Ética y etiqueta

Jay Chapman, inventor de la inyección letal

• Inhumanidad del protocolo Chapman
• Jospeh Clark: 90 minutos de agonía

A principios de este mes ocurrió algo parecido a un milagro: las autoridades de Kentucky se disponían a macerar al reo Ralph Baze con una triple dosis de tiopentotal sódico (anestésico), bromuro de pancuronio (paralizante muscular) y cloruro potásico (inductor de paro cardiaco), pero antes de que la ejecución tuviera lugar, la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos decidió analizar, por primera vez desde que se emplean las tres jeringas, si la inoculación intravenosa de esos venenos cabe en la definición de las penas crueles e inusuales, prohibidas por la Octava Enmienda de la constitución del país. [Una pequeña crítica constructiva al Departamento de Estado: reconvengan sin excesivo rigor --absténganse, en todo caso, de meterle un jeringazo triple-- al traductor que puso “desusada” como equivalente español de unusual y explíquenle que desuso y rareza no son sinónimos.]

El alegato, presentado por David Barron, defensor de oficio de Baze y de Thomas Clyde Bowling Jr., advierte que el método de la triple, inventado hace 30 años por el humanitario y diligente doctor Jay Chapman, un patólogo fascista de Oklahoma a quien Hipócrates debe estarle mentando la madre desde la tumba, puede no ser tan rápido como se supone y puede desembocar en periodos de dolores prolongados y muerte por asfixia mientras el reo está consciente. El año pasado, en Ohio, el sentenciado Joseph Clark agonizó 90 minutos y requirió una segunda dosis de matarratas para dejar de gritar, amarrado a la camilla de ejecuciones, “¡no funciona!, ¡no funciona!”. Según los testigos de la carnicería, después de recibir la tercera inyección el condenado rogó: “¿No podrían darme algo por la boca para acabar con esto?” Unos meses más tarde, en una cámara de ejecución de Florida, Ángel Nieves Díaz se asfixió en silencio por espacio de media hora tras recibir una dosis letal que no funcionó como se esperaba. El espectáculo fue tan terrible que el gobernador Jeb Bush, con todo y su pertenencia a una estirpe de verdugos, hubo de suspender las ejecuciones siguientes.

Secuencia de la electrocución de Allen Lee Davis, pedófilo y asesino
ejecutado en julio de 1999. La instalación no funcionó como se esperaba,
la cabeza del reo se incendió y Davis hubo de recibir una segunda descarga eléctrica.

Esos y otros episodios de horror llevaron a los tribunales de dos estados a declarar inconstitucional el llamado Protocolo Chapman o La Triple, en tanto que otras 11 entidades han suspendido las ejecuciones con este método. Su autor sostiene que éste es susceptible de ser actualizado con nuevos y más potentes fármacos y se queja de los funcionarios de prisiones que no aplican su procedimiento como Dios manda, colocan la aguja apuntando hacia la mano del “paciente” y no hacia el hombro, o aplican la inyección en forma muscular o subcutánea en vez de intravenosa. “Tienes que ser un idiota para hacer eso”, concluye, y decide cortar (literalmente) por lo sano: “Lo más simple que conozco es la guillotina, y no me opongo a traerla de nuevo; se corta la cabeza de la persona, y se acabó”.

Por si las dudas, Daryl Holton escogió la silla eléctrica y el 12 de septiembre pasado se convirtió en el primero en Tennessee en morir en ella desde 1960. El infeliz, un veterano de la primera guerra del Golfo (1991), padecía una larga historia de trastornos mentales, incluido el síndrme de estrés postraumático, mató a sus cuatro hijos a balazos porque la madre no dejaba que los viera y luego se entregó a la policía. En los diez años que estuvo preso se negó a hablar con sus abogados de oficio y a firmar apelaciones. Las autoridades carcelarias hubieron de desempolvar el aparato letal y, antes de freír a Holton la calentaron durante 35 segundos --tiempo necesario para completar el proceso a mil 750 voltios-- con una “carga experimental” diseñada para simular un cuerpo humano.

Antes de que Clark y Nieves fueran martirizados, un texto aparecido en PloS Medicine concluyó que la inyección letal era equivalente en ocasiones a una “asfixia química”. La revista médica The Lancet había publicado ya los resultados de una investigación realizada por facultativos que analizaron los expedientes de numerosas ejecuciones y entrevistaron a decenas de funcionarios penitenciarios; luego compararon la información con el protocolo para eutanasias adoptado por la Asociación de Veterinarios y concluyeron: “La actual práctica de la inyección letal no cumple ni con los estándares veterinarios”. La publicación acompañó el documento con un editorial que señala: “La pena capital no sólo es una atrocidad, sino también una mancha en el expediente de la democracia más poderosa del mundo. Los médicos no debieran estar en la tarea de matar. Los que participan en este acto bárbaro actúan como ejemplos vergonzosos de una profesión que ha permitido la corrupción de sus valores por la violencia del Estado”.

Encuentro un exceso de optimismo (o de benevolencia) en el texto porque a estas alturas, tras los desaseos electorales de 2000 y 2004 que favorecieron la elección y la reelección de Bush; habida cuenta del severo retroceso ocurrido desde 2001 en la vigencia de las garantías individuales, los derechos humanos y las libertades fundamentales; considerando que la Casa Blanca porfía en una agresión armada (contra Irak) con la que la mayoría de los ciudadanos está en desacuerdo, y dado que Estados Unidos es la única potencia occidental que comparte la barbarie de la pena de muerte con Arabia Saudita, Indonesia o China, resulta cuestionable describir a Estados Unidos como una “democracia poderosa”. Sin desconocer su enorme poderío militar, económico, político y tecnológico, me parece más bien una democracia sumamente débil y debilitada.

El máximo tribunal estadunidense ha decidido entrar al problema de la pena capital no por la puerta trasera, sino por un ducto de ventilación: no se discute el castigo, sino un método particular para aplicarlo, y no se pone en duda que privar de la vida a un ser humano sea, en sí, un acto degradante, bárbaro e inhumano, además de cruel e inusual: lo inusual y cruel podría ser, se dice a sí mismo el sistema judicial del país vecino, la prolongada y dolorosa agonía que en ocasiones causa la jeringa. En suma: por ahora, la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos no está interesada en la ética, sino en la etiqueta. Pero peor es nada.