GIEI: el régimen desnudo

Die Feier (La celebración),: George Grosz, c. 1921

Los integrantes del Grupo Internacional de Expertos Independientes fueron cuidadosos y prudentes en su lenguaje. En la presentación de su segundo informe sobre la investigación de los crímenes perpetrados el 26 y el 27 de septiembre de 2014 en Iguala –y los que siguen siendo cometidos día a día y hora tras hora desde entonces– omitieron expresiones como siembra, ocultación y destrucción de pruebas, fabricación de culpables, encubrimiento o colusión de funcionarios públicos.

Los expertos dejaron que los hechos hablaran por sí mismos en los dos tramos del episodio delictivo: el primero, que fue la agresión misma, la coordinación entre las fuerzas policiales y militares para perpetrar y/o facilitar los asesinatos y las desapariciones forzadas, la evidencia de que al menos uno de los estudiantes de Ayotzinapa sobrevivió varios días al ataque del 26, la participación de la Policía Federal en la desaparición del autobús Estrella Roja (el “quinto autobús”), el maltrato de los agentes gubernamentales a los sobrevivientes, el desdén ante los heridos y el conocimiento de los hechos casi en tiempo real por parte de las más altas instancias del gobierno; el segundo, la investigación de la PGR, empieza con las torturas a los inculpados para arrancarles confesiones a modo y sigue con una manifiesta siembra de pruebas en los alrededores del río San Juan el 28 de octubre, un día antes de que las diligencias oficiales comenzaran en ese sitio, en donde los peritos de la Procuraduría manipularon evidencias y pasearon a uno de los detenidos; posteriormente obstaculizaron el trabajo de los Especialistas Argentinos en Antropología Forense, impidiéndoles el acceso al río, con el presumible propósito de sembrar en una de las bolsas allí “descubiertas” un fragmento óseo de Alexander Mora Venancio –único de los 43 desaparecidos de quien se ha identificado un resto– procedente sabe Dios de dónde. Es decir, hay elementos adicionales para afirmar que la hoguera de Cocula no fue encendida por los Guerreros unidos sino por los propios empleados de la PGR.

Durante 11 días durante los cuales el régimen de Enrique Peña Nieto se desentendió del caso y lo relegó al ámbito “local” a pesar de que para entonces ya había adquirido un impacto mundial. Pero en ese lapso, y hasta el 9 de febrero de 2015 –es decir, tres meses después de que Murillo Karam incinerara a los estudiantes normalistas en la hoguera de su imaginación– el informe del GIEI reporta que los chips de los celulares de los muchachos siguieron dando esporádicas señales de vida. Fue el caso del teléfono de Jorge Aníbal Cruz Mendoza, quien envió un mensaje de texto a su madre pasada la una de la mañana del 27 de septiembre, hora a la que, según la PGR, ya estaba muerto. Su número volvió a activarse en repetidas ocasiones en diversos puntos de Iguala; uno de sus parientes recibió una llamada en la fecha referida y la familia pidió de inmediato que se localizara el aparato pero no recibió respuesta por parte de las autoridades. En la versión de la PGR, todos los celulares de los normalistas habían sido incinerados en Cocula junto con sus propietarios.

Luego vendrían la suplantación del quinto autobús y de su chofer, la detrucción o el ocultamiento de videos cruciales, la “pérdida” de prendas de los desaparecidos, la fabricación de un tramposo e insustancial tercer peritaje de fuego, justificatorio de la mentira histórica, y muchas otras maniobras para desviar o impedir el trabajo de los expertos extranjeros.

Lo que puede concluirse de los datos duros aportados por el GIEI la mañana del domingo pasado es que la agresión del 26 de septiembre fue un operativo conjunto y coordinado de fuerzas militares, policiales y delictivas en contra de civiles inermes, que los altos niveles del gobierno federal estuvieron al tanto y que desde entonces la PGR ha buscado delimitar la responsabilidad de lo sucedido únicamente a las instancias municipales de Iguala –incluyendo posteriormente a las de Cocula y Huitzuco– para encubrir complicidades estructurales de los tres niveles de gobierno con la complicidad organizada y el narcotráfico.

