Vender las costas

 El robo de Texas por Estados Unidos empezó con una colonización de ese territorio que luego, tras un alzamiento, fue declarado independiente por los propios colonos, como paso previo a su conversión en estado 28. La historia se repitió en California y el filibustero William Walker trató de replicarla, años después, en Baja California y Sonora, territorios en los que llegó a proclamar una “República de Baja California”. Otro intento secesionista apoyado por Estados Unidos tuvo lugar en los actuales estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, en donde los opositores a Santa Anna intentaron fundaron una “República del Rïo Grande”. Por lo demás, a lo largo del siglo XIX y principios del XX el territorio nacional sufrió varias invasiones por vía marítima.

Con esos antecedentes no es de extrañar que el constituyente de 1917 plasmara la prohibición expresa de que extranjeros adquirieran tierras en propiedad en una franja de 100 kilómetros contada a partir de las fronteras terrestres, o de 50, a partir de las playas. Podría pensarse que la prohibición ya no tiene sentido, sobre todo si se considera que al menos desde 1988 Washington tiene en Los Pinos a aliados sumisos, lo que hace obsoleto un desembarco o un nuevo robo de territorio: los gobernantes del ciclo neoliberal viven ansiosos por entregar a las transnacionales tierras, atribuciones y propiedades nacionales bajo la forma de concesiones mineras, industriales, maquiladoras y energéticas; si el régimen de Peña lograra su propósito de poner la industria petrolera en manos del capital privado, veríamos el retorno del control de enormes extensiones del país a manos de empresas concesionadas, foráneas o nacionales, tal y como ocurría hasta antes del 18 de marzo de 1938.

En la actualidad, sin embargo, hay una razón distinta a la de antaño, pero no menos sólida, para mantener esa prohibición que la mayoría de los partidos del régimen pretende anular mediante la reforma recientemente aprobada: la necesidad de preservar los entornos humanos, sociales y económicos de las regiones costeras.

No todo el mar mexicano es Vallarta o Cancún ni todas las costas están moduladas por la industria turística de gran escala. Los 169 municipios que colindan con la zona federal marítimo terrestre (zofemat, definida en el Art. 119 de la Ley General de Bienes Nacionales, y que se considera propiedad inalienable de la nación) suman el 21 por ciento del territorio nacional y en ellos se asienta el 16 por ciento de la población (datos de 2005). Salvo en los grandes polos turísticos o portuarios, esa población padece una integración económica precaria y una gran porción de ella se encuentra, como en el resto del país, en condición de pobreza, independientemente de que ostente, o no, alguna forma de posesión de tierras.

Hasta ahora, la prohibición en el artículo 27 ha funcionado como dique para frenar, en alguna medida, la especulación mobiliaria internacional en las costas mexicanas. Los ricos nacionales que quieren casa en la playa ya la tienen y los ciudadanos extranjeros (como los estadunidenses que han comprado media Baja California) han debido recurrir a argucias legales –o ilegales– de diverso tipo. Pero la pretendida supresión del veto puede detonar una espiral de voracidad sobre zonas costeras, particularmente las económica, social y demográficamente deprimidas, mayormente situadas en Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz.

Ahora imaginen que el Senado ratifica la reforma constitucional mencionada y que, al día siguiente, los grandes consorcios turístico-inmobiliarios de Estados Unidos, Europa Occidental o Japón, por ejemplo, desembarcan (literalmente) en las costas de México, provistos de capital y buenas conexiones político-administrativas, y se enfrentan a millones de pescadores, rentadores de palapas, fonderos o cooperativistas de granjas acuícolas, y les ofrecen unos cuantos miles de dólares a cambio de sus tierras: la capacidad de resistencia de los segundos sería, previsiblemente, muy pequeña. Tendríamos, entonces, una reedición de la tragedia social que provocó el régimen de Salinas cuando, mediante otra modificación al 27, hizo posible la venta de tierras ejidales. Millones de vendedores, imposibilitados para transformar en capital el dinero que recibieron, se quedaron sin vivienda y sin medio de subsistencia y se fueron a engrosar las corrientes migratorias, los estamentos de la informalidad urbana o las filas de la delincuencia.

De otros asuntos: aguas con las provocaciones, especialmente en las movilizaciones previstas para mañana, 1 de mayo. Al régimen le urge encontrar pretextos para reprimir y criminalizar las luchas sociales.

“Tú lo quisiste...”

El “Pacto por México” es como una carta a Santa Claus redactada por un Estado que quiere parecerse al de Dinamarca, o algo así, y en esa medida es difícil no estar de acuerdo –al menos, en la situación actual de México– con la mayor parte de su letra. Quién sabe si los dirigentes panistas y perredistas recibieron el texto ya listo para firma o si realmente fue producto de un acuerdo negociado entre esos partidos y Los Pinos. El panismo, demolido por dos desastrosos ejercicios sucesivos de la Presidencia, podía firmar casi cualquier cosa; el perredismo, amputado del movimiento político más relevante en la historia de la izquierda mexicana, también. Y si uno y otro realmente aportaron algo al documento, peor para ellos, porque, con conocimiento de causa, se volvían, de esa forma, coautores de una obra de ficción: el “Pacto por México” –no hay cómo no darse cuenta– viene siendo lo opuesto al programa real de Peña Nieto.

En uno u otro caso, es razonable pensar que las principales fuerzas “opositoras” renunciaron ya no a serlo, sino incluso a parecerlo, y no con el propósito de impulsar propuestas, sino con el objetivo de obtener prebendas.

