Estado paranoico

Uno no querría describirlo así porque suena desorbitado pero ahí están las pruebas: entre las administraciones de George W. Bush y las de Barack Obama, Estados Unidos se ha vuelto el gobierno más paranoico del mundo y hoy lo es mucho más que en los tiempos del macartismo y de la guerra fría, cuando poseía, al menos, argumentos verosímiles –aunque no necesariamente verdaderos– para mantener a millones de personas, estadunidenses o no, bajo un régimen de vigilancia estrecha y secreta: en aquellos tiempos la confrontación entre las superpotencias tenía entre sus perspectivas la del cataclismo nuclear o destrucción mutua asegurada (MAD, por sus siglas en inglés) y era propagandísticamente fácil dividir al mundo en buenos y malos. Ese telón de fondo le dio a Washington pretextos para espiar y hostigar a individuos tan ajenos a una bomba atómica como Gabriel García Márquez y Carlos Fuentes, por ejemplo.

En los años noventa del siglo pasado tuvieron lugar dos fenómenos que habrían debido reorientar en forma radical la política exterior y la estrategia de seguridad estadunidenses: la desaparición del bloque soviético y el inicio de la masificación de Internet. El primero hacía obsoleta tanto la fuerza armada como la enorme infraestructura mundial de vigilancia y espionaje montada por Washington y la segunda conllevaba dos reglas de signo contrapuesto: si por un lado la proliferación de nodos de Internet facilitaba la tarea de espiar a los usuarios, por otro lado colocaba en un nivel de gran vulnerabilidad una gran cantidad de secretos de Estado, toda vez que éstos, de una forma o de otra, irían a parar a contenedores (servidores) conectados a la red mundial.

Pero, en vez de redimensionar a la baja sus fuerzas ofensivas y de vigilancia, la Casa Blanca, entonces a cargo de George Bush padre, optó por proyectar a Estados Unidos como superpotencia única, autoerigida en promotora de un “nuevo orden mundial” de matriz neoliberal. Esta decisión se tradujo, en el ámbito del espionaje electrónico, en la reorientación de los sistemas de “inteligencia de señales” (SIGNINT) hasta entonces usados para espiar a la URSS y sus aliados, y cuyo conjunto se conoce popularmente como Echelon. Operado por los integrantes del Acuerdo UKUSA (EU, Inglaterra, Canadá, Australia y Nueva Zelanda), actualmente es empleado para monitorear señales satelitales, telefónicas, celulares y de microondas, lo que pone a sus operadores en posibilidad de espiar el contenido de toda suerte de mensajes. En diversas ocasiones se ha señalado que Echelon es usado por sus socios como un mecanismo de espionaje industrial y comercial que ha sido aplicado contra la Unión Europea. Ya en 2001 un informe del Parlamento Europeo recomendaba a los ciudadanos y corporaciones del viejo continente que usaran sistemas de encriptación en sus telecomunicaciones a fin de evadir la vigilancia ilegal por medio de Echelon.

En el ámbito interno, el FBI instaló en 1997 un software conocido como Carnivore (DCS1000) para monitorear los intercambios de correo electrónico en territorio estadunidense. Tres años más tarde la Electronic Frontier Foundation presentó un documento al Congreso en el que señalaba los peligros del sistema y la respuesta del FBI fue que no había motivos de preocupación, porque el programa permitía a las autoridades distinguir “entre las comunicaciones que pueden ser legalmente interceptadas de las que no”. Durante el gobierno de George W. Bush Carnivore fue remplazado por NarusInsight, un software desarrollado por una subsidiaria de Boeing de origen israelí.

Los programas de espionaje masivo dados a conocer el mes pasado por Edward Snowden se refieren a llamadas telefónicas dentro y fuera del territorio estadunidense (Verizon, Sprint y At&t), así como la intromisión mundial en correos electrónicos, chats, videos, fotos, videoconferencias y transferencias de archivos, e involucra a las compañías Microsoft, Yahoo, Google, Facebook, Paltalk, Youtube, Skype, Aol y Apple. De acuerdo con lo revelado por Snowden, el gobierno de Washington ha espiado por igual a estadistas, universidades, empresas y ciudadanos privados de un sinnúmero de países.