No hay incapacidad sino deliberado afán de impunidad; no puede concluirse otra cosa de la orden de dar por terminada la misión del GIEI en el país –después de una orquestada campaña de linchamiento mediático en su contra–, a pesar del enorme costo político que esa medida le acarrea al régimen: ahora es claro que el peñato ya no está dispuesto a seguir simulando interés por el esclarecimiento del crimen perpetrado en Iguala.

Pero es demasiado tarde: el trabajo de los expertos internacionales, metódico, riguroso y comprometido, ha desnudado de manera irremediable al gobierno. A la sociedad mexicana le toca hacer lo que falta.

“Casos aislados”

El general Salvador Cienfuegos Zepeda, secretario de la Defensa, repudió y condenó el hecho sin cortapisas, en forma inequívoca y pública. Ofreció una disculpa a la sociedad y dijo que el episodio de tortura ocurrido en Ajuchitlán del Progreso, Guerrero, en febrero de 2015, forma parte de “sucesos repugnantes, aunque aislados, (que) dañan de manera muy importante nuestra imagen y el prestigio” de las fuerzas armadas. Unos días después el comisionado de Seguridad, Renato Sales Heredia, se le unió en las expresiones de consternación y no se quedó atrás Roberto Campa Cifrián, titular de la subsecretaría de Derechos Humanos de Gobernación.

En la sesión de tortura participaron al menos dos elementos castrenses y una agente de la Policía Federal. En el fragmento de video que se hizo viral a mediados de la semana pasada puede verse cómo los militares y la policía patean y encañonan con sus armas reglamentarias a una mujer que está en el suelo, le meten la cabeza en una bolsa de plástico y la conminan a que revele la información que desean obtener.

Una de las interrogantes es quién grabó el video y para qué. Todo indica que tuvo que ser otro servidor público, civil o militar. ¿Qué hay de él o de ella? ¿Lo hizo por perversión personal o tuvo un propósito didáctico, es decir, mostrar a eventuales educandos lo que se debe y lo que no se debe hacer en un interrogatorio de esa clase? Lo cierto es que los torturadores no parecen estar fuera de control ni improvisando; no le gritan a la víctima ni la lastiman “innecesariamente” para sus propósitos; por el contrario, parecen seguir un procedimiento rutinario.

De cualquier forma lo exhibido en la grabación es consistente con los testimonios de miles de personas que han sido víctimas de apremios físicos por las corporaciones policiales y/o militares del país, testimonios que dieron pie a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para señalar, en su informe de octubre del año pasado, que la tortura es una práctica generalizada en México. Y sí: a pesar de los alegatos oficiales de inocencia, la tortura aparece en buena parte de los expedientes judiciales del país como herramienta en eso que el gobierno sigue llamando “lucha contra la delincuencia organizada”, como insumo en el proceso de fabricación de culpables y hasta como medio de venganza y encarnizamiento personal.

La contraparte rutinaria de la tortura consiste en negar (policías, militares) o desestimar y minimizar (jueces) las pruebas de los apremios físicos. Cuando presuntos delincuentes con evidentes huellas de golpizas son presentados sin rubor alguno ante los medios, las autoridades aducen que “se golpearon tratando de escapar”. Pero ólo por excepción es posible contar con la grabación en video de una sesión de tortura como la realizada en en Ajuchitlán del Progreso el año pasado. Y es inevitable suponer que no fue un caso aislado sino la punta de un iceberg.

Qué decir del hecho de que el Ejército tuvo conocimiento de los hechos a fines de 2015 (y detuvo por ellos a un capitán y una soldado) y que no haya hecho públicas tales acciones sino hasta después de la filtración del video. Y qué decir que la Policía Federal no haya sido enterada del asunto sino cuando éste era ya tendencia en las redes sociales.

