Cinco dólares

El Congreso de Chile aprobó el sábado una reforma constitucional para esconder a Pinochet bajo la alfombra y echarle comida en su escondite: fuero judicial de ex presidente (un candado que no tiene llave legal para ser abierto), retiro del Senado y un sueldo mensual de seis mil dólares. El presidente Ricardo Lagos está ante el predicamento de dejar pasar esa vergüenza o de vetarla y enfrentar el disgusto de sus aliados democristianos que prefieren al ex tirano guardado en el closet legislativo antes que en la cárcel.

Hay que simplificar las cuentas: desde la perspectiva de la rentabilidad, introducida por el propio Pinochet en este subcontinente y luego copiada por sus émulos económicos del bando civil, el Estado chileno va a pagarle al general cinco dólares mensuales, de aquí a que se muera, por cada uno de los mil 198 chilenos detenidos/desaparecidos durante su régimen, sin considerar a los asesinados simples.

El dinero correspondiente sale del fisco, es decir, de los impuestos que pagan los chilenos, entre los cuales hay no pocos familiares de asesinados por la dictadura y víctimas de la tortura y el exilio. Creo que no va a gustarles la noticia de la aprobación de esa “dignidad de ex presidente de la República” para el tirano.

El acto legislativo es atroz, pero eso no significa que las cosas no hayan cambiado en Chile a raíz de la detención, el arresto y el regreso de Pinochet, quien partió a Londres como intocable y volvió como acusado en 77 procesos penales; se fue como prócer y retornó como apestado político. Ahora, si Lagos no veta la reforma constitucional, habrá que fabricar la llave del candado y hacer posible el desafuero del “ex presidente”.

Los promotores de los procesos judiciales libran una carrera contra el tiempo. Las células del tirano no van a dar para mucho más, y es necesario evitar que Pinochet llegue al banquillo de los acusados en calidad de legumbre. Existen, lo que es más, grandes probabilidades de que muera antes de que se desembrolle el nudo legal de sucesivas capas de impunidad.

Un dato fundamental, que debiera ser reconocido como una victoria mayúscula de la justicia y la humanidad, es que en algún momento de los 16 meses transcurridos desde la captura londinense, se produjo la muerte política del dictador. En caso de que fallezca también físicamente, o llegue a parecerse tanto a una lechuga que se vuelva inimputable, quedarán no pocos corresponsables de la atrocidad para ser juzgados.

Por ahora, el presidente Lagos tendría que evitar la monstruosidad de que el dinero de los chilenos sea empleado --entre otras cosas-- en recompensar a Pinochet por sus crímenes, a razón de cinco dólares por víctima.

Vestidos de blanco, verde y negro

Uno despliega los pulmones para recibir el aliento de la primavera, pero entonces, desde el Atlas que reposa en el librero, llega un olor a carne humana frita. Hay que abrir las ventanas de par en par, no para recibir los aires primaverales, sino para ventilar la casa y revisar qué es esa quemazón en el libro geográfico. En la doble página de África se localiza el incendio: en Kanungu, no lejos del Lago Eduardo y las fronteras con el Congo y Ruanda. Un número de seres humanos imposible de cuantificar, porque el fuego hizo bien su tarea, optó por la incineración en vida en el interior de un templo herético cristiano, cerrado a piedra y lodo. Entre los restos había bebés y niños y mujeres y hombres.

Unas horas antes, los pedazos chamuscados eran más bien gente que comía pollo y pan de mijo, y bebía refrescos y pertenecía al Movimiento para la Restauración de los 10 Mandamientos de Dios, un culto desprendido de la Iglesia católica y excomulgado por Roma. Desde fines del año pasado, sus dirigentes espirituales les dijeron que el fin del mundo estaba cerca. La profecía fue recorrida del primer día del 2000 a estas fechas, cuando en el Hemisferio Norte entra la primavera. Pensaban en su iglesia como el Arca de Noé, y se congregaron en ella cuando se les anunció la llegada del tiempo de la calamidad.

