El Congreso de Chile aprobó el sábado una reforma
constitucional para esconder a Pinochet bajo la alfombra y echarle comida en su
escondite: fuero judicial de ex presidente (un candado que no tiene llave legal
para ser abierto), retiro del Senado y un sueldo mensual de seis mil dólares.
El presidente Ricardo Lagos está ante el predicamento de dejar pasar esa
vergüenza o de vetarla y enfrentar el disgusto de sus aliados democristianos
que prefieren al ex tirano guardado en el closet legislativo antes que en la
cárcel.
Hay que simplificar las cuentas: desde la perspectiva de la
rentabilidad, introducida por el propio Pinochet en este subcontinente y luego
copiada por sus émulos económicos del bando civil, el Estado chileno va a
pagarle al general cinco dólares mensuales, de aquí a que se muera, por cada
uno de los mil 198 chilenos detenidos/desaparecidos durante su régimen, sin
considerar a los asesinados simples.
El dinero correspondiente sale del fisco, es decir, de los
impuestos que pagan los chilenos, entre los cuales hay no pocos familiares de
asesinados por la dictadura y víctimas de la tortura y el exilio. Creo que no
va a gustarles la noticia de la aprobación de esa “dignidad de ex presidente de
la República” para el tirano.
El acto legislativo es atroz, pero eso no significa que las
cosas no hayan cambiado en Chile a raíz de la detención, el arresto y el
regreso de Pinochet, quien partió a Londres como intocable y volvió como
acusado en 77 procesos penales; se fue como prócer y retornó como apestado político.
Ahora, si Lagos no veta la reforma constitucional, habrá que fabricar la llave
del candado y hacer posible el desafuero del “ex presidente”.
Los promotores de los procesos judiciales libran una carrera
contra el tiempo. Las células del tirano no van a dar para mucho más, y es
necesario evitar que Pinochet llegue al banquillo de los acusados en calidad de
legumbre. Existen, lo que es más, grandes probabilidades de que muera antes de
que se desembrolle el nudo legal de sucesivas capas de impunidad.
Un dato fundamental, que debiera ser reconocido como una
victoria mayúscula de la justicia y la humanidad, es que en algún momento de
los 16 meses transcurridos desde la captura londinense, se produjo la muerte
política del dictador. En caso de que fallezca también físicamente, o llegue a
parecerse tanto a una lechuga que se vuelva inimputable, quedarán no pocos
corresponsables de la atrocidad para ser juzgados.
Por ahora, el presidente Lagos tendría que evitar la
monstruosidad de que el dinero de los chilenos sea empleado --entre otras cosas--
en recompensar a Pinochet por sus crímenes, a razón de cinco dólares por
víctima.
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