Uno de los problemas obvios de esa red de espionaje es que su operación requiere de grandes cantidades de personas. Hoy, casi cinco millones de personas –tanto empleados públicos como personal de empresas contratistas– tienen acceso a información “confidencial y secreta” del gobierno de Washington, en tanto que un millón 400 mil empleados gubernamentales tienen acceso a información clasificada como “ultrasecreta”. La debilidad estructural del sistema es evidente.

En cuanto a su debilidad política y moral, nada la ilustra mejor como el hecho de que el gobierno de Obama haya presentado contra Snowden cargos por... espionaje.

Despenalización por la derecha

• ¿De la Acapulco Gold a la Foxxie de Guanajuato?

Si un presidente en funciones se manifestara a favor de la despenalización de las drogas, así fuera de una despenalización parcial, el hecho sería digno de aplauso por parte de quienes estamos convencidos de la pertinencia ética, legal, económica y geopolítica de acabar con la prohibición: aparte de que ésta se basa en consideraciones mercantiles disfrazadas de moral pública, constituye la condición sine qua non para el florecimiento del narcotráfico y las actividades delictivas asociadas a él, favorece la multiplicación de las adicciones, crea un terreno propicio para las intromisiones y los conflictos internacionales y representa, en general, un factor de severa distorsión para la economía, la política y la vida institucional de las naciones.

Ayuda el que un ex mandatario cobre conciencia de la grotesca y costosa hipocresía que subyace bajo la persecución de las drogas y tome partido por suprimir la arbitraria lista de sustancias que los ciudadanos tienen prohibido consumir. Pero cuando uno que fue presidente no sólo aboga por la despenalización sino que además se apunta para sembrar mariguana y comercializarla en las tiendas Oxxo, el posicionamiento no sólo da lugar a chistes sino que provoca vergüenza y, con suerte, un poco de indignación, porque se evidencia que el sujeto de marras ejecutó las leyes prohibicionistas sin convicción alguna y que, en tanto haya dinero, lo mismo le da administrar una explotación minera de alto impacto ecológico que encabezar una organización ambientalista.

Pero también sería injusto llamarse a sorpresa por las recientes declaraciones de Vicente Fox, quien ahora se dice dispuesto a cambiar su poco exitoso papel de conferencista de clase mundial por el de honesto mariguanero: desde antes de su llegada a la Presidencia se definió como empresario y comerciante y en ningún momento pretendió ostentarse como político, y menos aun como una persona con visión de Estado. Luego se desempeñó con un claro estilo gerencial –quién dijo que la corrupción sólo existe en el sector público–, concibió al Estado como una corporación y nunca llegó a tener clara la diferencia entre sociedad y mercado.

Hay que reconocer, por otra parte, que la escandalosa declaración tiene al menos la virtud de esclarecer el sentido de las tendencias favorables a la despenalización de las drogas que desde hace unos años vienen surgiendo en las derechas empresariales y políticas en el mundo y que no dejan de causar desconcierto: George Shultz, George Soros, Mario Vargas Llosa, Ernesto Zedillo, Otto Pérez Molina, Paul Volcker, César Gaviria, Fernando Cardoso, entre otros. Uno de los manifiestos más claros y ejemplares en este sentido es el que formularon el pasado 21 de mayo varios de los mencionados. Tiene el feísimo título de “Nueva voz en la reforma de política de drogas” y está, por cierto, redactado con las patas.

Los signatarios del texto no se detienen en ningún momento a preguntarse si es moralmente correcto, o no, que el Estado pretenda regular de manera coercitiva consumos que,  independientemente de lo perniciosos que resulten, caen en el ámbito de lo privado. La prohibición de cualquier sustancia alteradora del sistema nervioso –y hay decenas de ellas promovidas por campañas publicitarias legales–, con el pretexto de que la adicción a ellas es un problema de salud pública, resulta tan improcedente como lo sería el forzar al uso del condón –ley mediante y policía al frente– en prácticas sexuales de riesgo. Simplemente, los autores del texto retoman la obvia conclusión que las sociedades vienen haciéndose desde hace varios lustros y desde hace muchos muertos: que las guerras contra las drogas son, si se cree en la honestidad de sus propósitos manifiestos, un fracaso.