En los cálculos del régimen –que es, desde hace mucho, el instrumento principal con el que gobierna la oligarquía– el tal pacto podría aportar a Peña algo de la legitimidad democrática corroída por las pruebas de una elección comprada y, sobre todo, un soporte para armar una mayoría legislativa capaz de tramitar sin contratiempos las adulteraciones legales de signo antipopular, antidemocrático, privatizador, entreguista y monopólico que son parte medular de lo que sí quiere hacer, y está haciendo, el actual gobierno.

El problema surge cuando los cofirmantes “descubren”, por ejemplo, que la llamada reforma educativa es en los hechos el capítulo II de la contrarreforma laboral aprobada en los últimos días del calderonato, o que el “sistema nacional de programas de combate a la pobreza” es un entramado electorero priísta operado por Rosario Robles en activa colaboración con desgobernadores como Javier Duarte. Ave María Purísima. ¿En serio no lo sabían? Pues al parecer todavía no caen en la cuenta (o será que aún no quieren darse por desengañados) que la “reforma de telecomunicaciones” es un enésimo regalote a los grandes intereses corporativos del sector, en detrimento de instancias públicas y expresiones sociales organizadas que aspiran, legítimamente, a poseer y operar medios y canales de difusión independientes y distintos a lo que hay, que es una lisa y llana dictadura del empresariado.

Ahora los cofirmantes del “Pacto por México” se inconforman, hacen berrinche y se dicen defraudados. Podría ser que tras esos aspavientos haya una auténtica ingenuidad mancillada. Si ese fuera el caso, tendrían que salirse del convenio, denunciarlo y dedicarse a algo distinto que dar cobertura política a una presidencia comprada. De otra manera, si pese a todo se mantienen fieles al engendro, habrá que sospechar que no los mueve ningún compromiso por el país sino un propósito de renegociar al alza (y tal vez en forma prematura) las prebendas que acaso les ofrecieron en diciembre pasado, tal vez porque se han dado cuenta que el costo político de su adhesión al acuerdo las supera con mucho: ha de ser monumental el desgaste, la pérdida de credibilidad y el desprestigio de quienes se hacen corresponsables por lo que haga o deje de hacer el gobierno que encabeza Peña. En cualquiera de los dos escenarios –el de la candidez y el del interés–, les aplica la expresión con la que se flagelaba el recluso de un monasterio paupérrimo:

“Tú lo quisiste, fraile mostén; / tú lo quisiste, tú te lo ten”.

Rosario Robles y la "Cruzada contra el hambre"

Un panista colgado del alambre

descubrió un entramado maloliente

que ocurre en Sedesol; curiosamente,

en la dizque “Cruzada contra el Hambre”:

la farsa demagógica inventada

por una tal señora de Ahumada.

La historia la registra en un cuaderno

como grilla política de izquierda,

como una trepadora nada lerda

y luego, como jefa de gobierno

que al novio daba, entre momentos gratos,

un altero indecente de contratos.

Ya después se movía en limousinas

y perfumes carísimos se untaba

pero su aroma real era la baba

hedionda y seductora de Salinas.

Cuando pública se hizo su impostura

estuvo por un tiempo en la basura.

En agradecimiento a sus servicios

fue políticamente revivida

y del hoyo en que estaba refundida

la hacen brillar entre acomodaticios

que, una vez hecho el fraude y el trinquete,

pasaron a integrar el gabinete.

Allí se puso manos a la obra

–porque entre sus defectos no está el ocio–

y halló que el hambre puede ser negocio

porque en este país es lo que sobra

y se anunció de forma descarada

aquella demagógica “cruzada”.

Se trataba, en verdad de dar mercado

a PepsiCo, Nestlé, Quaker y varias

otras de ese tenor: parasitarias

que hacen dinero a costa del hambreado.

Curioso: a PepsiCo no le es ajena

la hermana de Rosario, Magdalena.

¿Pero qué halló el panista? –Lo corriente:

que en la secreta urdimbre de Rosario

se trafica, con lana del erario

para inducir el voto de la gente

y que en esa inmundicia tiene parte

el góber tenebroso, Javier Duarte.

Así pone las cosas el gobierno:

si antes, por un sufragio daba lana

puesta en una tarjeta de Soriana,

hoy, gracias a Rosario, lo moderno

es que el voto se induce y se controla

por medio de Nestlé y de Pepsi-Cola.

Se regocija el hombre del copete

y lleno de emoción, dice: “¡Comadre!

“¡Has tenido una idea a toda madre!
Nuestros socios tendrán muy buen billete

y nosotros, los votos; yo te admiro

pues mataste dos pájaros de un tiro.”

Como mira el país color de rosa,

esta dupla infernal no se da cuenta

que la gente no puede estar contenta

si en vez de darle chamba decorosa

en las máximas cúpulas se acuerda

que el pueblo tome Pecsi y coma mierda.

Para colmo, planean con desprecio

que a cambio de una ingesta tan dudosa,

la prole, agradecida y venturosa

en tiempo de elecciones pague el precio

y vote –suponiendo que resista

esa dieta tan vil– por un priísta.

Quedémonos al cierre de esta charla

con que la tal cruzada de Rosario

tiene como propósito primario

aprovechar el hambre, no acabarla,

y que sigan votando los jodidos

por los mismos políticos vendidos.

Los otros terroristas

Otra vez las bombas. De nuevo, las imágenes tremebundas de inocentes ensangrentados, masas aterradas cuyos miembros escapan sin saber hacia dónde, festejo que termina en hospitales atestados, en escenas desgarradoras en cementerios y en vidas alteradas para siempre por las heridas físicas o emocionales. Y una vez más, el desconcierto: “¿quién y por qué?”

