4.11.14

Pacto o renuncia



México vive bajo la constelación de una crisis quíntuple. La social se viene incrementando desde el sexenio de Salinas, cuando millones de campesinos fueron obligados, por la mano económica, no por la militar, a abandonar sus tierras y buscar algún resquicio de subsistencia en la emigración –nacional o internacional– o en la delincuencia, y cuando innumerables trabajadores urbanos se vieron forzados, de esa misma manera, a transitar al sector informal, a un mercado de trabajo volátil e incierto, a la changarrización (aportación teórica de Fox) o a la delincuencia. Tales fenómenos, así como la férrea contención salarial, la destrucción deliberada de los sistemas públicos de salud y educación, la eliminación o reducción de derechos individuales y colectivos y la liquidación de la casi totalidad de la propiedad pública se han traducido en desigualdad lacerante, desintegración social, miseria, marginación, desempleo, insalubridad, cinismo e indiferencia y una alarmante pérdida del sentido de nación por un gran número de habitantes del país.

La crisis política se origina en el primer sexenio panista por la utilización descarada de la administración para el enriquecimiento del entorno presidencial, el empleo faccioso de los organismos de procuración e impartición de justicia para sacar de la sucesión presidencial a López Obrador y, posteriormente, por el sometimiento de las entidades electorales (entonces encabezadas por Carlos Ugalde y Leonel Castillo) al fraude continuista que incrustó en Los Pinos a Calderón. Desde entonces, los tres poderes del Estado no han sido capaces de reconstruir su autoridad, su credibilidad, su representatividad ni su legitimidad, atributos que no derivan de oficios o pactos firmados por gobernantes, magistrados o legisladores, sino de la percepción social imperante. Las elecciones de 2012, adulteradas con un fraude que sólo resultó invisible para el IFE y el tribunal electoral, ratificaron y agravaron esa crisis.

La crisis económica, por su parte, se origina en la persistente mediocridad de los indicadores macroeconómicos desde 1982 en adelante y, particularmente, desde el descalabro financiero internacional de 2008. La economía no crece al ritmo que debe, el gabinete económico ha encontrado en el endeudamiento nacional desorbitado una manera de darle la vuelta a la prohibición neoliberal de déficits fiscales, el agro está más postrado que nunca, el mercado interno está hipotecado a los productores extranjeros y, para colmo, el peñato ha introducido en este escenario la perspectiva cercana de una reducción significativa de los ingresos públicos –que, reforma energética mediante, serán compartidos con consorcios privados– y de una importante masa demográfica que llegará al fin de su vida productiva sin jubilaciones ni pensiones.

El país pasa también por una crisis institucional que se manifiesta en la corrupción evidente (aeropuerto y tren México-Querétaro como ejemplos monumentales) y en la inoperancia generalizada de las dependencias y de los organismos autónomos del Estado, desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos hasta la Procuraduría General de la República, y a lo anterior debe agregarse la espiral de violencia, inseguridad y ausencia de estado de derecho que Calderón le heredó a Peña y que éste se ha encargado de mantener e incrementar.

En semejante contexto, las ejecuciones extrajudiciales de Tlatlaya, la masacre y desaparición de normalistas en Iguala, los asesinatos de jóvenes estadunidenses en Reynosa a manos de la guardia pretoriana de la alcaldesa, los feminicidios en el estado de México, los homicidios cotidianos de políticos, dirigentes sociales, empresarios o ciudadanos desconocidos y humildes, alimentan en forma regular los cementerios clandestinos que son posteriormente descubiertos en Guerrero, Durango, Veracruz y otras entidades.

Ayer Peña anunció que gestionará una suerte de Pacto por Iguala –a la manera en que urdió el Pacto por México para aparentar que su brutal mutilación de la Carta Magna gozaba de legitimidad y consenso– para evitar que se repitan atrocidades como la perpetrada contra los estudiantes de Ayotzinapa el mes antepasado. Pero el momento nacional es muy distinto al de diciembre de 2012 y esta vez la sociedad se le adelantó. El crimen perpetrado contra los muchachos normalistas ha dejado al descubierto la imbricación de los tres niveles de gobierno y de la mayor parte de la clase política en las circunstancias que hicieron posible la barbarie; ha evidenciado que la agresión gubernamental contra la población inerme no es un hecho aislado sino parte de un patrón bien definido, y ha dado lugar a una indignación general que trasciende estratos sociales y que constituye, a su manera, el embrión de un pacto social gestado al margen, y a contrapelo, del poder oligárquico y neoliberal.