La postura despenalizadora se presenta sólo como una iniciativa pragmática y “realista” para atenuar los procesos de violencia, descomposición institucional y deterioro de la seguridad y de la salud, y es ambiguo en el punto de si se debe levantar la veda para todas las drogas hoy perseguidas o sólo para la mariguana. Se debilita, así, la credibilidad del pronunciamiento, a menos que se cuente con la inocencia necesaria para creer que el legalizar el consumo y la producción de mota bastaría para “minar el poder del crimen organizado” y “romper el círculo vicioso de violencia, corrupción y prisiones abarrotadas”. Y no: la mariguana representa sólo una pequeña porción del ramo del narcotráfico. Aunque Fox sí se ha manifestado explícitamente en anteriores ocasiones por la despenalización de “todas” las drogas hoy ilegales.

El 11 de noviembre de 2010 se asentó en esta columna que Zedillo y Fox,

“nuevos adalides de la despenalización, tienen en común sus vínculos pasados o presentes con grandes transnacionales: si antes de dedicarse a la política el guanajuatense ocupó la gerencia latinoamericana de Coca-Cola, el sucesor de Salinas, tras abandonar Los Pinos, ha sido empleado de esa misma empresa, así como de Procter & Gamble, Daimler-Chrysler, Alcoa, Grupo PRISA y Union Pacific, entre otras. Puede ser que los pronunciamientos de ambos ex presidentes sean resultado de meras ocurrencias personales, pero puede ser, también, que sean expresión de intereses corporativos –los farmacéuticos y los refresqueros, por ejemplo– dispuestos a disputar a la delincuencia informal un enorme y vasto mercado, y a instaurar, con base en la conversión de psicotrópicos hoy proscritos en productos de consumo regular, ramos industriales tan intachables como lo son actualmente la tabacalera, la licorera y la de bebidas “energetizantes” que contienen taurina. Lo anterior es especulación.”

Hay que agradecerle a Fox que haya despejado, con su más reciente declaración sobre el tema, el carácter hipotético de aquella reflexión y que se haya tomado la molestia de confirmar, en sus propias palabras, el espíritu empresarial que anima su respaldo a la despenalización: “La mariguana […] puede ser una industria legal y operativa que le quitaría millones de dólares a los criminales, ese dinero ahora va a ser de empresarios y no de ‘El Chapo’ Guzmán, basta de que todo este asunto de la marihuana esté en manos de criminales […] Una vez que sea legítimo y legal, claro, puedo hacerlo, yo soy agricultor. Que la droga esté en manos de nosotros, que ayude a la economía del país y no solamente a ‘El Chapo’[...]” Más claro, ni el agua. Tal vez estemos en vísperas de una nueva etapa de la guerra en la que los narcotraficantes empiecen a enfocar su poder (de corrupción, de infiltración y de fuego) en un esfuerzo por impedir una despenalización cuyo objetivo principal es sacarlos del mercado.

Así que si las derechas mundiales se han dividido en el tema de las drogas es porque un sector de ellas piensa que éstas deben ser convertidas en un negocio tan próspero como legal, en tanto que otro considera que, pese a todo, sigue siendo mejor negocio combatir los psicotrópicos que venderlos legalmente “en los Oxxos”.

No es esa, no puede ser esa, la despenalización promovida desde una perspectiva humanista y de izquierda. La medida no debe servir para hacer dinero sino para acabar con la violencia y la corrupción asociadas al narcotráfico y su combate y para enfrentar en mejores circunstancias el drama de las adicciones. No se trata de promocionar mota o cualquier otra droga en las vitrinas de las tiendas Oxxo; la idea es la contraria: que las drogas dejen de ser un negocio de alta rentabilidad.

Quién es el enemigo

Al poder le encanta espiar pero espiar casi siempre es delito: lo es, en la mayoría de las legislaciones modernas, cuando se espía a las personas sin orden judicial, y lo es también cuando en un país cualquiera un agente al servicio de un gobierno extranjero intenta escudriñar los secretos de estado del anfitrión. Por eso, la sola existencia de oficinas de “inteligencia” constituye casi una admisión tácita de que el poder está dispuesto a violar las leyes –las propias y las de otros países– en la materia. La seguridad nacional es uno de esos terrenos en los que, se nos dice, el fin justifica cualquier medio.