Otra cosa: sin afán de ofender el dolor de las víctimas de Boston, vuelve a los medios la obscena desigualdad entre la cobertura hipertrofiada de un atentado en esa ciudad y el desdén por los baños de sangre que tienen lugar todos los días en los escenarios bélicos creados por Estados Unidos en medio planeta: Irak, Afganistán, México, Libia, Siria... Día tras día, muchos pierden la vida o una extremidad o un ser querido en esos y en otros conflictos, pero las historias correspondientes resultan aburridas. Será que los habitantes de naciones pobres no son tan simpáticos como los de Boston o será, tal vez, que el aparato mediático mundial sufre de un estadocentrismo desde el cual sólo es noticia lo que le sucede a los felices poseedores de la Citizenship.

Un ejemplo: si googlean “Afganistán” y “amputados”, se encontrarán con listados interminables de soldados estadunidenses e ingleses que saufrieron reducciones físicas en la ocupación de ese país centroasiático. En sexto o séptimo lugar hallarán algún reporte sobre afganos lesionados en “atentados terroristas”, una categoría que  se enfoca únicamente en los perpetrados por fundamentalistas, pero que excluye los cometidos por las fuerzas occidentales, aunque los segundos también dejen, por norma, decenas o cientos de muertos y heridos graves.

Y es que las tres diferencias sustanciales entre, por una parte, las bombas lanzadas desde aviones, helicópteros y aeronaves no tripuladas (UAV) sobre bodas y celebraciones en las montañas de Waziristán y, por la orta, las ollas de presión llenas de clavos que estallaron el lunes en el maratón de Boylston Street, residen en a) la tecnología, b) el grado de riesgo que corren los responsables materiales e intelectuales del ataque y c) la atención asimétrica que los medios brindarán a los afectados. Durante más de siglo y medio Estados Unidos ha estado regando con bombas los rencores que luego florecerán en atentados contra su propia ciudadanía; metiendo la nariz donde no le importa (¿quién carajos le dijo a John Kerry que los venezolanos le deben a Washington “una explicación” sobre el apretado triunfo electoral de Nicolás Maduro y la crisis política subsecuente?) y hostigando en forma mucho más peligrosa a potencias medias a las que les choca ser acosadas.

Desde luego, eso no necesariamente implica que el o los autores de los ataques de Boston provengan del exterior. No hay que olvidar que, hasta antes del 11-S, el atentado terrorista más cruento de la historia estadunidense era el bombazo del edificio federal en Oklahoma y que éste fue planeado y ejecutado por un ex soldado gringo. Sin contar las masacres en centros de enseñanza, templos, salas de cine, oficinas públicas y hamburgueserías, perpetradas generalmente por enfermos mentales solitarios, las expresiones terroristas que se gestan en la profundidad de la sociedad estadunidense son la otra cara de la moneda del terrorismo de Estado que ha sido instrumento regular de la política exterior del país.

Un informe de 1990 del Departamento de Justicia, Terrorism in the United States, reseñó en ese año siete “incidentes terroristas” y otros cinco que fueron evitados. Entre los responsables de las amenazas internas la dependencia mencionó al “terrorismo cubano anticastrista”, al grupo supremacista “Naciones Arias”, a la “Organización Comunista 19 de Mayo”, a la Yahweh (un grupo de judíos afroestadunidenses con sede en Miami) y a algunos agentes de la dictadura pinochetista vinculados al asesinato de Orlando Letelier en Washington, 14 años antes.

De las organizaciones extranjeras destacaban el grupo palestino de Abu Nidal, el ala provisional del Ejército Republicano Irlandés, un grupo terrorista sij, un filipino no identificado y dos colombianos que trabajaban para el cártel de Pablo Escobar y que fueron a Estados Unidos con la idea de comprar misilies antiaéreos Stinger. El documento menciona además a grupos independentistas puertorriqueños, a “elementos terroristas judíos”, al Frente de Liberación Animal, a la Conspiración Internacional Eco-Terrorista Evan-Mecham  (EMETIC, por sus siglas en inglés), a la Alianza de la Intransigencia Cubana y a Eart Night Action Group, ambientalista radical. Las acciones reseñadas son, en su mayor parte,  atentados con explosivos.



Hacia 1999 el FBI alertaba sobre el hecho de que “en los últimos 30 años la gran mayoría de los ataques terroristas letales perpetrados en Estados Unidos fueron realizados por extremistas internos”. Y sí: cuatro años antes, el 19 de abril de 1995, un joven condecorado en la primera guerra de Irak y afiliado al Partido Republicano y a la Asociación Nacional de Rifle (NRA) estacionó frente al edificio federal de Oklahoma un camión cargado con dos mil 300 kilos de explosivos de alto rendimiento, activó un detonador y se retiró del lugar. A las 9:02 la explosión mató a 168 personas (entre ellas, 19 niños de la guardería ubicada en la segunda planta de la construcción), hirió a 680, demolió una tercera parte de la sede y dañó más de 300 construcciones cercanas. Thimoty McVeigh nunca se arrepintió de lo que había hecho y cuando le fue leída la sentencia capital pidió que la ejecución fuera televisada en cadena nacional. El 11 de junio de 2001 le fue suministrado veneno vía intravenosa en la penitenciería federal de Terre Haute, Indiana.

Pero tres meses exactos después de aquella ejecución los de Al Qaeda hicieron lo que hicieron y desde entonces el terrorismo realizado por ciudadanos estadunidenses ha sido mantenido en tercer plano y ha pasado a ser un tema de menor importancia para las autoridades gringas, muy por debajo de las actividades de los grupos integristas y de las armas de destrucción masiva reales o ficticias que pudieran encontrarse en poder de gobiernos a los que Washington considera enemigos. Nada ha cambiado, en esta materia, entre las administraciones de Bush y de Obama.