¿Moralejas? La primera, desde luego, es que la legislación debería ser reformada para garantizar que un individuo sobre el que pesan responsabilidades represivas que incluyen modalidades de tortura, como Enrique Peña Nieto (Atenco), no llegue nunca a ocupar la jefatura del Estado. La segunda es que las Fuerzas Armadas deben ser retiradas de inmediato de tareas policiales por la simple razón de que no están concebidas y entrenadas –ni tienen por qué estarlo– para procurar justicia ni investigar delitos sino para la guerra y la aniquilación del enemigo. La tercera es que tal vez no baste con las disculpas genéricas dirigidas “a la sociedad” y que el general Cienfuegos, Sales Heredia y Campa Cifrián deberían considerar la posibilidad de acudir al penal federal de Nayarit en el que se encuentra la mujer que fue sometida a tortura y se disculpen ante ella, la primera agraviada. Finalmente, el documento videográfico tendría que ser suficiente para considerar espuria toda la actuación del Estado en este caso y para dejar libre a la víctima, aunque no sea de nacionalidad francesa. Y si como consecuencia de ello algún delito queda en la impunidad, que los corifeos del régimen no culpen a los defensores de derechos humanos, sino a quien sea o haya sido el responsable de la Base de Operaciones Mixtas (policías Estatal y Federal, Ejército, Marina, PGR) en la que tuvo lugar la atrocidad.

Incertidumbre histórica

Cartón de Hernández

Una vez destruida toda verosimilitud de la “verdad histórica” y puesta en evidencia la determinación del gobierno federal de urdir una mentira histórica para encubrir algo aun más truculento y sórdido que esa fábula, la Procuraduría General de la República (PGR) se concentra ahora en fabricar una incertidumbre definitiva sobre el destino de los 43 muchachos normalistas que fueron desaparecidos en Iguala el 26 de septiembre de 2014 por fuerzas del Estado. La construcción de la incertidumbre como lápida final para un crimen incómodo es un conocido recurso de autoexculpación del poder político. Claro que en términos de imagen lo más conveniente es ofrecer una explicación plausible que desvíe la atención de los culpables reales y la haga recaer en culpables inventados o que la constriña a unos autores o cómplices materiales de poca monta. Pero si eso no es posible más vale pasar por ineptos que por criminales. ¿Quiénes ordenaron los asesinatos de los Kennedy? ¿El de Olof Palme? ¿El de Colosio? Misterio. Las pesquisas iniciales de esos delitos fueron inmundas, más pensadas para oscurecer que para aclarar; se dejó pasar el tiempo, se destruyó pruebas, se ocultó testimonios y se fabricó otros, se sembró pistas falsas, el enredo acabó por ser inexpugnable y los asesinos quedaron a salvo de la justicia.

“Si la sociedad no acepta nuestra versión de lo ocurrido en Iguala –parecen calcular ahora los operadores del peñato– al menos que no quede al descubierto nuestra determinación de construir un desenlace imaginario; si instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los Expertos Argentinos en Antropología Forense (EAAF) y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) insisten en descubrir incoherencias, falsedades y deficiencias, arrojemos lodo sobre ellas, vía interpósitas personas (o muchedumbres virtuales de “peñabots”) para restar credibilidad a sus señalamientos. Negociemos: tú no aceptas nuestra “verdad histórica” y nosotros no reconoceremos nunca que mentimos en forma deliberada, así que convengamos un descuento del 50 por ciento y dejémoslo en incertidumbre histórica”.

Aunque en realidad no hay negociación alguna sino un puñetazo sobre la mesa. No fue otra cosa la patética presentación ante medios del subprocurador Éber Omar Betanzos y su especialista Ricardo Damián Torres –lectura de un boletín sin espacio para preguntas– a fin de poner sobre la mesa, de manera sesgadísima, algo del no concluyente ni concluido peritaje del Grupo Colegiado de Expertos en Fuego. Ese acto unilateral violentó los acuerdos básicos de trabajo que habían sido adoptados por la PGR y el GIEI, los compromisos con los padres de los 43 muchachos, las reglas que se había fijado para el desempeño del equipo de especialistas en fuego, la verdad y la decencia.

