Tixtla: ejecuciones y mensajes

El lugar de las ejecuciones. Foto: Sergio Ocampo

Una emboscada como la que sufrieron policías comunitarios el jueves 27 en Tixtla, Guerrero, con un saldo de cuatro muertos, no podría realizarse sin que lo supieran las fuerzas militares y policiales que el gobierno federal tiene desplegadas en la región. Lo mismo que en Iguala el 26 de septiembre del año pasado. Y al igual que entonces, la comisión material de los asesinatos recayó en alguno de los grupos de la delincuencia organizada que operan en esa y en otras ciudades y regiones de Guerrero con la complicidad de autoridades locales, estatales y federales.

Algunos consideran que estos hechos son expresión de las pugnas entre los cárteles “Los Rojos” y “Los Ardillos” por el control de una ruta del narcotráfico y para eliminar los estorbos que representan para esta actividad los policías comunitarios de la casa de justicia “La Patria es Primero” a la que pertenecían los asesinados y que no hay un vínculo entre los crímenes y la elección municipal extraordinaria programada para el domingo 29. Señalan que en el seno de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) que las posturas encontradas acerca de la participación electoral distan de ser unánimes y que diversos sectores en ella permanecen fieles a la convicción de no participar en comicios.

Sin desconocer esos hechos, otros pensamos que las ejecuciones, perpetradas a 14 meses exactos de la atrocidad perpetrada en Iguala por policías municipales y narcos –y supervisada por las policías estatal y federal y por tropas del 27 Batallón de Infantería del Ejército Mexicano– llevan un par de mensajes inequívocos dirigidos, el primero, al país, y el segundo, a los tixtlecos que se han organizado para sacar del ayuntamiento, por la vía del sufragio, a los corruptos que lo controlan.

El contenido de esos mensajes es el siguiente: a) a pesar de los bochinches que ustedes han armado por lo de los normalistas en Iguala, los narcos y caciques políticos de Guerrero podemos hacer lo que nos dé la gana, seguimos disfrutando de total impunidad y tenemos a las instituciones nacionales de nuestro lado para que nos encubran; b) las elecciones son para ser ganadas por los candidatos que nosotros indiquemos, no para que ustedes se libren de nuestro control y de nuestra tiranía.

Sectores de las policías comunitarias y de la Asamblea Popular que en solidaridad con Ayotzinapa había estado oponiéndose a las elecciones decidieron en esta ocasión, en alianza con el Movimiento de Regeneración Nacional, postular candidatos a la alcaldía y las sindicaturas y que su campaña electoral –el cierre ocurrió horas antes de los asesinatos–, emprendida casa por casa, logró movilizar a la población suficiente como para ganar los comicios.

Con estos antecedentes, parece claro que la emboscada contra los policías comunitarios tuvo el propósito de sembrar terror entre la ciudadanía tixtleca consciente, la cual busca ahora sacudirse por la vía de las urnas –y con muy buenas perspectivas– la tiranía de las mafias político-delictivas que la oprimen. Se trata de disuadir a la gente de votar, de participar en la organización del comicio, de cuidar las urnas; de asegurar que sólo los pistoleros priístas y sus compinches del narco se atrevan a salir a las calles el domingo próximo; de negar a la sociedad honesta la vía electoral y de sembrar el desaliento, la impotencia y la resignación. Y se trata, también, de comunicar a los normalistas de Ayotzinapa que su lucha es del todo inútil, que los estamentos del poder público aliados con las mafias pueden disponer de sus vidas cada vez que les dé la gana, como lo hicieron en Iguala hace catorce meses; que abandonen la idea de formarse como maestros, que se regresen a sus lugares de origen y que abandonen el plantel que ha sido cuna de la conciencia social para que los mafiosos puedan establecer en él un parque de atracciones, un burdel o una bodega de goma de opio.

Pero la lucha de las oposiciones en Tixtla es parte de las luchas nacionales por la recuperación del país y la eliminación del régimen oligárquico neoliberal y sin el visto bueno de las fuerzas federales que sirven a ese régimen la emboscada criminal contra los comunitarios no habría sido posible. La cuna de Vicente Guerrero, Ignacio Manuel Altamirano, Antonia Nava, La Generala, y Pablo Sandoval –entre otros tixtlecos memorables y entrañables– ha venido construyendo la primavera por diversos caminos desde hace mucho tiempo  y para concretarla necesita y merece el respaldo decidido y comprometido de los mexicanos de buena voluntad.

