Todavía falta mucho. Ahora Ricardo Miguel (o Miguel Ángel)
Cavallo está frente al juez Baltasar Garzón y uno desearía que el magistrado no
vaya a tolerar en sus oficinas que torturen al torturador, como lo ha
permitido, según dicen las malas lenguas, con algunos acusados de pertenecer a
la banda asesina de los etarras. El otrora Sérpico, tan pulcro como siempre
y tan disociado como cuando aplicaba personalmente la picana en los cuerpos de
sus cautivos, alegó ante el juez español que no sabe nada de nada y su fingida
ignorancia evoca la demencia senil alegada por Pinochet y la súbita amnesia de
Echeverría. Pero a Cavallo ese recurso no le va a servir de nada. Encarcelado
en la prisión de Soto del Real, será juzgado por genocidio y terrorismo --ojalá
que Bush se informara del caso y lijara un poco sus vastas nociones de lo que
es terrorismo--, y hay la fundada esperanza de que el proceso culmine con una
derrota para la impunidad de Estado.
En lo inmediato las cuentas bancarias de Ricardo Miguel (o
Miguel Ángel) Cavallo dan para contratar como abogado defensor al catedrático
de derecho penal Antonio Ferrer Sama, quien sabrá Dios cuántos euros se embolsa
por cada hora de trato amable con su cliente genocida. Tal vez el docto y
mercenario jurista no se ha puesto a pensar que las víctimas del ex marino
llegaban a las sesiones de electrocución y muerte sin abogado defensor, ni
pagado ni de oficio, y allá él con su jurídica conciencia. Pero el dinero está
listo porque Cavallo es un hombre rico. Hasta donde se sabe, sigue siendo
accionista de Unión Transitoria de Empresas (UTE), Brides, Seal Lock, Martiel
S.A. y Talsud, empresas que formó con Jorge Rádice y otros represores y
torturadores después de terminada la dictadura argentina.
Los fondos para la constitución y operación de esas y otras
empresas provienen, a su vez, según todos los indicios disponibles, de lo que
Cavallo y otros represores robaron a sus víctimas en tiempos de la dictadura
militar. Mariana Masera Cerutti dijo en entrevista con este diario (31/8/00)
que los esbirros del Grupo de Tareas de la Esma no sólo secuestraron y
asesinaron a su padre y a su abuelo, sino que se quedaron con los bienes de su
familia --desde radios, cuadros y joyas, hasta una finca de 25 hectáreas--,
cuyo monto, en ese entonces, ascendía a más de 10 millones de dólares. “No
menos de 70 millones de dólares pasaron como botín de guerra a manos de más de
120 hombres de la armada”, señala la información.
Aquellos fueron los capitales iniciales para la operación de
compañías de documentación y registro que, desde La Rioja y Mendoza hasta
México, pasando por Bolivia y El Salvador, han operado con prácticas
fraudulentas. Tras estipular precios ínfimos a fin de amarrar los contratos en
licitaciones dudosas, tales empresas inflan las
cuotas con la complacencia o complicidad de las autoridades. Así ocurrió con
los negocios de expedición de licencias de manejo en Mendoza, entonces
gobernada por el menemista Rodolfo Gabrielli, y así sucedió con el Renave en
México, entidad cuya supervisión correspondía al entonces secretario de
Comercio Herminio Blanco Mendoza.
Es inevitable preguntarse en qué medida Cavallo y sus
secuaces aceitaron los trámites de las --de otro modo inexplicables--
concesiones que obtuvieron mediante la distribución de fondos procedentes de la
venta de casas, automóviles, televisores, cuadros, radios y joyas de los
secuestrados y asesinados. ¿Dejó Cavallo un rastro de regalos costosos en las
residencias de ex funcionarios argentinos, bolivianos, salvadoreños y
mexicanos? ¿Y por qué se suicidó el subsecretario Raúl Ramos Tercero, enlace
entre Cavallo y Blanco Mendoza?
Albricias: Ricardo Miguel (o Miguel Ángel) Cavallo va a ser
enjuiciado por genocidio y terrorismo (ojalá que a alguien en la Casa Blanca se
le ocurra redactar un resumen del caso para el ignaro presidente Bush), pero la
mafia posdictatorial formada por Sérpico y
otros sigue operando en América Latina. Se necesita ahora una investigación
trasnacional que establezca las rutas, los puntos fuertes, los cómplices y los
alcances de esa organización delictiva que empezó con el robo de autos como
actividad secundaria (la primaria consistía en secuestrar, torturar y asesinar)
y culminó con la operación de registro de vehículos.
¿Y cuántos otros empresarios con orígenes semejantes al del
torturador de la Esma permanecen entre nosotros? ¿Cuántos zopilotes del
franquismo y del pinochetismo se pasean por las pulcras oficinas comerciales de
la modernidad tecnocrática ofreciendo servicios con tecnología de punta,
prometiendo estándares de calidad total y presumiendo certificados ISO 9002?
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