A principios del milenio había 148 “grupos patrióticos” supremacistas y de ultraderecha –McVeigh mantenía vínculos con algunos de ellos–, incluidas 72 “milicias”, es decir, grupos paramilitares   cuyos integrantes entrenan con regularidad  para enfrentar la amenaza de Irán, la de los indocumentados, la de Corea del Norte o la del fin del mundo; para 2011 sumaban ya mil 352. Algunos de ellos amenizan sus reuniones con música de alguna de las cerca de 150 bandas que componen e interpretan canciones neonazis.

Washington no elabora listas de organizaciones terroristas internas –como sí lo hace, con un sesgo inocultable, con grupos extranjeros–; en cambio, se refiere a “amenazas”: animalistas y ambientalistas extremistas, anarquistas, supremacistas y racistas, “extremistas antigobierno” e integrantes del soberanismo ciudadano, separatistas negros, antiabortistas y “extremistas islámicos estadunidenses”, además de los peligrosísimos “lobos solitarios” que perpetran masacres nomás porque sí. Y a todo ésto, ahora, con lo de Boston, se propone a unos "quiénes" pero sigue sigue sin saberse el porqué. 

Maduro se compara con Calderón y Bush

Uno de los errores más garrafales de Nicolás Maduro –más que la presunta parábola de Chávez convertido en pajarito– fue el comparar la situación venezolana del momento, en el discurso que pronunció tras el anuncio de su apretada victoria en las elecciones presidenciales del domingo pasado, con las que se configuraron en los comicios presidenciales de 2000 en Estados Unidos y de 2006 en México.

En los primeros el triunfo fue adjudicado, después de un jaloneo memorable, al republicano George W. Bush, a pesar de los indicios de que su mayoría en el colegio electoral fue conseguida mediante manipulaciones fraudulentas en Florida, entonces gobernada por Jeb Fush, hermano del favorecido. En cuanto a la elección presidencial de 2006 en México, el “triunfo” de Felipe Calderón fue fabricado, entre otros medios, con un descarado trasvase de votos emitidos a favor del priísta Roberto Madrazo y que fueron a parar al caudal electoral del aspirante oficialista, a fin de darle una ventaja de 1 por ciento –que a la postre se redujo al célebre 0.56– por encima del vencedor real de los comicios, que fue Andrés Manuel López Obrador. De acuerdo con los exhaustivos análisis estadísticos realizados por varios autores y recopilados por Héctor Díaz-Polanco en La cocina del Diablo, los verdaderos resultados de esos comicios pudieron ser algo así como 34 por ciento para AMLO, 30 por ciento para FCH y 27 por ciento para RMP.

Los paralelismos resultan tanto más desafortunados si se considera que, de acuerdo con la información disponible, en cambio, las presidenciales del domingo pasado en Venezuela pudieron estar marcadas por la inequidad de los organismos institucionales a favor de Maduro y por las campañas sucias antichavistas organizadas por los sectores oligárquicos y sus respaldos del exterior, pero no por una manipulación de los resultados electorales, como pudo ocurrir en Estados Unidos en 2000 y como ocurrió en México en 2006. Qué necesidad de enumerarse entre defraudadores de derecha que resultaron ser, para colmo, gobernantes ineptos y sangrientos. Para colmo, en su alocución del triunfo el candidato chavista confundió las cosas y afirmó que ante el fraude foxista-calderonista, “la izquierda respetó los resultados”, algo que resultaba impensable porque quienes fabricaron tales resultados no respetaron el veredicto ciudadano.

Dejando de lado el caso estadunidense, la diferencia sustancial entre México 2006 y Venezuela 2013 es que hace siete años el bando que fue formalmente declarado triunfante rechazó de tajo cualquier posibilidad de recuento de los votos y que Maduro, en cambio, se adelantó a pedir una auditoría de los resultados electorales del domingo. Su rival a la derecha, Henrique Capriles, ha ido más allá y ha pedido un recuento total de los sufragios en papel, algo semejante a la exigencia enarbolada por la izquierda electoral mexicana en 2006: “voto por voto, casilla por casilla”. Ahora es claro que en Venezuela ambos procedimientos son inevitables en la obtención de la legitimidad.

Más allá de las insinuaciones de fraude por parte de Capriles –que probablemente sean meramente propagandísticas– y de la nefasta manera en la que Maduro se equiparó con personajes fraudulentos, el problema de fondo, exhibido por estos comicios, es que el chavismo sin Chávez pesa 600 mil votos menos que con Chávez, según indica el cotejo de los resultados de esta elección con los de los comicios de octubre del año pasado. Si el 1.7 por ciento de la ventaja de Maduro es un dato confiable, entonces también es cierto que la sociedad venezolana se ha dividido prácticamente en mitades con respecto al proyecto bolivariano.

Antes que enumerar las dificultades que habrá de afrontar el mandato de Maduro –y si se da por hecho que las revisiones del resultado ratifican su victoria– hay que pensar en los flancos que se le abren al proyecto con su apretado triunfo. Además de la presión de movilizaciones internas –que sólo puede neutralizarse mediante el recuento total de los votos–, empiezan a aparecer en el exterior agentes “de buena voluntad”, como la Casa Blanca –replicada de inmediato por el encargado de la OEA, José Miguel Insulza– que piden el recuento de los sufragios.

Al parecer, el procedimiento no tiene fundamento en la legalidad de Venezuela, pero políticamente es casi inevitable, no para contentar a Washington y a su organismo satélite, sino porque casi la mitad de los electores venezolanos deben ser convencidos de la legitimidad de Maduro.

