Las colaboraciones en La Jornada, más otras cosas
El volumen de dinero que las actividades ilícitas inyectan en las economías formales es uno de esos temas de obligada imprecisión y en el que los enterados no logran ponerse de acuerdo. No lo lograrán nunca, por la simple razón de que no hay forma de medir en forma exacta un fenómeno que escapa, por su propia naturaleza, a los mecanismos estadísticos gubernamentales, los cuales no pueden medir negocios no declarados. Por ello, el tamaño de esos recursos y el de las consiguientes operaciones de lavado que requieren para ser aprovechados en gran escala por sus poseedores, forman parte de las “cifras negras”, al igual que la cantidad de delitos que no se denuncian.
Pero el lavado de dinero no es tan inescrutable como el número de ángeles que caben en la punta de un alfiler; hay maneras de calcular, si no sus cifras precisas, sí sus magnitudes. Por ejemplo, a mediados del año pasado, el entonces secretario de Economía, Ernesto Cordero, afirmó que anualmente los bancos que operan en el país reciben 10 mil millones de dólares de procedencia “oscura o desconocida”, cantidad que, dijo, “va más allá de la que se pudiera explicar por las actividades y la dinámica de la economía en México”. El director de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores contrapunteó: la suma era consistente con la estimación estadunidense de que cada año entran a México entre 19 mil y 29 mil millones de dólares (mmd) en efectivo procedentes del norte, aunque “no sabemos exactamente cómo se hicieron” los cálculos. Tres años antes, Yuri Serbolov había estimado en 42 mmd anuales la suma “blanqueada” anualmente en la economía mexicana. Stratfor calculó que cada año las empresas dedicadas al trasiego de dólares invierten 42 mmd en sobornar a funcionarios. A mediados de la década pasada, el Observatorio Europeo de las Drogas y la Toxicomanía (OEDT) estimaba en 60 mmd el lavado de utilidades procedentes del narcotráfico en México. De modo que, sin dar por bueno uno de esos montos, podemos asumir que el comercio de drogas ilegales aporta a la economía nacional decenas de miles de millones de dólares; entre 10 y 60, algo equiparable a las remesas (unos 20 mmd) y a las exportaciones de petróleo (entre 14 y 24 mmd).
Sería un gran negocio, si se considera que de no ser porque la inseguridad y la violencia –que tienen su componente principal y articulador en la “guerra contra la delincuencia organizada”, centrada, a su vez, en el narco– le cuestan al país 130 mil millones de dólares, según estimación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Una consideración ineludible es que, mientras que las utilidades del narcotráfico, del lavado y de la guerra (por ejemplo, las inversiones corporativas y gubernamentales en inteligencia, armamento, sistemas de vigilancia y comunicaciones, por ejemplo) son altamente centralizadas, y su mayor parte se queda en manos de capos, funcionarios corruptos y empresas proveedoras de bienes y servicios, los costos de la violencia se reparten con amplitud entre extensos sectores de la población. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) calculaba en agosto de 2008 que 500 mil personas estaban vinculadas, en el país, al narcotráfico, y desagregaba esa cifra de esta manera: 300 mil sembradores, 160 mil narcomenudistas, transportistas, distribuidores e informantes, y 40 mil líderes de diversas jerarquías.
Dicho sea de paso, por los mismos días que se anunciaba el “descubrimiento” de Cordero, éste y los organismos cúpula de los banqueros fabricaron una graciosa historia acerca de un “lavado hormiga”: se trataba de “un rudimentario pero eficaz operativo de lavado de más de 20 mmd sin que ni los bancos ni las autoridades del gobierno federal se percataran” que, según esto, funcionaba por medio de “una serie de operaciones hormiga en los bancos de Jalisco, Sinaloa, Michoacán y en la zona fronteriza. La gente vendía dólares en pequeñas cantidades en varias sucursales bancarias, así no tenían que identificarse, no generaban reportes y podían cambiar muchos dólares en un día”. Dice la calculadora que la explicación es poco verosímil porque la suma anual de 20 mmd dividida entre 365 da 54 millones de dólares diarios, y si eso se subdivide en cantidades de, digamos, 500 dólares, hay que realizar casi 11 mil operaciones diarias.