El hecho de que algunos restos humanos fueron incinerados en Cocula se sabe desde hace mucho, como se sabe, también, que no pertenecían a ninguno de los normalistas. Ello exhibe la pavorosa ruptura del estado de derecho en tiempos del calderonato y del peñato pero no fortalece de manera alguna la historia de Jesús Murillo Karam. En suma, el espectáculo encabezado por Betanzos fue diseñado para hacer creer que la “verdad histórica” tiene algún porcentaje de certeza y que el GIEI mintió, a fin de justificar la decisión gubernamental de poner fin a la misión del grupo en el territorio nacional.

Se trata, pues, de un episodio más en el desempeño del gobierno federal caracterizado por la indolencia, el descuido y el desaseo, las omisiones, la obtención de confesiones bajo tortura, el ocultamiento de pruebas, la opacidad, la criminalización de las víctimas, la distorsión sistemática de los resultados científicos, las campañas sucias y a trasmano contra los expertos independientes, el incumplimiento de acuerdos y de reglas previamente establecidas. Urgía echarle al crimen una capa más de inconsistencias y contradicciones para diluir las certezas –las únicas posibles: que la PGR sigue ocultando la verdad– y extender la impresión de que es imposible saber qué ocurrió aquella noche. Para decirlo rápido y a falta de mejor adjetivo, fue un acto procuraduriento a más no poder.

Han transcurrido 18 meses y medio desde la agresión contra los muchachos normalistas y el régimen sigue negándose a revelar la verdad de lo sucedido. Si no se ejerce ahora una presión social decisiva que reivindique la lucha incansable de los padres de los 43 y el valioso trabajo del GIEI y de los EAAF, el peñato se saldrá con la suya y podrá imponer como solución final la incertidumbre histórica, la impunidad y el encubrimiento.

Del momento preciso

Para Hebe Rosell

y Lutz Alexander Keferstein 

¿ Cuál es la gota que derrama el vaso

o la chispa que incendia la pradera?

Nadie lo sabe con razón certera

ni hay fórmula infalible para el caso.

Se podría evitar tanto fracaso

sin el fútil afán, sin la quimera

de atrapar en la lógica severa

la sutil expresión de un chiripazo.

Es mejor preparar, día tras día,

al margen de una fecha perentoria,

el fin de la vetusta tiranía

sabiendo que es la hora decisoria

–como ya Kapuscinski lo decía–

la faceta inefable de la historia.

Del DF a la CDMX

La atmósfera es un símbolo lamentable de la involución sufrida por esta ciudad en tiempos del mancerato: hemos vuelto a padecer una inversión térmica como no las hubo en más de tres lustros. Algunos sostienen, con argumentos, que los límites de velocidad tipo Kidzania del reglamento de tránsito impuesto por el gobierno local ha contribuido a incrementar la concentración de vapores de mierda sobre este valle. Desde luego no será ese el único factor ni mucho menos: hay que sumar la especulación inmobiliaria y comercial, la voracidad de la industria automotriz, la corrupción en los centros de verificación, las deficiencias del transporte público, las torpezas de los planificadores y la falta de buen sentido en las regulaciones y medidas de vialidad.

Pero para ser justos, en estos últimos nueve años nuestra ciudad no sólo ha experimentado un retroceso sino también un avance pavoroso hacia la estratificación social y la exclusión mediante la persistente privatización de espacios públicos y la monetización (el neologismo es aportación de Google, creo) de todo lo imaginable. Da la impresión de que en el viejo palacio de Ayuntamiento hay un montón de personas exprimiéndose los sesos para encontrar nuevos servicios urbanos, nuevos metros cuadrados o cúbicos de urbe, nuevos contratos y concesiones a los cuales exprimirles unos cuantos pesos por habitante que, sumados, dan montos formidables. No se trata, no, de hacerse de recursos adicionales para la administración local, sino de multiplicar las oportunidades de negocio para los contratistas. En medio de esta dinámica es hasta sorprendente que los gobiernos de Peña y de Mancera hayan decidido regalarle a la voluntad popular un poco de participación en el próximo congreso constituyente y que no hayan encargado a una empresa consultora la tarea de redactar la carta magna local. Esos funcionarios deberían tener cuidado, que la obligada simulación de espíritu democrático se les puede revertir y podría colarse por ella la voluntad del pueblo completa, no rebajada a 60 por ciento, como lo han impuesto.

