La justicia española

En 1986, cuando aún no cumplía 20 años, el londinense Tony Bromwich fue condenado a 10 de reclusión por su afición a asfixiar mujeres con un cable eléctrico y agredirlas sexualmente una vez que alcanzaban la inconsciencia. Ninguna de las cinco víctimas de Bromwich perdió la vida, pero eso no significa que el muchacho no fuera peligroso. El juez Thomas Pigot, que se ocupó de su caso, lo describió como un personaje parecido a la dupla Jekyll-Hyde; fuentes policiales dijeron que Bromwich tenía “fijación por las escolares” y alardeaba con sus amigos de haber mantenido relaciones sexuales con una niña de 12 años. El hecho es que el doctor Jekyll paseaba con su novia los martes, jueves y viernes, en tanto que el señor Hyde atacaba a sus víctimas los lunes y miércoles, y Bromwich descansaba el resto de la semana. Los siete días de la semana, eso sí, llevaba en el coche una colección de armas punzocortantes, desde cuchillos y machetes hasta un sable de samurai. El joven delincuente fue liberado antes de terminar su condena, en 1991, pero volvió a delinquir y fue llevado otra vez a prisión por robo a mano armada. En 1996 salió libre de nuevo y el año siguiente se fue a vivir al sur de España con el nombre falso de Tony Alexander King. Allí conoció a una joven llamada Celia, quien a los pocos meses ya estaba embarazada de Tony. A la niña que nació le pusieron Sabrina. Pero en 1999 Celia presentó una denuncia de malos tratos contra su cónyuge y al poco tiempo se separó de él.

En octubre de ese mismo año, en la localidad malagueña de Mijas, fue secuestrada, torturada y asesinada Rocío Wanninkhof, muchacha de 19 años. Por esos días la madre de la víctima, Alicia Hornos, acababa de terminar entre turbulencias una relación sentimental con la empresaria hotelera Dolores Vázquez, a la que acusó del homicidio de su hija. Sin más pruebas, Vázquez se convirtió en la sospechosa principal del asesinato de Rocío. Casi dos años más tarde, el 19 de septiembre de 2001, un jurado popular declaró culpable a Dolores, a quien se impuso una condena de 15 años de prisión. La sentenciada pasó 17 meses en la cárcel, pero salió libre una vez que, a petición de la defensa, el juicio fue anulado ante la evidencia de que los miembros del jurado, el juez de instrucción, el fiscal profesional y el magistrado presidente del tribunal habían cometido demasiados errores procesales.

En agosto pasado, en Coín, Málaga, desapareció la joven Sonia Carabantes, de 17 años, cuando regresaba a su casa procedente de una feria. Días más tarde fue descubierto su cadáver, muy descompuesto por el intenso calor estival, pero con huellas inequívocas de estrangulamiento y una fractura en la mandíbula. En esa ocasión, la hasta entonces babeante policía española, presionada por la opinión pública, no tuvo más remedio que ser eficaz. Descubrió rastros de ADN que vinculaban el crimen de Sonia con el de Rocío, cometido cuatro años antes, y encontró que el propietario del genoma era el británico Tony Bromwich, alias Tony Alexander King, quien hasta la semana antepasada seguía tan tranquilo vendiendo bienes raíces y cervezas en varios pueblos de la costa malagueña. Cuando fue detenido, Tony no tuvo empacho en confesar la autoría de ambos crímenes y, de paso, la de varias agresiones sexuales perpetradas en Málaga en los últimos seis años.

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El 24 de junio de 1981, en Tolosa, un comando asesino de la ETA ametralló a tres inocentes vendedores de libros de la localidad, a los que confundió con guardias civiles. Dos años más tarde, dos ciudadanos vascos fueron arrestados por la policía. Luego de una semana de permanecer incomunicados y sujetos a torturas, uno de ellos acusó a Lorenzo Llona de formar parte del comando. Posteriormente, presentados ante el juez, ambos detenidos denunciaron los tormentos a que habían sido sometidos y negaron conocer a Llona. El 24 de junio de 1981, por cierto, el imputado no estaba en Tolosa, sino en la avenida Juárez del Distrito Federal --donde en ese tiempo se encontraba la Dirección General de Migración de la Secretaría de Gobernación--, firmando de recibido una orden de pago para cubrir los 2 mil 400 pesos de derechos por el trámite de la FM3. Dos días más tarde estampó su firma y su huella digital en la forma migratoria correspondiente. Pero cuando pidió formalmente a México la extradición de Llona para juzgarlo por el crimen de Tolosa, la fiscalía española se negó a adjuntar una copia de la declaración exculpatoria posterior del hombre que, bajo tortura, había acusado originalmente a Llona. Este pasó varios meses en la cárcel antes de que la Secretaría de Relaciones Exteriores deshiciera, en definitiva, el entuerto.

Una moraleja posible es que la justicia española se comporta, al igual que Tony Bromwich (o Tony Alexander King), a la manera del doctor Jekyll y el señor Hyde: a veces tiene actuaciones deslumbrantes, como cuando pidió a Londres la extradición de Pinochet, o cuando obtuvo de México la de Ricardo Miguel Cavallo. Pero en otras ocasiones el sistema judicial del Estado español es una mierda.