De cualquier forma, las cifras mexicanas, en éste como en otros tópicos, son de juguete comparadas con las correspondientes a Estados Unidos: allí las decenas de mmd que el narco inyecta en México se convierten en centenas de mmd. A octubre de 2011, la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (UNOCD, por sus siglas en inglés) estima en 1,6 billones de dólares (es decir, mil mmd) el monto total de “dinero negro” –procedente de actividades ilícitas– que se blanquea anualmente en el mundo. De esa suma, es posible que un tercio corresponda a lo que deja el narcotráfico en el sistema financiero estadunidense. 500 mmd, dijo el OEDT. Según un reporte al Congreso de Estados Unidos (Wyler, LS: Internacional Drug Control Policy), las utilidades globales del narco son de un billón de dólares anuales.
La magnitud de centenares de mmd nos coloca en el terreno del presupuesto de defensa del país vecino (700 mmd) y en proporciones del 2, 4 o 6 por ciento del PNB de la superpotencia. Con estos datos, y aunque no nos sea dable contar el número de ángeles que caben en la cabeza de un alfiler, pero sí podemos estar razonablemente seguros de que el narcotráfico es una parte imprescindible de las finanzas mundiales.
En la medida en que el negocio del narco no consiste en vender drogas, sino en agregarles valor eludiendo la prohibición de ellas, una iniciativa nacional orientada a su despenalización desembocaría en la ruina de algo que es, más que un negocio lucrativo, un sector completo de la economía planetaria. En la medida en que los estupefacientes perdieran el 99 por ciento o más de su valor agregado actual, los volúmenes de lavado de dinero se reducirían en esa misma proporción y se crearía, con ello, un boquete monumental en el sistema financiero. Incluso si la pérdida afectara sólo un tramo sustancial del negocio (el que representa el territorio mexicano, por ejemplo), la contracción de las ganancias sería monumental. Es de dudar, pues, que, moralinas y autoritarismos aparte, los gobiernos de México y de Estados Unidos estuvieran dispuestos a dar un mazazo de ese calibre sobre la mesa de las cuentas, especialmente en tiempos de recesión intermitente.
¿Vale la pena jugarse una nueva crisis económica para terminar de raíz con el problema del narcotráfico? La respuesta a esa pregunta variará en función de quien la responda: si se trata de uno de los beneficiarios del negocio en cualquiera de sus aspectos, probablemente dirá que no. Pero la mayor parte de la sociedad, que sólo sufre los perjuicios de la inseguridad, la militarización, el empoderamiento de los cárteles y la multiplicación de las adicciones, posiblemente responda que sí.
Sea como fuere, la despenalización de las drogas obligaría a la elaboración multilateral de una estrategia para salir del nuevo abismo económico. Esa estrategia tendría que ser tema del enlace telefónico entre Los Pinos y La Casa Blanca. Seguimos la semana entrante.
Discurso de Marcelo Ebrard Casaubon
Muy buenas tardes, amigas y amigos; Andrés Manuel, Octavio, René; compañeras y compañeros que están aquí presentes; licenciado Manuel Camacho, coordinador del DIA.
En mayo de este año propuse una encuesta, para determinar la candidatura a la presidencia de las fuerzas progresistas, entre Andrés Manuel López Obrador y un servidor. Eran entonces varios los objetivos estratégicos:
El primero, garantizar una candidatura unitaria; el segundo, asegurar que la selección del candidato fuese entre nosotros, a partir de los electores y su opinión, y el tercero, sentar las bases para una nueva etapa en la vida política de las fuerzas progresistas.
Desde entonces recurrí al apoyo de la Fundación de Equidad y Progreso, Demócratas de Izquierda, personalidades destacadas de la vida nacional y numerosas organizaciones civiles y sociales. Representamos una propuesta para cambiar el rumbo del país hacia la igualdad, la construcción de la paz, la prosperidad y el cambio de régimen político.
La propuesta ha crecido y ganado presencia y apoyo. Se fundamenta en una concesión incluyente, basada en una visión de largo plazo, y alejada de la cortedad de miras y mezquindad, que tanto daño le hacen a nuestra convivencia.
La encuesta –como se ha informado el día de hoy– se realizó conforme a lo previsto y se presenta a la opinión pública tal y cual resultó. De las cinco preguntas, yo gano dos y Andrés Manuel gana tres; el saldo de opinión me es favorable y el potencial de crecimiento de mi candidatura sería alto. La intención del voto favorece hoy a Andrés Manuel.