Breve anecdotario de las drogas / II

Veamos: en 1883 Sigmund Freud leyó un artículo sobre los efectos de la cocaína y se le ocurrió usarla para tratar  diversos padecimientos y para desenganchar a morfinómanos. Ordenó un gramo al laboratorio Merck y la probó. Se sintió fuerte y seguro. Luego decidió tratar a su colega Ernst Von Fleischl-Marxow, quien se había hecho adicto a la morfina para combatir dolores en una mano; con la colaboración de Freud, Ernst empezó a consumir un gramo diario, lo que disipó sus dolores y mejoró su estado psicológico. El padre del psicoanálisis dio por repartir cocaína entre amigos, pacientes, colegas, sus hermanas y su novia y escribió un artículo (“Sobre la coca”) en el que exaltaba los beneficios de la sustancia en el tratamiento de la depresión y los dolores y en el aumento del rendimiento físico e intelectual. Pero justo cuando ese texto salía a la luz, su primer paciente, Von Fleischl-Marxow, volvió a sentir dolor  y empezó a experimentar delirios en los que creía tener serpientes por todo el cuerpo. Se acabó muriendo, sin superar su enganche con la morfina, pero con uno nuevo a la cocaína.

Por su parte, Carl Koller, aprovechándose de las investigaciones de don Freud, pero sin darle crédito, utilizó con éxito la cocaína en cirugía e intervenciones oftalmológicas, con lo que logró un gran reconocimiento científico. Tras sus años en el perico, Segismundo abandonó la sustancia y ya fue que se dedicó a inventar el psicoanálisis. Que se sepa, no volvió a meterse drogas duras sino hasta poco antes de morir: en 1939, afectado por un cáncer en la boca y muy disminuido, le pidió a su médico personal que le suministrara el sueño eterno, cosa que se realizó mediante tres inyecciones de morfina.

* * *

En el siglo XIX y hasta principios del XX, drogas como la marihuana, los opiáceos y la cocaína se utilizaban comunmente en México, especialmente los opiáceos, fundamentalmente por razones médicas. Láudano y otros derivados del opio como la morfina y la heroína, o bien de medicamentos, como la cocaína, los vinos de coca y cigarrillos de marihuana, fueron prescritos por los médicos y se obtenían fácilmente en las farmacias, mercados populares y hasta ferreterías. Las autoridades estaban preocupadas por la calidad de estos productos y trataron de proteger a los consumidores [...] Hubo algunos intentos de controlar el láudano, la adormidera y el comercio de marihuana desde 1870, pero no tuvieron éxito.

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“Hay estudios de que el joven que consume mariguana tiende a disminuir los niveles de testosterona, que es lo que le da las características de masculinidad y entonces, al disminuir estas características, comienza a retener tendencias de tipo homosexual”; además, la mota “nubla el raciocinio” y “en esta promiscuidad relacionan alcohol, sexo y mariguana; pero el sexo ya es con quien te toque, ya no es con un hombre o con una mujer, dependiendo de tu sexo, sino con quien te haga sentir bonito”. La declaración es del “doctor” Narcizo Morales López, coordinador de la clínica médica de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla,  PAEP.

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“La nuestra –dice el psiquitra Thomas Szasz– es una sociedad terapéutica, casi en el mismo sentido en que la sociedad medieval española era teocrática. Así como hombres y mujeres viviendo en una sociedad teocrática no creían en la separación de la Iglesia y el Estado, sino que, por el contrario, aceptaban fervientemente su unión, del mismo modo, nosotros, viviendo en una sociedad terapéutica, no creemos en la separación entre la medicina y el Estado, sino que aceptamos su unión fervientemente. La censura a las drogas surge de esta última ideología, tan inexorable como la censura a los libros surgió de la primera. Esto explica por qué liberales y conservadores –y también la gente en un centro imaginario– están todos a favor del control de las drogas” (citado por Elías Neuman en La legalización de las drogas y los temores concretos.

Algo semejante esboza Fernando Savater: “La persecución contra la droga proviene de una traslación de la intolerancia religiosa: hoy la salud física es el sustituto laico de la salvación espiritual. Existe un temor al espíritu (¿qué tendremos dentro que la droga puede liberar?) y un miedo al descenso de productividad (a ésta se le llama “salud pública”).

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Stevie Nicks, cantante del quinteto estadunidense Fleetwood Mac se perforó el tabique nasal por su alto consumo de cocaína. Según el Anecdotario del Rock, Stevie recurrió a un método alternativo para inocularse la droga: durante los conciertos, entre canción y canción, pedía  a sus ayudantes que le soplaran el polvo blanco con una pajita al interior del ano. Más atascado resultó Keith Richards, quien, además de otros polvos, por las fosas nasales se metió la scenizas de su papá mezcladas con cocaína). EN una ocasión otro notable del rock, Ozzy Osbourne (expulsado  por atroz del grupo Black Sabbath) a falta de una dosis de algo mejor, consiguió un popote, se puso a cuatro patas y de una sola aspiración se esnifó una fila de hormigas vivas.

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Hay fuertes indicios de que la prohibición federal de producir mariguana en Estados Unidos (Ley de Acto Fiscal de la Mariguana, 1937) fue impulsada no sólo por actitudes hipócritas y moralinas sino, sobre todo, porque los empresarios DuPont, el magnate de medios William Randolph Hearst y el secretario del Tesoro, Andrew Mellon, querían eliminar del mercado el papel producido con cáñamo, mucho más barato que el fabricado con pasta de madera (en el que Hearst tenía grandes inversiones), así como acabar con las fibras naturales que le hacían competencia a las sintéticas (nylon), producidas por Mellon y por los Dupont.