Partido y movimientos

El sistema mexicano de partidos está diseñado para corromper y desvirtuar, favorecer el desarrollo de burocracias internas y disociar a las organizaciones partidarias de sus principios y programas. Los congresos estatales y el federal operan para romper el vínculo entre los representados y sus representantes y para colocar a los segundos en la esfera de la clase política, la cual tiene como intereses primordiales mantener el modelo neoliberal, corrupto y antidemocrático, y procurar el enriquecimiento de sus integrantes. Las desmesuradas prerrogativas que el Instituto Nacional Electoral (INE) otorga a los partidos tiende a centrar la atención de sus dirigentes, cuadros y militantes en el dinero, y a hacerlos olvidar el propósito de su quehacer político. Y esos objetivos se cumplen. Agasajados con salarios estratosféricos, prebendas de toda clase, regalos inconfesables y oportunidades para realizar negocios multimillonarios a costa del erario, la mayoría de los políticos se olvida de las necesidades de los votantes y abandona, si es que alguna vez lo tuvo, todo propósito de transformar o cuando menos de reformar el sistema político del que se ha vuelto parte. Y eso, sin tomar en cuenta el fraude electoral directo.

Este entramado de complicidades, encubrimientos e impunidades permite entender la descomposición que experimentó el PRD y su pérdida para la defensa de las causas populares, la democratización del país y la lucha contra la injusticia y la desigualdad.

Tal situación ha hecho concluir a muchos que la transformación nacional y la destrucción del régimen neoliberal es imposible por la vía electoral, y no les faltan razones. La exasperación y el desencanto ante los partidos, candidaturas y elecciones es inevitable si se observa procesos como los ocurridos en Guerrero, Oaxaca y el Distrito Federal, entidades actual o recientemente gobernadas por individuos que recibieron el apoyo de las izquierdas y que terminaron por ser parte de aquello que se habían comprometido a combatir: la política excluyente, la administración venal, la diplomacia entreguista, la protección a la impunidad, la represión, el espíritu privatizador, la mentira, la indecencia y la criminalidad.

Esas prácticas han generado o agravado conflictos sociales que se expresan en una infinidad de resistencias, luchas, movilizaciones y reivindicaciones. Trabajadores explotados, ciudadanos agraviados, comunidades atropelladas, personas discriminadas y violentadas, consumidores defraudados, dan testimonio, con su acción organizativa, de un país que ha sido sometido a un embate destructivo, violento y delictivo desde la cúpula misma de sus instituciones y con la participación protagónica o la complicidad de la mayor parte de sus políticos.

Pero sin un partido que articule en el ámbito nacional el conjunto de las causas populares no hay manera de que éstas puedan desplazar del poder a la oligarquía neoliberal, y mucho menos formular propuestas alternativas a las políticas económicas en curso. Además, los movimientos sociales aislados son particularmente vulnerables a la represión, a la cooptación y a la infiltración desde el poder público y desde las instancias corporativas interesadas en dividirlos y desarticularlos.

La respuesta a esto que parece ser un callejón sin salida consiste en articular las luchas sociales con las electorales. De esa forma se logra dar a las primeras proyección nacional y presencia en las instituciones gubernamentales y preservar el sentido de las segundas. Mediante su articulación con una organización nacional, capaz de formular una visión de gobierno, las causas de los de abajo pueden tener perspectivas de éxito perdurable. La fidelidad a tales causas permite al partido participar en elecciones y en las instituciones formales sin pervertirse y desnaturalizarse.

Éste es el significado de Morena como partido-movimiento y ésta, su tarea doble. Olvidarse de las luchas populares llevaría al partido a convertirse en un componente más de la clase política corrupta y descuidar el trabajo electoral llevaría a los movimientos sociales a la dispersión y el aislamiento. Organización popular, movilización y participación electoral son vías complementarias, y necesarias, las tres, para lograr el propósito principal: la derrota del régimen oligárquico y la recuperación del país.

Recordación de Lucy

“Quizá la especie más famosa de Australopithecus es la Australopithecus afarensis, gracias al descubrimiento, en 1974 en Hadar, Etiopía, de los restos de una joven mujer de la que se encontraron 52 huesos de un esqueleto semicompleto, con una edad aproximada de 3.2 millones de años. Esta especie trepaba árboles pero también podía caminar en dos pies. Durante mucho tiempo se pensó en Lucy como la abuela de la humanidad.”

Hoy hace 41 años “se bebió champagne a la salud del homínido fósil exhumado de su ganga de tierra, mientras en el pequeño magnetófono del campamento sonaba la famosa canción de los Beatles Lucy in the sky with diamonds.”

Feliz cumpleaños de renacimiento, Lucy:

En la sabana de África soleada
se yergue en sus dos pies y se sostiene
el ínfimo primate que proviene
del abismo animal y de la Nada:

Lucy entre los diamantes constelada,
Eva evolucionada que contiene
la semilla de un vértigo perenne
de amor y destrucción encarnizada.

