La fuerza

Por regla general, las soluciones de fuerza parten de la pobreza de espíritu de quienes las adoptan, de una visión superficial y simplista y, sobre todo, de un enorme candor. No es de extrañar que sus resultados sean, con frecuencia, contrarios a los esperados y que el empecinamiento en su aplicación termine por generar problemas mucho mayores que los que se pretendía solucionar. Dos ejemplos.

Ahí está el caso de Afganistán, donde la gran superpotencia militar del mundo pretendió liquidar a una organización de fanáticos que se había hecho con el control de ese país. En un principio pareció que la aventura funcionaba, o así nos lo hicieron creer los medios desinformativos. Los ocupantes organizaron unas elecciones y hasta se llegó a hablar de la “normalización democrática” que tenía lugar en territorio afgano. Pero siete años después de la invasión y ocupación gringa, posteriormente respaldada por una coalición internacional, los talibán, tan ignorantes y oscurantistas como siempre, han avanzado en presencia territorial y en liderazgo y “el Estado está otra vez en serio peligro de caer en sus manos”, según estimación del Consejo Internacional de Seguridad y Desarrollo (ICOS, por sus siglas en inglés; El País, 8/12/08).

En días pasados los rebeldes ofrecieron pruebas contundentes de su organización, de su capacidad ofensiva y de su funcionamiento internacional, al realizar, en el vecino Pakistán, impresionantes ataques consecutivos contra convoyes de la OTAN que transportaban pertrechos destinados a las fuerzas de ocupación en Afganistán. En la primera de esas acciones, llevada a cabo hace una semana, fueron destruidos una veintena de camiones repletos de pertrechos de guerra; el domingo, en Peshawar, unos 250 combatientes incendiaron un centenar de vehículos de transporte, y ayer, lunes, los talibán calcinaron medio centenar de contenedores y dos camiones en la terminal de carga de esa misma localidad. Esta capacidad de atacar las líneas de abastecimiento del enemigo ha de agregarse a lo sustancial: “el incremento del poder talibán significa que en estos momentos tienen una presencia permanente y hacen ingobernable un 72 por ciento del territorio de Afganistán y una presencia sustancial en otro 21 por ciento”, señala ICOS.

Si esos datos son ciertos, Barack Obama tendrá que ir pensando en modificar su idea de concentrar el esfuerzo bélico de Estados Unidos en Afganistán –a cambio, según ha dicho, de abandonar la aventura militar en Irak– y de emprender algo distinto a una solución de fuerza; por ejemplo, una negociación en la que se ofrezca la salida de las tropas extranjeras a cambio de que los talibán se comprometan a no respaldar acciones terroristas y a suprimir los rasgos más odiosos de su prédica, como la opresión contra las mujeres y la intolerancia cultural y religiosa.

Aunque con profundas diferencias, esta historia se parece al desbarajuste causado por el calderonato con su cacareada campaña contra la delincuencia organizada. Con una frivolidad imperdonable, el gobierno en funciones tergiversó el orden de las prioridades nacionales, optó por la fuerza en detrimento de la inteligencia y apostó a la espectacularidad televisable antes que a la eficacia. Como resultado, la población mexicana sufre, hoy en día, a dos años de iniciada la opereta calderonista “contra el narcotráfico”, una inseguridad pavorosa, el país está sumido en un baño de sangre y las cúpulas de las instituciones de procuración de justicia y de seguridad pública muestran una pudrición sin precedentes.

La moraleja no es necesariamente la misma que la de Afganistán, pero implica un principio semejante: para empezar a enmendar el desastre, es indispensable reconocer que la criminalidad organizada se encuentra en la realidad y no en una historieta, que sus causas profundas son socioeconómicas y no metafísicas y que sus relaciones con el Estado y con la economía son mucho más complejas de lo que se dice en el discurso. Por lo pronto, el fracaso y la corrupción de las autoridades encargadas de combatir a la delincuencia han generado ya una crisis adicional a la de la seguridad pública: una crisis de confianza que se profundizará en la medida en que los gobernantes se empeñen en salir del atolladero con el único recurso que conocen, que es el de la fuerza.