Las válvulas migratorias del mundo
contemporáneo están diseñadas, en términos generales, para
facilitar el libre tránsito de empresarios y turistas a cualquier
país y acotar o impedir la llegada de pobres procedentes de las
economías más débiles a las más poderosas. Los turistas llegan
con dinero para gastar –mucho o poco– y los empresarios, con
capital para invertir o mercancías y servicios para vender. Los
obstáculos migratorios del sur hacia el norte están diseñados para
quienes viajan sólo con su fuerza de trabajo. Por eso cualquiera que
tenga pasaporte canadiense, estadunidense o mexicano puede transitar
hacia el sur del continente sin restricción alguna, en tanto que
centro y sudamericanos tienen que cumplir con requisitos severísimos
en los consulados de esos tres países si es que quieren llegar a
ellos con los papeles en orden, o bien arriesgarse a cruzar el
Suchiate y/o el Bravo a la buena de Dios.
Hace ya tiempo las autoridades
mexicanas aceptaron desempeñar el papel de policía migratoria
externa para Estados Unidos y Canadá y hasta para Europa y Japón:
“Los extranjeros de naciones que requieran visa (mexicana) estarán
exentos de la misma, cuando acrediten ser residentes legales
permanentes en Estados Unidos, Canadá, Japón, Reino Unido o Espacio
Schengen”, concede la Secretaría de Relaciones Exteriores en su
página web. Somos, pues, una especie de primer dique de control para
atrapar a latinoamericanos –o africanos, o ciudadanos de países a
los que Washington considera sospechosos de algo– que buscan
hacerse una vida en el vecino del norte. Con el tiempo México ha ido
eliminando el requisito de visa para argentinos, beliceños,
costarricenses, chilenos, panameños, paraguayos, peruanos, uruguayos
y venezolanos, pero se mantiene –unilateralmente– para oriundos
de Antigua y Barbuda, Bolivia, Dominica, Ecuador, El Salvador,
Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Nicaragua, República
Dominicana, Santa Lucía, Santo Tomé y Príncipe, San Vicente y
Granadinas, Saint Kitts y Nevis y Surinam. Y claro, a uno se le cae
la cara de vergüenza cuando desembarca en cualquiera de esos países,
muestra en el puesto de control migratorio su pasaporte mexicano, sin
visa ni nada, y escucha: “Pase”.
Pero obviemos por un momento lo
vergonzoso de la asimetría en el condicionamiento del ingreso al
país y dejemos de lado el hecho de que la reducción de los
extranjeros a la condición de indocumentados se traduce en
situaciones de total indefensión, que propicia toda suerte de
atropellos por parte de las autoridades y que alimenta a la
delincuencia organizada. Además, resulta que esa política
migratoria sale carísima: el Instituto Nacional de Migración (INM)
informa que cada año se gasta mil millones de pesos en detectar,
perseguir, capturar, fichar, internar y deportar a extranjeros
indocumentados, procedentes, en su gran mayoría, de cuatro países
centroamericanos (La Jornada, 6/5/2013, p. 10).
Referencias: en 2011 el Fondo de
Cultura Económica tuvo un presupuesto de 200 millones de pesos; los
programas federales de Promoción y Fomento de Libros y la Lectura y
Nacional de Lectura fue de 152 millones; el programa de Universidad
Virtual recibió 200 millones; las actividades culturales recibieron
un subsidio federal de 2.5 millones en Sinaloa, de tres millones en
Tamaulipas y de 12 millones en Chihuahua, por mencionar sólo tres
entidades afectadas por la violencia. Los institutos de la Frontera
Norte y de la Frontera Sur tuvieron subsidios federales, entre ambos,
por un total de 439 millones de pesos; un programa que buscaba la
reinserción académica de jóvenes integrantes de bandas y pandillas
recibió 13 millones de pesos en 2010 y se canceló en 2011. Un año
antes había pasado otro tanto con una partida presupuestal para
financiar becas de educación media y superior a hijos de migrantes
internos.
Otro dato: según el ayuntamiento de
Madrid construir una escuela básica equipada en esa ciudad cuesta el
equivalente en euros a 13 millones de pesos mexicanos; Aun suponiendo
que aquí costara lo mismo, si se considera el sobreprecio impuesto
por la corrupción, el hecho es que por andar persiguiendo y
deportando a hermanos en desgracia se ha dejado de construir 77
escuelas cada año. De ese tamaño son el extravío, la torpeza y la
inmoralidad.
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