Ilustración: WikiLeaks
El
Acuerdo de Asociación Transpacífico (ATP o TPP) ha sido firmado y
México está en el negocio. Mejor dicho, están en el negocio los
capitales financieros y comerciales del país y los gobernantes y
políticos que les sirven desde hace más de 30 años para imponer
sus planes de negocios, disfrazados de planes de gobierno, al resto
de la población.
El
mundo vive una oleada de acuerdos de libre comercio de segunda
generación que intensifican, profundizan y extienden los términos
del Consenso de Washington y el fundamentalismo liberal: además del
ATP están el Acuerdo integral de Economía y Comercio (CETA, por sus
siglas en inglés), entre la Unión Europea (UE) y Canadá, firmado
hace poco más de un año; y en fase avanzada de negociación, el
Acuerdo en Comercio de Servicios (en inglés Trade in Services
Agreement, TISA), que agrupa a 23 países de Europa, América, Asia y
Oceanía, y la Asociación Transatlántica para el Comercio y la
Inversión (TTIP, por sus siglas en inglés), en cuya negociación
participan Estados Unidos y la UE.
A
primera vista el conjunto de instrumentos ATP-TISA-TTIP-CETA parece
muy incluyente, pero en realidad está ideado bajo el signo de una
doble exclusión: la de países determinados (China, Rusia, India y
la mayor parte de las naciones de Sudamérica, con la excepción de
Chile, Perú, Paraguay y Colombia) y, en cada país, la de los
trabajadores, pequeñas y medianas empresas, migrantes y
organizaciones comunitarias y no lucrativas.
Es
decir, esta segunda generación de tratados comerciales (tlc) tiene
un propósito geopolítico bien claro: tender un cerco aduanal,
tecnológico y legal alrededor de los BRICS (Brasil, Rusia,
India,China y Sudáfrica), del Mercosur y de la totalidad de Africa.
En este sentido, además de un derribo de barreras comerciales, los
acuerdos referidos son una muralla planetaria en contra del
libre comercio entre las naciones cuyos gobiernos comulgan aún con
el llamado Consenso de Washington y las que han tomado distancia de
él o bien son vistas, por su escaso desarrollo, como meros bancos de
materias primas y mano de obra.
Adicionalmente,
los nuevos tlc deparan a las poblaciones que quedan incluidas en
alguna de sus instancias una brusca transformación económica,
social y política que dejará en el desamparo a grandes sectores:
todos aquellos que no estén organizados en forma de corporaciones.
Las grandes sociedades anónimas serán los sujetos predominantes y
los más poderosos, y podrán moverse a sus anchas en un inmenso
territorio que abarca varios continentes. Tendrán instrumentos y
potestades para imponer su voluntad en los mercados nacionales,
atribuciones para someter a los ciudadanos, consumidores y
organizaciones sociales, y facultades para fiscalizar y contrarrestar
la acción reguladora de las instituciones políticas. Véase, a
guisa de ejemplos, el impacto que el ATP tendrá en
el agro mexicano, lo desastroso que resultará para las políticas
de salud pública y para la contención de daños
ambientales así como el avasallamiento sobre redes
de comunicación y datos privados que las corporaciones podrán
realizar en el país en caso de que el instrumento sea aprobado por
el Legislativo.
Hace
unos días el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, especulaba
que la entrada en vigor en México del ATP elevaría 1.3 por ciento
el crecimiento económico del país. Aun si la cifra referida tuviera
alguna base real, hay maneras más eficaces, justas y equilibradas de
lograr tal índice. Sin ir más lejos, tendría mejor resultado el
que los funcionarios de los tres niveles de gobierno y de los tres
poderes dejaran de robarse los cientos
de miles de millones de pesos que sustraen año con año al
erario (algo así como el 10 por ciento del presupuesto público o el
4 por ciento del PIB) y lo invirtieran en educación, salud, obras de
infraestructura y generación de empleos.
En
todo caso, la creación de una patria empresarial supranacional
implicará pérdidas de empleos, cierre de pequeñas y medianas
empresas (las que no tengan recursos para demandar a gobiernos
extranjeros en el nuevo marco comercial) y un desbarajuste social
mayúsculo. Todo ello, para complacer a
Washington y para lograr un crecimento de 1.3 por ciento que de
todos modos irá a los bolsillos de las corporaciones.
Igualmente
grave, la adhesión de México al ATP implica una abdicación mayor
de soberanía y una injustificable entrega de facultades ejecutivas,
legislativas y judiciales a organismos extranjeros. La firma del
tratado es una nueva traición al país por parte del régimen
oligárquico y no debe permitirse que el Senado ratifique semejante
canallada.
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