The
New York Times (NYT) reveló en su edición de ayer que a
lo largo de esta década se ha espiado desde el gobierno mexicano, en
forma dudosamente legal, o llanamente ilegal, a diversas
organizaciones no gubernamentales, activistas e informadores, e
incluso a alguno de sus familiares cercanos. En la información se
menciona al Instituto Mexicano por la Competitividad (IMCO),
Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), la Alianza por
la Salud Alimentaria y el Centro Prodh. Las dos primeras representan
a un sector empresarial y corporativo de orientación claramente
neoliberal y oligárquica que se desencantó del peñato por la
incapacidad del régimen de llevarlas reformas estructurales hasta
sus últimas consecuencias y que desde entonces ha venido realizando
un ruidoso activismo dirigido en contra de la totalidad de la llamada
“clase política”; las últimas son, respectivamente, una
organización plural y un reconocido organismo independiente de
defensa de los derechos humanos. Igualmente figuran como víctimas
del espionaje los periodistas Carlos Loret de Mola y Carmen
Aristegui, ésta última con el agravante de que se intentó
interferir el teléfono de su hijo, Emilio.
Los
antecedentes de lo que ahora se etiqueta como #GobiernoEspía vienen
de muy atrás. Los gobernantes mexicanos (y no son los únicos,
claro) se han espiado entre ellos; han husmeado durante décadas en
el correo postal; han enviado orejas a reuniones y han
pinchado las líneas telefónicas; han violentado el derecho a la
privacidad de opositores políticos, luchadores sociales, dirigentes
sindicales, líderes campesinos e intelectuales destacados. Todo, con
el propósito de vigilar, contener, reprimir, chantajear o
neutralizar a quienes han considerado necesario.
Las
intromisiones gubernamentales no cesaron con la revolución
tecnológica sino que se adaptaron a ella. Desde septiembre de 2013,
gracias a una investigación realizada por la Unidad de
Contrainteligencia de Wikileaks (WLCIU) y por el Citizen Lab de la
Universidad de Toronto y difundida por
La Jornada se sabía que diversas firmas internacionales
de intercepción de comunicaciones rondaban el mercado mexicano, y en
octubre de ese año las organizaciones civiles Contingente Mx y
Propuesta Cívica dieron a conocer
que el software espía FinFisher, de la empresa británica Gamma
Group, “se usa extensivamente en por lo menos cuatro dependencias
federales: la extinta Secretaría de Seguridad Pública, la PGR, el
Cisen y el Estado Mayor Presidencial”. En el caso de la PGR, el
programa fue vendido por FinFisher fue vendido durante la última
fase del mandato de Felipe Calderón por Obses de México, durante la
gestión de Marisela Morales, según dijo Jesús Robles Maloof, de
Contingente Mx. El Centro Europeo por los Derechos Constitucionales y
Humanos (ECCHR) señaló entonces que el FinFisher sirve para
“monitorear comunicaciones de periodistas, manifestantes y
blogueros con el fin de identificarlos y, en su caso, arrestarlos”.
En
su nota de ayer, el NYT informó que el instrumento utilizado
para el espionaje telefónico de Aristegui, Loret de Mola, el Centro
Prodh, el IMCO, MCCI y la Alianza por la Salud alimentaria, es el
sistema Pegasus, fabricado por la compañía israelí NSO Group y
afirmó que está en servicio desde 2011 en “al menos tres
dependencias federales mexicanas”. NSO Group, agregó, “vende la
herramienta de forma exclusiva a los gobiernos con la condición de
que solo sea utilizada para combatir a terroristas o grupos
criminales y carteles de drogas”.
El
espionaje es delito y, cuando las autoridades lo realizan sin orden
judicial es también una violación a los derechos humanos. En este
caso no es sorprendente pero sí condenable e inadmisible. No puede
ser correcto que el régimen se gaste 80 millones de dólares en
tratar como presuntos criminales a informadores y a activistas de
derechos humanos cuando no es capaz de proteger la vida de unos y de
otros, diezmados con particular saña por la violencia que vive el
país. Ciertamente, tampoco hay justificación posible para
escudriñar de manera furtiva las comunicaciones de esos sectores
oligárquicos (MCCI, IMCO) que se le voltearon al gobierno.
Es
extraño que el régimen priísta no espíe a la Coordinadora
Nacional de Trabajadores de la Educación, al Movimiento de
Regeneración Nacional, al Congreso Nacional indígena y a otras instancias políticas y sociales, o
bien que el NYT no las mencione. En todo caso, la información
comentada coloca al peñato en una situación de extrema
vulnerabilidad en en el encuentro de la OEA que se realiza en Cancún
por estos días y, mucho más grave, ante la que parece inminente
renegociación del TLCAN.
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