El necesario proceso de recomposición institucional (en palabras del convocante, resablecer “el estado de derecho, combatir la corrupción y cerrar el paso a la impunidad”) y el principio de solución a la crisis quíntuple no pasan por un nuevo pacto cupular y vacío, sino por una renuncia presidencial. Y ante la manifiesta incapacidad de Peña y de su equipo para ver más allá de las cúpulas y de percibir los ánimos sociales, es necesario y urgente obligarlos a escuchar el clamor social mediante acciones masivas, pacíficas, legales y articuladas.

1 comentario:

Daniel Mendoza dijo...

La dictadura del P.R.I. durante 85 años ha condenado al país a la miseria, obligando a millones de personas a emigrar hacia E.U. debido a la opresión económica, la violencia y corrupción sin freno que imponen a la población.

En México no existe oposición política, todos los partidos (PAN,PRD,MORENA,MC,PANAL,PT,PVEM,EZLN y los que se invente el INE) son expresiones distintas de la misma dictadura, unos siendo durante décadas su fiel oposición y otros creados a conveniencia para sabotear y nunca unificar el movimiento socialista nacional.

El país se condenó a profundizar su condición de Estado fallido cuando se aprobaron las reformas laboral y educativa; Esas reformas marcan el camino del subdesarrollo con mano de obra aún más barata, sin ninguna garantía jurídica para los derechos constitucionales de la población y condenando a la juventud y niñez a una ignorancia funcional a intereses económicos.

Respecto a la reforma energética los hechos demuestran que Pemex ha sido privatizada desde hace décadas, sus dueños son los líderes sindicales que se han enriquecido y toda la clase política gobernante que la ha administrado. Prácticamente todos los servicios (desde limpieza, gestión y administrativos) los controlan empresas outsourcing, sin contar la cantidad de equipo y tecnología que es el gran negocio de transnacionales. No hay nada más que privatizar, más que la inteligencia y el sentido común de las personas.
Concesionar aún más algo tan importante de manera tan mal gestionada como hasta ahora solo abre la puerta a la rapiña, al capital especulativo, a la irresponsabilidad medioambiental y a condenarnos a una dependencia mayor del extranjero en términos muy desiguales.

La dictadura lucra con un modelo de desarrollo basado en el turismo, la manufactura barata y la exportación de materias primas obligando a México a ser completamente dependiente de la inversión extranjera para su modernización, negando cualquier tipo de mejora en la calidad de vida y segregando económicamente a todos los mexicanos.

Si hoy la dictadura impone sus reformas es debido a su propia ineptitud y corrupción por no tener ni la inteligencia ni la visión para invertir en ciencia y tecnología, para fomentar la eficiencia administrativa en el servicio público y por los robos millonarios que los priistas a nivel estatal, federal y municipal han cometido dejando millonarias deudas públicas.

Tenemos a un dictador impuesto con el 38% de la votación que bajo cualquier estándar internacional no puede considerarse democráticamente electo y mientras la camarilla priista viola, asesina mujeres, arrebata derechos constitucionales, defrauda, endeuda, se enriquece con el tránsito de droga y no ha respondido ni pagado por los crímenes contra la población mexicana desde 1959.

Yo propongo que se empiece por requisar todas las instalaciones, oficinas y la sede nacional del P.R.I. en el país. Que se tomen las oficinas de la CTM y se derriben las estatuas de criminales como Fidel Velázquez, Miguel de la Madrid o López Portillo. Que se retire la estatua de Colosio de Avenida Reforma, que se renombren las calles, avenidas, escuelas, deportivos y plazas del país para que ninguna lleve el nombre de algún colaboracionista de la dictadura del P.R.I.

Todo lo que representa el P.R.I. y todas las personas asociadas a ellos son el verdadero enemigo de México.