Elián y Elizema

Mucho se ha especulado sobre el trato que habría recibido Elián González en Estados Unidos si hubiese tenido una nacionalidad distinta a la cubana.

A fines de mayo, un hecho trágico ocurrido en Arizona despejó cualquier duda al respecto: la inmigrante Yolanda González Galindo, de 19 años de edad y originaria de San Pedro Chayuco, Juxtlahuaca, en la Mixteca, murió deshidratada después de cuatro días de caminar por el desierto. Había salido de Nogales, Sonora, con un grupo de indocumentados a los que un pollero anónimo les aseguró que la caminata duraría cuatro horas. Yolanda llevaba con ella a su hija Elizema (o Elizama) Hernández González, de 18 meses, y la pequeña sobrevivió.

Los agentes de la patrulla fronteriza localizaron a la madre muerta y a la hija viva nueve kilómetros al sur de la comunidad de Sells. La prensa no registra el destino del cadáver, pero sí el de la bebé, quien fue entregada al Consulado Mexicano que, a su vez, la envió al DIF de Nogales; de ahí, la niña pasó al DIF estatal, en Hermosillo, que la entregó, previa escala en la ciudad de México, al DIF de Oaxaca. La semana pasada, un juez familiar anunció que entregaría a la menor a la custodia provisional de la abuela materna, en tanto el padre (quien, al parecer, reside en Estados Unidos) decide si ejerce o no la patria potestad.

Todo en la historia de Elizema (o Elizama) resulta un tanto brumoso e incierto. El 4 de junio, un vocero de la patrulla fronteriza en Yuma anunció el hallazgo de una mujer de 19 años y de su hija de dos, procedentes de Oaxaca, que se encontraban vivas pero deshidratadas, y que habían atravesado el desierto. El nombre que se manejó fue Carmen Saavedra, y no Yolanda González.

Tal vez fuese un error de identificación o tal vez haya sido un caso similar, ocurrido bajo el mismo sol implacable de Arizona y bajo el acoso de los rancheros que en esta temporada practican el deporte de la cacería humana. Pero el hecho es que ningún estadunidense se cuestiona qué hacer con un niño (o niña) hallado junto al cadáver de su madre en alguna zona inhóspita de la región fronteriza: lo entregan a las autoridades migratorias, y éstas tampoco vacilan a la hora de dar el próximo paso: lo turnan al consulado que les quede más cerca para efectos de repatriación.

En el caso de Elizema (o Elizama), nadie, lo que se dice nadie, desde Alaska hasta Florida, pensó que pudiera ser cruel o inhumano --y no digo que lo sea-- la devolución de la niña a las condiciones de miseria y marginación que imperan en San Pedro Chayuco, Juxtlahuaca, en la región Mixteca, y de las que su madre trató, con mala fortuna, de sacarla. No hubo al respecto un debate nacional ni encuestas en línea ni talk shows y pornografía sentimental en horario televisivo estelar, ni conflicto o diferendo jurisdiccional alguno entre México y Washington.

Las tragedias de Elián y de Elizema (o Elizama) se parecen: ambos perdieron a sus madres cuando éstas intentaban llegar a territorio de Estados Unidos, huyendo de entornos económicos adversos y buscando reunirse con sus respectivas parejas. Ahí terminan las diferencias. Elián podía ser capitalizado como un símbolo político para la mafia cubana de Florida y Elizema (o Elizama) era sólo una pieza menor, incidental e indeseable en los juegos de esparcimiento de los rancheros de Arizona.

Sin proponérselo, echó abajo la montaña de demagogia que se ha acumulado en torno a Elián. La manifiesta discriminación en su contra la salvó de convertirse en rehén político-sentimental de los gringos. Su odisea fue, por eso, mucho más breve, y ya se encuentra en San Pedro Chayuco al lado de su abuela.