Sería posible argumentar que estamos en posiciones de equilibrar, o podría yo argumentar que no he estado en campaña mediática, o que las diferencias no son las suficientes; podría yo empecinarme, el día de hoy, en llamar a ir a las internas, a partir de diciembre. Sí, se podría, pero entonces, cabría preguntarse: ¿en dónde quedó la congruencia? ¿Dónde quedaron los objetivos estratégicos planteados en la encuesta?
La izquierda dividida sólo iría al precipicio, y no seré yo, nunca, quien conduzca las posibilidades de cambiar el rumbo de México al fracaso.
Acepto y acato los resultados de las encuestas, cumplo lo que he dicho, así sea la diferencia que sea, pequeña o no; hago honor a mi palabra con dignidad y optimismo.
Soy optimista porque creo firmemente en el futuro progresista de México; soy optimista, porque el acto que hoy nos congrega es el principio del mañana para la izquierda, en lugar de hacer otro conflicto y el principio del fin de los sueños de nuestra generación.
Soy optimista, porque sé que quienes simpatizan conmigo y la propuesta que encabezo, respetan ante todo la congruencia y la altura de miras. Le he propuesto a Andrés Manuel que demos paso a un frente amplio que, en su momento, pueda transitar a un partido frente, capaz de incluir a los partidos de la izquierda, superar la recurrente lucha de facciones que tanto daño han hecho y capaz sobre todo, de representar a la amplia gama de colectivos, causas y aspiraciones que se han alejado de los partidos progresistas.
Le he propuesto que vayamos a un frente amplio en el que se respete a todos, pero sobre todo, que vayamos a una dinámica política colegiada y de consenso, que pueda atraer a intelectuales, a empresarios, a clases medias, causas ambientales, la defensa de los derechos humanos y las libertades, de la equidad de género, y las nuevas y muy diversas reivindicaciones de las generaciones más jóvenes.
Le he propuesto también que cese el conflicto con el PRD y sus dirigentes, que la campaña del 2012 incluya a todos, que se intensifique el diálogo con el sector privado, las clases medias y el exterior; no veo otro camino para el triunfo.
Hay acuerdos sobre esas bases; no he buscado en estos días otra cosa, que actuar con el patriotismo y la altura de miras que, quienes me han seguido y apoyado, siempre han esperado de mí; hoy deseo (ser) y soy leal.
El futuro de la causa que nos anima está antes y por encima de los deseos personales y la vanidad.
Andrés Manuel, le deseo el mejor de los éxitos; sabe que contará con mi sincero apoyo y solidaridad. Seamos optimistas, construyamos el futuro.
Muchas gracias.
Discurso de Andrés Manuel López Obrador
Agradezco a ustedes, integrantes de los medios de comunicación; agradezco a la doctora Ana Cristina Covarrubias y a Luis Woldenberg, de las empresas encuestadoras Covarrubias y Asociados y Nodos, Investigación y Estrategia; agradezco a los dirigentes, militantes y simpatizantes del PRD, del PT y del Movimiento Ciudadano; agradezco el apoyo de los integrantes del Movimiento Regeneración Nacional, Morena; agradezco con todo mi corazón a los ciudadanos que me han dado su confianza y apoyo, les aseguro que nunca los traicionaré.
Amigas y amigos todos:
Hoy cumplimos el compromiso de que sería el candidato de izquierda para las elecciones del 2012 el que estuviera mejor posicionado. Siempre sostuve, por honestidad y congruencia, que no sería candidato sin el respaldo de los ciudadanos independientes y de los sectores progresistas del país.
El resultado de las consultas, como aquí se ha dicho, me beneficia. En consecuencia, haciendo uso de mi libertad de expresión, manifiesto que voy a participar en la contienda electoral del 2012. Lo haré con apego a las decisiones que adopten de acuerdo a sus estatutos los partidos progresistas, PT,. PRD y Movimiento Ciudadano, y en conformidad con los tiempos y procedimientos que establece la ley electoral vigente. En cuanto a Marcelo Ebrard, con quien acordé resolver de manera responsable este importante asunto, deseo expresar que, además de ser un buen amigo y compañero, es un dirigente político extraordinario, excepcional; ha demostrado con hechos poner, por encima de sus legítimas aspiraciones personales, el interés general, los anhelos de millones de mexicanos de que, con la unidad de la izquierda, se facilite, sea posible, la trasformación de la vida pública de México. Marcelo, como Ulises, el de la Odisea, no se dejó cautivar por el canto de las sirenas; se puso cera en los oídos para continuar la travesía con la mira puesta en los ideales de libertad, justicia y democracia.