Por ejemplo, el jefe del comité de inteligencia de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Rogers, dijo ayer que el programa gubernamental de espionaje masivo recientemente puesto al descubierto por el ex empleado de la CIA Edward Snowden permitió neutralizar “decenas de amenazas terroristas”. En el discurso de la clase política estadunidense, Snowden merece ser llamado traidor por haber dado a conocer los aparatos montados por Washington, Londres y otros aliados para entrometerse en la confidencialidad de altos funcionarios de gobiernos extranjeros, pero también en las comunicaciones, la correspondencia y las actividades privadas de los ciudadanos comunes y corrientes.

Desde luego, los datos divulgados por Snowden hacen quedar mal al gobierno británico ante sus huéspedes, los mandatarios que acudieron a Gran Bretaña a la reunión del G20 de 2009, los cuales fueron implacablemente espiados con “métodos innovadores” por el Government Communications Headquarters, una entidad oficial inglesa que, oficialmente, sirve para “mantener segura y exitosa a nuestra sociedad en la era de Internet”.

Pero hay algo más grave: las órdenes a empresas telefónicas de que entregaran al espionaje gubernamental los datos de sus abonados, así como el programa PRISM, que permitió a Washington meter la nariz en millones de cuentas personales de las principales empresas internéticas, constituye una flagrante violación a la letra y al espíritu de la Cuarta Enmienda Constitucional de Estados Unidos, que establece “el derecho de los habitantes a que sus personas, domicilios, papeles y efectos se hallen a salvo de pesquisas y aprehensiones arbitrarias” y prohibe la expedición de órdenes que vulneren ese derecho y que “no se sustenten en un mortivo verosímil, estén corroboradas mediante juramento o protesta y especifiquen el lugar que deba ser registrado y las personas o cosas que han de ser detenidas o embargadas”.

Ahora el gobierno de Obama chapotea en esbozos de justificaciones y trata de argumentar que el programa PRISM y otros por el estilo no son violatorios de la Constitución. Pero no la tiene fácil: tras las revelaciones de Snowden la Unión Estadunidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) interpuso una demanda en contra del gobierno. Y, además de la ilegalidad, la mentira: apenas en marzo pasado, el general Keith Alexander, director de la Agencia de Seguridad Nacional, había negado enfáticamente en una audiencia en el Capitolio que esa institución realizara un espionaje indiscriminado sobre la ciudadanía estadunidense.

Hasta ahora la clase política de Washington y sus operadores mediáticos han logrado engatusar a un sector de la opinión pública con la idea de que las revelaciones de 2010, en las que participaron Bradley Manning, Julian Assange y WikiLeaks, fueron un acto de “colaboración con el enemigo” que puso en riesgo vidas de estadunidenses. A fin de cuentas, las víctimas de las atrocidades e inmundicias sacadas a la luz por los papeles de las guerras de Irak y Afganistán y por los cables del Departamento de Estado fueron personas, organizaciones o dependencias extranjeras . Aquellas filtraciones cimbraron al mundo pero no fueron suficientes para crear en la mayoría de la sociedad estadunidense la conciencia de que su gobierno se gasta el dinero público en enviar a sus muchachos a matar y a que los maten para sembrar una deliberada barbarie en la cual las corporaciones próximas a la Casa Blanca puedan hacer negocio, así como para obtener más bastiones estratégicos remotos desde los cuales el complejo militar-industrial podrá lanzar nuevas guerras.

La hazaña de Sonwden es distinta porque su escala no es tan planetaria, pero sí de efectos más concentrados: ahora las víctimas de la ilegalidad estructural del poder de Washington son los propios ciudadanos estadunidenses; no pocos de ellos, celosos hasta la paranoia de la preservación de su privacidad y enemigos jurados de cualquier interferencia gubernamental en sus vidas.

Ahora, el presidente de Estados Unidos no la tiene nada fácil. Las verdades expuestas por el ex empleado de la CIA no gustan a buena parte de los conservadores y tampoco a los progresistas que dieron el voto a Obama. Muchos de ellos estarán cayendo en la cuenta, ahora sí, que el hombre por el cual votaron en dos ocasiones es en realidad un prominente enemigo de los derechos civiles y las libertades individuales.  

