LUZ Y FUERZA DEL CENTRO
Y EL
SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS
El pasado 10 de octubre, el régimen que encabeza Felipe Calderón decretó la “extinción” de la entidad pública Luz y Fuerza del Centro (LFC) y la liquidación de sus trabajadores, agrupados en el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME). Fue una medida violatoria de la Constitución que tendría que dar lugar al juicio político y la destitución del presidente en funciones, según los términos de los artículos 110 y 111 constitucionales.
Al margen de las implicaciones legales referidas, el golpe de mano del 10 de octubre contra Luz y Fuerza LFC y contra sus 44 mil trabajadores sindicalizados fue la culminación de una estrategia injusta, grotesca y tramposa de destrucción deliberada de una empresa propiedad de la nación, así como un intento descarado por convertir en botín de empresas privadas la infraestructura de fibra óptica de LFC y sus posibilidades de ofrecer servicios de triple play por medio de su red eléctrica. Se ha perpetrado una intromisión inaceptable en la vida interna del sindicato. La maquinaria mediática del régimen ha emprendido el linchamiento propagandístico de los trabajadores y la formación de un consenso basado en las distorsiones oficiales sobre la paraestatal. Por añadidura, se ha buscado criminalizar las conquistas laborales y presentarlas como consecuencia de prácticas corruptas. En esa medida, la desaparición arbitraria de LFC y el despido masivo de sus trabajadores fue un acto hostil contra el conjunto de la población, de las oposiciones sociales y políticas y de las izquierdas del país: el régimen no tolerará obstáculos ni frenos a un nuevo ciclo de desarrollo neoliberal, al empeño de desmantelar las conquistas laborales y al designio de depredar lo que queda de propiedad pública. Ante la imposibilidad de crear nueva riqueza, la oligarquía gobernante busca apropiarse, mediante el despojo, de la riqueza ya creada.
El golpe contra LFC busca privar a la nación en general de conocimiento y tradición obrera acumulados durante décadas por el SME, en lo que constituye un nuevo capítulo de la devaluación deliberada de la población nacional vía contenciones salariales, deterioro de los sistemas educativo y de salud, pérdida de derechos y conquistas, erosión de las condiciones de vivienda, seguridad, transporte, etc. Es una nueva ofensiva que pondrá en peligro derechos y conquistas más generales, la autonomía universitaria y la presencia del Estado en la salud y en la educación, como se perfila en la “reforma fiscal” recientemente aprobada. La forma (discrecionalidad, arbitrariedad) y el fondo (inconstitucionalidad, sentido antinacional) de la medida denotan un golpe al Estado de derecho.
En el entorno de hegemonía corporativa ejercida por el poder público sobre los sindicatos, el SME; sin estar exento de vicios propios de ese contexto, ha sido un factor de articulación para las izquierdas y las causas progresistas, un punto de confluencia ineludible entre las luchas sociales y las instituciones, entre las resistencias civiles radicales —Atenco, Oaxaca, el zapatismo—, las luchas universitarias y el movimiento lopezobradorista. Para el calderonato, se trata de un símbolo a destruir, y de un articulador de sus propios empeños: el de aislamiento político, el de linchamiento propagandístico y mediático, el de acoso jurídico y el represivo.
Por ello, la ofensiva oficial contra el SME y el decreto de extinción de LFC han creado una posibilidad de ruptura política sin precedente desde el inicio del ciclo de gobiernos neoliberales. Las medidas del régimen constituyen un acto de desestabilización y una declaración de guerra contra el proyecto nacional enarbolado por las izquierdas de este país a lo largo de un siglo.
Esta ofensiva genera la necesidad de una convergencia amplia de las oposiciones, las resistencias y las disidencias —políticas, regionales, sectoriales, de clase— en torno a la solidaridad con los electricistas. En el momento actual, todos los segmentos políticos y sociales que se definen como de izquierda y progresistas, tienen el deber de incorporarse a la lucha por la defensa de LFC y del SME, por encima de diferencias ideológicas y programáticas.
La violencia empleada por el régimen para liquidar a LFC y al SME hará inevitable la radicalización de las medidas de resistencia. Se ha hecho evidente la necesidad de medidas contundentes y de alcance nacional capaces de detener la ofensiva del gobierno. La organización sindical de los electricistas ha convocado a un paro nacional para el próximo 11 de noviembre. Será una jornada crítica y decisiva de la lucha por la soberanía popular, la democracia y la defensa del sector energético —petróleo y electricidad— de México. Los integrantes del Grupo Sur llamamos a todos los sectores progresistas, populares y de izquierda a empeñar todos los esfuerzos de unidad en la acción para lograr el éxito del paro nacional y de las otras medidas de resistencia que se realicen para impedir la extinción de Luz y Fuerza del Centro y la desaparición del Sindicato Mexicano de Electricistas.
México, D.F., 7 de noviembre de 2009
Carlos Payán, Guillermo Almeyra, Cristina Barros, Víctor Flores Olea, Armando Bartra, John Saxe Fernández, Marco Buenrostro, Elvira Concheiro, Héctor Díaz Polanco, Gerardo de la Fuente, Rosa Elena Gaspar de Alba, Epigmenio Ibarra, Massimo Modonesi, Lucio Oliver, Pedro Miguel, Consuelo Sánchez, Gabriel Vargas Lozano, Mario Zepeda, Sergio Zermeño
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