Abuela, en tus tinieblas animales
qué luz te alumbra; qué calor te alienta
antes del fuego, frágil y menguada.

Lucy, de qué matriz, de dónde sales
y antecedes al hombre que comenta
“somos polvo estelar y somos nada”.

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(Posteado originalmente el 21/06/2006)

Recordatorio

La peor oleada de ataques terroristas en nombre de Dios que ha tenido lugar en España se originó en el norte de África, contó con ramificaciones en Berlín, Roma y Lisboa, y no usó de pretexto al Islam sino al catolicismo cristiano. Se prolongó durante tres años, dejó medio millón de muertos y el gobierno de Estados Unidos acabó negociando –como es su costumbre– con los fundamentalistas. El impacto de esa derrota de la civilización perdura hasta nuestros días. Así, aunque el principal cabecilla de los terroristas murió hoy hace 40 años, un nieto ideológico suyo ejerce actualmente como presidente del gobierno español.

Guerra contra la gente

“La respuesta será despiadada”, sentenció François Hollande la noche misma del viernes, cuando aún no se aplacaba el ulular de las ambulancias en París. La reacción estará “al mismo nivel” que los ataques, remachó su primer ministro, Manuel Valls. Al día siguiente un enjambre de cazabombarderos dejó caer una veintena de bombas sobre posiciones del Estado Islámico en la localidad siria de Raqqa, la cual ha sido ya golpeada por bombardeos estadunidenses y rusos.

Los medios occidentales aseguran que los hospitales no reportaron bajas civiles por esa acción pero varios videos sugieren lo contrario. Por su parte, la organización prooccidental “Raqqa está siendo masacrada en silencio” informó el sábado y el domingo vía Twitter que en una treintena de ataques fueron bombardeados el barrio de Al Hason (en donde murieron cinco personas, incluida una niña), el edificio de la corte islámica, la estación de bomberos, el estadio, el museo y un hospital. Si la respuesta ordenada por Hollande aún no ha causado muertos civiles es seguro que los causará, porque es “despiadada” y “al mismo nivel” que el de los atacantes de media docena de lugares públicos parisinos y porque no hay manera de demoler a bombazos una ciudad sin matar a personas inocentes. Así es la guerra.

Lo que no queda muy claro es la conformación de los bandos en esta guerra. Es cierto que Estados Unidos, Rusia, Irán y Francia se han encontrado en el mismo lado en contra del EI, pero Washington quiere acabar con el gobierno sirio en tanto que Teherán y Moscú pretenden salvarlo. Estados Unidos, Irán y Rusia quieren además fortalecer al régimen de Irak, pero Obama mantiene intactos los vínculos de su país con Turquía y Arabia Saudita, señalados desde hace tiempo como patrocinadores del EI.

Francia, por su parte, mantiene una ofensiva militar “antiterrorista” de 12 mil efectivos, cientos de vehículos y decenas de aviones en Mauritania, Malí, Níger, Chad y Burkina Faso, además de sus bombardeos a Siria.

Para mayor confusión, las organizaciones armadas fundamentalistas tampoco se caracterizan por la unidad: al Estado islámico se oponen Jadhat al Nusra, cercana a Al Qaeda, la milicia chiíta Hezbollah (respaldada por Teherán), y una alianza variopinta denominada Frente Islámico, enemiga de Al Assad y apoyada por Washington.

O sea que no estamos ante una guerra entre cristianos y musulmanes ni frente a un nuevo conflicto Este-Oeste, ni nada parecido. Los que se parecen entre sí son más bien los inocentes masacrados en Francia y en Siria –por más que los primeros tengan un nivel de vida muy superior a los segundos– y los líderes de los países y de las facciones involucradas. Por su parte, Obama, Putin, Hollande y Valls parecen empeñados en borrar toda diferencia entre ellos y los mandos del EI –Abu Bakr al Baghdadi, Abu Muslim al Turkmani, Abu Ali al Anbari, entre los más conocidos– mediante golpes aplastantes, “despiadados” y “al mismo nivel” que las agresiones recibidas.

Ésta es una guerra contra la gente y la mejor manera de atizarla es caer en los alineamientos precocidos, en las piedades industrializadas y en la trampa del desprecio xenofóbico al sufrimiento de los demás. Las víctimas de París no están en competencia con las de Siria ni con las de Líbano ni con las de Guerrero ni hay motivo para perder la humanidad hasta el punto de regatearles la empatía en nombre de la solidaridad con Ayotzinapa o con los palestinos. Los bandos pasan por encima de las fronteras y pueden definirse así: quienes tienen las armas y los que caen bajo el fuego de ellas.