Bush y Manning

En 2001 George Walker Bush organizó la invasión y la ocupación de Afganistán, en las que han muerto dos mil 234 estadunidenses (60 de ellos, en lo que va de 2013), 44 británicos, 644 individuos de otras potencias ocupantes y decenas de miles de afganos. En aquel entonces se dijo que la idea era garantizar la seguridad de sus conciudadanos, pero en 2013 los atentados organizados por fundamentalistas islámicos (así clasificó el gobierno gringo a los bombazos del maratón de Boston) siguen matando gente en territorio de Estados Unidos.

Dos años después de lanzar a las fuerzas armadas sobre Afganistán, Bush emprendió la invasión de Irak, en donde cuatro mil 487 de sus hombres encontraron la muerte y más de 30 mil sufrieron heridas de distinta consideración.

Si uno lo mira bien, Bush es mucho más merecedor de la acusación de “poner en riesgo vidas de estadunidenses” de lo que podría serlo el soldado Bradley Manning, quien no organizó guerra alguna y quien, hasta donde se sabe, no disparó un solo tiro durante su estancia en Irak. Lo relevante de su estadía en esa desgraciada nación árabe fue, según afirman sus acusadores en una corte militar, el haber entregado a WikiLeaks miles de documentos del Pentágono. Gracias a ellos el mundo corroboró la extensión de los crímenes cometidos por Washington en los dos países invadidos. Supo, por ejemplo, que el reportero de Reuters Namir Noor-Eldeen fue asesinado a sangre fría, junto con otras diez personas, por los tripulantes de un helicóptero estadunidense de ataque; o que las fuerzas invasoras mataron a más de 150 mil civiles inermes y que contabilizaron a muchos de ellos como “enemigos muertos en combate”; o que las fuerzas ocupantes entregaron innumerables prisioneros a la policía iraquí, a sabiendas de que serían asesinados o torturados.

Esa información habría podido ser de suma utilidad para dar eficacia a la justicia militar de Estados Unidos, para crear conciencia en Washington de que la intervención militar había servido para entronizar en Bagdad a funcionarios que se comportaban “peor que Saddam” (como lo formuló la Iraqui News Network) y para fortalecer la necesaria vigilancia social y mediática sobre las autoridades, es decir, para consolidar las reglas democráticas que Estados Unidos reclama desde siempre.

Por cierto: si tales reglas fueran realmente vigentes, hace rato que Bush y sus colaboradores Donald Rumsfeld, Dick Cheney y Condoleezza Rice, entre otros, habrían tenido que comparecer ante una corte por mentir a la sociedad, por destruir dos países, por llevar a miles de muchachos estadunidenses a una muerte sin sentido y por tolerar una corrupción monumental con los contratos de las guerras, si no es que, como en el caso de Cheney, por beneficiar con ellos a empresas en las que estaba involucrado.

Sin embargo, tras dejar sus puestos en Washington, estos individuos partieron a un anonimato millonario. Salvo Bush, quien a veces da de qué hablar cuando sale a pasear en bicicleta por su rancho de Texas.

Manning, en cambio, fue arrestado el 26 de mayo de 2010. Inicialmente internado en Kuwait, dos meses después se le envió a la base de los Marines en Quantico, Virginia. Allí fue sometido durante muchos meses a un régimen carcelario equiparable a la tortura: encerrado en una celda de dos metros por tres, privado de todo contacto con el mundo exterior, desnudo, privado de sueño, alumbrado y sometido a cámaras de vigilancia las 24 horas, privado de sus lentes, despojado de todo material de lectura o escritura. El propósito del maltrato, de acuerdo con los abogados del acusado, fue presionar a Manning para que incriminara a Julian Assange, el fundador de WikiLeaks, contra quien los aparatos de justicia de Estados Unidos no han logrado construir una acusación verosímil.

Ayer, en la base militar de Fort Meade, cerca de la capital estadunidense, empezó el juicio de guerra contra el soldado Manning. Bush, por su parte, sigue paseando en bicicleta en su rancho de Texas.

