La
mayor parte de estos hombres han pasado media vida en la cárcel y se
les nota en el aplomo y la serenidad. En un sentido o en otro, la
prisión curte. Fortalece la veta antisocial de los delincuentes
incorregibles, conduce a algunos corregibles al arrepentimiento y templa
la determinación justiciera de los presos políticos. Estamos ante
individuos que deberían estar próximos a la jubilación pero que no
esperan eso sino la libertad. Son los presos políticos loxichas
recluidos en la Penitenciaría
Central del Estado de Oaxaca,
situada en Santa María Ixcotel, en las afueras de la capital
oaxaqueña, y tristemente célebre
por las condiciones deplorabilísimas y exasperantes en las que se
mantiene a los internos.
En
general, las prisiones del estado
“están convertidas en un espacio de castigo para pobres y
marginados, en centros de abuso donde los derechos humanos son
violados de manera sistemática, tienen marcadas carencias
organizacionales y serias deficiencias funcionales; hay corrupción
en todas sus modalidades, tráfico de influencias, rezago de
expedientes, introducción, venta y consumo de drogas, prostitución,
violencia y hacinamiento”, se señalaba hace un par de años en un
informe de la Comisión Regional de Derechos Humanos Mahatma Gandhi
A.C. A eso hay que agregarle las prácticas de autogobierno, las
frecuentes plagas de ratas o las
inexplicables omisiones del
gobierno estatal a la hora de enviar dinero para la comida de los
internos. Ixcotel no es la excepción; más bien resulta
representativa de una situación que ni las autoridades federales ni
el ya casi ex gobernador Gabino Cué han querido o podido corregir.
Estamos
ante Agustín Luna Valencia, Fortino Enríquez Hernández, Justino
Hernández José, Abraham García Ramírez y Álvaro Sebastián
Ramírez. Falta Zacarías Pascual García López, quien se encuentra
en el CEFERESO No. 13 de Nengolí, Miahuatlán, una cárcel privada
construida por el caderonato bajo las directrices de la Iniciativa
Mérida. Están también en el encentro los también presos políticos
César Mendoza (periodista) y los activistas sociales Adan Mejía y
Librado Baños.
Los
dos primeros están por cumplir 20 y 19 años de reclusión,
respectivamente, acusados de participar en el ataque lanzado por el
Ejército Popular Revolucionario (EPR) en agosto de 1996 en La
Crucecita, en la bahía de Huatulco, en contra de fuerzas militares y
policiales. La hemeroteca cuenta
que “en el centro turístico de Huatulco una columna de unos 15
integrantes del EPR irrumpió en el parque central de la localidad,
procediendo a disparar al aire y contra los escaparates de los
comercios. Una bala perdida impactó a un civil quien resultó
muerto. Otra ráfaga disparada contra las oficinas del Ministerio
Público mató al vendedor de artesanías Marcelo García, quien
dormía a las puertas de ese local […] Tanto en su llegada como en
el retiro recalcaron que el EPR existe en Huatulco y en México. La
estancia del grupo armado fue de aproximadamente 20 minutos, de 0:20
a 0:40. No fue posible determinar el número de personas que
dispararon en los alrededores de La Crucecita pues estuvieron
cubiertos entre el monte y en algunos edificios de las principales
calles de la bahía. La salida de los miembros del EPR se realizó en
un camión de carga el cual abordaron a una cuadra del parque central
sobre la avenida Carrizal”.
Sentenciados
en diversas instancias por delitos relacionados con aquella acción,
los reclusos de Ixcotel defienden
enérgicamente su inocencia: “Después de las detenciones de
las autoridades municipales, los cuerpos policiacos y el Ejército
Mexicano iniciaron una ola de represión; encarcelaron a más de 250
indígenas que fueron obligados, mediante crueles torturas físicas,
psicológicas y amenazas de muerte, a firmar hojas en blanco, y con
engaños los obligaron a declararse culpables de los delitos que no
cometieron. Luego los vincularon al EPR, lo que es totalmente falso.”
Y denuncian: “Nuestro único delito es ser indígenas zapotecos del sur, vivir en la
marginación y pobreza extremas, trabajar de la mano con nuestros
hermanos del pueblo y pensar diferente a la clase en el poder. Las
autoridades de los dos niveles de gobierno han violado gravemente
nuestros derechos humanos, situación que ha causado y sigue causando
daños irreversibles a nuestras familias e hijos”
.
Aun
si fueran culpables, todos habrían tenido que estar ya libres por
beneficios legales. Pero en este caso, como en tantos otros, la
autoridad se ha encarnizado y se ha negado a concederles las
reducciones de condena establecidas en la ley. Pareciera que el
Estado quiere llevar el escarmiento hasta el último minuto de
prisión. O más, si puede. La decisión está en manos del
comisionado de Seguridad Pública, Renato Sales. El caso ha sido
retomado por diversos medios como Proceso
(https://is.gd/ycs3NG),
Deinformémonos, Contralínea
y, desde luego, La
Jornada. Pero el agravio
sigue allí, año con año, mes tras mes, hora tras hora, como si la
estela sangrienta
del zedillato no terminara de
desvanecerse. Hay que recordar con cuánta saña fue implantada la
política de contrainsurgencia entre 1994 y 2000 y cuánto se
empecinó el gobierno en perseguir a las comunidades indígenas y
campesinas, insurrectas o no. Las toponimias de Aguas Blancas, El
Bosque, El Charco y Acteal son recuerdo de ello.
Pero
la represión continúa a lo largo de las presidencias panistas y de
este priísmo que volvió para pudrirse a la vista del público. Las
detenciones de los luchadores
sociales Adán
Mejía y Librado Baños son menos
antiguas pero su arresto y proceso siguen las mismas pautas de franco
atropello a los derechos humanos. El preso más reciente es el
periodista César Mendoza,
detenido por documentar las
movilizaciones del movimiento magisterial. Como lo informó la
agencia Quadratín, antier y ayer integrantes de la Unión de
Artesanos y Comerciantes Oaxaqueños en Lucha (UACOL) bloquearon
el acceso a los juzgados de Ixcotel por las inconsistencias en el
proceso de Adán Mejía; en efecto, el lunes pasado la juez quinto de
lo penal, Nancy Hernández López, le negó las medidas cautelares
con un argumento sin peso legal: “Nancy Hernández dijo que Adán
se podría fugar porque tiene familiares y amigos en otros estados
que lo pueden ayudar”, informó Calipso Mejía, hermana del
recluso.
Al
otro lado de la mesa nos encontrábamos Araceli Damián, Citlalli
Hernández Mora, Irma Eréndira Sandoval, Layda Sansores y Guillermo
Santiago, legisladores; Carlos Figueroa y Martín Sandoval,
integrantes del CEN de Morena; John Ackerman y el que escribe,
articulistas. El encuentro tuvo lugar el viernes 26 de agosto en el
marco de una gira de trabajo (organizada y coordinada por John) de la
comisión de enlace entre Morena y el magisterio en lucha.
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