El follón de la mota

Parece ser que la corrección política del momento es mostrar actitudes abiertas y tolerantes ante la mariguana. Una vez que Uruguay y varios estados de la Unión Americana aprobaron su despenalización, y cuando exponentes internacionales y nacionales de la derecha neoliberal se han manifestado por suspender su prohibición, el régimen oligárquico mexicano decide convocar a un debate nacional para dilucidar el asunto; ya sea en la forma a la vez ñoña y arrogante de Peña Nieto, quien aclaró que está en contra, pero que no puede “ser dueño único de la verdad”, o al estilo taimado de Miguel Ángel Mancera, quien se mostró partidario de despenalizar el uso de la mota con fines terapeúticos “porque hoy estamos limitando a enfermos de epilepsia, de cáncer, de arteriosclerosis”. El que formuló una propuesta estructurada fue Miguel Ángel Osorio Chong, quien habló de una discusión en tres etapas (debate técnico, debate social y debate parlamentario) y de la necesidad de recopilar la mayor cantidad posible de información sobre el asunto.

Todo empezó cuando cuatro individuos, pertenecientes todos ellos a la organización de ultraderecha y pro gobiernista México Unido contra la Delincuencia, interpusieron unos sospechosos amparos judiciales para obtener respectivos permisos de consumo de la yerba y la Suprema Corte acabó dándoles la razón y ordenando a la Cofepris que no les niegue la autorización correspondiente. A últimas fechas, hasta un par de obispos se han sumado a la defensa de los usos terapéuticos de la droga (Guillermo Ortiz, de Cuautitlán, y Benjamín Castillo, de Celaya) cuando ésta es empleada en masajes para las reumas. Y la misma bancada senatorial del PRI presentó una iniciativa para reformar la Ley General de Salud, a fin de posibilitar el uso medicinal de la cannabis para algunos enfermos de epilepsia. La reforma se limitaría a autorizar la importación de medicamentos a base de mariguana y mantendría la prohibición de cultivarla en el país. Si los genios neoliberales han hecho el antimilagro de convertir a México en importador neto de gasolina, ya se puede esperar que lo vuelvan ahora importador de mariguana.

En la humilde opinión de este navegante, las posturas surgidas hasta ahora son timoratas, epidérmicas e hipócritas. Nadie desconoce que la cerveza, la ginebra y la charanda pueden resultar dañinas para la salud, que generan adicción (la modalidad específica se llama alcoholismo) y que, potencialmente, pueden ser desastrosas para la vida familiar, laboral y social de quien las consuma en forma desmedida, pero a estas alturas a nadie en su sano juicio se le pasaría por la cabeza llamar a un debate nacional orientado a establecer una prohibición legal a la producción, comercio, posesión y consumo de bebidas alcohólicas. Si la figura de los “delitos contra la salud” estuviera bien empleada, habría que empezar por meter a la cárcel, antes que a los cultivadores y minoristas de mota, a los dueños de las industrias licorera y refresquera y a los fabricantes de esa comida basura que se compone 60 por ciento de harinas refinadas, 20 por ciento de azúcar, 19 por ciento de manteca sintética y uno por ciento de colorantes, saborizantes y preservativos.

Lo cierto es que el ron, el tabaco, las gotas de pasiflora y los combinados de taurina y cafeína son de circulación legal, se expenden en cualquier tiendita y no hay un motivo racional por el cual establecer una distinción entre esos productos y la mariguana, la cual, junto con el opio, la morfina y la cocaína, fue usada en forma lícita en el país desde que la introdujeron los españoles, en el siglo XVI (es un error común pensar que la mota tiene origen prehispánico), hasta el 15 de marzo de 1920, fecha de publicación del decreto titulado “Disposiciones sobre el cultivo y comercio de productos que degeneren la raza”, en el cual se reguló el cultivo, la importación y el comercio de la amapola y sus derivados (opio, morfina, codeína y heroína) y se estableció la estricta prohibición del cultivo y comercio de cannabis.

Hace casi un siglo, pues, el Estado empezó a actuar ante la mota y otras drogas igual que lo había hecho la Iglesia católica durante la Colonia ante el peyote, el toloache y los hongos alucinógenos, con el argumento de que su uso implicaba un “pacto con el Demonio”.

El debate es innecesario y equívoco: lo que tendría que debatirse es si es correcto que el Estado se arrogue la facultad positivista, totalitaria y contraproducente –sea en nombre de la lucha contra el Demonio, la preservación de la raza o la prevención de adicciones– de impedir a los ciudadanos que se cambien el estado de ánimo y la percepción de la realidad con determinadas sustancias o si, por el contrario, tal atribución debe ser suprimida y colocada en lugar de honor en algún museo del autoritarismo.