Hay que abrir bien las puertas y ventanas para enterarse del destino de esos pobres creyentes. Ellos, antes de encerrarse en el recinto y clausurar sus puertas y ventanas con tablas clavadas, sacrificaron una vaca y se la comieron. Quiere decir que los integrantes de esa comunidad religiosa no la pasaban tan mal, como el resto de sus compatriotas. Uganda es un país difícil para las cifras.

A falta de un censo oficial confiable desde 1970, la CIA proyectó, en julio de 1999, una población de 22 millones 800 mil almas, con un ingreso per cápita de mil 20 dólares al año. Una fuente local habla de un PIB per cápita de 850 dólares, y el Estudio de países de la Biblioteca del Congreso de 304.

El espionaje estadunidense, que tiene las cifras más optimistas, atribuye a los ugandeses una esperanza media de vida de 43.06 años (42.2 para los hombres, 43.94 para las mujeres), una tasa de mortalidad infantil de 90.68 por cada mil nacimientos y un índice de fertilidad de 7.03 hijos por mujer.

El porcentaje de analfabetismo es de 30.2 por ciento (o de 44 o de 50, según la fuente) y 55 por ciento de la población vive por debajo de la línea de pobreza. El agro ocupa 86 por ciento de la fuerza de trabajo, pero produce sólo 44 por ciento del PIB; los servicios, en cambio, emplean a 10 por ciento de la fuerza laboral y producen 39 por ciento del producto interno bruto. En el país hay una alta incidencia de malaria, tétanos, tuberculosis y anemia, y el sida alcanza allí proporciones de peste bíblica.

No creo que estos datos hayan tenido incidencia alguna en la decisión de los sacerdotes apóstatas de Kanungu de llevar a sus fieles al paraíso dudoso de las llamas. Estaban convencidos, más bien, de la llegada del tiempo de la calamidad, como si ésta no se hubiera instalado en Uganda, y alrededor de ella, desde hace tres décadas, cuando el dictador Idi Amín Dada se comía a sus más selectos opositores y guardaba los restos en el refrigerador presidencial.

Ahora mismo se habla de una recuperación “espectacular”, pero la corrupción devora el magro presupuesto estatal con una voracidad análoga a la del antiguo tirano, los desasosiegos armados continúan presentes y el país está cercado no sólo por lagos, sino también por un conjunto de vecinos que sufren guerras civiles interminables.

El suicidio y el asesinato fueron inspirados, en todo caso, por la inminencia de la primavera. Estas personas del Movimiento para la Restauración de los 10 Mandamientos de Dios se parecen a sus próceres y ancestros de Guyana, de Waco y de San Diego, al menos en un punto excluyente: nadie actuó por pobreza ni por hambre.

El problema es que el Atlas (el tomo, abierto, se ha ventilado y se disipa ya su aroma de prójimo a las brasas) indica con terquedad que Uganda es un país mediterráneo, salpicado de lagos, eso sí, y ecuatorial: es decir, la cintura del planeta pasa por la mitad de Uganda, o sea que allí no hay más estaciones que la seca y la húmeda, que en esas tierras el comienzo de la primavera septentrional le importa un rábano a todo mundo y que el misterio de la parrillada, en consecuencia, persiste.

Perdón

Pero he aquí que por todas partes encontraron aflicciones extensas y sombrías tinieblas, graves tribulaciones, rapacidad, quebranto, hambre y peste. Parte de ellos se metieron en el mar, buscando en las olas un sendero, también allí se mostró contraria a ellos la mano del Señor para confundirlos y exterminarlos pues muchos de los desterrados fueron vendidos por siervos y criados en todas las regiones de los pueblos y no pocos se sumergieron en el mar, hundiéndose al fin, como plomo.

