Déjenlas en paz

Jacinta Francisco Marcial, en la cárcel

Si se miran las cosas con una actitud optimista y positiva, habría que concluir que el país se encuentra estancado porque sus funcionarios públicos —policías, ministerios públicos, jueces, procuradores, embajadores en Washington, presidentes de la República— son tan, pero tan tontos, que se tragan la historia de agentes judiciales secuestrados por mujeres indígenas desarmadas: érase una vez, en el pueblo queretano de Santiago Mexquititlán, un tianguis al que asistían tres malvadas vendedoras de aguas frescas; cuando vieron llegar al sitio a seis heroicos pero ingenuos integrantes de la Agencia Federal de Investigaciones, concibieron la idea de privar de la libertad a uno de ellos para exigir rescate, pusieron manos a la obra y en menos de un día habían logrado su avieso propósito; un mes más tarde, las crueles comerciantes fueron capturadas con pleno respeto a sus derechos y a sus garantías individuales, confesaron su delito y un juez honorabilísimo y perspicaz condenó a una de ellas a 21 años de cárcel, como castigo ejemplar que sirviera de escarmiento a todas las vendedoras de aguas frescas del país. De ser así las cosas, algún día, y siempre y cuando se observen los principios de disciplina fiscal, libre mercado y mano firme, lograremos elevar el coeficiente intelectual promedio de nuestros gobernantes, éstos caerán en la cuenta de su error y pedirán perdón con honesto arrepentimiento.

Por desgracia, hay razones para el pesimismo, es decir, para suponer que la complacencia de las autoridades ante los numerosos atropellos sufridos por Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara y Teresa González no es producto de la estupidez crédula, sino parte de un patrón general de violaciones a los derechos humanos, de un designio para amedrentar de antemano a una población potencialmente levantisca y de un pacto de impunidad para beneficio de las verdaderas y auténticas bases sociales del calderonato: los contingentes militares y las corporaciones policiales.

Vicente Fox terminó su sexenio en medio de síntomas agudos de ingobernabilidad y en esa circunstancia no se le ocurrió nada mejor que estrenar con anticipación la “mano firme” de la promesa calderoniana. En Lázaro Cárdenas, en Texcoco-Atenco y en Oaxaca, el gobierno foxista, aliado con los poderes priístas o perredistas locales, reprimió, torturó, violó, secuestró y criminalizó las luchas sociales; en paralelo, convirtió a la Procuraduría General de la República, sucesivamente administrada por Rafael Macedo de la Concha y por Daniel Cabeza de Vaca, en un instrumento para golpear a adversarios políticos y en una fábrica de culpables, cuyas indagatorias atropellantes y abusivas hubieron de terminar, en muchas ocasiones, disueltas en la torpeza exasperante de un “usted disculpe”, o peor, ni siquiera en eso.

Calderón llegó al cargo sin el capital político ni la legitimidad que tuvo Fox —éste sí ganó las elecciones— y ha sido mucho más patente, y patética, su dependencia de los aparatos de fuerza coercitiva del Estado, hasta el punto en que pretendió convertir los operativos policiaco-militares en herramientas de propaganda electoral para hacer frente a unos comicios de medio término que mucho tuvieron de referendo sobre su gestión. Crecientemente alejada del empresariado mafioso que lo impuso en el cargo, la presidencia calderonista exhibe una debilidad política que da grima y difícilmente podría subsistir sin tanquetas, regimientos, puestos de mando, centros de arraigo, patrullas y demás emblemas de la fuerza bruta.

Miente Arturo Sarukhán: la violación a los derechos humanos no es cuestión de casos aislados sino una constante porque, en su circunstancia, el grupo gobernante no puede darse el lujo —aunque quisiera— de castigar los excesos y atropellos de guardaespaldas, protectores, carceleros, informantes, comandantes, sargentos y demás ángeles de la guarda, su dulce compañía: el calderonato hará lo posible por no sancionar de manera alguna las violaciones a los derechos humanos cometidas por policías y militares y por no corregir aberraciones de la justicia como las acusaciones inverosímiles, los abusos manifiestos y las sentencias injustas contra Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara y Teresa González. Pero si no hay margen para esperar de este régimen respeto la legalidad, cabe al menos exigirle que no ofenda a la inteligencia de los mexicanos y que no pretenda hacernos creer el cuento del secuestro de un pobre policía judicial por unas malévolas vendedoras de aguas frescas. Tengan un poquito de vergüenza, retiren las acusaciones contra ellas y ya déjenlas en paz.

Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara y
Teresa González, presentadas como delincuentes