Un argumento extraoficial de la pertinencia de despenalizar la mariguana es que con ello podría reducirse la violencia y la descomposición que generan el narcotráfico y su persecución selectiva por el gobierno. Pero a estas alturas, la producción y trasiego de cannabis representa sólo una pequeña fracción de las ganancias astronómicas del negocio de las drogas prohibidas, y lo sustancial de este negocio son sus divisiones de cocaína, opiáceos y sustancias sintéticas, y si el Congreso decidiera poner en manos de Fox, Zedillo y otros interesados el negocio que antaño catapultó a la fama a Rafael Caro Quintero, sin despenalizar al mismo tiempo el resto de las sustancias ilícitas, no se verán menguados en forma significativa el poderío militar, financiero y político del narco.

Si lo que pretendía la prohibición era acabar con las adicciones, su fracaso está a la vista. Suprimirlas es un objetivo absurdo y disparatado, y más si se pretende hacerlo por métodos policiales. Lo correcto sería aceptar el hecho de que las sociedades humanas han tenido desde siempre minorías más o menos importantes de adictos, que éstas jamás han provocado la ruina de civilización alguna, que se debe mantenerlas a raya y minimizarlas mediante campañas educativas, políticas de salud pública y acciones de salud mental, y que es imperativo ético el dar a quienes las padecen un trato digno en vez de considerarlos criminales, como ocurre hoy en día. Si el Estado invirtiera en tales estrategias una pequeña fracción de lo que se gasta jugando a la “guerra contra el narco”, los resultados serían espectaculares.

Ponerse a analizar si se debe o no quitar la condición de delito a ciertos usos terapéuticos de la mariguana –estableciendo una separación irracional y arbitraria entre ésta y otras drogas– es hacerse tontos y evadir el asunto central. En las constituciones de Estados Unidos y de México hay soluciones sabias, sintéticas, elegantes y eficaces en lo que se refiere a la libertad religiosa: “el Congreso no hará ley alguna con respecto a la adopción de una religión o prohibición de la libertad de culto”, dice la de ellos en su Primera Enmienda; “el Congreso no puede dictar leyes que establezcan o prohíban religión alguna”, asienta la nuestra en su artículo 24. Inspírense, legisladores, resuelvan de raíz el problemón de las drogas ilícitas y procedan a una reforma que impida a cualquier organismo del Estado tomar decisiones que sólo deben corresponder a la libertad de los ciudadanos: qué se meten y qué no se meten al organismo. Y ya.

Traición transpacífica

Ilustración: WikiLeaks

El Acuerdo de Asociación Transpacífico (ATP o TPP) ha sido firmado y México está en el negocio. Mejor dicho, están en el negocio los capitales financieros y comerciales del país y los gobernantes y políticos que les sirven desde hace más de 30 años para imponer sus planes de negocios, disfrazados de planes de gobierno, al resto de la población.

El mundo vive una oleada de acuerdos de libre comercio de segunda generación que intensifican, profundizan y extienden los términos del Consenso de Washington y el fundamentalismo liberal: además del ATP están el Acuerdo integral de Economía y Comercio (CETA, por sus siglas en inglés), entre la Unión Europea (UE) y Canadá, firmado hace poco más de un año; y en fase avanzada de negociación, el Acuerdo en Comercio de Servicios (en inglés Trade in Services Agreement, TISA), que agrupa a 23 países de Europa, América, Asia y Oceanía, y la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión (TTIP, por sus siglas en inglés), en cuya negociación participan Estados Unidos y la UE.

A primera vista el conjunto de instrumentos ATP-TISA-TTIP-CETA parece muy incluyente, pero en realidad está ideado bajo el signo de una doble exclusión: la de países determinados (China, Rusia, India y la mayor parte de las naciones de Sudamérica, con la excepción de Chile, Perú, Paraguay y Colombia) y, en cada país, la de los trabajadores, pequeñas y medianas empresas, migrantes y organizaciones comunitarias y no lucrativas.

Es decir, esta segunda generación de tratados comerciales (tlc) tiene un propósito geopolítico bien claro: tender un cerco aduanal, tecnológico y legal alrededor de los BRICS (Brasil, Rusia, India,China y Sudáfrica), del Mercosur y de la totalidad de Africa. En este sentido, además de un derribo de barreras comerciales, los acuerdos referidos son una muralla planetaria en contra del libre comercio entre las naciones cuyos gobiernos comulgan aún con el llamado Consenso de Washington y las que han tomado distancia de él o bien son vistas, por su escaso desarrollo, como meros bancos de materias primas y mano de obra.

