Die Feier (La celebración),: George Grosz, c. 1921
Los integrantes del
Grupo Internacional de Expertos Independientes fueron cuidadosos y
prudentes en su lenguaje. En la presentación de su segundo informe
sobre la investigación de los crímenes perpetrados el 26 y el 27 de
septiembre de 2014 en Iguala –y los que siguen siendo cometidos día
a día y hora tras hora desde entonces– omitieron expresiones como
siembra, ocultación y destrucción de pruebas, fabricación de
culpables, encubrimiento o colusión de funcionarios públicos.
Los expertos dejaron
que los hechos hablaran por sí mismos en los dos tramos del episodio
delictivo: el primero, que fue la agresión misma, la coordinación
entre las fuerzas policiales y militares para perpetrar y/o facilitar
los asesinatos y las desapariciones forzadas, la evidencia de que al
menos uno de los estudiantes de Ayotzinapa sobrevivió varios días
al ataque del 26, la participación de la Policía Federal en la
desaparición del autobús Estrella Roja (el “quinto autobús”),
el maltrato de los agentes gubernamentales a los sobrevivientes, el
desdén ante los heridos y el conocimiento de los hechos casi en
tiempo real por parte de las más altas instancias del gobierno; el
segundo, la investigación de la PGR, empieza con las torturas a los
inculpados para arrancarles confesiones a modo y sigue con una
manifiesta siembra de pruebas en los alrededores del río San Juan el
28 de octubre, un día antes de que las diligencias oficiales
comenzaran en ese sitio, en donde los peritos de la Procuraduría
manipularon evidencias y pasearon a uno de los detenidos;
posteriormente obstaculizaron el trabajo de los Especialistas
Argentinos en Antropología Forense, impidiéndoles el acceso al río,
con el presumible propósito de sembrar en una de las bolsas allí
“descubiertas” un fragmento óseo de Alexander Mora Venancio
–único de los 43 desaparecidos de quien se ha identificado un
resto– procedente sabe Dios de dónde. Es decir, hay elementos
adicionales para afirmar que la hoguera de Cocula no fue encendida
por los Guerreros unidos sino por los propios empleados de la
PGR.
Durante 11 días
durante los cuales el régimen de Enrique Peña Nieto se desentendió
del caso y lo relegó al ámbito “local” a pesar de que para
entonces ya había adquirido un impacto mundial. Pero en ese lapso, y
hasta el 9 de febrero de 2015 –es decir, tres meses después de que
Murillo Karam incinerara a los estudiantes normalistas en la hoguera
de su imaginación– el informe del GIEI reporta que los chips de
los celulares de los muchachos siguieron dando esporádicas señales
de vida. Fue el caso del teléfono de Jorge Aníbal Cruz Mendoza,
quien envió un mensaje de texto a su madre pasada la una de la
mañana del 27 de septiembre, hora a la que, según la PGR, ya estaba
muerto. Su número volvió a activarse en repetidas ocasiones en
diversos puntos de Iguala; uno de sus parientes recibió una llamada
en la fecha referida y la familia pidió de inmediato que se
localizara el aparato pero no recibió respuesta por parte de las
autoridades. En la versión de la PGR, todos los celulares de los
normalistas habían sido incinerados en Cocula junto con sus
propietarios.
Luego vendrían la
suplantación del quinto autobús y de su chofer, la detrucción o el
ocultamiento de videos cruciales, la “pérdida” de prendas de los
desaparecidos, la fabricación de un tramposo e insustancial tercer
peritaje de fuego, justificatorio de la mentira histórica, y muchas
otras maniobras para desviar o impedir el trabajo de los expertos
extranjeros.
Lo que puede
concluirse de los datos duros aportados por el GIEI la mañana del
domingo pasado es que la agresión del 26 de septiembre fue un
operativo conjunto y coordinado de fuerzas militares, policiales y
delictivas en contra de civiles inermes, que los altos niveles del
gobierno federal estuvieron al tanto y que desde entonces la PGR ha
buscado delimitar la responsabilidad de lo sucedido únicamente a las
instancias municipales de Iguala –incluyendo posteriormente a las
de Cocula y Huitzuco– para encubrir complicidades estructurales de
los tres niveles de gobierno con la complicidad organizada y el
narcotráfico.
No hay incapacidad
sino deliberado afán de impunidad; no puede concluirse otra cosa de
la orden de dar por terminada la misión del GIEI en el país
–después de una orquestada campaña de linchamiento mediático en
su contra–, a pesar del enorme costo político que esa medida le
acarrea al régimen: ahora es claro que el peñato ya no está
dispuesto a seguir simulando interés por el esclarecimiento del
crimen perpetrado en Iguala.
Pero es demasiado
tarde: el trabajo de los expertos internacionales, metódico,
riguroso y comprometido, ha desnudado de manera irremediable al
gobierno. A la sociedad mexicana le toca hacer lo que falta.
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