La justicia española

En 1986, cuando aún no cumplía 20 años, el londinense Tony Bromwich fue condenado a 10 de reclusión por su afición a asfixiar mujeres con un cable eléctrico y agredirlas sexualmente una vez que alcanzaban la inconsciencia. Ninguna de las cinco víctimas de Bromwich perdió la vida, pero eso no significa que el muchacho no fuera peligroso. El juez Thomas Pigot, que se ocupó de su caso, lo describió como un personaje parecido a la dupla Jekyll-Hyde; fuentes policiales dijeron que Bromwich tenía “fijación por las escolares” y alardeaba con sus amigos de haber mantenido relaciones sexuales con una niña de 12 años. El hecho es que el doctor Jekyll paseaba con su novia los martes, jueves y viernes, en tanto que el señor Hyde atacaba a sus víctimas los lunes y miércoles, y Bromwich descansaba el resto de la semana. Los siete días de la semana, eso sí, llevaba en el coche una colección de armas punzocortantes, desde cuchillos y machetes hasta un sable de samurai. El joven delincuente fue liberado antes de terminar su condena, en 1991, pero volvió a delinquir y fue llevado otra vez a prisión por robo a mano armada. En 1996 salió libre de nuevo y el año siguiente se fue a vivir al sur de España con el nombre falso de Tony Alexander King. Allí conoció a una joven llamada Celia, quien a los pocos meses ya estaba embarazada de Tony. A la niña que nació le pusieron Sabrina. Pero en 1999 Celia presentó una denuncia de malos tratos contra su cónyuge y al poco tiempo se separó de él.

En octubre de ese mismo año, en la localidad malagueña de Mijas, fue secuestrada, torturada y asesinada Rocío Wanninkhof, muchacha de 19 años. Por esos días la madre de la víctima, Alicia Hornos, acababa de terminar entre turbulencias una relación sentimental con la empresaria hotelera Dolores Vázquez, a la que acusó del homicidio de su hija. Sin más pruebas, Vázquez se convirtió en la sospechosa principal del asesinato de Rocío. Casi dos años más tarde, el 19 de septiembre de 2001, un jurado popular declaró culpable a Dolores, a quien se impuso una condena de 15 años de prisión. La sentenciada pasó 17 meses en la cárcel, pero salió libre una vez que, a petición de la defensa, el juicio fue anulado ante la evidencia de que los miembros del jurado, el juez de instrucción, el fiscal profesional y el magistrado presidente del tribunal habían cometido demasiados errores procesales.

En agosto pasado, en Coín, Málaga, desapareció la joven Sonia Carabantes, de 17 años, cuando regresaba a su casa procedente de una feria. Días más tarde fue descubierto su cadáver, muy descompuesto por el intenso calor estival, pero con huellas inequívocas de estrangulamiento y una fractura en la mandíbula. En esa ocasión, la hasta entonces babeante policía española, presionada por la opinión pública, no tuvo más remedio que ser eficaz. Descubrió rastros de ADN que vinculaban el crimen de Sonia con el de Rocío, cometido cuatro años antes, y encontró que el propietario del genoma era el británico Tony Bromwich, alias Tony Alexander King, quien hasta la semana antepasada seguía tan tranquilo vendiendo bienes raíces y cervezas en varios pueblos de la costa malagueña. Cuando fue detenido, Tony no tuvo empacho en confesar la autoría de ambos crímenes y, de paso, la de varias agresiones sexuales perpetradas en Málaga en los últimos seis años.

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El 24 de junio de 1981, en Tolosa, un comando asesino de la ETA ametralló a tres inocentes vendedores de libros de la localidad, a los que confundió con guardias civiles. Dos años más tarde, dos ciudadanos vascos fueron arrestados por la policía. Luego de una semana de permanecer incomunicados y sujetos a torturas, uno de ellos acusó a Lorenzo Llona de formar parte del comando. Posteriormente, presentados ante el juez, ambos detenidos denunciaron los tormentos a que habían sido sometidos y negaron conocer a Llona. El 24 de junio de 1981, por cierto, el imputado no estaba en Tolosa, sino en la avenida Juárez del Distrito Federal --donde en ese tiempo se encontraba la Dirección General de Migración de la Secretaría de Gobernación--, firmando de recibido una orden de pago para cubrir los 2 mil 400 pesos de derechos por el trámite de la FM3. Dos días más tarde estampó su firma y su huella digital en la forma migratoria correspondiente. Pero cuando pidió formalmente a México la extradición de Llona para juzgarlo por el crimen de Tolosa, la fiscalía española se negó a adjuntar una copia de la declaración exculpatoria posterior del hombre que, bajo tortura, había acusado originalmente a Llona. Este pasó varios meses en la cárcel antes de que la Secretaría de Relaciones Exteriores deshiciera, en definitiva, el entuerto.