Adicionalmente, los nuevos tlc deparan a las poblaciones que quedan incluidas en alguna de sus instancias una brusca transformación económica, social y política que dejará en el desamparo a grandes sectores: todos aquellos que no estén organizados en forma de corporaciones. Las grandes sociedades anónimas serán los sujetos predominantes y los más poderosos, y podrán moverse a sus anchas en un inmenso territorio que abarca varios continentes. Tendrán instrumentos y potestades para imponer su voluntad en los mercados nacionales, atribuciones para someter a los ciudadanos, consumidores y organizaciones sociales, y facultades para fiscalizar y contrarrestar la acción reguladora de las instituciones políticas. Véase, a guisa de ejemplos, el impacto que el ATP tendrá en el agro mexicano, lo desastroso que resultará para las políticas de salud pública y para la contención de daños ambientales así como el avasallamiento sobre redes de comunicación y datos privados que las corporaciones podrán realizar en el país en caso de que el instrumento sea aprobado por el Legislativo.

Hace unos días el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, especulaba que la entrada en vigor en México del ATP elevaría 1.3 por ciento el crecimiento económico del país. Aun si la cifra referida tuviera alguna base real, hay maneras más eficaces, justas y equilibradas de lograr tal índice. Sin ir más lejos, tendría mejor resultado el que los funcionarios de los tres niveles de gobierno y de los tres poderes dejaran de robarse los cientos de miles de millones de pesos que sustraen año con año al erario (algo así como el 10 por ciento del presupuesto público o el 4 por ciento del PIB) y lo invirtieran en educación, salud, obras de infraestructura y generación de empleos.

En todo caso, la creación de una patria empresarial supranacional implicará pérdidas de empleos, cierre de pequeñas y medianas empresas (las que no tengan recursos para demandar a gobiernos extranjeros en el nuevo marco comercial) y un desbarajuste social mayúsculo. Todo ello, para complacer a Washington y para lograr un crecimento de 1.3 por ciento que de todos modos irá a los bolsillos de las corporaciones.

Igualmente grave, la adhesión de México al ATP implica una abdicación mayor de soberanía y una injustificable entrega de facultades ejecutivas, legislativas y judiciales a organismos extranjeros. La firma del tratado es una nueva traición al país por parte del régimen oligárquico y no debe permitirse que el Senado ratifique semejante canallada.

De Malaquías a Francisco

Allá por 1595, en Venecia, el benedictino Arnoldo de Wyon publicó el mamotreto Lignum vitæ, ornamentum, & decus Ecclesiæ (El árbol de la vida, el ornamento y la gloria de la Iglesia), que recogía, a decir del autor, un texto atribuido al arzobispo Malaquías (Maelmhaedhoc) de Armagh, Irlanda –el cual había muerto cuatro siglos antes– que era un listado de los 112 pontífices más los antipapas, desde Celestino II (1143-1144) hasta el último, llamado Pedro Romano, el cual habría de reinar “durante la última persecución de la Santa Iglesia Romana y apacentará a su rebaño entre muchas tribulaciones; tras lo cual, la ciudad de las siete colinas (referencia a Roma) será destruida y el tremendo Juez juzgará a su pueblo”. El fin del mundo, pues.

Antes de seguir, recordemos que el santo irlandés no tiene nada que ver con su homónimo bíblico, el profeta Malaquías, supuesto autor del Libro de Malaquías, un compendio de asuntos de los antiguos hebreos que forma parte del Antiguo testamento y en el que se habla también del fin de los tiempos.

Y ahora volvamos al punto: como lo asentaron estudios posteriores, el listado de lemas contenido en el capítulo Prophetia S. Malachiæ, Archiepiscopi de Summis Pontificibus, y conocido popularmente como “Profecía de los Papas”, corresponde fielmente a la realidad sólo por lo que hace a los pontífices que reinaron entre la muerte de Malaquías de Armagh (1148) y la publicación del Lignum vitæ, en tiempos de Clemente VIII. Después las sentencias se vuelven incomprensibles y no guardan relación entre el sujeto al que describen y el individuo real, lo que bastaría para demostrar que en realidad la lista no fue escrita por el irlandés, sino por el propio De Wyon, o bien por alguien más. El ensayista benedictino español Benito Jerónimo Feijoo (1676-1764) daba por hecho que la profecía era falsa y Claude-François Menestrier (1631-1705), historiador jesuita francés, publicó en 1689 una Réfutation des prétendues prophéties de St Malachie en la que demostraba de manera fehaciente que el listado de De Wyon era más fraudulento que los negocios de Grupo Higa.

A pesar de las evidencias, algunos mercachifles resucitan periódicamente el supuesto listado de San Malaquías para escribir éxitos de librería tan abracadabrantes como fugaces o, en fechas más recientes, para incrementar el tráfico en sus canales de Youtube. La elección de Juan Pablo II dio pie para recordar que su papado coincidía con el antepenúltimo de la lista (De Labore Solis, o del Trabajo del Sol) y no pocos se esforzaron por recurrir a la lista de De Wyon para inyectar significado sea lo que sea la tal De Gloria olivæ, (Gloria del olivo) a una gestión papal tan insignificante como la de Benedicto XVI. Y la gracia es que después, con el tal Petrus Romanus, se acaba la lista de Papas y llega el fin del mundo.