Yolanda y el comeperros

 

Yolanda Romero Núñez, originaria de Tlacotalpan, Ver., llegó a Tultitlán, Edomex,  hace 13 años, y se dedica a rescatar perros callejeros. Se define como “protectora activista de todos los animalitos” y encabeza una organización llamada “Por nuestros hermanos sin voz” que rescata, acoge y da en adopción a perros en desgracia e intercede incluso por burros maltratados; opera un albergue para animales en Tula, Hidalgo; acepta donaciones monetarias, vía transferencias bancarias o PayPal, así como en especie: alimento y medicinas para mascotas, material de limpieza, objetos varios y material de construcción, y realiza rifas y festivales para recaudar fondos. En el sitio web de su organización (todas las citas de esta entrega son literales) Romero Núñez lanza llamados angustiosos: “Por favor apoyen, en verdad ya no tenemos mucho alimento y hay mucho por hacer, y si no somos nosotros, ¿quién? El gobierno lo único que hace es matarlos cruelmente. ¿Por qué no persiguen a los delincuentes?”

La página alerta contra “grupos que siempre están difamando esta loable labor poniéndonos rocas en el camino y utilizando el 'nombre' sólo con una palabra distinta a nosotros para que la ayuda no llegue a por nuestros hermanos sin voz, en verdad estamos atravesando una situación muy difícil de alimento y apoyo para nuestros pequeños por esta gente que es un grupo de Polanco pero ya las autoridades están investigando porque nosotros estamos legalmente constituidos por el bien de todos y el bienestar de mis animalitos tendremos que proceder en contra de quien resulte responsable”.

La organización cuenta con su propia página en Facebook –más de 60 mil seguidores– y en ella hay un amplio catálogo de animales en adopción, promoción de eventos y muchas fotos de la activista en sus tareas de rescate y de cuidado.




Llama la atención una serie de entradas sobre un mismo tema: “Un tipo llamado Jou o Michelle que se come a los perros, así como se come a los perros podría comerse a un niño, él sigue libre. Si desean buscar una solución a esto y que definitivamente el individuo deje de matar a los perros pueden llamar a Yolanda 04455-3408-8421 para dar una solución”.

El comeperros de Tultitlán ha sido denunciado al menos desde 2009, como lo indica una carta enviada a Calderón cuando era presidente, y a Peña Nieto, cuando era gobernador mexiquense, en la que se pedía que aquel “ indigente adicto y violento” fuera internado en “un lugar donde pueda recibir la atención que necesita”.

En el grupo animalista de Facebook las cosas toman otro cariz. La entrada referida va acompañada por fotos de un hombre en evidente situación de calle e indigencia que realiza gestos amenazantes a la cámara, así como por una colección truculenta de cadáveres de canes enteros o mutilados, carbonizados algunos de ellos. Escribe Romero Núñez: “Ya tiene 5 años que (…) lleva matando a los animalitos en el tiradero de basura de Tultitlán, por una u otra razón no le hacen nada y también le falta el respeto a la gente. Anteriormente El Jou desangraba del cuello a los perros y los dejaba toda la noche desangrando para matarlos y comerlos después sacando su hígado. Ahora descaradamente los mata y los hierve para cocerlos vivos” (sic). No sé quién defiende a El Jou porque siempre se sale con la suya, ya lo han detenido pero siempre lo dejan libre”.




Al pie de las fotos proliferan centenares de comentarios. Uno solo de los participantes pone en cuestión la veracidad de la historia. Otros tres, sin justificar los hábitos alimenticios de El Jou, se compadecen de él. Muchos otros señalan que el vagabundo es un caníbal en potencia. El resto son execraciones divididas a partes iguales entre quienes proponen que el hombre sea encarcelado o encerrado en un hospital psiquiátrico y los que sugieren, proponen o exigen su asesinato. Los autores son usuarios variopintos de Facebook: amas de casa, empleados de corporativos, chavas estudiantes, abogados, comerciantes, dentistas, señoras de la tercera edad. En sus perfiles igual ponen imágenes de Jesucristo, rostros de Hello Kitty, siluetas de Transformers y hasta citas apócrifas de Saramago. Los nombres o los apodos de usuario no tienen importancia. He aquí algunos –sólo unos cuantos– de los comentarios, copiados con toda literalidad:

–Pónganse a pensar que hoy son los perritos, mañana puede ser uno de nosotros. Violencia genera Violencia, lo que deberían de hacer es desaparecerlo... ejem...ups!!! digo, mandarlo a un psiquiatrico y que no salga nunca más de ahí !!!!