Una moraleja posible es que la justicia española se comporta, al igual que Tony Bromwich (o Tony Alexander King), a la manera del doctor Jekyll y el señor Hyde: a veces tiene actuaciones deslumbrantes, como cuando pidió a Londres la extradición de Pinochet, o cuando obtuvo de México la de Ricardo Miguel Cavallo. Pero en otras ocasiones el sistema judicial del Estado español es una mierda.

Fermín y Tasser

A lo que puede verse, las autoridades del Estado español han decidido que algunas palabras son peligrosas y que quienes las pronuncien deben ser silenciados. No se contentan con volver a los usos de Francisco Franco: reivindican más bien los de Pedro de Arbués y Tomás de Torquemada. Pretenden impedir que el músico vasco Fermín Muguruza cante en público y sueñan con verlo entre las rejas, acusado de colaborar con banda armada. Hace unos días detuvieron al periodista Taysser Alouni, de origen sirio y nacionalidad española, y el inefable Baltasar Garzón lo acusó de pertenecer a Al Qaeda. Mientras combate la libertad de expresión con la mano derecha, el gobierno que preside José María Aznar subsidia, con la mano ultraderecha, a la Fundación Francisco Franco, organización de porquería consagrada a exaltar la memoria del Asesinísimo (El País, 26 de agosto de 2003).

Algunos optimistas suponen que esta creciente pesadilla de ver desembocar la transición democrática española en algo que cada vez se parece más al fascismo terminará en cuanto Aznar y su partido pierdan las elecciones. Ojalá. Otros piensan que la institucionalidad peninsular moderna está viciada de origen por la impunidad otorgada a los genocidas que controlaron el país hasta la muerte de Franco y que dejaron, incrustados en la nueva formalidad democrática, a sus nietos y sobrinos ideológicos, como el propio Aznar.

Es sintomático: Garzón se luce gestionando castigos para los genocidas sudamericanos de los años 70, pero no se le ocurre investigar a los partícipes aún vivos de las torturas a que fueron sometidos los reos de los procesos de Burgos, o a los culpables de la oleada represiva de mayo de 1973 en España, o a los cómplices de los cinco asesinatos de Estado de septiembre de 1975, ya en plena agonía del caudillo. Si a Garzón y al resto del sistema judicial de España se les han olvidado tales casos, ya puede parecer natural que omitan, también, indagar a los responsables de “la persistencia de casos de tortura y malos tratos por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado”, de acuerdo con un informe de Amnistía Internacional de marzo de este año, o a los culpables de los “malos tratos y detenciones ilegales con un componente racista por parte de algunos miembros de las fuerzas de seguridad” referidos en el mismo documento.

Tal vez los optimistas piensen que los desfiguros del Estado español en materia de derechos humanos no pueden ir demasiado lejos porque la democracia se corrige a sí misma de manera periódica y porque España está inmersa en la Unión Europea, conglomerado de países comprometidos con la legalidad y el humanismo. Pero aliviados estamos si la elección de Aznar fue la corrección a la guerra sucia y los escuadrones de la muerte organizados por el gobierno que le antecedió. Y en cuanto a la Unión Europea, el problema no es que esté presidida por un mafioso italiano al que le interesan más los negocios propios que los derechos humanos, sino que entre los gobiernos del viejo continente existe un entramado de complicidades y silencios en el cual se diluye ya no se diga la marcha de España al autoritarismo, sino cosas más groseras e inocultables, como la participación del actual gobierno inglés en la masacre en curso de iraquíes.

En la medida en que persiguen a los que cantan, como Fermín Muguruza, y a los que hacen periodismo, como Taysser Alouni, los gobernantes españoles refuerzan los argumentos internos de quienes se expresan poniendo bombas. O Aznar, Garzón y compañía son tan estúpidos que no conocen esa lógica, o son tan perversos que actúan con pleno conocimiento de ella. Ante esa disyuntiva descorazonadora no queda más remedio que repetir, imprimir, reproducir, pronunciar y dibujar los nombres de Fermín y de Taysser a manera de abrazo solidario para con ellos, para con la inteligencia perseguida y para con la libertad.