Agárrense. Conforme se vaya acercando el fin del pontificado de Francisco caerá sobre nuestras cabezas una lluvia de memes alarmistas, videos apocalípticos, manuales para promover recursos de amparo ante el Tribunal Divino y cursos de supervivencia a la catástrofe del cometa. A ver si alguien no discurre proponer al irlandés como santo patrono del cambio climático. En todo caso, pocos pensarán que el listado atribuido al pobre Malaquías de Armagh se terminó por la simple razón de que al falsificador que lo redactó le dio hueva seguir enumerando papas futuros y recurrió al Juicio Final para zafarse del boleto. Qué iba a saber aquel charlatán del siglo XVI que su obra sería un filón de oro para sus remotos sucesores en el arte de causar alharacas.

* * *

Profecías mentirosas aparte, es claro que el pontificado de Francisco es todo un fin de ciclo y bastante tormentoso. Hasta el 13 de marzo de 2013 el arzobispo primado de Buenos Aires era un tipo bastante desconocido fuera de Argentina y más allá de los círculos de vaticanólogos, pero la polémica sobre su pasado y sobre sus presuntas intenciones al frente de la Iglesia reventó desde el momento mismo en que fue colocado en el trono de Pedro y Jorge Mario Bergoglio fue analizado con lupa por los medios, los opinadores y las redes sociales.

Lo primero que saltó a la luz fue su presunta implicación con la dictadura militar argentina, una sospecha fundada en una fotografía falsa en la que aparece dándole la comunión al mismo Jorge Rafael Videla (un documento de los años 70 del siglo pasado en el que Bergoglio parece tener la misma edad que tenía 40 años después, cuando fue elegido Papa) y en la versión –difundida por organizaciones de defensa de derechos humanos y por el periodista argentino Horacio Verbitsky– de que cuando era provincial de la Compañía de Jesús denunció ante el régimen a dos correligionarios suyos simpatizantes de la Teología de la Liberación, los sacerdotes Orlando Yorio, ya fallecido, y Francisco Jalics, quienes fueron detenidos y torturados por los esbirros de la dictadura. Jalics, sin embargo, desmintió la versión y declaró: “Orlando Yorio y yo no fuimos denunciados por Bergoglio; supongo que estos rumores fueron motivados por el hecho de que no fuimos liberados inmediatamente” pese a que su superior (es decir, Bergoglio) se entrevistó con Videla y con el entonces jefe de la Armada, Emilio Massera, para gestionar la puesta en libertad de los religiosos.

Otros lo adoraron por la sencillez de sus maneras y la austeridad de sus costumbres, consistentes con el nombre que escogió como pontífice: vaya, un Papa que anda con zapatos viejos y gastados, que se prepara la comida y que se rehúsa a ocupar el lujoso aposento pontificio en el Vaticano. Después, con sus sucesivos posicionamientos en contra de la sociedad de consumo y a favor de la equidad social, la comprensión hacia las mujeres y los gays y el compromiso con la causa ambiental, ha generado una amplia base de admiradores dentro y fuera del catolicismo que lo considera un auténtico reformador y renovador de la institución.

Con acciones de Francisco como la canonización del sórdido Juan Pablo II y con la epístola de absolución a la Legión de Cristo sus detractores han visto, en cambio, confirmadas sus sospechas de que Bergoglio es un reaccionario más en la línea sucesoria de Wojtyla y de Ratzinger y que sus gestos de apertura son gatopardismo puro y operaciones de marketing orientadas a recapturar a los tránsfugas del catolicismo. Algunos me han dicho incluso que el Papa actual no es un verdadero revolucionario, como si entre las tareas del pontificado estuviera la de parecerse a Emiliano Zapata o al Che Guevara.

Aparte de las filias y las fobias públicas hay que considerar el odio que han de tenerle a Francisco los sectores conservadores del clero y, especialmente, de la curia romana. En más de una ocasión el propio Francisco ha hecho referencia al serpentario del Vaticano y aunque no ha trascendido mucho más, la fuerte resistencia a la renovación se manifiesta en actos como el cierre de filas eclesial en torno a posturas reaccionarias que significó, según los expertos, una derrota para Francisco en el reciente Sínodo sobre la Familia.

Creo que una de las funciones reales del Papa es fungir de árbitro entre las múltiples corrientes (y mafias) que componen el catolicismo mundial, que hasta ahora no lo ha hecho mal y que no es un árbitro imparcial: por el contrario, ha impulsado cambios reales, ha ganado algunas batallas y ha perdido otras. Pero así es la guerra y en el Vaticano hay una en curso.