Parece ser que esta autoridad subestima a sus gobernados y piensa que es suficiente con pintar la urbe de rosa y emitir discursos ñoños para olvidar la tremenda traición al mandato cometida de 2012 en adelante: las políticas represivas, reinstauradas; la corrupción, magnificada; la vuelta a un espíritu de gobierno elitista en el que la ciudad de todos es sustituida por la ciudad de quienes puedan pagar como servicios extra cosas que hasta hace poco eran sufragadas por el presupuesto público, es decir, por los impuestos que aportan los habitantes. Lo que era gratuito –no por regalo de nadie, sino porque procedía del patrimonio común– hoy es concesionado a contratistas y transita del ámbito de los derechos al de los privilegios. Es equivocado, por ello, sostener que la administración mancerista se mueve únicamente en función del afán recaudatorio. No: también hay en ella un claro propósito divisorio para colocar a las personas de bien en un espacio superior y tarifario, y al resto, en un entorno infernal que castiga a la pobreza o, cuando menos, a la carencia de tarjeta de crédito. Si Marcelo Ebrard aspiraba a convertir al DF en algo así como Rotterdam, parece ser que Mancera lo quiere volver algo parecido a Jerusalén, que es una ciudad dividida entre la zona opulenta del oeste y el oriente árabe, miserable y abandonado.

El riesgo de concesionar mecanismos coercitivos (colocación de inmovilizadores, fotomultas, grúas) a empresas privadas es que el éxito no se mide en la capacidad de cumplir con los reglamentos y de educar a la ciudadanía, sino en el florecimiento mercantil de las concesionarias. O tomen el ejemplo de las Ecobicis, un servicio operado por la trasnacional Clear Channel Outdoor: el sistema está diseñado para realizar trayectos cortos, dentro de una misma zona de la ciudad, pero no para un uso intensivo de ese medio de transporte. Así lo evidencia su estructura tarifaria: si alguien desea rentar una de esas bicicletas por dos días, a fin de llegar en ella a una zona carente de cicloestación (es decir, cualquier barrio pobre de la ciudad) tendrá que pagar más que por un mes de alquiler de un coche subcompacto según precios de mercado.

Mancera ha llegado al colmo de pactar con los malquerientes priístas y panistas de las mayorías capitalinas un cambio de nombre a espaldas de sus habitantes. En virtud de un acuerdo cupular el Distrito Federal pasa a llamarse, en tanto que entidad política, Ciudad de México, un nombre absurdo por donde se le vea: si ya había cierta dificultad con la homonimia entre el país y la entidad federativa, ahora la confusión se multiplica. Además el Distrito Federal no es una ciudad, sino una demarcación con una parte urbana y otra rural en la que se asienta, sí, la porción principal de la megalópolis. Por lo demás la urbe se extiende hacia el norte y el oriente sin solución de continuidad entre sus barrios defeños y varios municipios mexiquenses.

En todo caso, el acrónimo CDMX tuvo mala estrella: nació marcado por una crisis que no es sólo ambiental y vial, pero que tiene en esas dimensiones su expresión de coyuntura. El desastre se ha gestado en la corrupción administrativa –que ha hecho posible, por ejemplo, una descontrolada proliferación de desarrollos inmobiliarios comerciales y habitacionales en zonas carentes de la infraestructura para asimilarlos–, en la claudicación de la autoridad ante la voracidad empresarial y en actitudes clasistas, insolentes y frívolas, más propias del peñato que de los programas progresistas y con visión social que habían distinguido al DF del resto del país. El problema de Mancera es que no se ha tocado el corazón para reprimir, para imponer tributos draconianos (como el incremento del Metro) ni para dictar reglamentos plagados de absurdo. Ahora no puede decir que le han faltado instrumentos de gobierno para impedir la catástrofe ni escurrir el bulto pretendiendo endosar su responsabilidad a sus gobernados. Porque una autoridad incapaz de adelantarse a los acontecimientos y de regular y orientar el funcionamiento de un colectivo, es una autoridad que no sirve para nada.