Marcelo nos está dando una lección como ser humano y como un político; además, como gobernante, es reconocido por todos. Por eso he aceptado su recomendación de crear, en lo inmediato, un frente amplio progresista, invitando a participar al PRD, al PT, al Movimiento Ciudadano, así como a Morena y a quienes están convencidos de que México y su pueblo merecen un mejor destino; Se trata de construir, ahora sí, un Estado social y democrático de derecho (…), un lugar para todas y todos los mexicanos.
El Frente Amplio deberá tomar decisiones colegiadas y fortalecerse con la participación de los líderes de opinión más reconocidos que simpatizan tanto conmigo como con Marcelo, incluyendo también a integrantes de movimientos cívicos que defienden los derechos humanos y sociales; en lo especifico, he acordado con Marcelo que respetuosamente propongamos a los partidos progresistas. que se unirán para las elecciones de 2012, que dicha coalición lleve el nombre de Movimiento Progresista.
También expreso que respaldaré a Marcelo Ebrard en la orientación política que él defina, en el marco de la legalidad y de la democracia, para seguir gobernando la ciudad de México, esta gran ciudad, los mejores ciudadanos, mujeres y hombres, honestos y comprometidos con el bienestar del pueblo, con el bienestar de todos los ciudadanos.
Asimismo, abro el compromiso con Marcelo de convocar a todos los ciudadanos de todos los sectores productivos, de todas las clases sociales, de todas las corrientes del pensamiento, a la construcción de un nuevo pacto social para la equidad y el progreso, estoy consciente de que Marcelo representa a amplios sectores de las clases medias y empresariales, promueve nuevas causas ciudadanas como la ambiental, libertades y nuevos derechos, una mayor cooperación internacional en materia de seguridad y desarrollo económico; por lo mismo, al ir juntos, nos vamos a complementar, y eso se los aseguro, nos permitirá potenciar nuestras fuerzas con el objetivo superior de transformar a México.
En suma, amigas y amigos, aspiramos todos, mujeres, hombres libres, conscientes, a vivir en una sociedad más justa, más humana y más igualitaria. Vamos todos juntos, sin odios ni rencores, a construir una República amorosa, con dimensión social y con grandeza espiritual.
Muchas gracias.
Algunos de los recambios en Bucareli han generado dolor de pérdida en entornos familiares y habría que acomodarse a las zafias maneras del calderonato para hacer escarnio de fallecimientos trágicos. Pero el respeto ante la muerte no obliga al silencio en lo que toca a las implicaciones, para el país, del constante desfile de secretarios en Bucareli.
Más allá de teorías conspiratorias y de hipótesis disparatadas, algo o alguien, o una combinación de factores variopintos, ha estado eliminando secretarios de Gobernación en estos cinco años. Sea el narco, sean las disputas por el poder, sean las desavenencias personales, sea la alta peligrosidad estadística de las aeronaves oficiales o de sus tripulaciones, sean las turbulencias y las nubosidades, sea la mala estrella de este régimen, el hecho es que en los próximos días su jefe formal saldrá a anunciar la designación de un quinto coordinador de gabinete. En promedio, uno por año. El primero pasó unos meses aprendiendo el desempeño del cargo, el segundo se dedicó a los negocios, el tercero anduvo atestiguando pactos inconfesables y el cuarto, que se sepa, no hizo nada.
Para un país en guerra y en crisis económica focalizada (sólo afecta al 70 por ciento de la población), con profundas fracturas sociales y políticas y en pavorosa regresión a los tiempos priístas de votos inducidos a punta de pistola (como ocurrió el domingo en Michoacán), el palmarés del Palacio de Cobián, y el del calderonato en su conjunto, no son lo que se dice adecuados.