El veto nacional fue precedido por prohibiciones locales –Wyoming (1915), Texas (1919), Iowa (1923), Nevada (1923), Oregon (1923), Washington (1923), Arkansas (1923) y Nebraska (1927)– adoptadas, a su vez, con el telón de fondo de prolongadas campañas de difamación contra los mexicanos, a quienes se daba por fumadores natos y universales de la hierba; los negros, a quienes muchos anglosajones atribuían la culpa de todos los males de la sociedad, y hasta contra los mormones, algunos de los cuales habían llevado mota mexicana a Salt Lake City en 1910. Un senador texano declaró por esos tiempos: “Todos los mexicanos están locos, y lo que los vuelve locos es la mariguana”. Hacia 1934 un periódico editorializó: “La mariguana induce a los negros a ver a los ojos a la gente blanca, a pisar la sombra de los hombres blancos y a mirar con interés a una mujer blanca” (Pete Guither, en “Why is Marijuana Illegal?”)

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Aclaración pertinente: el nombre “Juan Anzaldo”, como bauticé a un fumador de caca de conejo mencionado en la entrega anterior de esta picaresca (jueves 4 de abril de 2013), no hace de ninguna manera referencia a Juan Anzaldo Meneses, editor en el Centro de Estudios Antropológicos Ce-Acatl, A.C., a quien no conozco personalmente, ni a ninguno de sus  homónimos en la vida real.

Thatcher: la herencia

El primer episodio del thatcherismo tuvo lugar seis años antes de que Margaret Thatcher llegara a la jefatura del gobierno británico; concretamente, empezó el 11 de septiembre de 1973, cuando un grupo de militares –azuzado por Richard Nixon; su secretario de Estado, Henry Kissinger; el entonces vicepresidente, Gerald Ford, y George Bush padre, quien se desempeñaba como representante de Washington ante la ONU– destruyó la democracia chilena, asesinó a miles de ciudadanos, secuestró, encarceló y torturó a decenas de miles. Otras decenas de miles hubieron de partir al exilio. Una vez instaurada, la dictadura que encabezó Augusto Pinochet clausuró el Congreso, declaró la ilegalidad de los partidos políticos y un par de años después entregó el manejo económico a un grupito de posgraduados en la Universidad de Chicago –de allí el apodo de Chicago Boys–, donde enseñaba Milton Friedman: Sergio de Castro, José Piñera, Jorge Cauas, Pablo Barahona...

Hasta entonces, ningún Estado había sido sujeto a un desmantelamiento económico tan devastador como el que emprendieron los operadores del régimen militar, quienes transfirieron la mayor parte de la propiedad pública a consorcios privados, confiscaron los fondos de pensiones para llevarlos al ámbito de la especulación financiera, redujeron en 20 por ciento el gasto público, despidieron a tres de cada 10 empleados del Estado, liquidaron los sistemas de ahorro y préstamo de vivienda, flexibilizaron el mercado laboral y aumentaron significativamente el IVA. Los costos sociales fueron casi tan devastadores como la represión política misma: el producto interno bruto (PIB) se desplomó 12 por ciento, el desempleo se disparó a 16 por ciento y el volumen monetario de las exportaciones experimentó una contracción de 40 por ciento.

Hacia 1977 los indicadores macroeconómicos repuntaron, impulsados por las desorbitadas ganancias que obtenían las empresas privadas, particularmente las administradoras de fondos de retiro, rentabilidad que tuvo, como contraparte, una severa depreciación de las pensiones que les fueron encargadas. Tras la contracción económica inicial, la siguiente fase de crecimiento (que duró hasta 1982) fue llamada boom o milagro chileno por la masa de medios informativos.

Ese fue el primer ensayo de lo que Margaret Thatcher habría de aplicar en Inglaterra a partir de 1979. Con la llegada de Ronald Reagan a la Casa Blanca, casi dos años más tarde, el modelo fue repetido en Estados Unidos con el nombre de reaganomics. Ya asentado en calidad de política oficial, el neoliberalismo fue proyectado, con el nombre de revolución conservadora, desde Londres y Washington, al resto de las economías capitalistas, empezando por las periféricas: México se deslizó hacia el paradigma desde 1982 y seis años más tarde cayó en él, de manera estrepitosa, con la fraudulenta imposición de Carlos Salinas en la Presidencia; Argentina sucumbió un año más tarde, con el gobierno de Carlos Menem; a Perú le llegó el turno en 1990, cuando ganó una elección presidencial el hasta entonces desconocido Alberto Fujimori. Sólo unos ejemplos.

Ese primer ciclo de regímenes neoliberales tuvo como características principales el autoritarismo y/o militarismo y la corrupción. La entrega de los bienes públicos a empresarios privados confundió las fronteras entre el ámbito empresarial y el político. Reagan echó mano del terrorismo de Estado contra Libia, Granada y Nicaragua, y lo alentó en El Salvador y Guatemala, e impulsó el narcotráfico mediante la operación Irán- contras. Thatcher impuso la guerra sucia en Irlanda contra los combatientes independentistas y, en la guerra contra Argentina, recurrió a una crueldad tan extremada como innecesaria (recuérdese el hundimiento inútil del General Belgrano) y desplegó armas nucleares en una región que había decidido prohibirlas. En el gobierno de Salinas fueron asesinados cientos de opositores políticos. Fujimori está actualmente preso por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante su gobierno, parte del cual fue una desembozada dictadura; Menem indultó a los responsables de crímenes de lesa humanidad.

