“No se puede exigir justicia violando la ley...”

Dicha por su boca la frase descalifica todo el resto del alegato. Con trece presos políticos frescos en las cárceles del país, con la abrumadora evidencia de la fabricación de culpables por parte de las procuradurías General de la República y General de Justicia del Distrito Federal, y con los videos y fotos de los abusos policiales cometidos hace una semana en pleno Zócalo capitalino, hablar de la creación de “instrumentos para proteger los derechos humanos” y de “hacer efectivo el derecho a la justicia”, como lo hizo ayer Enrique Peña Nieto, es una completa desvergüenza. Si hubiese querido que su alocución gozara de un mínimo soporte de credibilidad y coherencia habría tenido que empezar por disculparse ante la sociedad por la violencia policial injustificada, por las provocaciones que ha venido montando desde el día que tomó posesión –sí, ya es meridianamente claro que el vandalismo dimana de su propio régimen– y por ordenar la liberación inmediata y sin condiciones de los 11 a los que la policía secuestró el 20 de noviembre más los dos a los que pretendió desaparecer dos días antes.

Pero no: el mensaje de Peña no fue un punto de inflexión sino un bostezo dinosáurico y cínico emitido en la retórica tradicional de las presidencias priístas (y panistas): ya se sabe que cuando una de ellas anuncia medidas “sin precedentes en la historia nacional” en realidad está recurriendo a la muletilla oratoria más manida de la historia de México. Cuando presumen la adopción de medidas “firmes y audaces” se refieren a salvar apariencias y a blanquear sepulcros. Cuando pronuncian “transparencia y rendición de cuentas” todo mundo sabe que hablan de triquiñuelas para perpetuar la corrupción.

El autoritarismo no sólo está contenido en el intento de despojo de facultades municipales para transferirlas a las entidades federativas y a la Presidencia de la República sino también en ese nuevo intento por resucitar el fichaje policial de la población. Peña va por la vida recogiendo los fracasos de Felipe Calderón para convertirlos en éxitos propios –hay que reconocerle que lo logró en el caso de la privatización del sector energético. Está por verse si lo consigue también en la imposición de esa “clave única de identidad” (que, por cierto, ya existe y se llama CURP) encarnada en un catálogo signaléctico que más tardará en ser recabado –si lo permitimos– que en ser comercializado en Tepito en memorias USB, como ha ocurrido con la mayoría de las bases de datos oficiales, para propósitos comerciales o delictivos inconfesables.

¿Así que el lunes próximo la aplanadora oficialista barrerá con los artículos constitucionales en los que se establece la corresponsabilidad de los ayuntamientos en la preservación de la seguridad pública (21) y su facultad para instituir y mandar cuerpos de policía (115)? “Que la Federación asuma el control de los servicios municipales” y “creación obligatoria de policías estatales únicas”, dice Peña. Es decir, la corrupción y la infiltración cambiarán de envase porque –tal vez el mexiquense no lo sepa y haya que informarle– las corporaciones policiales estatales y la federal también están agusanadas e infiltradas y cometen toda suerte de atropellos contra los ciudadanos.

Más que esa gringada insustancial de querer implantar un número de emergencias 911 (si los campesinos están sumidos en la pobreza, que les pongan cajeros automáticos) preocupa el anuncio de despliegues de fuerzas federales en la Tierra Caliente guerrerense y michoacana porque eso ya lo hizo Calderón desde fines de 2006 y el resultado es conocido por todos salvo, tal vez, por el propio Peña: esos “operativos” no sólo fueron la marca de arranque de un sexenio sangriento sino que dejaron como saldo el empoderamiento de la Familia Michoacana, antecesora de Los Caballeros Templarios, y hundieron en la incertidumbre y el terror a los habitantes de la región.

¿Fortalecer protocolos y procedimientos para que en casos de tortura, desaparición forzada y ejecución extrajudicial las investigaciones sean oportunas, exhaustivas e imparciales? El propósito sería loable, si no lo formulara el responsable de la barbarie policial en Atenco. No se le puede creer ahora la empatía que dice sentir, “como padre”, con los padres de los muchachos asesinados y los desaparecidos porque si en aquella ocasión Peña hubiese pensado en su madre, su mujer y sus hijas, habría evitado las agresiones sexuales masivas y sistemáticas en contra de ciudadanas inocentes. Dicha por su boca, la consigna “Todos somos Ayotzinapa” adquiere un tufo de cinismo y de impostura y representa un agravio adicional contra una sociedad genuinamente dolida y movilizada por las víctimas de la barbarie gubernamental generalizada.

Otro tanto ocurre con sus alegatos a favor de la transparencia y contra la corrupción: simplemente no son creíbles cuando los pronuncia un individuo que violó la ley al omitir en su declaración patrimonial las fastuosas residencias de su cónyuge, proporcionadas por la televisora que lo encumbró y por la constructora a la que él ha venido beneficiando con múltiples contratos. ¿Con qué cara?

Y lo peor: a 60 días de la barbarie cometida en Iguala, Peña no informó nada sobre el destino de los 43 normalistas desaparecidos. Ni una sola palabra.

Y como el relato gore de Jesús Murillo Karam sobre la pira funeraria en el basurero de Cocula se cayó a pedazos por sí mismo, sólo quedan dos posibilidades: o el peñato sabe el destino de los muchachos y por alguna razón no quiere revelarlo, o bien las excesivas facultades de que goza la Presidencia de la República y los 300 mil millones de pesos que, grosso modo, nos cuesta el mantenimiento anual de esa dependencia, las secretarías de Defensa, Marina y Gobernación, más la Gendarmería y la Procuraduría General de la República, no han servido para encontrar a 43 muchachos secuestrados por un puñado de servidores públicos.

La alocución presidencial de ayer en un Palacio Nacional cerrado a toletes y lodo a la sociedad y abierto a la oligarquía causante de la presente tragedia nacional demostró hasta qué punto la presidencia de Peña Nieto es, parafraseando a Juárez, moralmente imposible. No puede con el cargo. No debe estar allí. Que renuncie ya, hoy mismo. 

Demasiado tarde

Si en algún momento del pasado 27 de septiembre el secretario de Gobernación hubiese salido antes que los medios a informar a la sociedad de lo ocurrido esa madrugada en Iguala; si el procurador hubiese anunciado la atracción inmediata de las investigaciones (basado en la premisa simple de que ninguna delincuencia “no organizada” es capaz de asesinar a balazos a seis personas en cuestión de minutos y de secuestrar a otras 43), y si el Presidente hubiese encabezado con su propia indignación la indignación social que el hecho iba a generalizar horas más tarde, tal vez el gobierno federal no estaría ahora enfrentando una situación agónica y sin salida posible. Pero será hoy, a 60 días de aquellos sucesos, cuando Peña procurará atajar con algún anuncio de algo el descontento multiplicado y exponenciado por dos meses de indolencia, omisiones, insensibilidad, mentiras, arrogancia y conatos represivos –que lejos de disuadir la protesta le dan más sustancia–, el “hubiera” es irrelevante y parece ser que ya es demasiado tarde.