En lo anterior uno puede encontrar reminiscencias bíblicas y hasta ecos de la Visión de los vencidos, pero es la crónica Sebet Yehuda, que narra la expulsión de las juderías de Castilla y Aragón, y que es de la autoría del escritor sevillano Salomón ben Verga. La solución final de Isabel y Fernando, antecedida por matanzas azuzadas por Roma y por varias bulas papales (Benedicto XIII y Sixto IV) fue finalmente compuesta en un papel por Tomás de Torquemada y puesta sobre la mesa del despacho real, donde permaneció varios días, hasta que el 31 de marzo de 1492 los Reyes Católicos emitieron el edicto correspondiente, que obligaba a los judíos a abandonar el Reino --con prohibición expresa de llevar consigo moneda acuñada, metales preciosos y caballos-- o a convertirse al catolicismo. Entre 70 mil y 170 mil judíos --dependiendo de si se consulta a fuentes hebreas o españolas-- partieron al desamparo del destierro, dejaron atrás su Sefarad natal y llevaron consigo (eso no lo prohibía el Real Decreto) las llaves de sus casas y un idioma colorido que aún se escucha en pequeñas comunidades dispersas en Medio Oriente y el norte de África.

Quinientos años más tarde Juan Pablo II pretende pedir perdón por las atrocidades que cometió su iglesia en forma de una disculpa light que renueva la liturgia, pero que deja intacta la barbarie: faltas agrupadas en seis categorías arbitrarias que ni siquiera coinciden en número con los pecados capitales, las virtudes teologales o los mandamientos y perdones sin más destinatarios ni destinatarias que Dios y ningún otro nombre propio. A pesar de su aliento dificultoso, Wojtyla bien habría podido pronunciar Santo Oficio, Isaac ben Yudah Abravanel, Tomás de Torquemada, Pedro de Arbués, Avignon, Albi, Noche de San Bartolomé, Contra Idolorum Cultores, Plaza del Volador, Familia Carvajal, Tomás Treviño de Sobremonte, José María Morelos y Pavón, Pío XII, Banco Ambrosiano, Teoría de la Evolución o Leonardo Boff. Entre muchos otros. No se trata de ser exhaustivos en la enumeración, y además no se puede. Millones de seres humanos han dejado este mundo con el garrote vil trepanándoles la nuca, en medio del fuego de la hoguera, en los sótanos de tortura o en paredones de fusilamiento; muchos millones más vieron sus vidas torcidas, sus familias dispersas, sus posesiones confiscadas, y todo ello por iniciativas de una organización que se ostenta como esposa y carne de Cristo. En la enorme mayoría de los casos no había más delitos que la falta de fe, la fe distinta a la católica o una actitud política contraria a los poderes terrenales de la Iglesia y de sus aliados seculares. Si el papado es lo que dice ser, y si Él es quien Es, sería inevitable la conclusión heterodoxa de que Dios es sádico pero, eso sí, bien hipócrita.

Carguen la primera parte de esta blasfemia a la cuenta de los innumerables pontífices que encabezaron el brazo armado de la Providencia, y la segunda a la de quienes se reconocen, hoy, como meros gerentes de Su agencia de Relaciones Públicas y Marketing. Todo genocidio (y Roma tiene varios de ellos a su espalda) es doblemente intolerable si desemboca en la impunidad y la simulación; por ejemplo, la vistosa disculpita del sábado. En el caso del Santo Oficio, por ejemplo, la burocracia vaticana lleva un tiempo fabricando revisiones históricas no muy distintas a las que pretenden negar la existencia del holocausto realizado por los nazis. En noviembre de 1998, cuando ya se preparaba el Mea Culpa de Wojtyla, Georges Cottier, organizador del simposio vaticano sobre la Inquisición, insistía en que ésta era un producto natural de su contexto histórico en el que la pena de muerte era moneda corriente. Cuando se le preguntó sobre los defectos de Torquemada, consideró que “el afán obstinado por perseguir el rigor de la virtud podría tener algo de inhumano” y agregó que era “igual de duro que Calvino” (Zenit, 9 de noviembre de 1998).

Pienso que Wojtyla se habría sentido muy aliviado si el sábado pasado, frente al Crucificado del Siglo XVI, de sus labios papales endurecidos hubiesen surgido las palabras genocidio, atrocidad, asesinato.