Optimismo

Hay motivos para el optimismo. El remedo contemporáneo del espíritu renacentista consiste en intercambiar los espectáculos en la pantalla del hogar, que lo mismo avienta escenas porno que Discovery Channel, que aspectos en primer plano de la matanza material y moral de los iraquíes por parte de gobiernos que ahora parecen un tanto despistados. “El mundo está mejor y más seguro sin Saddam”, escribe la embajadora británica en México, Denise Holt, mientras los bombazos en Irak confirman la persistencia de la guerra y cuando los terroristas islámicos pescan, en las renovadas aguas del rencor y el odio contra Occidente, nuevos voluntarios para el martirio asesino. Los ciudadanos de Estados Unidos y de Europa pueden creerse los embustes de sus gobiernos, estar tranquilos y seguir observando en sus televisores el espectáculo de “un mundo mejor” mientras devoran cápsulas de viagra como si fueran palomitas de maíz, pasadas por el gaznate con ayuda de bebidas energetizantes, y mientras intercambian imágenes digitales y codifican sus vidas en la pantalla mágica del asistente digital personal (PDA, por sus siglas en inglés). No hay que ser integrista, y ni siquiera musulmán, para percibir el olor a decadencia en los discursos de los gobiernos invasores. Lástima que el perfume de la diplomacia occidental no alcance a respirarse en los centros de detención que los ocupantes estadunidenses y británicos mantienen en el país invadido, y en los que ocurren episodios como éste:

“Khreisan Khalis Aballey, de 39 años, y su padre, de 80, fueron detenidos en su domicilio (por las fuerzas de la coalición). A Khreisan le colocaron una capucha y esposas y lo obligaron a permanecer casi ocho días de pie o de rodillas de cara a una pared mientras lo sometían a interrogatorio. Lo privaron del sueño colocando una luz muy intensa junto a su cabeza mientras se escuchaba una música distorsionada. Sus rodillas sangraban, de modo que trató de mantenerse de pie la mayor parte del tiempo y, hacia el final, según dijo, una de sus piernas tenía una hinchazón del tamaño de una pelota de futbol. Su padre estaba encerrado en una celda contigua y podía escuchar sus gritos.” Ese testimonio fue recabado y difundido por Amnistía Internacional en su comunicado del 23 de julio de 2003, en el que se documenta, además, algunos de los loables esfuerzos de los ocupantes para mejorar la vida de los iraquíes: torturas, malos tratos, asesinatos de niños de 12 años y robos --sí, robos, como los que sufren los usuarios de microbuses en la ciudad de México--: “Unos oficiales estadunidenses aceptaron que había pruebas de que otros oficiales habían cometido un delito al llevarse más de 3 millones de dinares (unos 2 mil dólares estadunidenses) de la casa de una familia. Los oficiales dijeron que proporcionar resarcimiento a esta familia resultaría difícil y llevaría bastante tiempo, ya que no tenían manera de averiguar dónde estaba estacionada la división cuyos miembros habían sido acusados de este delito”. Sin embargo, apunta el documento, “en el marco de las reformas del sistema judicial implantadas por las potencias ocupantes, los tribunales iraquíes ya no poseen jurisdicción civil o penal sobre ningún miembro del personal de la coalición”.

Ante esos incómodos señalamientos de Amnistía Internacional, los cruzados contra el terrorismo pueden contar con dos defensores inesperados que justifican, con argumentos impecables, la guerra sucia: no hay por qué aplicar “las leyes internacionales a los guerrilleros de Chechenia y Al Qaeda”. Estos últimos “fueron llevados a Guantánamo y sacados de los tribunales de Estados Unidos”. Por las dudas, dice, “no estoy haciendo ninguna crítica”, porque “no se puede hablar de leyes de la guerra contra un enemigo que no respeta ninguna ley”. Son las declaraciones del general argentino Ramón Genaro Díaz Bessone, quien defendió de esa manera el secuestro, la tortura y el asesinato de miles de opositores por la pasada dictadura militar. En una parte de la entrevista con Canal Plus, Díaz Bessone citó, en defensa de su posición, las bombas atómicas lanzadas por Estados Unidos en Japón y los recientes bombardeos a Irak, en los que murieron civiles no beligerantes. En el mismo documental, el general Benito Bignone formuló una defensa de la guerra preventiva aplicada por George Bush y Tony Blair contra Irak: “Si usted quiere que no le pongan una bomba en su casa, por más guardia que tenga igual se la van a poner. La única forma de evitarlo es matar al tipo que le va a poner la bomba antes de que la ponga”. Lástima que los ingleses derrotaron en las Malvinas a esos genios. Más bien habrían debido contratarlos como asesores para sus ministerios de Defensa y de Propaganda. Es posible incluso que hoy, en vez de debatirse entre extradiciones y procesos, esos teóricos memorables aparecieran en la BBC para defender la inmaculada inocencia de Blair.