Mientras desde Los Pinos y desde la Secretaría de Comunicaciones y Transportes pretenden abrir paso a la teoría de la nubosidad asesina (o mientras les llega de arriba alguna instrucción realmente útil e ingeniosa, como echarle la culpa a Irán, a Venezuela o a Al Qaeda), la Procuraduría General de la República se dedica a detener, sin orden de aprehensión y con violencia innecesaria, al tuitero autor de un chistorete que, de no ser por la sórdida intervención de los muchachos de Marisela Morales, casi nadie habría leído: “No salía tan temprano del trabajo desde que se cayó la avioneta de Mouriño. Anden con cuidado, funcionarios voladores”. Agravio adicional: estas procuradurías, tan ineptas cuando se trata de combatir con éxito a la delincuencia, investigar masacres o reducir los índices de impunidad, son, en cambio, buenísimas para repartir sustos inolvidables entre ciudadanos pacíficos como Efraín Bartolomé o @mareoflores. De paso, y en la forma más estúpida posible, el atropello cometido por la AFI dio nuevos aires a la hipótesis de que el helicóptero de Blake Mora cayó por efecto de un atentado. De hecho, puede darse por oficial el que el gobierno está dando palos de ciego en un sitio insospechado: los timelines de Twitter. Semejante despiste compite por el primer lugar, en términos de capacidad desoladora, con la mala fama –merecida o no– de los servicios de transporte de la Segob y del EMP.
Estos niveles de desgobernación conforman un escenario ideal para operar cosas como la elección del domingo en Michoacán, en donde los recursos públicos (denunciaron todos) y el poder intimidatorio de grupos delictivos (señalaron perredistas y panistas) y de la Policía Federal (a decir de los priístas) fueron empleados como instrumentos de persuasión, en un sentido o en otro, en la disputa por el voto ciudadano. Nada de eso fue sorpresivo o inesperado ni podría atribuirse a la circunstancia trágica, aunque pasajera, de un gabinete federal chimuelo. La tragedia nacional es que la gobernación del país no ha merecido el interés ni el empeño del grupo en el poder, dedicado más bien a cumplir designios extranjeros, a garantizar negocios propios y ajenos y a llevar al país por un rumbo de catástrofe con el fin de aceitar tasas de utilidad que resultan impensables en un entorno de paz, de desarrollo económico y de mínimo bienestar social.
Lo pavoroso, pues, no sólo es la saga de funcionarios que ha desfilado por Bucareli como efecto de defunciones o defenestraciones, sino también la poca, por no decir nula, diferencia entre que el cargo esté ocupado o vacante. Y es que esto no es un gobierno, sino una administración, con cargo al país, de negocios privados; entre ellos, los correspondientes al ramo de la guerra.
“DPA, Oberndorf, 10 de noviembre.- Las autoridades alemanas realizaron hoy una redada en las instalaciones del fabricante de armas Heckler & Koch, bajo sospecha de haber pagado sobornos durante años para conseguir contratos de envío a México. Los expertos buscaban cualquier tipo de indicio que pueda demostrar que los responsables de la empresa pagaron sobornos durante varios años a funcionarios de México para conseguir contratos de envío de armas.
Los investigadores siguen de cerca desde hace tiempo a la empresa alemana por su presunta venta ilegal de armamento al país azteca. De acuerdo con las sospechas, Heckler & Koch habría enviado en 2005 y pese a una prohibición expresa, armas de guerra a cuatro estados mexicanos con violentos conflictos internos.
En enero, las autoridades alemanas paralizaron sus exportaciones al país latinoamericano. El Ministerio de Economía anunció que dejó de tramitar las solicitudes presentadas por la compañía para exportar armas a ese país.
Recientemente, la empresa volvió a saltar a los titulares cuando se detectaron algunas de las armas que fabrica en las tropas del ex dictador Muammar Kadafi.”
@piPorroTuitero comentó: “esas eran las armas largas que llevaban los policías el 1 Nov en Juárez : HK G-36C y uno de los 4 estados vetados era Chih.”
Todo indica que está en lo cierto. Heckler & Koch fabrica los fusiles de asalto G36, que eran los que portaban los efectivos de la policía municipal de Ciudad Juárez que, el pasado 1 de noviembre, reprimieron a un grupo de chavo@s que protestaban contra la violencia imperante en esa localidad fronteriza.
General (r) Otto Pérez Molina, presidente electo de GuatemalaGeneral
—no importa cuál,
da lo mismo,
es igual—:
Para ser General,
como usted, General,
se necesita
haber sido nombrado General.
Y para ser nombrado General,
como usted, General,
se necesita
lo que a usted no le falta, General.
Usted merece bien ser General,
llena los requisitos, General.
Ha bombardeado aldeas miserables,
ha torturado niños
ha cortado los pechos de las madres
rebosantes de leche,
ha arrancado testículos y lenguas,
uñas y labios y ojos y alaridos.
