Una chava de 16 años, herida por una bala de goma el 1 de diciembre (http://www.radiozapote.org)
En los diez días transcurridos desde
el 1 de diciembre han aparecido muchos documentos sobre la violencia
de ese día en las calles de la capital y de otras ciudades del país
en el marco de la toma de posesión de Peña Nieto. Por ejemplo, el
video que muestra a individuos embozados y armados con cadenas y
palos que se mueven tranquilamente, entre los uniformados, atrás
de la primera línea del cerco de la Policía Federal al palacio de
San Lázaro; o el que vincula de manera inequívoca un disparo de
arma de fuego, efectuado tras las vallas instaladas por esa
corporación, con la grave lesión sufrida por el profesor Juan
Francisco Kuy Kendall; o las fotos de los federales provistos de
fusiles de asalto, divulgadas desde días antes de que el secretario
de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, jurara ante los medios
que en el operativo de ese día no se les permitió portar “cualquier
tipo de arma que pudiera dañar a cualquier ciudadano” (sic).
O los videos que exhiben la impunidad
con la que pequeños grupos de vándalos causaron destrozos por medio
centro histórico y agredieron tranquilamente a la policía
capitalina, documentos con los cuales los medios electrónicos
fabricaron una suerte de flagrancia virtual para justificar la
detención de cualquier persona; o las grabaciones de los arrestos de
personas que no habían cometido delito alguno y que muestran en
forma fehaciente lo que días más tarde confesó un policía anónimo
al columnista de este diario Julio Hernández López: que lo
perpetrado por las fuerzas del orden del Distrito Federal fue una
cacería de inocentes.
De 69 personas que fueron consignadas
por “alterar la paz pública”, 56 salieron libres por falta de
pruebas y a otros 14 ciudadanos se les inició causas penales por
delitos menores, aunque tampoco haya pruebas contra ellos y sí, en
algunos casos, documentos que prueban su palmaria inocencia.
Los elementos disponibles hasta ahora
indican, pues, que lo ocurrido el 1 de diciembre fue vandalismo de
Estado y que fueron las autoridades las que detonaron la violencia y
las que propiciaron la destrucción material, cifrada en casi mil
millones de pesos por el cálculo hiperbólico de un membrete de
comerciantes de esos siempre dispuestos a dar munición al discurso
oficial. En esa misma lógica, en su canto de cisne como gobernante
capitalino y como político progresista Marcelo Ebrard dijo no sé
qué contra la violencia. Mientras tanto, Peña y los miembros de su
camarilla pleistocena se frotaban las manos de gusto por haber matado
varios pájaros de un tiro, aunque el saldo incluyera también a
varios humanos lesionados de gravedad: habían logrado erigirse en
gobierno federal, habían desacreditado a #YoSoy132 y a otros
movimientos sociales como bárbaros y violentos y habían conseguido,
además, uncir al gobierno capitalino a las lógicas represivas que
han acompañado al PRI desde siempre.
En pocos días, sin embargo, la verdad
ha ido saliendo a la luz. Lo que hubo el 1 de diciembre fue un acto
de provocación montado desde las cúpulas del poder público
federal, el cual lanzó a grupos de choque a causar destrozos con el
fin de tener un pretexto para emprender una represión de gran calado
que terminara de una vez con la repulsión social que causa el ver a
Peña Nieto con una banda presidencial comprada. No lo lograron: sin
duda, mucha gente se asustó –y con razón– ante la brutalidad
policial exhibida; mucha más se creyó la prédica de los loros del
régimen –“la culpa es de AMLO y de #YoSoy132”–; hay heridos
de gravedad, cerca de un centenar de personas conocieron el horror de
una privación ilegal de la libertad a manos de las fuerzas
policiales y 14 de ellas siguen en la cárcel. Aunque en un primer
momento esos saldos parecieron acelerar el reflujo en que se
encuentran los movimientos antirrégimen en general, pero no los
desbandaron: por el contrario, les dieron la razón y confirmaron la
justeza de su causa.
En cambio, Peña, Manuel Mondragón y
Kalb y Miguel Ángel Osorio Chong están en un predicamento: son
ellos los jefes de quienes le abrieron la cabeza a Kuy Kendall y le
sacaron un ojo a Uriel Sandoval y aunque el procurador Jesús Murillo
Karam mire hacia otro lado, ha de exigirse el esclarecimiento pleno
de esos delitos es ineludible. Otro tanto ocurre con los atropellos
perpetrados por la policía capitalina: Ebrard le debe muchas
explicaciones a la sociedad que lo hizo jefe de gobierno y su
sucesor, Miguel Ángel Mancera, no podrá seguir escurriendo el bulto
ante la responsabilidad de su antecesor en el cargo.
Se equivocaron. 2012 no es 2006, el
Centro Histórico no es Atenco y el vandalismo de Estado es ya
inocultable, repugnante e inadmisible para la mayor parte de la
sociedad.
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