Mumia y Amadou

En Nueva York una corte absolvió recientemente a cuatro policías blancos que mataron de 41 balazos a Amadou Diallo, un joven inmigrante originario de Guinea que vendía sombreros en las calles. Tres de ellos tienen antecedentes por haberse excedido, en otras ocasiones, en el uso de sus armas de fuego. Según las explicaciones oficiales, los agentes del orden buscaban en las calles del Bronx a un violador múltiple en el momento en que divisaron a Amadou, quien se disponía a entrar al edificio donde vivía. Cuando la víctima sacaba su cartera del bolsillo, los policías supusieron que el muchacho se disponía a empuñar un arma y dispararon a discreción. No hay que olvidar estos nombres: Sean Carroll, Edward McMellon, Kenneth Boss y Richard Murphy, los asesinos absueltos, pertenecen a la Unidad de Delitos Callejeros (SCU, por sus siglas en inglés). De cada 45 presuntos delincuentes detenidos por la SCU, sólo 10 son sujetos de arresto legal; los agentes de la corporación apenas reciben entrenamiento, actúan sin supervisión directa y son calificados en función del número de arrestados que logran y, en consecuencia, violan la Constitución todos los días, según un policía retirado que habló para Newsday. Ya en 1997 un gran jurado recomendó a las autoridades de la ciudad un mayor control sobre los policías de la SCU, dos de los cuales habían disparado 24 tiros contra un negro desarmado. Pero hoy en día, ante la ola de indignación que provocó la absolución de los asesinos de Amadou, el alcalde neoyorquino, Rudolph Giuliani, y el comisario de Policía, Howard Safir, se limitan a ofrecen a la opinión pública la disyuntiva entre aceptar una policía ruda o dejar que la ciudad caiga en la anarquía. Como dice Cynthia Cotts, del Village Voice, el mensaje de los gobernantes neoyorquinos es que “incidentes aislados” como el homicidio de Amadou, es el precio que hay que pagar para tener calles seguras.

Pero la muerte de este inmigrante de Guinea ųcorroborar el dato de su nacionalidad implicó una ardua búsqueda, porque los medios informativos dieron por referirse a él simplemente como "africano"ų no es un mero accidente, sino la consecuencia de un patrón sistemático de conducta racista, paranoica y brutal de la policía neoyorquina, y la exoneración judicial y gubernamental de los homicidas confirma que esta traducción práctica de la consigna de mano dura forma parte de una línea de gobierno.

La absolución de cuatro policías blancos que acribillan de 41 balazos a un negro inocente contrasta con la condena a muerte del negro Mumia Abu-Jamal, acusado de asesinar de un tiro a un policía blanco. En el juicio inicial, realizado en Filadelfia entre junio y julio de 1982, se eliminó del jurado, mediante amenazas de la Fiscalía, a los integrantes negros; se pasó por alto que en el cuerpo de la víctima había un agujero de calibre .44, en tanto que el arma del acusado era un revólver .38; se prescindió de peritos balísticos y de médicos legistas porque la Corte no tenía fondos; se escamoteó la comparecencia ante el jurado de testigos de descargo que desmintieron la acusación contra Mumia y que fueron sistemáticamente intimidados; se prohibió la presencia del acusado en la mayor parte de las audiencias, y se permitió que el Fiscal basara parte de su alegato en la militancia política de Mumia, quien, tras pertenecer al Partido Pantera Negra, se destacó como periodista y defensor de los derechos humanos, especialmente los de los negros.

Desde entonces, Mumia, quien hasta su detención en 1981 carecía de antecedentes penales, ha vivido 22 horas al día en una celda aislada, y cuando publicó el libro Live From Death Row (Addison-Wesley, 1995) se le castigó con la cancelación total de visitas y llamadas telefónicas. En el afán de aislar a este prisionero, el sistema penitenciario de Pensilvania estableció incluso la prohibición a los medios de entrevistar o fotografiar a cualquier reo en el estado.

Amadou, con 41 balazos en el cuerpo, está muerto. Mumia está vivo, pero Estados Unidos insiste en enviarlo a la tumba ųeste año, de ser posibleų con una dosis de sustancias venenosas en el organismo. Amadou vendía sombreros en las calles de Nueva York y Mumia distribuía ideas de igualdad y cambio social en Oakland y en Filadelfia. Uno nació en Guinea y el otro en Estados Unidos. Uno fue enterrado como víctima sin victimarios y el otro fue condenado a muerte como victimario sin víctima. Ambos son negros y miembros de la especie humana.