Ha vendido mi patria
y el sudor de mi pueblo
y la sangre de todos.
Ha robado, ha mentido, ha saqueado,
ha vivido
así, de esta manera, General.
General
—no importa cuál—:
para ser General,
como usted, General,
hay una condición fundamental:
ser un hijo de puta, General.
Manuel José Arce
El chingolo o cachilo (Zonotrichia capensis) es un ave neotropical similar a los gorriones domésticos que habita en la mayor parte de Centro y Sudamérica.
Julián Cachilo Díaz fue un músico popular nacido en Salavina que integró, con su hermano el Soco Díaz, un dúo de bandoneón (Soco) y guitarra (Cachilo) de gran calidad, punto de referencia de la música popular santiagueña. Atahualpa Yupanqui los conoció desde joven y cada vez que pasaba por Santiago era recibido en casa de Cachilo. A la muerte de éste, el payador rindió tributo a la amistad con la chacarera trunca El cachilo dormido.
Hubo en la Argentina otro Cachilo célebre: Higinio Alberto Maltaneres (1927-1991), quién vagó por las calles de Rosario escribiendo en grafitis composiciones poéticas que, tras la muerte del autor, han sido consideradas de interés literario. Pero nada que ver.
No podría ser ninguno de los vendepatrias que han ejercido, con legitimidad o sin ella, la presidencia de México en décadas recientes. Tampoco podría hacerlo un representante de esta oligarquía que ha encontrado el máximo de sus negocios en la destrucción humana y material del país. Fuera de ese pequeño conjunto, no importa el apellido de quien, un día, tendrá que armarse de sentido nacional, agudeza y tamaños, como en su día lo hizo Lázaro Cárdenas, para pedir a uno de sus asistentes que establezca comunicación telefónica con la Casa Blanca. Tampoco es relevante si quien toma la llamada, miles de kilómetros al norte, es hombre o mujer, blanco o negra, demócrata o republicano. Salvo que la dinámica de los acontecimientos haya trastocado el panorama actual, lo cierto es que, sea quien sea, puede darse por descontado que no va a gustarle lo que escuche:
–Señor presidente: debo comunicarle que he enviado al Legislativo de mi país una iniciativa de reformas al Código Penal para abolir la prohibición de todas las drogas.
Pero, para entonces, al jefe de Estado de la potencia vecina la noticia no lo tomará demasiado de sorpresa. Porque antes de efectuar esa llamada, habrá debido desarrollarse un debate nacional, una complicada negociación política entre las distintas fuerzas representadas en el Congreso y, lo más espinoso, un proceso de paz con los principales grupos armados que operan en el país.
Suena nauseabundo eso de sentarse a la mesa de negociaciones con representantes del cártel de Sinaloa, Los Zetas, los Caballeros templarios, el cártel del Golfo y no sé cuántas otras organizaciones delictivas. Igualmente repulsivo debe de haberles parecido a Yitzhak Shamir y Shimon Peres estrechar la mano de Yasser Arafat, quien, según ellos, era un carnicero terrorista. Una repulsión parecida ha de haber sentido el dirigente palestino al abrazar a quienes consideraba genocidas. También tuvo que ser muy duro para los comandantes guerrilleros salvadoreños saludar con una sonrisa a los generales criminales que masacraron pueblos enteros.
Hay muchos otros ejemplos. El problema es que, como dijo Shimon Peres en una conferencia en el hotel King David de Jerusalén, en el ya lejano 1994, el liderazgo palestino no lo ejercía Teresa de Calcuta, que era con quien a él le habría encantado firmar la paz. Cuando resulta imposible derrotar militarmente al enemigo que se tiene enfrente, tarde o temprano hay que conversar con él en un proceso de toma y daca para detener una carnicería que no va a terminar por sí misma.
Otro obstáculo: a diferencia de lo ocurrido en los conflictos de Oriente Medio, Centroamérica, el Ulster y otros, las organizaciones criminales mexicanas no encarnan ninguna reivindicación política o social. Pertenecen a delincuentes comunes a quienes mueve el interés por las utilidades, como a cualquier otro empresario, salvo que su negocio es ilegal.