Por falta de visión de Estado, por interés o por lo que haya sido, el gobierno peñista optó por preservar la red de complicidades entre el poder público y la delincuencia organizada, que ofrece ventajas inmediatas en materia de control político, y lanzó una vasta operación de imagen a fin de “resolver” el problema: desde la línea oficial a medios dóciles para que escamotearan a sus audiencias la información sobre la guerra en curso y sus saldos, hasta el envío de Alfredo Castillo a Michoacán para que dividiera, debilitara y cooptara la insurrección ciudadana que amenazaba con propinarle una derrota decisiva a los cárteles que operan en la entidad. Si la actual administración se hubiera propuesto desde sus inicios hacer frente a la inseguridad mediante un combate decidido y profundo contra la corrupción; si hubiera cambiado de paradigma en la lucha contra la delincuencia organizada y se hubiera deslindado en forma real y efectiva del calderonato; si hubiera sido capaz de comprender las raíces políticas y sociales del narcotráfico, la pudrición institucional y la violencia, tal vez no estaríamos ahora descubriendo fosas y fosas ni exigiendo la aparición con vida de desaparecidos. Hoy, a lo que puede verse, al gobierno se le ha hecho demasiado tarde.

El peñato se entronizó como resultado de una adulteración a gran escala de la voluntad popular con el propósito de dar continuidad a un programa político económico que privilegia los intereses del capital financiero (incluidos, o no, los grandes flujos procedentes de ganancias ilícitas) y dio por hecho que las entidades sociales que han rechazado ese programa durante décadas carecían de relevancia: instancias sindicales independientes, comunidades indígenas, organizaciones políticas progresistas, causas de género, ligas campesinas, grupos ambientalistas, movimientos estudiantiles y muchas más. Pensó que podía pasar por encima de ellas y desentenderse de sus demandas. A fin de cuentas, tenía a la casi totalidad del espectro político formal (es decir, a lo que debiera ser la representación de la pluralidad política y social) comiendo de su mano por medio del “Pacto por México”. Parado sobre esas certezas, el peñato emprendió y consumó sus reformas estructurales y supuso que ello no habría de tener consecuencias mayores en el terreno de la gobernabilidad. Si hubiera actuado de otra manera y hubiera escuchado más allá de las bancadas legislativas y más allá de los reportes del Cisen, tal vez habría podido operar con más eficacia y con un mínimo de respaldo social en la presente crisis. Pero hoy da la impresión de que ya es demasiado tarde.

Tal vez alguien dentro del régimen habría podido ver, en las postrimerías del calderonato, que el país requiere de un proyecto educativo que vaya más allá de liquidar la educación pública gratuita y de propiciar la proliferación de establecimientos particulares y de “universidades” privadas carentes de más objetivo que el de generar utilidades, y que el campo nacional no es un “problema a resolver” sino una solución potencial para varios de los principales problemas nacionales. Tal vez alguien habría podido decirle a Peña que no se puede menospreciar al agro hasta tal punto que se le haga figurar –como lo hizo, cuando era aspirante presidencial, en el libro que le escribieron para que lo firmara– como un apartado menor del capítulo “combate a la pobreza”, y que no es poniendo cajeros automáticos en localidades remotas como se debe hace frente a la situación de los campesinos. Pero el desprecio del grupo gobernante a la educación pública y al campo no podía más que producir una circunstancia de hostilidad oficial y de extremada vulnerabilidad para los alumnos de una escuela normal rural, y hoy resulta inverosímil cualquier cambio de percepción por parte del gobierno.

Acaso Peña y su pareja habrían podido prescindir de una riqueza tan ostentosa como la que exhibe la “casa blanca” de Las Lomas. Tal vez él habría podido llenar desde un principio, y en forma clara y sin ambigüedades, su declaración patrimonial. Es razonable suponer que tuvo margen de decisión como para rechazar cualquier trato entre su esposa y uno de los principales beneficiarios de los contratos de obra pública en el Estado de México que él gobernaba. Se puede pensar que convocó a sus asesores a conciliábulos en los cuales diseñar la respuesta correcta a la revelación de los ya célebres trastupijes inmobiliarios y probablemente alguien allí le aconsejó que hiciera cualquier cosa menos decir lo que dijo: vincular el escándalo a un afán “desestabilizador” y, para colmo, decirlo con una manifiesta cólera incontenida. Ciertamente, Peña tuvo la capacidad de ordenar un concurso equitativo y transparente para asignar la obra del tren rápido México-Querétaro al consorcio que ofreciera mejores condiciones para construirlo, pero el concurso fue visto como parcial y amañado y, para colmo, resultó que la firma vencedora era precisamente la que había construido a crédito la casa de su mujer. Hoy se ha cerrado cualquier margen para que el ocupante de Los Pinos ofrezca a la sociedad una explicación convincente de las irregularidades manifiestas –como la de no haber incluido en su declaración patrimonial los bienes de su cónyuge– y de las sospechadas.

El gobernante soñó con encarnar la resurrección de un régimen presidencialista vigoroso y fuerte; con ser el emblema de un PRI renovado, joven y atractivo; con protagonizar la imagen de una nación que rompía las ataduras con su propio pasado y se encaminaba, por fin, al desarrollo y a la modernidad. Fue una apuesta arriesgada y la perdió: a 60 días de ocurrida la atrocidad de Iguala, Peña es visto como el símbolo supremo de un régimen corrupto, insensible, sórdido, autoritario y espantoso. Lo que empezó como telenovela devino farsa y luego se volvió tragedia: la tragedia del presidente despojado de toda credibilidad que, aunque quisiera, no puede hacer nada bueno por sus gobernados, salvo dimitir. Porque cualquier otra cosa que anuncie hoy, dos meses después de perpetrada la barbarie, será tomada como un intento por mantenerse en el cargo.

Tal vez consiga ese último propósito. De ser así, será a costa de causar un daño desmesurado a México, a sus instituciones y a su gente. Aún puede evitarlo y para eso, hoy, a 60 días de los sucesos de Iguala, no es demasiado tarde.

Gobierno delictivo

Las tres marchas que el pasado 20 de noviembre convergieron en el Zócalo capitalino no fueron la columna vertebral, pero sí el epicentro de las protestas nacionales e internacionales para protestar por la barbarie perpetrada hace dos meses en Iguala contra los normalistas de Ayotzinapa, por la pésima manera en la que el gobierno de Enrique Peña Nieto ha manejado el asunto y en demanda de la localización de los 43 muchachos aún desaparecidos. Las manifestaciones se desarrollaron a la altura: fueron masivas; fueron conmovedoras, comunicativas e impactantes para quienes las presenciaron; presentaron de manera ejemplar el dolor y la rabia por los agraviados pero también hicieron gala de creatividad y de imaginación. Y fueron pacíficas.

Al acto se encabalgó la arremetida de un pequeño grupo de embozados contra Palacio Nacional, un episodio del que la mayoría de los participantes en las marchas ni siquiera se enteró en el momento. Como ya es costumbre, las policías federal y capitalina cobijaron tras sus filas a los agresores, les dieron el margen de acción suficiente para que las cámaras televisivas del régimen tuvieran carne para sus noticieros y a continuación cargaron en contra de manifestantes inocentes y viandantes, golpearon y lesionaron a decenas, capturaron a quince y se los llevaron como trofeo a las procuradurías General de la República y General de Justicia del DF. Allí les inventaron cargos, los consignaron antes del plazo legal sin darles oportunidad de llamar abogados y hoy 11 de ellos están internados en cárceles alejadas de la Ciudad de México.

