Paradojas de Chávez

Los mexicanos sabemos, por experiencia propia y muy dolorosa, que la no reelección, incluso elevada a principio constitucional, es insuficiente, por sí misma, para evitar la perpetuación de un régimen antidemocrático. Para aparentar lo contrario y no cambiar nada de fondo, ese régimen realiza ejercicios regulares de legitimación que, en caso necesario (1988, 2006), se convierten en verdaderas emboscadas a la voluntad popular. Eso no implica que la posibilidad de una reelección indefinida de los gobernantes no resulte, en los albores del siglo XXI, impresentable, y no sólo porque se asocie con gerontocracias que, sea cual sea su ideología, inhiben o reprimen el desarrollo político de las sociedades a las que gobiernan; ocurre, además, que la idea misma del caudillo eterno e imprescindible –se apellide Díaz, Franco, De Gaulle o Castro—, choca de frente con valores sociales hoy irrenunciables, como la mayoría de edad de los ciudadanos y el necesario protagonismo de la colectividad en la vida política.

La posibilidad de reelecciones ilimitadas fue uno de los puntos más socorridos para descalificar la propuesta de reforma constitucional presentada por el gobierno de Hugo Chávez y que los electores venezolanos rechazaron, por un margen mínimo, el domingo antepasado. La oposición se aferró al Artículo 230 de la iniciativa –que aumentaba en un año el periodo presidencial y dejaba abierta la posibilidad de reelecciones indefinidas— para dibujar en el escenario venezolano el espantajo ominoso de un buró político a la soviética o de una perpetuación en el poder a la cubana.

Ya se verá. Si la Revolución Bolivariana es un mero proyecto de la presidencia chavista, no persistirá sin la repetición de su protagonista en el cargo. Si, por el contrario, la jefatura de Estado está al servicio de un movimiento social coherente, la reelección indefinida será innecesaria.

Más allá de ese tema, la iniciativa parecía contradictoria en su aspecto político: por un lado otorgaba a la Presidencia poderes excesivos que, hasta ahora, Chávez no ha necesitado y que no necesitaría a menos que pretendiera ir a contrapelo de la voluntad popular, pero por el otro generalizaba los refrendos aprobatorios para todas las autoridades, leyes y decisiones gubernamentales de trascendencia. En la práctica, esta contradicción aparente apuntaba a reducir el peso de las mediaciones institucionales y de la clase política.

En lo social, las reformas constitucionales chavistas proyectaban un ideario plausible y resultaban mucho más moderadas de lo que pretendían tanto sus detractores como sus impulsores. En su vertiente económica, se parecían mucho más a las legislaciones europeas y a la versión de la Constitución mexicana que estuvo en vigor hasta antes del salinato que a las de los países que han vivido bajo el “socialismo real”; tenían, además, la virtud de negar algunos de los dogmas sagrados impuestos por el consenso de Washington, como la autonomía de los bancos centrales con respecto al Ejecutivo, que en la práctica se ha traducido en la alineación transnacional de esas entidades con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional y en la pérdida de la soberanía monetaria de las naciones.

Da la impresión de que chavistas y antichavistas se enredaron en sus propias estridencias y confusiones, y ahora la victoria de los primeros parece tan incierta como la derrota de los segundos. Y es que, en buena medida, el presidente venezolano debe sus fracasos a la virulencia poco sustancial de su discurso, que en esta ocasión impregnó la propuesta constitucional con adjetivos muy poco afortunados.

La victoria de la oposición fue pírrica no por el apretado margen de ventaja, sino porque constituyó una rotunda descalificación de las acusaciones urdidas contra Chávez: el hombre será lenguaraz y antes muerto que mesurado, pero ha dejado patente su afiliación demócrata y su respeto a la voluntad popular y con ello ha destruido el argumento principal de sus detractores. Ojalá que sea capaz de percibir el gran triunfo que entraña su derrota.