Pero este dato tampoco representa un escrúpulo insalvable para iniciar un proceso de pacificación en el país. Muchos gobiernos han negociado, en diversos momentos, con estamentos delictivos. Lo hizo la Casa Blanca antes de derogar la ley seca, con las mafias de Chicago, Nueva York y otras ciudades, para asegurar una suerte de transición ordenada para insertar las fortunas de los grandes capos en la economía formal; uno de los protagonistas de ese proceso fue Joseph P. Kennedy Sr., fundador de la dinastía, quien traficó con información privilegiada, construyó un imperio de importación y distribución de licores al día siguiente de abolida la prohibición y gestionó el trasvase de capitales dudosos hacia la naciente industria cinematográfica en Hollywood.
Años más tarde, el gobierno encabezado por Franklin Delano Roosevelt buscó a la mafia de origen italiano que operaba en el este del país para que ayudara a garantizar el éxito del desembarco en Sicilia. Los gobiernos de John F. Kennedy –hijo de Joseph P.–, Lyndon B. Johnson y Richard Nixon –quien antes de ser presidente practicó la abogacía hasta límites realmente delictivos– se hicieron de la vista gorda con el vaso tráfico de heroína procedente de Vietnam, realizado al amparo de la intervención militar en ese país. Posteriormente, en tiempos de Ronald Reagan, la CIA operó una vasta red de narcotráfico de Colombia a Estados Unidos, pasando por México, para hacerse de ingresos extrapresupuestales con los cuales comprar armas para los contrarrevolucionarios nicaragüenses.
Por esos mismos tiempos, el Departamento de Estado y el Pentágono no le hacían ascos a los fundamentalistas afganos que financiaban su lucha contra las tropas soviéticas de ocupación mediante el comercio ilegal de heroína.
En el México actual, diversos políticos han reconocido o mencionado la existencia de añejos contactos extraoficiales entre la autoridad y los traficantes de drogas. Lo dijo Miguel de la Madrid en referencia a Carlos Salinas, lo dijo el ex gobernador de Nuevo León con respecto a los candidatos a puestos de elección popular, lo ha dicho Felipe Calderón con respecto a sus antecesores en el cargo que él ocupa de manera ilegítima; no hay por qué no creerles, sobre todo si un alud de datos e indicios confirma tales dichos.
Actualmente, el gobierno de Calderón ha sido insistentemente señalado por su presumible alianza tácita con el cártel de Sinaloa, hasta el punto de que, cabreados por el escándalo, los gobernantes estadunidenses parecen haber decidido poner un alto a las circunstancias que alimentan la versión. La semana pasada The Washington Post filtró una información que describía a un Calderón desesperado por echar el guante a Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, considerado el líder máximo de ese cártel, para cuya captura o eliminación se habrían formado grupos especiales en el Ejército, la Marina y la Policía Federal.
En forma extraoficial, las autoridades mexicanas negaron que existiera tal cosa, pero unos días más tarde el propio Calderón comparecía, un tanto descompuesto, ante el Consejo de Seguridad Pública para presionar a los gobernadores con el tema de los exámenes de confianza de los integrantes de las corporaciones policiales y advertía de un inminente empeoramiento de la inseguridad y de la violencia. Al mismo tiempo, al norte del Bravo, el gobierno de Obama echaba el guante a unos 70 narcos presuntamente vinculados al cártel de Sinaloa. Hay síntomas de que la Casa Blanca y Los Pinos se preparan para un cambio de alianzas.
Hasta ahora, los contactos, las negociaciones y los pactos entre gobernantes y delincuentes formales se han realizado en la más absoluta oscuridad, porque se trata de negocios inconfesables. Pero para acabar con el narcotráfico se requiere de una negociación efectuada de cara a la sociedad con el objetivo de despenalizar la producción, traslado y venta de los estupefacientes ilegales. No se puede desmontar de la noche a la mañana un negocio de medio billón de dólares mediante un decreto. Es preciso incluir a las partes involucradas en él, y eso no sólo incluye a los capos, sino también a los sectores empresariales que se han beneficiado, por décadas, con la inyección de dinero sucio en la economía formal.
Vicente Fox formuló una propuesta semejante y la opinión pública y la clase política se lo comieron vivo, y con razón. La propuesta es correcta, pero el señor que permitió la fuga del Chapo no tiene ninguna autoridad moral para ponerla sobre la mesa. Dejemos para la semana entrante las formas y los temas de una paz negociada entre los grupos armados que se disputan el territorio y la economía del país.