Se cumplió así un ritual delictivo organizado desde el poder público que tuvo su función inaugural el 1 de diciembre de 2012 y que se ha repetido en forma regular desde entonces. Suman centenas los ciudadanos que han sido víctimas de las golpizas, los secuestros disfrazados de detención –al rescate en estos casos se le llama fianza–, la construcción de testimonios policiales incriminadores y la prevaricación de jueces que emiten sentencias al gusto de las autoridades. La simulación de legalidad encubre una tarea sistemática de intimidación de la protesta ciudadana y las capturas y consignaciones no son producto de errores ni de falta de preparación de las corporaciones policiales (si así fuera ya hubo tiempo más que suficiente para corregir); por el contrario, los gobiernos federal y local han venido emitiendo el mensaje inequívoco de que no se debe participar en movilizaciones públicas y legales so pena de arriesgarse a ser detenido, lesionado, vejado y convertido en reo de algún delito inexistente. A menos, claro, que se participe en condición de agresor embozado.

Lejos de desalentar la barbarie policial las autoridades federales y capitalinas las han aplaudido, han felicitado a los uniformados agresores, les han garantizado la impunidad y se han jactado de sus atropellos. Así, a contrapelo de los testimonios videográficos que documentan las violaciones a la ley por parte de los policías que agredieron a la ciudadanía el pasado 20 de noviembre en el centro de la ciudad, el secretario de Seguridad Pública capitalino, Jesús Rodríguez Almeida, los felicitó “por el trabajo demostrado, por el gran valor, gallardía, responsabilidad y sobre todo (porque) restablecieron el orden público le guste a quien le guste”. El cinismo de la declaración es inocultable porque lo que hicieron los uniformados fue más bien colaborar con los encapuchados (o los encapuchados colaboraron con los policías) en la destrucción del orden público y legal. Allí están los videos.

Con una evidente diferencia de grados y niveles la agresión policial contra ciudadanos que tuvo lugar en Iguala se replica en la ciudad capital y Peña y Mancera empiezan a parecerse el uno al otro y ambos, a José Luis Abarca, el ex munícipe ahora preso que, según la versión oficial, ordenó la atrocidad.

En la jornada del 20 de noviembre se hizo visible la enorme energía social nacida de la exasperación ante la persistente conducta delictiva de las autoridades, pero también la condición incurable y progresiva de un régimen despótico y extraviado que hoy, le pese a quien le pese (como debió haber dicho Rodríguez Almeida en lugar del lapsus autogratificante “le guste a quien le guste”), ha terminado por contagiar al gobierno del Distrito Federal. Pero, tanto si pretendían arrastrar al grueso de los manifestantes a la violencia como si querían escarmentarlos y disuadirlos de que sigan ejerciendo sus derechos políticos, los gobernantes fracasaron: además de los 6 asesinados y los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, hoy hay otras 11 víctimas de la violencia oficial y otras tantas causas de indignación; la acción de los violentos que sabiéndolo o no colaboran con la represión ha quedado abrumadoramente deslegitimada y las emboscadas policiales ya no producen miedo sino rabia a una ciudadanía que sigue queriendo vivos a los 43 que le faltan y libres a los 11 inocentes a los que la alquimia policiaco judicial ha transformado en culpables.

Peña y la represión

No hay razón para minimizar las tendencias autoritarias y represivas de Enrique Peña Nieto ni su propensión a recurrir a la violencia, no como recurso último del poder sino para ahorrarse (Durkheim lo llamaría premoderno) la fatiga de gobernar mediante las leyes y la política. Las demostró con creces en Atenco, las ratificó el 1 de diciembre de 2012 y las ha exhibido en los últimos dos años con encarcelamientos injustificados de dirigentes y activistas y la preservación del margen de impunidad en el que tienen lugar, desde la administración pasada, los excesos y atropellos de las fuerzas del orden y las corporaciones policiales y militares.

Las atrocidades de septiembre en Iguala llevaron al Ejecutivo federal a suavizar la represión. Tras la violencia homicida desatada por policías regulares contra estudiantes en esa ciudad guerrerense, los gobiernos estatales y el federal perdieron margen para recurrir a acciones que pudieran hacerlos ver similares, ante la mirada de México y el mundo, a la presidencia municipal de José Luis Abarca. De súbito, el peñato trató de exhibirse pacífico, tolerante y dialogante –el ejemplo más claro es el de las exhibiciones de Miguel Ángel Osorio Chong ante el movimiento estudiantil politécnico– y las autoridades se cohibieron para reprimir frontalmente acciones como la destrucción de edificios públicos en Guerrero y las tomas y bloqueos de carreteras; en ausencia de represión masiva han recurrido a la provocación atomizada.

Pero el sábado pasado Peña amenazó con echar mano de “la facultad legítima del Estado para el uso de la fuerza pública” –que es lo que Weber llama “el monopolio de la violencia física legítima”–, para restablecer “el orden y la paz”.

Siempre que se amenaza con emprender una acción determinada se formula, en forma implícita, una súplica al destinatario: que acceda a comportarse como el amenazador lo desea y no lo “obligue” a recursos que le resultan indeseables. En el caso de referencia, las palabras balbuceantes denotan ese ruego: “aspiro y espero que no sea el caso de lo que el gobierno tenga que resolver... que no lleguemos a este extremo”.

Para aplicar el monopolio de la violencia legítima es indispensable que exista tal monopolio, que quien lo use posea legitimidad y que resulte verosímil su aplicación con el objetivo específico de restablecer la legalidad, la convivencia y el orden, y el peñato no cumple con ninguno de esos requisitos.

En cuanto al primero, es innegable que antes de que el grupo gobernante sentara las bases legales para la destrucción de los monopolios estatales de la energía eléctrica y el petróleo, en los hechos cedió el monopolio de la violencia a diversos grupos delictivos que operan en diversas regiones del territorio nacional y que fungen en ellas como las autoridades reales.

En contra del segundo requisito gravitan la gestación televisiva del candidato presidencial, su implantación en el cargo tras unas elecciones dudosas en las que proliferó el uso de dineros sospechosos para la compra masiva de votos y, para colmo, la riqueza inmobiliaria (inexplicable, hasta ahora) que le fue evidenciada a principios de este mes.

En tercer lugar el orden y la paz han sido afectados principal y originariamente desde el gobierno y las diversas expresiones de violencia social han sido, invariablemente, intentos desesperados de la base social por restaurar ambos términos. Ello es válido tanto para los casos de las autodefensas michoacanas como en las manifestaciones guerrerenses que han destruido algunos símbolos arquitectónicos del desgobierno, el caos, la indefensión ciudadana, la complicidad, el encubrimiento y la simulación. ¿Qué orden y qué paz podrían restablecerse mediante la represión? ¿La paz de las ejecuciones extrajudiciales en Tlatlaya, de los asesinatos y desapariciones de estudiantes en Iguala, de los homicidios de periodistas en Veracruz, de proliferación de feminicidios en el Edomex, de secuestros en Morelos? ¿La de las omisiones y el encubrimiento prolongado de José Luis Abarca por parte de la PGR? ¿El orden que hizo posibles concesiones como la de la Guardería ABC, impunidades como la de Grupo México, licitaciones amañadas como el “tren chino” México-Querétaro?

