“No se puede exigir justicia violando la ley...”

Dicha por su boca la frase descalifica todo el resto del alegato. Con trece presos políticos frescos en las cárceles del país, con la abrumadora evidencia de la fabricación de culpables por parte de las procuradurías General de la República y General de Justicia del Distrito Federal, y con los videos y fotos de los abusos policiales cometidos hace una semana en pleno Zócalo capitalino, hablar de la creación de “instrumentos para proteger los derechos humanos” y de “hacer efectivo el derecho a la justicia”, como lo hizo ayer Enrique Peña Nieto, es una completa desvergüenza. Si hubiese querido que su alocución gozara de un mínimo soporte de credibilidad y coherencia habría tenido que empezar por disculparse ante la sociedad por la violencia policial injustificada, por las provocaciones que ha venido montando desde el día que tomó posesión –sí, ya es meridianamente claro que el vandalismo dimana de su propio régimen– y por ordenar la liberación inmediata y sin condiciones de los 11 a los que la policía secuestró el 20 de noviembre más los dos a los que pretendió desaparecer dos días antes.

Pero no: el mensaje de Peña no fue un punto de inflexión sino un bostezo dinosáurico y cínico emitido en la retórica tradicional de las presidencias priístas (y panistas): ya se sabe que cuando una de ellas anuncia medidas “sin precedentes en la historia nacional” en realidad está recurriendo a la muletilla oratoria más manida de la historia de México. Cuando presumen la adopción de medidas “firmes y audaces” se refieren a salvar apariencias y a blanquear sepulcros. Cuando pronuncian “transparencia y rendición de cuentas” todo mundo sabe que hablan de triquiñuelas para perpetuar la corrupción.

El autoritarismo no sólo está contenido en el intento de despojo de facultades municipales para transferirlas a las entidades federativas y a la Presidencia de la República sino también en ese nuevo intento por resucitar el fichaje policial de la población. Peña va por la vida recogiendo los fracasos de Felipe Calderón para convertirlos en éxitos propios –hay que reconocerle que lo logró en el caso de la privatización del sector energético. Está por verse si lo consigue también en la imposición de esa “clave única de identidad” (que, por cierto, ya existe y se llama CURP) encarnada en un catálogo signaléctico que más tardará en ser recabado –si lo permitimos– que en ser comercializado en Tepito en memorias USB, como ha ocurrido con la mayoría de las bases de datos oficiales, para propósitos comerciales o delictivos inconfesables.

¿Así que el lunes próximo la aplanadora oficialista barrerá con los artículos constitucionales en los que se establece la corresponsabilidad de los ayuntamientos en la preservación de la seguridad pública (21) y su facultad para instituir y mandar cuerpos de policía (115)? “Que la Federación asuma el control de los servicios municipales” y “creación obligatoria de policías estatales únicas”, dice Peña. Es decir, la corrupción y la infiltración cambiarán de envase porque –tal vez el mexiquense no lo sepa y haya que informarle– las corporaciones policiales estatales y la federal también están agusanadas e infiltradas y cometen toda suerte de atropellos contra los ciudadanos.

Más que esa gringada insustancial de querer implantar un número de emergencias 911 (si los campesinos están sumidos en la pobreza, que les pongan cajeros automáticos) preocupa el anuncio de despliegues de fuerzas federales en la Tierra Caliente guerrerense y michoacana porque eso ya lo hizo Calderón desde fines de 2006 y el resultado es conocido por todos salvo, tal vez, por el propio Peña: esos “operativos” no sólo fueron la marca de arranque de un sexenio sangriento sino que dejaron como saldo el empoderamiento de la Familia Michoacana, antecesora de Los Caballeros Templarios, y hundieron en la incertidumbre y el terror a los habitantes de la región.

¿Fortalecer protocolos y procedimientos para que en casos de tortura, desaparición forzada y ejecución extrajudicial las investigaciones sean oportunas, exhaustivas e imparciales? El propósito sería loable, si no lo formulara el responsable de la barbarie policial en Atenco. No se le puede creer ahora la empatía que dice sentir, “como padre”, con los padres de los muchachos asesinados y los desaparecidos porque si en aquella ocasión Peña hubiese pensado en su madre, su mujer y sus hijas, habría evitado las agresiones sexuales masivas y sistemáticas en contra de ciudadanas inocentes. Dicha por su boca, la consigna “Todos somos Ayotzinapa” adquiere un tufo de cinismo y de impostura y representa un agravio adicional contra una sociedad genuinamente dolida y movilizada por las víctimas de la barbarie gubernamental generalizada.

Otro tanto ocurre con sus alegatos a favor de la transparencia y contra la corrupción: simplemente no son creíbles cuando los pronuncia un individuo que violó la ley al omitir en su declaración patrimonial las fastuosas residencias de su cónyuge, proporcionadas por la televisora que lo encumbró y por la constructora a la que él ha venido beneficiando con múltiples contratos. ¿Con qué cara?

Y lo peor: a 60 días de la barbarie cometida en Iguala, Peña no informó nada sobre el destino de los 43 normalistas desaparecidos. Ni una sola palabra.

Y como el relato gore de Jesús Murillo Karam sobre la pira funeraria en el basurero de Cocula se cayó a pedazos por sí mismo, sólo quedan dos posibilidades: o el peñato sabe el destino de los muchachos y por alguna razón no quiere revelarlo, o bien las excesivas facultades de que goza la Presidencia de la República y los 300 mil millones de pesos que, grosso modo, nos cuesta el mantenimiento anual de esa dependencia, las secretarías de Defensa, Marina y Gobernación, más la Gendarmería y la Procuraduría General de la República, no han servido para encontrar a 43 muchachos secuestrados por un puñado de servidores públicos.

La alocución presidencial de ayer en un Palacio Nacional cerrado a toletes y lodo a la sociedad y abierto a la oligarquía causante de la presente tragedia nacional demostró hasta qué punto la presidencia de Peña Nieto es, parafraseando a Juárez, moralmente imposible. No puede con el cargo. No debe estar allí. Que renuncie ya, hoy mismo.