En
una entrevista publicada ayer en La Jornada,
Manlio Fabio Beltrones expuso su propuesta de establecer un gobierno
de coalición obligatoria en caso de que ninguno de los contendientes
presidenciales en 2018 logre obtener cuando menos 42 por ciento de
los votos. La idea, se entiende, tendría que pasar por una reforma
política que impusiera a un vencedor por mayoría simple por debajo
de ese porcentaje la obligación de registrar ante el Congreso un
programa de gobierno y una agenda legislativa en común con otros
partidos y someter a la aprobación de diputados y senadores la
composición de su gabinete, salvo los cargos de Defensa, Marina y
Seguridad Pública. Se trataría, según él, de una alternativa a la
instauración de la segunda vuelta en elecciones presidenciales que
propusieron los panistas. En ambos casos, se afirma, el propósito es
dar gobernabilidad, legitimidad y estabilidad a la Presidencia.
En
la lógica de Beltrones, tanto Felipe Calderón como Enrique Peña
Nieto habrían tenido que pasar por el trámite de la coalición
porque, según los resultados oficiales, ninguno de ellos superó el
margen del 42 por ciento de los votos: 35.89 por ciento para el
panista y 38.21 para el mexiquense.
Tales
porcentajes fueron obtenidos mediante sendos fraudes electorales. En
realidad Calderón quedó cuatro puntos porcentuales por debajo de de
López Obrador, pero coronó una ventaja insignificante (0.56 por
ciento) con el trasvase masivo de votos priístas, gestión que tuvo
a Elba Esther Gordillo como operadora principal (léase La cocina
del diablo. El fraude de 2006 y los intelectuales, de Héctor
Díaz-polanco). Peña compró cerca de cinco millones de sufragios
mediante tarjetas Monex y Soriana, dinero en efectivo y productos
diversos. Incluso con los medios fraudulentos empeñados, ambos
obtuvieron votaciones relativamente exiguas, pero lo que manchó de
ilegitimidad sus respectivas administraciones no fue una débil
representatividad sino las escandalosas adulteraciones de la voluntad
popular.
Eso
explica que panistas y priístas hayan tenido que echarse la mano
para consolidar presidencias que son productos del fraude. Si
Calderón logró incrustarse en Los Pinos y mantenerse allí fue
porque los priístas se lo permitieron. En su sexenio se volvió
inocultable la coalición de facto del PRIAN, que venía
gestándose desde tiempos de Salinas y que se consolidó en los
sexenios de Zedillo y de Fox. El peñato se estrenó con el Pacto por
México, que amplió la alianza para convertirla en PRIANRD y que
agrupa, además del partido del sol azteca, al Verde, el Panal y
demás. Uno y otro se vieron forzados a subsanar su falta de
legitimidad mediante un acuerdo bajo la mesa (el primero) y explícito
(el segundo) que si bien no incluyeron el reparto de puestos en el
gabinete sí llevaron a la distribución de toda suerte de canonjías
e impunidades para formaciones opositoras que sólo lo eran en el
papel.
La
esencia de la ingobernabilidad e ilegitimidad crecientes que
experimenta esa coalición no reside desde luego en las disposiciones
electorales pasadas o vigentes sino, como ya se ha dicho, en la
determinación de violarlas para mantener el poder, pero también en
los propósitos y contenidos de ese poder, que básicamente se
resumen en tres puntos: mantener y profundizar el programa económico
neoliberal; garantizar la impunidad de los antecesores por los
sucesores, al margen de qué colores y siglas se encuentren en los
cargos, y preservar la corrupción en la administración pública y
la política como fuente de enriquecimiento personal y faccional.
En
consecuencia, si el PRIANRD fuera a conservar el poder presidencial
otros seis años, la figura de la coalición sería innecesaria e
irrelevante porque ya tiene sobrada experiencia en una forma más
flexible de compartir el gobierno: la colusión, mencionada con
agudeza por el reportero Arturo Cano en la plática con Beltrones.
Tal
vez el veterano priísta esté sopesando en la posibilidad de que en
2018 el fraude no baste para impedir que alguien ajeno a esa
coalición prianrredista llegue al gobierno y en la pertinencia de
idesar mecanismos para atarle las manos a fin de asegurar la
supervivencia de las mafias del poder. O será que piensa en la
estabilidad política, la consolidación democrática y el bienestar
de México.
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