En estas condiciones y con los antecedentes mencionados el recurso de la represión resulta peligroso para el régimen mismo y, especialmente, para su jefe nominal. Es posible que éste lo sepa y que su amenaza sabatina haya sido una concesión a regañadientes a presiones internas (priístas y empresariales) o superiores (empresas transnacionales) interesadas en deshacerse de él en el peor escenario posible –al cabo, ya cumplió con su misión de imponer las reformas estructurales– y, de paso, del lastre político que ya representa, cuando no ha cumplido ni siquiera un tercio de su periodo.

Un arrebato represivo empeoraría y complicaría gravemente el panorama. La salida deseable, pacífica, institucional y constitucional a la crisis que vive México consiste en que Peña renuncie al cargo antes de que termine este mes, de modo que sea posible organizar elecciones presidenciales anticipadas el año entrante.

Buen fin de régimen

En el año penúltimo del calderonato se inventó, en forma un tanto desesperada para reactivar un poco el alicaído mercado interno, una copia tropical del Black Friday gringo: el Buen fin. Se trataba, claro, de sacar de los bolsillos de los consumidores la mayor cantidad de dinero posible, con la diferencia, con respecto al original estadunidense, de que las ofertas del Buen fin suelen ser simbólicas, por usar un calificativo benigno.

Desde la primera edición del programa la gente descubrió –y lo difundió en redes sociales– que con frecuencia las rebajas iban precedidas por reetiquetados al alza para simular un descuento que dejaba los productos en su precio original, o que se ofrecían descuentos del 0.1 por ciento del precio de los artículos. Si la palabra vendimia quiere decir cosecha de uvas, en México, en donde la cultura vitivinícola es más bien escasa, se ha usado desde hace mucho, para denotar cosecha de ganancias, es decir, en una acepción más cercana a la tercera de la Real Academia: “provecho o fruto abundante que se saca de algo”; en este caso, del bombardeo publicitario inmisericorde y con frecuencia, mentiroso.

En la extremada violencia que vivió el país en 2011 el Buen fin fue visto, por añadidura, como un intento de Felipe Calderón por distraer la atención de la catástrofe en la que había hundido al país y menudearon las parodias que enfatizaban la mala manera en que llegaba a su fin esa administración de la que uno no quisiera acordarse: con el país bañado en sangre, la descomposición institucional a tope, la economía estancada y un pobrerío multiplicado.

Pero de Echeverría en adelante la sociedad mexicana ha ido desarrollando la noción manriquiana de que toda presidencia pasada es menos peor que la que sigue y así llegamos a este 2014 en el que el calderonato parece de peluche comparado con la pudrición, la violencia, la dependencia, el cinismo y el encharcamiento económico que caracterizan al peñato. La imposición antidemocrática de las reformas estructurales, la insolencia autoritaria de los ministros de la Suprema Corte, las atrocidades de Tlatlaya e Iguala y los subsecuentes desmanejos gubernamentales han terminado por colocar a la sociedad ante la evidencia de que está pagando un dineral, tanto al contado como a crédito, para mantener a un funcionariado rapaz cuya existencia es muy útil para sí mismo, para Washington y para las corporaciones transnacionales, pero que a este país le causa un enorme daño.

En el momento actual, con el país recorrido por toda suerte de conflictos explosivos, el presidente de México anda de viaje por Pekín, comiendo pato laqueado, cargando en su comitiva hasta con el maquillista de su esposa y tratando de quedar bien con sus socios chinos después del doble desfiguro de la licitación para construir el tren rápido entre la capital y Querétaro, y viendo de qué manera sale del escándalo de la residencia de siete millones de dólares que le descubrieron a su pareja.

Esta presidencia no sirve para nada, pero tampoco sirve el Poder Legislativo, que aprobó la legalización del saqueo de las riquezas nacionales a sabiendas de que semejante medida es repudiada por la mayor parte de la población, por más que ésta no haya podido o no haya querido manifestarse en contra cuando las reformas peñistas estaban siendo aprobadas. La mayoría de los legisladores de los tres partidos principales y de los dos que operan como negocios familiares son, a estas alturas, logreros de la política, empleados de los intereses empresariales, integrantes de facciones de la gran mafia del poder público; sepulcros blanqueados que comulgan en la mañana, condenan el aborto al mediodía y se van a las putas cuando se hace de noche; farsantes que cobran por ser “de izquierda” y que siven al poder oligárquico; “ecologistas” que reciben tajada por gestionar autorizaciones ambientales a proyectos devastadores; priístas que llevan toda la vida abogando en público por la defensa de las instituciones mientras, en privado, se dedican a saquearlas y a destruirlas. Y todos ellos pretenden ser la representación de la sociedad cuando, en realidad, representan intereses antisociales. En su conformación actual el Poder Legislativo no sirve de nada.

Y qué decir de la Suprema Corte de Justicia, cabeza de un poder corrompido y prevaricador, complemento ideal de organismos difuntos de procuración: formalista, labiosa, rendida a los pies del Ejecutivo, conformada por millonarios que olvidaron hace tiempo –si es que algún día lo supieron– que las injusticias en este país tienen por víctima, noventa y nueve veces de cada cien, a ciudadanos pobres; ministros que ante cualquier demanda concreta de reparación y corrección de un desvío se solazan o se refugian en viajes a un remoto Bizancio legal; solapadores de la agresión sexual, del abuso de poder, del autoritarismo y de la impunidad; bailarines que interpretan el son que alguien toque desde Los Pinos; sangijuelas del erario orgullosas de su condición. ¿Para qué sirve la Suprema Corte?

O tomemos el caso de la PGR, cuyo titular conoció le carácter delictivo del ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, 16 meses antes de que pasara lo que pasó en esa ciudad, y no hizo nada de nada; una procuraduría a la que los Guerreros Unidos –el dato lo aporta José Reveles– le pasaban una mochada mensual de medio millón de dólares para que los dejaran trabajar en paz; una procuraduría que interroga a inocentes capturados al azar en las calles después de que los culpables fueron respetuosamente contemplados por la policía y las cámaras de televisión mientras incendiaban una puerta de Palacio Nacional; una procuraduría que gasta mucho y no resuelve nada de nada.

O la Secretaría de Educación Pública; o la de Comunicaciones y Transportes; o la Comisión Nacional de Derechos Humanos; o...

Este régimen no sirve desde hace mucho tiempo pero no es sino en las útimas semanas, a raíz de la barbarie policial contra los normalistas de Ayotzinapa, que la sociedad ha ido cobrando plena conciencia de ello y el remplazarlo resulta sumamente urgente. Prolongar su agonía sería tanto como alargar la del país, dejar crecer el caldo de cultivos para más muertes, más hambre, mayor dependencia, mayores catástrofes. El desafío del momento consiste en lograr una transición pacífica y legal hacia un necesario proceso de reconstrucción nacional.