–Ay q ir a donde vive!!! hacer justicia por nuestra propia mano si la “autoridad” le vale madre pues que vea que a nosotros no! Agarrarlo dormido y quemarlo vivo al puto.

–Para la policia no son cargos suficientes, asi ke mas facil sera darle un escarmiento a mano propia y darle a probar a ese hdp lo ke se siente ser torturado.

–Entre varios le podemos poner la putiza de su vida, le podemos romper las piernas a batazos o pasarle el carro en las patas y nos damos fuga.

–No hay nadie q le de un tiro a ese desgraciado en la frente, q maldad tan grande por dios.



Cada tanto, la responsable del sitio sube una foto de perro descuartizado, más espeluznante que la anterior, y atiza:

–Le quitó las tripas, se los come por dentro, no tiene piedad por ellos, por favor hagan algo para detener a este hombre.

Y los comentarios arrecian:

–Q se junten varios cabrones y se lleven un bote con gasolina lo busquen lo roseen y le prendan fuego.

–Lo unico que se le puede hacer es darle una putisa o apoyar a Yolanda con lo que pide, pero lo que sino sirve de nada es maldecirlo por facebook eso no logra nada mejor actúen, lo que quieran hacer cuentan conmigo.

–Posiblemente la mejor solución sea dejarle un perro, que ya esté muerto, lleno de veneno para ratas para que sea su último alimento.

–... Deberían dejarlo inmóvil cosa que no se pueda mover y echarle algún tipo de comida en el cuerpo o algo asi para que los perros se lo coman vivo al infeliz.

–Amarrenlo al ogt y quémenle las manos.

–Si las autoridades no hacen nada nosotros siiii sera mejor para todos y sobre todo para estos hermosos animalitos si desaparece. [matenlo , matenlo, matenlo!!!!!!!! ] yo apoyo.

–Es un peligro no solo para estos animalitos indefensos que no tienen la culpa sino para las personas de bien por favor únanse varias personas y entre todas cójanlo y amarrarlo con alambre de púas las manos y cocerle la lengua para que no siga haciendo daño.

–Y por que no le cortan el pene y que c lo tragueee ese hijo de la vil putaaaaaaaa y despuest lo hacen pedazitooooooooooz lentamenteeeeee”... 

–Maldito viejo estupido y asqueroso ay que atropeyarlo con un camion de basura y echarlo ahi mismo que se joda el ojete de mierda...

Una participante lanza una pregunta: 

–¿Alguien ha pensado alguna vez que dentro de estos sujetos que parecen repudiables vive alguien que también sufre?”

De inmediato, otra la fulmina:

–Ya porfa en buena onda tus argumentos dan hueva, ahorita lo q importa es resolver este problema no tus teorías llenas de sentimentalismos absurdos. Bórrate ya.

Y alguien más remata:

–Ps si tanto te molestan los comentarios llevatelo a tu casa (…) aver si cuando mate a alguno de tus familiares te parece bien, pendeja.

Gracias a la labor de Yolanda Romero Núñez, muchos perros de Tultitlán están a salvo. Pero hay un humano que, si fuera más que un invento para movilizar a personas de buen corazón, podría encontrarse en peligro de muerte: le dicen Michelle o El Jou, come perros y vive en la calle.

Ilustraciones: detalles de The Four Stages of Cruelty, de William Hogarth (1751), y Facebook

Avances y no tanto

Hace poco más de 30 años, en la elección presidencial de 1982 Arnoldo Martínez Verdugo fue candidato presidencial por el Partido Socialista Unificado de México (PSUM). En esa ocasión el Partido Revolucionario de los Trabajadores postuló para el cargo a Rosario Ibarra de Piedra. Fue la primera vez que partidos de izquierda independientes (digo independientes, porque el PPS y el PARM se sumaron a la candidatura de Miguel de la Madrid Hurtado) concurrían, con registro, a unos comicios presidenciales, y la segunda que se presentaban a las urnas (la primera fue la elección legislativa de 1979). Fue el arranque de algo nuevo y la culminación de un largo (y a veces, áspero) debate sobre los caminos a seguir para enfrentar los intereses empresariales y corporativos y lograr una transformación del país a favor de la sociedad. También fue la culminación parcial de un esfuerzo unitario que llevó a la disolución del Partido Comunista Mexicano para conformar, con otras cuatro organizaciones, el efímero PSUM. Martínez Verdugo fue uno de los motores principales de ese proceso y un resuelto impulsor de la participación en procesos electorales y de la unificación de las izquierdas.