Parecían asiáticos

En la madrugada del lunes 19 de junio, en Dover, Inglaterra, la policía de aduanas abrió un contenedor para tomates procedente de Zeebrugge, Bélgica, y se encontró con 58 cadáveres humanos y dos personas vivas. Los muertos, 54 hombres y cuatro mujeres, “parecían asiáticos”, dijo el oficial Mark Pugash. El contenedor, que cuenta con sistema de refrigeración propio, era transportado por un camión de matrícula holandesa, pero el domingo 18 fue el día más caluroso, en lo que va del año, en el norte de Europa, de tal forma que los viajeros murieron de calor o murieron de frío. No se ha podido interrogar a los dos sobrevivientes porque están hospitalizados y la policía no ha divulgado las declaraciones del conductor, un holandés que se encuentra bajo arresto.

La semana anterior, en México, se ofreció a la teleaudiencia el espectáculo, en vivo, de la muerte de unos individuos que se ahogaron en el Río Bravo cuando intentaban ingresar al país de al lado sin pasar por la garita migratoria. Como show fue excepcional, pero el suceso resulta más bien rutinario.

Ambos episodios trágicos forman parte de un fenómeno habitual en el paisaje mundial contemporáneo: en este planeta poseído por la fiebre del libre comercio y la globalización, el contrabando en general, y el de seres humanos ha adquirido un auge sin precedentes. La mano de obra de precio ínfimo y de importación ilegal fluye en grandes cantidades, y por todos los medios de transporte, de Asia a América, de Latinoamérica a Estados Unidos, de África y Sudamérica a Europa. Además de las drogas, las armas y las especies en extinción, el paraíso liberal prohíbe el tráfico de homo sapiens, que es más bien una especie en expansión. Las restricciones migratorias en este mundo se incrementan a un ritmo tan similar al que caen las barreras arancelarias que se vuelve inevitable imaginar una relación entre ambas cosas y percibirlas como dos caras del mismo poliedro.

Es una coincidencia de veras lamentable --y nada más que eso-- que la nacionalidad del chofer capturado el lunes en Dover sea la misma que la de los principales mayoristas de esclavos africanos enviados a América en los siglos XVII y XVIII. Tal vez la similitud empiece y termine en un pasaporte holandés: a fin de cuentas, las sentinas de los barcos de esclavos se llenaban con personas capturadas y transportadas a la fuerza, en tanto que los migrantes laborales actuales, en su gran mayoría, son trasladados por decisión propia y hasta pagan por el viaje. Eso hace que los traficantes modernos se esmeren menos en el cuidado de la mercancía: la mortandad nunca fue tan alta en aquellos buques infames como lo es hoy en los vagones ferroviarios y las expediciones a través del desierto en la frontera méxico-estadunidense o en los camiones que hacen el trayecto del continente a las islas británicas con la coartada del comercio de tomate.

Acaso sea otra coincidencia lamentable que la fuerza de trabajo, es decir, el único producto que poseen los que no poseen nada, se encuentre en la magra lista de sustancias prohibidas por los acuerdos del intercambio universal, junto con las drogas, las armas y las especies en extinción. Pero uno no puede dejar de pensar que este mundo, el menos peor de los posibles, según afirman sus gerentes generales, ha sido regulado para beneficio de los dueños de todo lo demás. En lo inmediato, en una morgue improvisada de Dover, hay 58 cadáveres que parecen asiáticos, que en vida no tenían más propiedades que sus propios cuerpos, que ahora se quedaron hasta sin eso y que no podrán recibir los beneficios de la globalización.