De ahí la urgencia de que Peña Nieto deje el cargo en lo que queda de este mes, a fin de que los remanentes de la oligarquía política puedan aplicar, antes de apagar la luz y salir de escena, lo que manda el tercer párrafo del artículo 84 constitucional. Si no lo hacen ahora, después será muy tarde.

La clase política empezó por saquear al país y ahora lo está incendiando. Detener el incendio pasa necesariamente por un relevo creíble y legítimo en el Poder Ejecutivo, y a partir de ahí ya puede empezar a hacerse limpieza en la administración pública en general. Los integrantes del funcionariado en su conjunto debieran tener la decencia de renunciar en masa, permitir que el país se recomponga y dedicarse, ellos, a disfrutar de sus fortunas: el Buen Fin empieza mañana y podrían, por ejemplo, irse de compras y dejar que el resto del país tenga un buen fin de régimen.

#YaMeCansé

¿Llovió en Cocula?

Según se rumora, la noche que cavaron su propia tumba en La Parota, después de que

fueron asesinados una lluvia impidió que esos cadáveres rociados con diesel y prendidos

con lumbre quedaran reducidos a cenizas. Como si la naturaleza se hubiera resistido

a destruir la evidencia. Como si ella también esperara a que en México algún día se

haga justicia.

Marcela Turati en Proceso

Pedro corrió con sus compañeros, relató que se refugiaron en un terreno baldío

donde permanecieron toda la noche bajo la lluvia.

Jacob Morales Antonio en El Sur

Esto es de autoría colectiva. Las citas de aquí arriba, las hojas de pronóstico del tiempo y las recopilaciones de datos meteorológicos me fueron proporcionadas por más de 12 personas en Facebook y Twitter. No las menciono expresamente porque no sé si quieran ser mencionadas, pero les agradezco mucho sus aportaciones.

El procurador Jesús Murillo Karam sitúa entre la noche del 26 de septiembre y la mañana del día siguiente el momento de una operación de exterminio de una cuarentena de personas que habrían podido ser los estudiantes normalistas secuestrados esa noche por policías municipales de Iguala. Según el funcionario, sicarios del grupo delictivo Guerreros Unidos transportaron a sus víctimas al basurero municipal de Cocula, las remataron, colocaron sus cuerpos en una enorme pira funeraria hecha con madera, llantas, objetos de plástico y otros materiales inflamables, los rociaron con diésel o gasolina y los quemaron por espacio de 14 horas o más: desde la medianoche hasta las 2 o 3 de la tarde del día 27.

Para perpetrar esa atrocidad se habría requerido de tiempo seco. Pero la explicación sería menos verosímil si justo en esos momentos hubiera llovido en la zona de Cocula.

Guerrero apenas se reponía del paso de la tormenta tropical Trudy (18 de septiembre) y por esos días diversas partes del territorio nacional se encontraban bajo los efectos de cuatro fenómenos meteorológicos distintos: la onda tropical 31 (Oaxaca y Veracruz), la tormenta tropical Rachel (en esa fecha se encontraba a unos 630 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas), la onda tropical 32 (oriente de la Península de Yucatán) y un canal de baja presión que causó intensas lluvias, tormentas y granizadas en el noreste, desde Tamaulipas hasta Coahuila y San Luis Potosí.

¿Llovió o no llovió en Cocula? La respuesta sería muy fácil: bastaría con preguntar a los lugareños, pero a decir del procurador éstos se encuentran atemorizados y renuentes a hacer declaraciones y, además, los testimonios se encuentran monopolizados por la Procuraduría General de la República, así que no es fácil recabarlos de manera independiente.

Quedan los documentos meteorológicos de la Conagua y del gobierno de Guerrero pero no son concluyentes porque se trata de pronósticos generales. Los correspondientes a esas fechas auguran lluvias en el territorio guerrerense y nada más.

Accuweather.com guarda un registro de precipitaciones pluviales. Para Cocula indica que el viernes 26 llegaron a 6 mm y el sábado 27, ascendieron a 9 mm. Pero el registro es diario y no por hora y es imposibe saber si esas precipitaciones se debieron a chubascos breves o a lloviznas persistentes.

http://www.accuweather.com/es/mx/cocula/233079/september-weather/233079?monyr=9/1/2014&view=table

Wunderground.com consigna solamente los datos de la estación meteorológica más cercana a Cocula, que es la de Huitzuco, localidad situada a unos 25 kilometros, en línea recta, y a 54 por carretera.

De acuerdo con la información allí recopilada, en Huitzuco llovió desde las 22:14 del día 26 hasta las 3:44 del 27. Si algo así hubiera ocurrido en Cocula, habría sido imposible que los presuntos criminales incineraran algo al aire libre.

http://www.wunderground.com/personal-weather-station/dashboard?ID=IGUERRER8#history/s20140927/e20140927/mdaily

Un tercer referente es el modelo desarrollado por el Grupo Interacción Océano-Atmósfera del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM. De acuerdo con la simulación que ofrece el sitio, es altamente probable que en Cocula haya llovido la noche del viernes 26 y la madrugada del 27 de septiembre. El modelo puede consultarse aquí:

http://grupo-ioa.atmosfera.unam.mx/pronosticos/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=34

Cuarto dato relevante: la estación GR54, ubicada en Cocula y administrada por elo Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México (OCAVM), registra que el día 26 hubo en esa localidad una precipitación de unos 10 mm y que el 27 fue de 7 u 8 mm:

http://smn.cna.gob.mx/emas/graf/GR54rain_24h.gif

A falta de testimonios directos no puede afirmarse nada concluyente, aunque lo más probable es que durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre haya llovido en Cocula.

A continuación, los pronósticos meteorológicos:

Chilpancingo, Gro., 26 de septiembre.- La Subsecretaría de Protección Civil del gobierno del estado informó que se prevén lluvias fuertes en algunas zonas de Guerrero, generadas por la onda tropical 31 que se ubica sobre Oaxaca y Veracruz.
De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este fenómeno provocará lluvias intensas acompañadas de tormentas en puntos de Veracruz, Chiapas y Tabasco; muy fuertes en sitios de Oaxaca; fuertes en zonas del Estado de México, Puebla, Guerrero, Hidalgo y Morelos, y de menor intensidad en el Distrito Federal y Tlaxcala.
http://guerrero.gob.mx/2014/09/se-preven-lluvias-fuertes-en-algunas-zonas-de-guerrero-pc/

Pronóstico del tiempo del viernes 26 de septiembre de 2014:
El Pacífico Sur registrará cielo medio nublado a nublado con 80% de probabilidad de lluvias intensas puntuales en Chiapas, muy fuertes en Oaxaca y fuertes en Guerrero, temperaturas calurosas durante el día, viento de dirección variable de hasta 60 km/hr en el Istmo y Golfo de Tehuantepec y de 20 a 35 km/hr en el resto de la región.
http://www.seguridadgro.gob.mx/inicio/index.php/articulos/informes-meteorologicos/1599-boletin-meteorologico-26-de-septiembre-de-2014

En el caso de Guerrero, las condiciones de cielo nublado se estarán presentando en el transcurso de la tarde-noche, mientras que en el día la temperatura será calurosa.
http://www.milenio.com/estados/lluvias-temporada_de_lluvias-onda_tropical_31_0_379762158.html

