedar concluida a fines del año pasado, fue finalmente
“inaugurada” por esos tres
funcionarios con un gran despliegue de publicidad, mentiras y
autoelogios, pero incompleta y entre protestas
de los habitantes.
Cuando
la vialidad ya estaba en funciones, las fallas continuaron, al igual
que las advertencias, especialmente en lo relacionado con fallas en
el sistema de drenaje de la obra. Semanas antes de la tragedia del 12
de julio, un funcionario de Chipitlán, población aledaña al Paso
Exprés, hizo llegar a la SCT fotos de un socavón que se había
abierto a un lado de la vía.
Luego
pasó lo que pasó. Los gobiernos de Cuernavaca y de Morelos se
tardaron horas en acudir al rescate de las dos víctimas atrapadas en
el socavón, el gobierno federal le echó la culpa a la lluvia y a la
basura y Ruiz Esparza acabó presumiendo las indemnizaciones
otorgadas a los deudos (las cuales ni siquiera han sido aceptadas)
por el “mal rato”.
El
hoyo del Paso Exprés no es la peor tragedia de cuantas han tenido
lugar en el país pero sí representa un retrato ineludible del modus
operandi de una corrupción que cuesta vidas. Por eso es tan
lacerante.
Y
por eso el régimen tiene que aplicar medidas drásticas.
* *
*
Y
fue Fox a Venezuela no como observador, sino en una misión de
abierta injerencia. Lo echaron.
Como
era actor de reparto
de
“El Imperio contraataca”,
al
Arauca vibrador
volaba
la Chachalaca.
En
menos que canta un gallo
la
declararon non grata.
Ya
regresó a San Cristóbal
con
la cola entre las patas
y
nadie quiso ayudarle
a
cargar con su petaca.