Bush, el exterminador

Durante el tiempo en que el candidato presidencial republicano George W. Bush ha fungido como gobernador de Texas, 131 condenados a muerte en ese estado dejaron este mundo mediante inyecciones intravenosas administradas por verdugos impecables y eficientes. Al parecer, el sistema de impartición de justicia estatal no es tan eficaz, porque en 40 de esos casos los abogados defensores no presentaron testigos; en 29 se recurrió a testimonios incriminatorios de James Grigson, un siquiatra local apodado “doctor Muerte”, quien en 1995 fue expulsado de la Asociación Siquiátrica de Estados Unidos (ASA) por elaborar diagnósticos poco confiables y carentes de ética; en 43, la defensa de los condenados corrió a cargo de abogados sancionados por prácticas ilegales; en tres juicios que culminaron con sentencias de muerte trabajó como abogado defensor el ya fallecido Joe F. Cannon, célebre por su costumbre de dormir en el curso de las audiencias; en otros, se incluyó el dictamen del médico forense Ralph Erdmann, a quien se le retiró la licencia profesional por inventar o falsificar resultados de autopsias, y en alguno la fiscalía recurrió al perito Charles Linch, a quien sacó temporalmente de la institución siquiátrica en la que se encontraba recluido para que realizara un examen visual de pruebas.

Los datos anteriores forman parte de una exhaustiva investigación elaborada por el Chicago Tribune y publicada el domingo en ese diario. Ciertamente, el gobernador y candidato presidencial Bush no condenó a los reos ni les administró personalmente la inyección letal, pero del reporte mencionado se deduce que ha sido una pieza fundamental para el funcionamiento de la fábrica de cadáveres que es la justicia penal texana, la cual, desde 1976, ha ordenado la muerte de 218 personas, un tercio de todos los ejecutados en EU desde entonces.

En 1995, recién llegado a la gubernatura, Bush firmó una orden para acelerar las ejecuciones. Posteriormente, se opuso a una propuesta legislativa para prohibir la ejecución de retrasados mentales, y adujo que tal iniciativa debía corresponder a los jurados. El gobernador vetó también una iniciativa orientada a mejorar la defensa legal de los indigentes. Asimismo, se opuso a un esfuerzo legislativo que buscaba obligar a la Junta de Perdón (Board of Pardons and Paroles, cuyos integrantes son nombrados por el Ejecutivo estatal) a deliberar y tomar sus decisiones en encuentros físicos, toda vez que los integrantes de esa entidad (que sólo ha concedido el perdón a siete sentenciados a la pena capital desde que Bush es gobernador) votan por fax y sin argumentar su posición. El aspirante presidencial republicano, por su parte, sólo en una ocasión ha ejercido su potestad de conmutar la pena capital de un condenado por prisión perpetua.

Un aspecto particularmente inquietante de las ejecuciones de prisioneros en Texas es que, hasta 1991, las pruebas de daño cerebral o retraso mental en los acusados no eran atenuantes, sino agravantes de facto, toda vez que los fiscales empleaban tales datos para argumentar la peligrosidad futura de los reos. La Suprema Corte de Justicia ordenó a Texas que modificara, en este punto, sus normas para emitir sentencias, respecto, pero 115 de los 131 ejecutados en tiempos de Bush recibieron su condena antes de que la nueva ley entrara en vigor.

Terry Washington fue enviado a la cámara de la muerte en 1997. Sus defensores --de oficio-- nunca presentaron ante la corte que lo sentenció a muerte las pruebas de que el acusado había nacido con lesiones cerebrales, era incapaz de contar y de saber qué hora era, y tenía una capacidad mental equivalente a la de un niño de siete años.

George W. Bush se negó a ser entrevistado por el Chicago Tribune en torno a estas cuestiones. Pero su director de justicia penal, Johnny Sutton, dijo a ese diario que la procuración de justicia penal en Texas “no es perfecta, pero sí es una de las mejores del entorno”.

Para ese sistema judicial y para el propio Bush, resultó aceptable, en su momento, que José Luis Pena, abogado defensor de oficio de Davis Losada --ejecutado en 1997-- se dirigiera a la corte y, en el crítico momento previo al fallo, pronunciara el siguiente alegato final:

“Señoras y señores, ayer, cuando les hablaba a ustedes, se apagaron las luces. No sé. Tal vez fue un mensaje. Hoy llovió. Tal vez eso era un mensaje. Tal vez las gotas de lluvia son la cuestión clave, pero eso es lo que ustedes tienen que decidir hoy... El sistema. La justicia. No sé. Pero eso es lo que van a hacer ustedes.”