Viernes 26 de septiembre de 2014: Para hoy, la Onda Tropical Número 31 se ubica sobre Oaxaca y Veracruz, provocará lluvias intensas (de 75 a 150 mm) acompañadas de tormentas en puntos de Veracruz, Chiapas y Tabasco; muy fuertes (de 50 a 75 mm) en sitios de Oaxaca; fuertes (de 25 a 50 mm) en zonas del Estado de México, Puebla, Guerrero, Hidalgo y Morelos, así como de menor intensidad (de 0.1 a 25 mm) en el Distrito Federal y Tlaxcala. A su vez, la nueva Onda Tropical Número 32, se extiende sobre el oriente de la Península de Yucatán, y ocasionará lluvias muy fuertes (de 50 a 75 mm) en áreas de Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
La Tormenta Tropical Rachel, a las 04:00 horas tiempo del centro de México, se localizó aproximadamente a 630 km al sur-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, con vientos máximos de 85 km/hr, rachas de 100 km/hr y desplazamiento al oeste-noroeste a 22 km/hr. El sistema, se mantendrá sin afectar de manera importante al territorio nacional, sin embargo seguirá aportando oleaje moderado con posibilidades de lluvia (de 0.1 a 25 mm) en Baja California Sur.
En tanto, un canal de baja presión en el noreste del país, provocará lluvias muy fuertes (de 50 a 75 mm) acompañadas de tormentas eléctricas y granizadas en puntos de Tamaulipas y Nuevo León; fuertes (de 25 a 50 mm) en áreas de Coahuila, y de menor intensidad (de 0.1 a 25 mm) en San Luis Potosí.
http://www.conagua.gob.mx/SalaPrensa.aspx?n1=9180&n2=Comunicados

Sábado, 27 de Septiembre del 2014
Cielo de medio nublado a nublado habrá en el Pacífico Sur, con 80% de probabilidad de lluvias intensas puntuales en Chiapas; muy fuertes en Oaxaca y fuertes en Guerrero; temperaturas calurosas durante el día, viento de dirección variable de hasta 60 km/hr en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, y de 20 a 35 km/hr en el resto de la región.
http://www.conagua.gob.mx/SalaPrensa.aspx?n1=9188&n2=Comunicados

Pronóstico del tiempo del viernes 26 de septiembre de 2014:
“El Pacífico Sur registrará cielo medio nublado a nublado con 80% de probabilidad de lluvias intensas puntuales en Chiapas, muy fuertes en Oaxaca y fuertes en Guerrero, temperaturas calurosas durante el día, viento de dirección variable de hasta 60 km/hr en el Istmo y Golfo de Tehuantepec y de 20 a 35 km/hr en el resto de la región. “

http://www.seguridadgro.gob.mx/inicio/index.php/articulos/informes-meteorologicos/1599-boletin-meteorologico-26-de-septiembre-de-2014

Gobierno de historieta

El miércoles de la semana pasada el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, anunció que la impecable licitación para construir un tren rápido entre la ciudad de México y Querétaro tenía como ganador a su único concursante, un conglomerado empresarial encabezado por una paraestatal china e integrado, además, por un par de empresas mexicanas, una propiedad de un pariente político de Carlos Salinas (GIA) y otra (HIGA),  muy favorecida durante la gubernatura mexiquense de Enrique Peña Nieto. Un día después el mismo funcionario abundó en la transparencia y la pulcritud del proceso y anunció su cancelación, una decisión tomada por Enrique Peña Nieto, dijo, para evitar suspicacias y cuestionamientos.

Al día siguiente, el viernes, el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, se regodeó durante una hora en los detalles macabros del presunto exterminio de los 43 normalistas secuestrados por la policía municipal de Iguala, respondió con malos modos algunas preguntas de la prensa y puso fin a su presentación con una expresión que alcanzó una celebridad tan instantánea como, cabe suponer, perdurable: “ya me cansé”.

Tal vez alguno de los presentes se quedó con las ganas de preguntarle por qué la dependencia a su cargo no hizo nada contra el ex alcalde Abarca –presunto autor intelectual de los asesinatos y secuestros de normalistas perpetrados el 26 de septiembre– pese a que desde el 3 de julio de 2013 sabía de las imputaciones por homicidio que pesaban sobre el individuo y tenía en sus manos el expediente respectivo. En otra conferencia será.

El sábado, al fin de una movilización pacífica al Zócalo en protesta por la atrocidad de Iguala y por la admnistración de la tragedia por parte del peñato, un grupo de esos que rompen cosas sin que nadie los moleste le prendió fuego a una puerta de Palacio Nacional. Una vez que el desmán estuvo suficientemente documentado, la Policia Federal, auxiliada por la capitalina, capturó a dos decenas de inocentes que deambulaban por los alrededores, los golpeó, los paseó a bordo de patrullas y los entregó a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de la Delincuencia Organizada de la PGR, la cual, hasta donde se sabe, no ha iniciado una sola investigación de oficio en contra de los policías secuestradores y golpeadores. Será porque Murillo Karam está cansado.

El domingo el portal de noticias de Carmen Aristegui dio a conocer que el hogar particular de Peña Nieto en la Ciudad de México está a nombre de HIGA (una de las empresas socias en la licitación ferroviaria cancelada) y que vale unos siete millones de dólares. La Presidencia aclaró –despues de días de negar toda información a los colaboradores de la periodista–  que la casa en cuestión  pertenece a la mujer del gobernante, Angélica Rivera, y que ésta se la está pagando en abonos a la constructora favorita. Nada ilegal, pues. Ni siquiera el hecho de que a un mexicano con ingreso promedio (12 mil 850 dólares anuales, según la OCDE) le tomaría casi 545 años y ahorrar la totalidad de sus percepciones para comprarse un domicilio de valor semejante. Cuestión de paciencia: quienes se integraron a la población económicamente activa en tiempos del tlatoani Axayácatl, padre de Moctezuma II, ya estarían estrenando casa en este 2014.

Peña no se inmutó y abordó un avión con destino final (es un decir) a Pekín, en donde a estas alturas estará desfaciendo el entuerto de la licitación cancelada. Ya se anunció la disposición del gobierno mexicano (es otro decir) a indemnizar a satisfacción al socio chino perjudicado. Está por determinarse cuántos millones de dólares le costará al país la inquietud gubernamental por el “qué dirán”. Porque el concurso, como lo explicó de manera exhaustiva Ruiz Esparza, era impecable.

Ayer los ofendidos de Guerrero y de otras partes del país bloquearon durante tres horas el aeropuerto de Acapulco. Es la primera vez, que se recuerde, que se emprende una acción de esa envergadura. Se puede estar de acuerdo con ellos o no, pero están convirtiendo su rabia en historia. El régimen, por su parte, sigue enredado en la elaboración de historietas sórdidas, fársicas e impúdicas, y por mucha voluntad que se ponga no hay manera de tomarlo en serio.

Memorial de agravios

Los niños paridos en la vía pública. Los ríos envenenados por los compadres del poder. El poder enloquecido por el dinero ilícito. Las arcas públicas endeudas por Zedillo. El mercado nacional entregado por Salinas. La destrucción deliberada del sistema de educación pública. La ruina planificada de los hospitales. La enseñanza y la salud convertidas en negocio de particulares. Los muchachos de Ayotzinapa.

