Así
es él: ante un auditorio de niños de Primaria obligados a servir de
telón de fondo de sus declaraciones semanales, Aurelio Nuño se
preguntaba ayer por qué Morena y su dirigencia “quieren defender a
un presunto delincuente que ha robado, presuntamente, más de ciento
treinta millones de pesos”. El secretario de Educación Pública se
refería a Rubén Núñez Ginés, líder de la Sección 22 de la
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, capturado un
día antes con modales de dictadura y enviado a un reclusorio a miles
de kilómetros de distancia de su lugar de residencia, y al anuncio
de Andrés Manuel López Obrador de que Morena se movilizará en
defensa de ese y otros dirigentes magisteriales encarcelados por
defender sus conquistas laborales y el derecho a la educación
pública y gratuita para los niños de México.
La
presunción oficial externada por Nuño y por el subprocurador
Gilberto Higuera es ajena a la lógica. Si Núñez Ginés, Francisco
Manuel Villalobos Ricárdez y otros líderes del magisterio
democrático hubieran querido desviar recursos no habrían tenido que
encabezar movilizaciones, fatigar calles y carreteras ni exponerse a
la brutalidad policial y al linchamiento de la mayoría de los
medios; les habría resultado infinitamente más fácil enriquecerse
desde la comodidad de la burocracia sindical que encabeza Juan Díaz
de la Torre, sustituto y esquirol de Elba Esther Gordillo e
incondicional del propio Nuño.
Significativamente,
y desde que se consumó el ajuste de cuentas de Peña Nieto en contra
de Gordillo Morales, la cúpula charra del SNTE, esa que inclina la
cerviz ante los dictados privatizadores y antilaborales de la reforma
educativa peñista, no ha sido vuelta a tocar ni con el pétalo de
una averiguación previa, como no lo han sido tampoco los caciques
del sindicato petrolero, quienes aprobaron sin chistar el
desmantelamiento de la industria energética nacional.
Si
el celo justiciero de Nuño fuera auténtico y realmente quisiera
identificar a presuntos ladrones tendría que olvidarse de los
movimientos sociales y voltear la mirada al entorno presidencial:
allí se encontraría mansiones que valen, esas sí, ciento treinta
millones de pesos; adjudicaciones, concesiones y contratos como los
otorgados a Grupo Higa y OHL o negocios de ganancias astronómicas y
utilidad social nula, como el Nuevo Aeropuerto; hallaría Ferraris
auténticos y no Lamborghinis inventados; descubriría colecciones de
arte multimillonarias en residencias de burros que no tienen la menor
cultura artística pero sí muchos vínculos con el poder; se
enteraría de nombres y apellidos de protagonistas de trasiegos
financieros listados en los papeles de Panamá y sabría de una
montaña de operaciones con recursos de procedencia ilícita que le
cuesta al país más de medio billón de pesos al año. El secretario
de Educación Pública tendría que fijarse, en suma, en su jefe, sus
compañeros de gabinete, los socios externos y los peces gordos del
servilismo corporativo.
Nuño
presume al revés que la sociedad, pues ésta, cuando se trata de
ubicar a los posibles rateros, dirige la mirada a las cúpulas del
poder público. Pero así como las presunciones de la opinión
pública nacional e internacional no pueden cobrar certeza jurídica
porque la institucionalidad se juzga y se absuelve a sí misma por
medio de funcionarios como Virgilio Andrade y Arely Gómez, las
presunciones del poder, en cambio, pueden ser convertidas en órdenes
de aprehensión porque cuando se tiene el control de la Policía, de
la Procuraduría o de la Secretaría de Hacienda resulta muy fácil
inventar pruebas, fabricar culpables y transmutar disidentes,
luchadores sociales y opositores en delincuentes comunes.
Tras
la masacre de Tlatelolco decenas de estudiantes, profesores e
intelectuales fueron condenados entre otros delitos, por “robo”.
Seguramente el secretario Nuño no ha leído los expendientes
respectivos y no sabe, en consecuencia, cuan grotescamente parecidas
resultan las imputaciones que fabrica el peñato a las que inventaba
el régimen diazordacista.
¿Que
por qué se moviliza Morena en defensa de los presos políticos
magisteriales, secretario Nuño? –Pues por decencia.
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