El volumen de dinero que las actividades ilícitas inyectan en las economías formales es uno de esos temas de obligada imprecisión y en el que los enterados no logran ponerse de acuerdo. No lo lograrán nunca, por la simple razón de que no hay forma de medir en forma exacta un fenómeno que escapa, por su propia naturaleza, a los mecanismos estadísticos gubernamentales, los cuales no pueden medir negocios no declarados. Por ello, el tamaño de esos recursos y el de las consiguientes operaciones de lavado que requieren para ser aprovechados en gran escala por sus poseedores, forman parte de las “cifras negras”, al igual que la cantidad de delitos que no se denuncian.
Pero el lavado de dinero no es tan inescrutable como el número de ángeles que caben en la punta de un alfiler; hay maneras de calcular, si no sus cifras precisas, sí sus magnitudes. Por ejemplo, a mediados del año pasado, el entonces secretario de Economía, Ernesto Cordero, afirmó que anualmente los bancos que operan en el país reciben 10 mil millones de dólares de procedencia “oscura o desconocida”, cantidad que, dijo, “va más allá de la que se pudiera explicar por las actividades y la dinámica de la economía en México”. El director de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores contrapunteó: la suma era consistente con la estimación estadunidense de que cada año entran a México entre 19 mil y 29 mil millones de dólares (mmd) en efectivo procedentes del norte, aunque “no sabemos exactamente cómo se hicieron” los cálculos. Tres años antes, Yuri Serbolov había estimado en 42 mmd anuales la suma “blanqueada” anualmente en la economía mexicana. Stratfor calculó que cada año las empresas dedicadas al trasiego de dólares invierten 42 mmd en sobornar a funcionarios. A mediados de la década pasada, el Observatorio Europeo de las Drogas y la Toxicomanía (OEDT) estimaba en 60 mmd el lavado de utilidades procedentes del narcotráfico en México. De modo que, sin dar por bueno uno de esos montos, podemos asumir que el comercio de drogas ilegales aporta a la economía nacional decenas de miles de millones de dólares; entre 10 y 60, algo equiparable a las remesas (unos 20 mmd) y a las exportaciones de petróleo (entre 14 y 24 mmd).
Sería un gran negocio, si se considera que de no ser porque la inseguridad y la violencia –que tienen su componente principal y articulador en la “guerra contra la delincuencia organizada”, centrada, a su vez, en el narco– le cuestan al país 130 mil millones de dólares, según estimación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Una consideración ineludible es que, mientras que las utilidades del narcotráfico, del lavado y de la guerra (por ejemplo, las inversiones corporativas y gubernamentales en inteligencia, armamento, sistemas de vigilancia y comunicaciones, por ejemplo) son altamente centralizadas, y su mayor parte se queda en manos de capos, funcionarios corruptos y empresas proveedoras de bienes y servicios, los costos de la violencia se reparten con amplitud entre extensos sectores de la población. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) calculaba en agosto de 2008 que 500 mil personas estaban vinculadas, en el país, al narcotráfico, y desagregaba esa cifra de esta manera: 300 mil sembradores, 160 mil narcomenudistas, transportistas, distribuidores e informantes, y 40 mil líderes de diversas jerarquías.
Dicho sea de paso, por los mismos días que se anunciaba el “descubrimiento” de Cordero, éste y los organismos cúpula de los banqueros fabricaron una graciosa historia acerca de un “lavado hormiga”: se trataba de “un rudimentario pero eficaz operativo de lavado de más de 20 mmd sin que ni los bancos ni las autoridades del gobierno federal se percataran” que, según esto, funcionaba por medio de “una serie de operaciones hormiga en los bancos de Jalisco, Sinaloa, Michoacán y en la zona fronteriza. La gente vendía dólares en pequeñas cantidades en varias sucursales bancarias, así no tenían que identificarse, no generaban reportes y podían cambiar muchos dólares en un día”. Dice la calculadora que la explicación es poco verosímil porque la suma anual de 20 mmd dividida entre 365 da 54 millones de dólares diarios, y si eso se subdivide en cantidades de, digamos, 500 dólares, hay que realizar casi 11 mil operaciones diarias.
De cualquier forma, las cifras mexicanas, en éste como en otros tópicos, son de juguete comparadas con las correspondientes a Estados Unidos: allí las decenas de mmd que el narco inyecta en México se convierten en centenas de mmd. A octubre de 2011, la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (UNOCD, por sus siglas en inglés) estima en 1,6 billones de dólares (es decir, mil mmd) el monto total de “dinero negro” –procedente de actividades ilícitas– que se blanquea anualmente en el mundo. De esa suma, es posible que un tercio corresponda a lo que deja el narcotráfico en el sistema financiero estadunidense. 500 mmd, dijo el OEDT. Según un reporte al Congreso de Estados Unidos (Wyler, LS: Internacional Drug Control Policy), las utilidades globales del narco son de un billón de dólares anuales.
La magnitud de centenares de mmd nos coloca en el terreno del presupuesto de defensa del país vecino (700 mmd) y en proporciones del 2, 4 o 6 por ciento del PNB de la superpotencia. Con estos datos, y aunque no nos sea dable contar el número de ángeles que caben en la cabeza de un alfiler, pero sí podemos estar razonablemente seguros de que el narcotráfico es una parte imprescindible de las finanzas mundiales.
En la medida en que el negocio del narco no consiste en vender drogas, sino en agregarles valor eludiendo la prohibición de ellas, una iniciativa nacional orientada a su despenalización desembocaría en la ruina de algo que es, más que un negocio lucrativo, un sector completo de la economía planetaria. En la medida en que los estupefacientes perdieran el 99 por ciento o más de su valor agregado actual, los volúmenes de lavado de dinero se reducirían en esa misma proporción y se crearía, con ello, un boquete monumental en el sistema financiero. Incluso si la pérdida afectara sólo un tramo sustancial del negocio (el que representa el territorio mexicano, por ejemplo), la contracción de las ganancias sería monumental. Es de dudar, pues, que, moralinas y autoritarismos aparte, los gobiernos de México y de Estados Unidos estuvieran dispuestos a dar un mazazo de ese calibre sobre la mesa de las cuentas, especialmente en tiempos de recesión intermitente.
¿Vale la pena jugarse una nueva crisis económica para terminar de raíz con el problema del narcotráfico? La respuesta a esa pregunta variará en función de quien la responda: si se trata de uno de los beneficiarios del negocio en cualquiera de sus aspectos, probablemente dirá que no. Pero la mayor parte de la sociedad, que sólo sufre los perjuicios de la inseguridad, la militarización, el empoderamiento de los cárteles y la multiplicación de las adicciones, posiblemente responda que sí.
Sea como fuere, la despenalización de las drogas obligaría a la elaboración multilateral de una estrategia para salir del nuevo abismo económico. Esa estrategia tendría que ser tema del enlace telefónico entre Los Pinos y La Casa Blanca. Seguimos la semana entrante.
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