Las mujeres violadas y descuartizadas en Chihuahua, Estado de México, Querétaro, Chiapas y en los demás rincones de un territorio nacional también descuartizado. Los electricistas privados de su fuente de trabajo. Los pilotos, las azafatas, el personal de tierra a quienes les fue robado su empleo con la complacencia del poder. Los agricultores expulsados de su milpa para construir autopistas torcidas desde los cimientos. Los muchachos de Ayotzinapa.

Los gestos triunfales de los gobernantes sobre las ruinas del país. Los discursos mentirosos y las simulaciones de democracia. El petróleo entregado a la rapiña. La electricidad convertida en artículo de lujo. La Suprema Corte de la Nación como un parásito gigantesco que chupa presupuestos en su mole de Pino Suárez. Los muchachos de Ayotzinapa.

Los miles de millones que desaparecieron de la contabilidad en el sexenio de Fox. Los multifamiliares rematados a doscientos pesos entre los parientes presidenciales. El uso de la Procuraduría General de la República para golpear y perseguir las iniciativas discordantes. Los muchachos de Ayotzinapa.

La Estela de Luz que recuerda la sombra del calderonato. Los cientos de perredistas asesinados en tiempos de Salinas. Los campesinos ajusticiados por defender los recursos naturales. La obscenidad de la riqueza vuelta entretenimiento para muertos de hambre. Los recintos oficiales y los cementerios convertidos en set para las fiestas de la élite. Los huesos de los próceres exhibidos en un circo presidencial. Los muchachos de Ayotzinapa.

Los más de cien mil muertos que dejó la guerra espectacular de Calderón. Los que lleva la guerra de clóset de Peña. Los veintitantos mil desaparecidos, disueltos en ácido, tirados en los caminos, incinerados para que no quede la menor molécula de su identidad. Los padres privados de sus hijos y los hijos huérfanos de sus padres. La conversión del narcotráfico en un sector económico. La concesión de territorios al control de la delincuencia. Los pueblos secuestrados. Los ciudadanos obligados a pagar impuestos y extorsiones a las dos caras del narcoestado. Los muchachos de Ayotzinapa.

Los políticos comprados y vendidos por voluntad propia. El aprovechamiento del hambre de millones para comprar la Presidencia. El hostigamiento perpetuo a las comunidades zapatistas. Los bebés incinerados en la Guardería ABC. Apatzingán. Tanhuato. Tlatlaya. San Fernando. Allende. Acteal. Aguas Blancas. El Charco. El Bosque. Tlatelolco. Los muchachos de Ayotzinapa.

La electricidad regalada a las grandes empresas. Los impuestos devueltos a los conglomerados influyentes. La sumisión ante el poder televisivo. Los miles de millones otorgados a comunicadores corruptos. Los jueces prevaricadores. Los magistrados obsecuentes. El asesinato industrial de mineros en Pasta de Conchos. Los muchachos de Ayotzinapa.

La eterna opacidad de las finanzas públicas. El engaño electorero de los programas sociales. El teatro de la Cámara de Diputados y del Senado de la República. Los periodistas hostigados, despedidos, torturados, ejecutados, desaparecidos. El desmantelamiento de los derechos laborales. Los muchachos de Ayotzinapa.

Los pederastas impunes en razón de su pertenencia a la clase política o al alto clero. Los funcionarios e influyentes que golpean a sus parejas. La erección de caminos de paga para beneficiar a las constructoras de los amigos. El reparto de las frecuencias de radio y televisión entre los leales. La desvergüenza de Monex y de Soriana. Los muchachos de Ayotzinapa.

El acoso a comunidades indígenas. Los proyectos hidroeléctricos construidos sobre tierras robadas. Las obras públicas defectuosas para asegurar el negocio de su constante remiendo. La simulación de concursos para el desarrollo de líneas férreas. La congelación de los salarios. La eliminación de los precios de garantía. La devastación de pequeñas y medianas empresas. Los muchachos de Ayotzinapa.

La impunidad pactada entre sexenios. Los miles de millones de dólares recibidos por procuradores, generales, gobernadores, vistas aduanales y jefes de seguridad para actuar como guardaespaldas de los maleantes. La perversión de las facultades constitucionales de las Fuerzas Armadas. La soberanía nacional intercambiada por la protección de Washington al grupo gobernante. Los muchachos de Ayotzinapa.

La ofensiva contra los jóvenes. La discriminación institucional contra las mujeres. El acoso sexual perpetrado desde la protección de los cargos públicos. La estupidez provocadora erigida en frase oficial. La manipulación de la historia. Los vehículos blindados para salvar a los funcionarios del desastre causado por ellos mismos. La simulación ante la ordeña de ductos petroleros. El favoritismo en las concesiones de espacios públicos. Los muchachos de Ayotzinapa.

La tomadura de pelo persistente, impenitente, sórdida. La doble muerte de criminales destacados. El encubrimiento de capos. La administración de la verdad. La masificación de la mentira. La leche radioactiva importada por Raúl Salinas. Las privatizaciones de todos los sexenios. El maltrato y el asesinato de migrantes propios y ajenos. La compra de espacios en las portadas de revistas extranjeras. Los muchachos de Ayotzinapa.

El estreno de residencias millonarias al terminar la gestión. Las cuentas de banco en Suiza y en las Islas Caimán. El jineteo de presupuestos. Los Jaguares, los Volvos, los Mercedes y los Ferraris. Los negocios familiares disfrazados de franquicias electorales. Los departamentos de lujo en Cancún y en Florida. La destrucción masiva de ecosistemas. Los muchachos de Ayotzinapa.

Los pactos que traicionan el mandato electoral. Los redondeos y los Teletones para esquilmar a los más pobres. El uso de recursos públicos para campañas electorales. El pacto federal como máscara, la separación de poderes como fachada, el orden constitucional como guión de telenovela, la democracia como envoltorio de la dictadura. El niño poblano asesinado con una bala de goma. El desamparo ciudadano en Veracruz, Morelos, Michoacán, Durango, Tamaulipas, Sinaloa, Estado de México, Guerrero. Los muchachos de Ayotzinapa.

El avión presidencial más caro del mundo. La fabricación de delitos contra jóvenes inocentes. La negación de los derechos de las mujeres sobre su propio cuerpo. El desprecio explícito de los encumbrados hacia la prole. El lavado de dinero y de trayectorias personales delictivas. La mierda monumental del régimen oligárquico. Los muchachos de Ayotzinapa.

Pacto o renuncia

México vive bajo la constelación de una crisis quíntuple. La social se viene incrementando desde el sexenio de Salinas, cuando millones de campesinos fueron obligados, por la mano económica, no por la militar, a abandonar sus tierras y buscar algún resquicio de subsistencia en la emigración –nacional o internacional– o en la delincuencia, y cuando innumerables trabajadores urbanos se vieron forzados, de esa misma manera, a transitar al sector informal, a un mercado de trabajo volátil e incierto, a la changarrización (aportación teórica de Fox) o a la delincuencia. Tales fenómenos, así como la férrea contención salarial, la destrucción deliberada de los sistemas públicos de salud y educación, la eliminación o reducción de derechos individuales y colectivos y la liquidación de la casi totalidad de la propiedad pública se han traducido en desigualdad lacerante, desintegración social, miseria, marginación, desempleo, insalubridad, cinismo e indiferencia y una alarmante pérdida del sentido de nación por un gran número de habitantes del país.

