Los otros conflictos

Los grandes corporativos de las telecomunicaciones están en plena guerra civil. El duopolio televisivo pretende obligar a Telmex-Telcel a rendir las plazas de la telefonía fija y móvil y de internet, en las que tiene clara dominancia. Las empresas de Slim, por su parte, pretenden abrirse paso en el mercado televisivo, que les está vetado por un designio gubernamental arbitrario disfrazado de laberinto burocrático. A la rebatinga se acaba de sumar MVS, que busca dar el primer golpe de mercado en la banda ancha móvil de nueva generación (LTE).

Otros conglomerados empresariales también están de pleito: así compartan visión, misión y valores, por decirlo de alguna manera, el PRI peñanietista y el PAN calderónico han entrado en una fase de desavenencias por intereses encontrados en materia de explotación de regiones y de filones de sufragio. El PRI quiere ganar a toda costa el Estado de México y el partido en el poder federal, desgastado e imposibilitado para triunfar desea cuando menos impedirle la victoria al tricolor. Unos y otros ponen el ojo en Michoacán y, después, en la capital de la república.

Luego, está también la guerra entre los empresarios con mayor influencia en la economía real, que son los narcos de las dos especies: los que se ocupan de la chamba, y aparecen en la lista del FBI, y los que les lavan las ganancias, que se agrupan, en cambio, en el listado de Forbes (hay uno que repite en ambos registros).

Todo indica, además, que las agencias del gobierno gringo están también trenzadas en una seria confrontación cuyo escenario principal parece ser, hoy por hoy, el territorio mexicano. La DEA es incansable en eso de filtrar secretitos vergonzosos de la CIA, y ésta no ceja, diríase, en la aplicación de su conocido programa de fomentar el narcotráfico. Sabrá Dios en qué bando realmente juegan el Pentágono y el Departamento de Estado.

Otra guerra soterrada es la que libran las corporaciones de seguridad del Estado: civiles de la Policía Federal contra militares de las Fuerzas Armadas, y ambos, contra los menguados cuerpos policiales estatales y municipales, allí en donde todavía queden algunos.

Antaño, el Estado, y especialmente su cabeza formal, el Ejecutivo, se daba a la tarea de arbitrar los conflictos en todos esos ámbitos. Legalmente o no, y de manera explícita o implícita, el gobierno federal repartía tajadas entre las distintas ramas del empresariado, veía que ningún cártel peligroso se quedara sin ruta o mercado, se ocupaba de atemperar rivalidades interinstitucionales y hasta se daba un poco de tiempo para enterarse de lo que hacían en el territorio nacional los enjambres de espías y de agentes extranjeros que han medrado por acá más o menos desde siempre; si el fraude electoral no le salía, compraba o acomodaba liderazgos opositores y, en última instancia, repartía garrotazos entre los inconformes residuales.

La inmoralidad de aquellos arreglos estuvo siempre a la vista, pero mucha gente miraba hacia otra parte porque, mal que bien, había autoridad, reglas claras, crecimiento económico y derrama monetaria, lícita o no. La crisis del modelo desembocó en el golpe de estado neoliberal de 1988, a partir del cual diversos personeros del capital se dieron a la tarea de destruir desde adentro la institucionalidad y de transferir a particulares el conjunto de las atribuciones públicas, salvo una: la de controlar las fábricas de sufragios (de Solidaridad a Oportunidades) para aferrarse al poder como garrapatas por tiempo indefinido.

Ese propósito se logró, y a la vez no. Ante el desgaste irremediable del logotipo del PRI, el propio Salinas ideó el trasvase de estrategias y de funcionarios hacia Acción Nacional. Desde el punto de vista del control oligárquico del país, su idea fue providencial. En la lógica del la continuidad 1988-2011, Felipe Calderón ha sido únicamente el encargado de culminar la demolición, lo que pasa por rendir los restos de la soberanía nacional a la embajada gringa e incorporar la violencia permanente y creciente al esquema de negocios del saqueo.

Como resultado de ese climax execrable, hay conflictos, confrontaciones y balazos por todas partes y entre todas las partes de la oligarquía. Si la población, de la clase media para abajo, aspira a recuperar el país que le han quitado y destruido, tendrá que ser protagonista de una vasta y articulada insurrección cívica y pacífica. Ojalá que se decida.