Pinochet está muerto. Reagan también está muerto y ahora se les ha unido Margaret Thatcher. Pero dejaron herederos de segunda generación, como Sebastián Piñera –hermano menor del Chicago Boy que privatizó las pensiones chilenas–, Mariano Rajoy, operador de un implacable plan económico antipopular en España; la jefa real del anterior, Angela Merkel, y Enrique Peña Nieto, discípulo de Salinas, entusiasta de las privatizaciones de bienes públicos y del recorte de derechos laborales, y autoritario si los hay. Sólo unos ejemplos. El neoliberalismo va en retirada en el mundo, pero la batalla contra la revolución conservadora aún no ha terminado.

Breve anecdotario de las drogas / I

Mi amigo Juan Anzaldo pintaba para gran novelista pero fumaba demasiada mariguana y otras cosas y llegó un momento en que dejó de interesarse por los que le rodeábamos, como un fuera para platicarnos de sus viajes y experimentaciones con sicotrópicos insólitos, y se volvió aburrido, y después insoportable, y dejé de frecuentarlo. La última vez que lo vi me llegó con una historia corriente pero poco verosímil:

–Futa. La probé ayer y sí es cierto lo de la caca de conejo.

–¿Qué hay con ella?

–Que la pones a secar, te la fumas y se te viene encima el juicio final. Pero chingón.

–Lo dudo.

–¿No me crees?

–Bueno, todo es posible. A lo mejor te fumaste la caca de un conejo que había sido alimentado con mariguana. O con peyote.

Mi escepticismo le ofendió, a mí me molestó su entusiasmo crédulo y así fue que nos distanciamos. Sabrá Dios dónde y en qué ande el buen Juan Anzaldo. Hace unos días me acordé de él. Por si me lee, le dedico este pequeño anecdotario.

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Anamaría Ashwell: “El mito de los bardos gaélicos sobre una ‘gema’ que se agranda bajo la influencia de un ‘sapo’ o una ‘serpiente’ produciendo una iluminación universal en aquel que la consume, no es exclusivo de los bardos gaélicos e irlandeses que extasiados por esos poderes alucinatorios cantaron a la Diosa Blanca en tiempos medievales: la misma ‘gema’ se consumía y fue parte de los mitos fundacionales de casi todos los pueblos mesoamericanos” (La Diosa Blanca: gramática histórica del mito poético).

El primero al que se le ocurrió prohibir la mariguana fue al papa Inocencio VII, en 1484 (Cannabis: salud, legislación y políticas de intervención). Fue un legado religioso de la pugna entre Occidente y Oriente, apunta Juan Pablo García Vallejo en su Gacetta cannábica, “porque cada cultura consumía estimulantes distintos, unos consumían vino y los otros hashish, pero al mismo tiempo demonizaron cada una el estimulante consumido por la otra, los occidentales no consumen hashish ni los musulmanes, alcohol.”

La misma fuente asegura que Diego Rivera murió engañado, creyendo que la mota tenía orígenes mesoamericanos. Pero los primeros productos canábicos en el continente americano fueron las varias toneladas de cáñamo que venían cargando las carabelas de Colón, entre velas, redes y cuerdas. Hay que recordar que la Cannabis sativa, de la que se extrae la mariguana y el hashish es también fuente de fibras vegetales de usos diversos, desde el cáñamo que usaba mi abuela para envolver paquetes hasta papel y telas para prendas de vestir.

En efecto, la planta es originaria de las cordilleras del Himalaya. Parece ser que su uso se extendió hacia Europa desde tiempos muy remotos porque, a decir de Wikipedia, se ha hallado, en un antiguo cementerio situado en la actual Rumania, un brasero ritual con semillas carbonizadas de cannabis.

Se pachequeaban los asirios, los arios, los escitios, los tracios y también, a decir de Ibn Taymiyya (Le haschich et l'extase), los antiguos judíos, los cristianos primitivos (quienes usarían la mariguana como sacramento religioso) y los musulmanes sufíes, y se presume que la palabrea asesino deriva del árabe hassasin, que significa “fumador de hashish”. Un mariguano destacadísimo pudo ser el propio William Shakespeare: intrigado por la pachequez de algunos de sus sonetos (en particular, el 76), el investigador sudafricano Francis Thackeray escarbó en el jardín de la casa del bardo en Stratford upon Avon y se encontró unas pipas con restos de cannabis.

Según Francisco A. de Icaza, el conquistador español Pedro Cuadrado introdujo las primeras semillas de mariguana en Nueva España. Según Silvio Zavala, Juan de Zumárraga impulsó el cultivo de la planta porque “a los indios, para vivir bien, les ha faltado principalmente, antes de la llegada de los españoles, lana fina, cáñamo, lino, plantas y cuatropeas, mayormente asnal”.

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La diacetilmorfina fue lanzada por Bayer al mercado en 1898 con el nombre comercial de “heroína”. El nombre deriva de  sus “heroicos” efectos en la salud: Bayer la vendía para tratar la adicción a la morfina y como jarabe para la tos. Hacia 1899, producía cerca de una tonelada anual, que exportaba a 23 países. Ante la presión de la comunidad científica, que comprendió su poder adictivo, dejó de venderla en 1910, aún asegurando que no era adictiva. (Heroin and Contergan: Crisis Management at Bayer and Grünenthal, Ed. GRIN Verlag, 2008)

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Coca Cola nació en Atlanta en mayo de 1896, como uno de los muchos imitadores de la exitosa pócima francesa “Vin Mariani” que contenía también cocaína. Fue en esa fecha que el farmacéutico John Pemberton creó el “French Wine Coca” y comenzó a venderlo en la farmacia de Jacob  como un pseudo-fármaco (patent medicine, en inglés) con un anuncio que comenzaba así: “Para los desafortunados que son adictos al hábito de la morfina o del opio, o al consumo excesivo de estimulantes alcohólicos, el ‘French Wine Coca’ ha probado ser una bendición”.

