Los verdaderos narcogobiernos

El mafioso Francisco Santos, el ex presidente colombiano Álvaro Uribe y su sucesor,

Juan Manuel Santos, primo del primero

El negocio de la cocaína migra hacia Perú, Venezuela, Ecuador y Bolivia, en donde los líderes populistas son ambivalentes o abiertamente hostiles a la cooperación con Estados Unidos, dijo en su edición de ayer The Wall Street Journal (WSJ). El rotativo, que representa los intereses de las corporaciones financieras que lavan la mayor parte del dinero proveniente de las drogas ilícitas, mencionó cifras según las cuales tanto el cultivo de hoja de coca como la producción de cocaína se incrementó en tales naciones y disminuyó en Colombia, aseveró que tales tendencias son resultado del éxito de iniciativas del Plan Colombia y que la estrategia del gobierno mexicano contra los cárteles los ha llevado a mudarse a Centroamérica. El WSJ se refirió también a la expulsión de la DEA de Bolivia por el gobierno de Evo Morales y a su significativa reducción en Venezuela por parte del gobierno de Hugo Chávez. Como resultado, dice el periódico, ambos países se han ido transformando en puntos de conexión para el negocio de las drogas ilícitas, conforme los narcotraficantes “buscan entornos menos hostiles en medio de los cambios políticos de América Latina”.

Se trata, a lo que puede verse, de una nueva construcción ideológica que justifique una escalada económica, diplomática y, en última instancia, bélica, contra cuatro países soberanos de la región que, cada cual a su manera, se han comprometido en procesos de transformación social y económica soberanos y que, por eso mismo, han atraído la animadversión de Washington. Si en la presidencia de George Bush padre (1989-1992) se inventó el concepto de “narcoguerrilla” para dotar a la superpotencia de nuevos enemigos –el “imperio del Mal” se disolvía por entonces–, ahora parece buscarse un vínculo entre soberanía y drogas para echar a andar una nueva categoría, la de los narcogobiernos, para meter en un mismo saco a los que presiden Evo Morales, Hugo Chávez, Ollanta Humala y Rafael Correa. Poco importa que la caracterización guarde escasa o nula relación con la realidad.

Es cierto que La Paz suprimió la presencia de la DEA en su territorio y que Caracas la redujo en forma significativa. Dicho sea de paso, se trata, en ambos casos, de medidas correctas para combatir el negocio del narcotráfico, toda vez que nunca es claro en qué medida esa y otras dependencias estadunidenses, como ATF y la CIA, luchan por erradicarlo y en qué medida lo promueven. Lo más común es que hagan ambas cosas, como ocurre en México: mientras que ATF suministra armas a los cárteles, la DEA les facilita el lavado de dinero.

Fuera de ese dato real, lo publicado por el WSJ es un amasijo de cifras inciertas, medias verdades y mentiras descaradas: no hay forma para medir con precisión lo que el diario neoyorquino llama “el potencial para producir cocaína” de un país –a Perú le atribuye 325 toneladas, y 270 a Colombia–, ni hay una relación mecánica entre la cantidad de hoja de coca que se cultiva y la de cocaína que se produce, por lo que, en el caso de Bolivia, el incremento de la primera es irrelevante para calcular la segunda.

Ciertamente, la guerra declarada por Felipe Calderón para, supuestamente, combatir a la delincuencia organizada, ha dado por resultado –además de 50 mil muertos y otros saldos catastróficos no mencionados por el WSJ– la presencia de cárteles mexicanos en Centroamérica, pero, a juzgar por los datos disponibles, no se trata de una mudanza forzada, sino de una expansión empresarial derivada del fortalecimiento bélico, financiero y político experimentado por esos grupos en el curso del calderonato. Un dato ilustrativo, a este respecto, es que, a decir de Edgardo Buscaglia, los cárteles han tomado las instituciones locales hasta el punto de que el 71 por ciento de los municipios del país se encuentran ya bajo el control del narco.

Tampoco cuenta el WSJ los vínculos entre el principal ejecutor del Plan Colombia, el ex presidente Álvaro Uribe, con narcotraficantes –Pablo Escobar, en primer lugar– y paramilitares, vínculos que han sido decisivos en una “pacificación” nacional que tiene mucho de entrega del poder político a la delincuencia organizada.

Así pues, los regímenes mejor calificados para aspirar a la clasificación de narcogobiernos son, pues, los de México y Colombia, que constituyen los dos más estrechos aliados continentales de Washington en una “guerra contra las drogas” que, de manera cada vez más clara, se perfila como una guerra a favor del narcotráfico.