La crisis política se origina en el primer sexenio panista por la utilización descarada de la administración para el enriquecimiento del entorno presidencial, el empleo faccioso de los organismos de procuración e impartición de justicia para sacar de la sucesión presidencial a López Obrador y, posteriormente, por el sometimiento de las entidades electorales (entonces encabezadas por Carlos Ugalde y Leonel Castillo) al fraude continuista que incrustó en Los Pinos a Calderón. Desde entonces, los tres poderes del Estado no han sido capaces de reconstruir su autoridad, su credibilidad, su representatividad ni su legitimidad, atributos que no derivan de oficios o pactos firmados por gobernantes, magistrados o legisladores, sino de la percepción social imperante. Las elecciones de 2012, adulteradas con un fraude que sólo resultó invisible para el IFE y el tribunal electoral, ratificaron y agravaron esa crisis.

La crisis económica, por su parte, se origina en la persistente mediocridad de los indicadores macroeconómicos desde 1982 en adelante y, particularmente, desde el descalabro financiero internacional de 2008. La economía no crece al ritmo que debe, el gabinete económico ha encontrado en el endeudamiento nacional desorbitado una manera de darle la vuelta a la prohibición neoliberal de déficits fiscales, el agro está más postrado que nunca, el mercado interno está hipotecado a los productores extranjeros y, para colmo, el peñato ha introducido en este escenario la perspectiva cercana de una reducción significativa de los ingresos públicos –que, reforma energética mediante, serán compartidos con consorcios privados– y de una importante masa demográfica que llegará al fin de su vida productiva sin jubilaciones ni pensiones.

El país pasa también por una crisis institucional que se manifiesta en la corrupción evidente (aeropuerto y tren México-Querétaro como ejemplos monumentales) y en la inoperancia generalizada de las dependencias y de los organismos autónomos del Estado, desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos hasta la Procuraduría General de la República, y a lo anterior debe agregarse la espiral de violencia, inseguridad y ausencia de estado de derecho que Calderón le heredó a Peña y que éste se ha encargado de mantener e incrementar.

En semejante contexto, las ejecuciones extrajudiciales de Tlatlaya, la masacre y desaparición de normalistas en Iguala, los asesinatos de jóvenes estadunidenses en Reynosa a manos de la guardia pretoriana de la alcaldesa, los feminicidios en el estado de México, los homicidios cotidianos de políticos, dirigentes sociales, empresarios o ciudadanos desconocidos y humildes, alimentan en forma regular los cementerios clandestinos que son posteriormente descubiertos en Guerrero, Durango, Veracruz y otras entidades.

Ayer Peña anunció que gestionará una suerte de Pacto por Iguala –a la manera en que urdió el Pacto por México para aparentar que su brutal mutilación de la Carta Magna gozaba de legitimidad y consenso– para evitar que se repitan atrocidades como la perpetrada contra los estudiantes de Ayotzinapa el mes antepasado. Pero el momento nacional es muy distinto al de diciembre de 2012 y esta vez la sociedad se le adelantó. El crimen perpetrado contra los muchachos normalistas ha dejado al descubierto la imbricación de los tres niveles de gobierno y de la mayor parte de la clase política en las circunstancias que hicieron posible la barbarie; ha evidenciado que la agresión gubernamental contra la población inerme no es un hecho aislado sino parte de un patrón bien definido, y ha dado lugar a una indignación general que trasciende estratos sociales y que constituye, a su manera, el embrión de un pacto social gestado al margen, y a contrapelo, del poder oligárquico y neoliberal.

El necesario proceso de recomposición institucional (en palabras del convocante, resablecer “el estado de derecho, combatir la corrupción y cerrar el paso a la impunidad”) y el principio de solución a la crisis quíntuple no pasan por un nuevo pacto cupular y vacío, sino por una renuncia presidencial. Y ante la manifiesta incapacidad de Peña y de su equipo para ver más allá de las cúpulas y de percibir los ánimos sociales, es necesario y urgente obligarlos a escuchar el clamor social mediante acciones masivas, pacíficas, legales y articuladas.

Calacas de fin de régimen

Angel Aguirre Rivero

Angel Aguirre Rivero

fue, más que gobernador,

de La Huesuda asesor

y eficaz sepulturero.

Así, convirtió a Guerrero

en una masiva fosa,

protegió gente mafiosa

y en su momento postrero

chillaba pidiendo fuero

frente a la tumba espantosa.

El “perdón” de Carlos Navarrete

Deambula por el panteón,

este chucho impresentable

y no hay un muerto que le hable

pues provoca repulsión.

Pero aunque pida perdón

después de tanto trinquete,

el alma de Navarrete

a nadie causa piedad

y pasa la eternidad

pudriéndose en un retrete.

Jesús Zambrano y el Pacto por México

Ojalá de la tumba nunca salgas

tú, del Pacto por México firmante,

ni abandones el círculo que Dante

describió con metáforas hidalgas.

En este mundo no hay sitio que valgas,

Jesús Zambrano, torvo negociante,

que si resucitaras un instante

irías otra vez a dar las nalgas.

El improcurador Jesús Murillo Karam

Metido en una hedionda sepultura

Jesús Murillo Karam pasa el rato,

juega con la verdad y se hace pato

con narcos de menguada catadura.

Es el procurador, mas no procura;

su tumba más que tumba es un ornato

y es, en el cementerio del peñato,

campeón en indolencia y cara dura.

Moreno Valle, el “góber bala”

Elba Esther, en una calle,

un aborto padeció

y así fue como surgió

Rafael Moreno Valle.

Lo malo –ahí está el detalle–:

es que fue gobernador

y salió tan represor

que al llamado góber bala

hoy la muerte lo regala

pues no soporta su hedor.

Javier Duarte y los frutsis

“Aquí ya no ha asesinos”

–decía el gobernador–,

“se robarán, a lo peor,

un frutsi con dos pingüinos”.

Por esos dichos cretinos,

y darle tanto trabajo,

la Pelona lo sustrajo,

le dijo “vengo a llevarte”

y así fue que Javier Duarte

se fue con rumbo al carajo.

Rosario Robles en el Infierno

Convertida en calavera,

demacrada y sin pudor,

Rosario Robles, qué horror,

en el Infierno prospera.

Por mendaz y traicionera

el Diablo le da un calambre

y decide que este fiambre

de rebosada silueta

ya debe ponerse a dieta

y saber lo que es el hambre.

Presidencia de la República

La Presidencia comprada

de pronto se derrumbó

pues el güey que la compró

nada más no hacía nada.

La Nación, hipotecada,

se hartó de este copetón

al ver que la matazón

en México no ha cambiado

y hoy Peña yace enterrado

al lado de Calderón.

Raúl Plascencia y la CNDH

La Comisión Nacional

de los Derechos Humanos

cayó en las pésimas manos

de un sujeto sin moral.

Llegó a su tumba final

en tanto Raúl Plascencia,

el rey de la complacencia

al poder presidencial,

en el mero Pedregal

estrenaba residencia.