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En 1977, en el marco de la Operación Cóndor, diez mil soldados, bajo el mando del general José Hernández Toledo (quien nueve años antes comandó a las tropas que asesinaron civiles inermes en la Plaza de las Tres Culturas), fueron enviados a las zonas serranas de Sinaloa, Durango y Chihuahua para combatir la siembra y el trasiego de drogas. Se recurrió a defoliantes y a violaciones masivas de derechos humanos. El general Hernández Toledopredijo el fin del tráfico de drogas en seis meses. Cientos de campesinos huyeron a otros estados y, con ellos, muchos narcotraficantes que continuaron su actividad en otras regiones del país. El entonces delegado de la PGR en la zona, Carlos Aguilar Garza, se convirtió en narco y fue asesinado en 1993.

Arturo Cano apunta que entre los saldos de la Operación Cóndor debe incluirse “el comienzo del fin de la producción de goma de opio y el principio del trasiego de cocaína, que a su vez fue base para el surgimiento de los poderosos cárteles del narcotráfico”.

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En  1997, en el curso de una recepción ofrecida por el entonces primer ministro Tony Blair, “alguien” ofreció al cantante Noel Gallagher mostrarle el inodoro que Downing Street  reservado para la reina Isabel. El músico encontró el lugar muy agradable (“la tapa estaba cubierta con terciopelo rojo, y todo”) y allí mismo se metió un perico de cocaína. Posteriormente, no tuvo empacho en confesar su travesura en un programa de radio de la BBC.

La guerra sigue

Foto: Javier Manzano

Cuatro meses después, fuera de las oficinas públicas, nada ha cambiado. Las autoridades municipales, estatales y federales siguen violando los derechos humanos en el marco de algo que ya no se llama guerra, pero que sigue siéndolo; día tras día se suceden los combates (aunque la jerga oficial los denomine enfrentamientos) entre dos o más de los difusos bandos de la contienda, y la población del norte, del sur y del Golfo sigue sin encontrar un solo motivo de alivio para la zozobra que padece desde hace más de seis años: homicidios, secuestros, levantones y extorsiones son, como en abril pasado y como en abril antepasado, el pan de todos los días para los inermes y hasta para los menos poderosos de los poderosos.

Así como el panismo priízado no tocó las raíces de la corrupción histórica cuando accedió a la Presidencia hace 12 años, hoy el priísmo empanizado se mantiene fiel en lo general, excepto por el discurso, al modelo de desestabilización violenta impuesto por Felipe Calderón desde el poder presidencial. Y con el telón de fondo de la descomposición imparable de las instituciones, proliferan en varios puntos del territorio nacional nuevas gavillas, desgajamientos menores de cárteles antiguos y organizaciones de autodefensa no más ilegales que la abdicación del Estado a su obligación central y fundacional: dar seguridad a la gente.

La guerra sigue, porque la población no cabe en la economía, porque la autoridad se ausentó y no ha regresado, porque se han llevado a sus últimas consecuencias las lógicas de la competitividad, la productividad y la ganancia: sólo el narcotráfico, la extorsión, el secuestro y el tráfico de personas son más rentables que las privatizaciones, los contratos mafiosos y las concesiones antinacionales que vienen siendo el modelo ideal de negocio desde tiempos de Salinas.

Y así como el foxismo fue la etapa superior del salinismo, el gobierno de Peña Nieto es el capítulo siguiente del calderonato. No hubo, en el recambio operado por el músculo del dinero en 2012, intención alguna de transición ni de cambio; se trataba, por el contrario, de asegurar la permanencia de las lógicas que rigen al Estado desde 1988. La única diferencia real entre uno y otro es la habilidad discursiva (del régimen, no de los gobernantes, entre quienes podría establecerse una eliminatoria por el campeonato de torpeza verbal); mientras que los panistas de Calderón no estuvieron lejos de confesar su odio hacia la plebe, los priístas de Peña se dieron vuelo acuñando y promoviendo frases del tipo Peña, bombón, te quiero en mi colchón, para regocijo de algunos sectores femeninos de las clases populares.

La guerra seguirá en tanto a los de arriba no se les acabe el negocio de liquidar al Estado en todas sus instituciones salvo, tal vez, la presidencial. Que el sector privado se encargue de las aduanas, de la seguridad, de las cárceles (¿verdad, señor Mondragón?), de la recaudación y también, por supuesto, de la educación, la salud, la generación de electricidad y la extracción y el transporte de petróleo.

Lo que deja, en todo caso, es garantizar la integridad de bancos, filiales de trasnacionales de servicios y empresarios adinerados y sus familiares. Quién le va a hallar cara de negocio a la protección de comunidades miserables y remotas, de ciudadanos anónimos que transitan en masa por las urbes, de jubilados y de jóvenes sin empleo ni escuela. Los segundos pueden seguir nutriendo la cifra de lo que antaño se denominaba bajas colaterales y que ahora ya no se llama de ninguna manera porque, por disposición oficial, no se habla de eso.

La guerra seguirá, pues, hasta que la gente diga ya basta y se dé cuenta de que el rey sexenal va desnudo: desnudo de respaldo, de simpatías y de consensos, salvo los que consigue a punta de repartición de prebendas entre las cúpulas políticas formales.