Hace
unos días, en la inauguración de un parque industrial en Lagos de
Moreno, Jalisco, Enrique Peña Nieto se jactaba de los éxitos del
modelo maquilador impuesto al país a partir del salinato. En ese
acto, en el que amenazó a las víctimas del espionaje gubernamental
con “aplicarles la ley” por haber presentado “falsos
señalamientos” –un amago grotesco del que se retractó como pudo
unas horas después–, dijo, con su sintaxis característica, que
“México se proyecta ante el mundo como un destino confiable,
preparado, capacitado, con infraestructura que haga posible que siga
llegando más inversión que detone empleos”. Y abundó: “las
condiciones del país, la infraestructura que hemos desarrollado, las
reformas estructurales (…) han permitido que lleguen esas
inversiones”, las cuales se han traducido en una generación de
empleos como no la había habido “nunca en la historia”, “gracias
a los empresarios, a los emprendedores que tienen puesta su confianza
en México”.
El
crecimiento de las ensambladoras automotrices en el país en décadas
recientes es característico de ese “desarrollo” y de esa
“generación de empleos” a los que hizo referencia el priísta.
Sí, en estos años de neoliberalismo salvaje se han instalado
diversas plantas de armado de automóviles en el centro y el norte
del país y sí, con ello se han creado fuentes de trabajo. Pero ello
no se debe a la “confianza en México” de las empresas
extranjeras sino a que aquí tienen asegurado un abasto inagotable de
mano de obra a precios irrisorios: de acuerdo con la
nota de Patricia Muñoz Ríos publicada ayer en estas páginas,
el ingreso de un obrero mexicano de la industria automotriz es, en
promedio, 3.3 veces inferior que el de un coreano, 4.5 veces menor
que el de un japonés y 7.6 veces más pequeño que el de un alemán.
En contraste, “las armadoras en Estados Unidos tienen un costo
laboral 4.8 veces más alto que en México y en Canadá es 4.7 veces
mayor; incluso en Brasil es 2.4 veces más elevado”.
El
dato retrata en toda su crudeza el proceso de devaluación de la
fuerza de trabajo nacional que subyace en la inserción supeditada de
la economía nacional en la globalidad y que, al interior del país,
ha implicado una severa y sostenida ofensiva gubernamental en contra
de todos los derechos de la población, empezando por la población
asalariada. Como se cita en la nota de referencia, que reseña un
análisis del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical
(Cilas) y la UAM, el correlato de esa mano de obra barata es “un
perverso modelo sindical y contractual de absoluta simulación y de
control de los trabajadores al servicio de las trasnacionales” por
medio de sindicatos “subordinados a las empresas, corporativos o
charros de la CTM”.
En
cuanto a la infrastrucchur de que la presumía Peña Nieto en
su discurso de Lagos de Moreno, es el filón del negocio que le toca
al grupo gobernante y a sus operadores: otorgar terrenos y negociar
exenciones fiscales, dar concesiones para autopistas y vías de
comunicación a corporativos como Grupo Higa, OHL y Odebrecht, todo
ello a cambio de “moches”, residencias, mordidas millonarias,
cargos futuros en los consejos de administración.
La
estrategia de atraer inversiones extranjeras con la oferta de carne
humana barata y controlada se aplica, desde luego, a todo el modelo
maquilador, a las agroindustrias y al sector de servicios. De la
economía formal el proceso de devaluación de la gente se extiende
al conjunto de la población y se articula, junto con la corrupción,
en el incremento de la delincuencia y la violencia descontrolada que
vive el país desde hace más de una década. En un entorno en el que
la vida de millones no vale casi nada, el homicidio tiene una alta
probabilidad de quedar impune, e incluso es dable utilizar las vidas
humanas como insumo en los procesos de agregación de valor de
mercancías como las drogas.
Si
en la industria, el comercio y los servicios la devaluación de la
población ha tenido como principales mecanismos las políticas de
contención salarial y de destrucción de las organizaciones
sindicales y gremiales, en el ámbito rural los instrumentos
principales han sido la apertura comercial, la demolición de los
sistemas de apoyo al campo, la otorgación de concesiones a
explotaciones mineras, energéticas, carreteras y a otros proyectos
de muerte que conllevan devastación ambiental y despojo a
comunidades, ejidos y pueblos.
El
saldo y la obra de los gobiernos neoliberales están a la vista de
quien quiera verlos y pueden resumirse en tres expresiones: devaluar
el trabajo, devaluar a la gente y devaluar la vida.