Harto de los mexicanos

Enrique Peña, al igual que sus más cercanos colaboradores, está harto de los mexicanos, y con razón: a estas alturas la ciudadanía ha defraudado a sus gobernantes en forma irremediable y ha demostrado que no los merece: no pone de su parte para hacer crecer la economía a pesar de los abnegados esfuerzos de los gobernantes por dotarla de un marco legal moderno mediante las reformas estructurales; no se apacigua ni aunque le manden comisionados como Alfredo Castillo; no sacia su sed de justicia ni aunque el Presidente realice cambios de mando en la Procuraduría General de la República; no cesa sus maledicencias ni aunque Virgilio Andrade le demuestre en forma inobjetable que no hubo conflicto de interés; no deja de movilizarse en contra de la reforma educativa ni aunque se le garantice que las evaluaciones son pulcras y científicas; en lugar de agradecer los televisores digitales denuncia que fueron usados para comprar votos; no cree que estén bajando las tarifas eléctricas y la gasolina; arma un tremendo escándalo por la devaluación del peso y la depreciación de los fondos de pensiones; es tan rencorosa que sigue duro y dale con lo del nuevo avión presidencial que, si se mira bien, sólo es un pedacito muy pequeño del presupuesto; está cada vez más convencida de que hay negocios sucios entre el jefe del Porder Ejecutivo y el secretario de Comunicaciones y Transportes y empresas como OHL y Grupo Higa; se empeña en que salgan de la cárcel individuos como Nestora Salgado, Manuel Mireles y los líderes del magisterio disidente de Oaxaca (pese a que ya la autoridad demostró que sí son quienes son y quienes dicen ser, o sea, líderes del magisterio disidente); no logra entender que los feminicidios son un mal necesario de la vida contemporánea; no deja de molestar con muertos y desaparecidos aunque muchos de ellos sean del sexenio anterior, igual que sigue dando lata con unos bebés calcinados durante el gobierno pasado y hasta con unos mineros fallecidos en el antepasado.

Lo que habría tenido que ser un cuento de hadas –o, cuando menos, un buen final de telenovela– se le ha convertido a Peña y a los suyos en una cotidianeidad molesta y exasperante, bordada por las quejas, los reclamos, las exigencias y las imprecaciones. Es entendible que el senador priísta Omar Fayad quiera cerrarle el pico de una vez por todas a toda esa bola de tuiteros vociferantes que insisten en las denuncias y hasta en los improperios. Cerrarles el pico: eso hay que hacer, aunque sea estipulando penas de cárcel a quienes generen, reproduzcan o almacenen en sus memorias USB denostaciones en contra de los que llevan la pesada carga de dirigir el destino del país.

Por eso Peña y los suyos han debido recurrir a los regaños y a las expresiones de hartazgo. “Ya me cansé”, profirió el ex procurador; “ya supérenlo”, remachó Peña; “ya sé que no aplauden”, se lamentó posteriormente; “ya chole con tus quejas”, se ensayó en Los Pinos en defensa de las reformas; “ya basta” de que sigan exigiéndole al gobierno que asuma sus responsabilidades constitucionales ante la atrocidad de Iguala, dijo el secretario de Gobernación; “ya dejen de nadar de muertito”, exige Peña a los alcaldes incapaces de controlar la violencia siempre crecedera y la inseguridad rampante. Y cuando los regaños no bastan, hay que echar mano de las propiedades pedagógicas de la cárcel, como lo han estado haciendo el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño y las autoridades policiales a fin de instruir a los dirigentes magisteriales insumisos y respondones. Pero la sociedad es insensible y no ceja en el bullying nacional en contra del Presidente y de sus esforzados colaboradores.

Por el contrario, la ciudadanía no deja de burlarse. No colabora. No se compromete. No exhibe voluntad política. No se mueve. Insiste en ignorar que los próceres de este gobierno no están involucrados en un proceso de enriquecimiento personal y de envilecimiento y entrega del país sino en una cruzada para llevar a México a los confines de su propia gloria. Por eso, Peña da muestras claras de estar harto de los mexicanos. Afortunadamente no se ha enterado que el hartazgo es mutuo porque entonces sí podría ponerse muy nervioso.

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Hoy, a las 10 am, se realizará un mitin frente a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (Donceles y Allende s/n, Centro Histórico) para exigir a los diputados locales del PRD, PAN, PRI, Verde, Movimiento Ciudadano, Encuentro Social, Nueva Alianza, Partido Humanista y PT, que no se roben el dinero de los capitalinos y que lo destinen, en cambio, a obras y servicios para el bienestar general.