Para aquella época los resultados no fueron malos: la candidatura de Martínez Verdugo (PSUM) recibió 3.48% de los sufragios, y la de Rosario Ibarra de Piedra (PRT), 1.76%. Sumados esos porcentajes a los obtenidos por fuerzas que se decían progresistas, a las izquierdas le reconocieron el 6.9% del sufragio (1 millón 580 mil votos). Sólo seis años después, las fuerzas de izquierda, agrupadas esa vez en el Frente Democrático Nacional, y con Cuauhtémoc Cárdenas a la cabeza, ganó la presidencia y el candidato oficial, Carlos Salinas hubo de ser impuesto en ella mediante un escandaloso fraude electoral. La cifra oficial de la entonces Comisión Federal Electoral dio a la izquierda poco más del 30 por ciento de los votos (casi 6 millones de sufragios). O sea que, con todo y fraude, el avance electoral de las fuerzas progresistas había sido espectacular.

Tampoco hay razón para confiar en la precisión de los resultados en los comicios presidenciales siguientes: tras el de 1994 el propio Ernesto Zedillo reconoció que las campañas se habían realizado con reglas inequitativas; en 2000 los sufragios por el PRI fueron ilícitamente inflados mediante inyecciones de dinero público (el Pemexgate, la más célebre); en cuanto al de 2006, el fraude a favor de Calderón fue tan descarado como el de 1988 a favor de Salinas, o más, y está mejor documentado. Aun así, la izquierda electoral, agrupada en la Coalición Por el Bien de Todos (CPBT) obtuvo el mejor resultado electoral de su historia, tanto en votos totales como en porcentaje.

Parte importante de ese esfuerzo fue José María Pérez Gay, fallecido el domingo pasado, quien actuó como articulador entre las organizaciones políticas que apoyaban a AMLO y sectores académicos, intelectuales y artísticos. Vaya aquí un humilde reconocimiento a esos dos personajes desaparecidos, Arnoldo y José María, por su participación y su entrega en la lucha por transformar a México.

El año pasado se repitió la historia. La campaña priísta, caracterizada por la manipulación y la mentira mediáticas, culminó con una inversión de miles de millones de pesos para inducir votos e inflar el caudal de sufragios a favor de Peña Nieto hasta fabricarle un margen de 8 por ciento sobre López Obrador.... Y en las cifras oficiales la izquierda volvió a batir su propio récord: casi 16 millones de votos.

En resumen: en tres décadas (y según las muy distorsionadas cifras oficiales) la izquierda electoral ha pasado de 6.9 al 31.59 por ciento en las preferencias electorales y de 1 millón 580 mil votos a 15 millones 897 mil. Si se descuenta el crecimiento del padrón electoral, eso representa un crecimiento de 500 por ciento. Si en México existiera una democracia real, habría razones para el optimismo y para seguir apostando todo a la vía electoral, en la confianza de que más temprano que tarde la izquierda habría de lograr una victoria sobre el PRIAN. Pero no: en tres elecciones presidenciales, una de cada dos, el régimen oligárquico le ha arrebatado el triunfo a la mala. Así la verdadera oposición llegara a obtener la mayoría absoluta de los votos reales, el aparato político del régimen seguiría haciendo trampa.

Descontadas las vías violentas, que hoy tienen menos margen que nunca por la paramilitarización creciente en muchas regiones del país, no parece quedar más alternativa que impulsar la organización social desde abajo, mantener la independencia ante el régimen (por ejemplo, absteniéndose de firmar Pactos por México) y seguir participando en procesos electorales para ganarlos y defender los triunfos mediante movilizaciones pacíficas, sí, pero realmente masivas, organizadas y generalizadas.

Los gustos de Mark Zuckerberg

Si entendí bien, señores administradores del Facebook, ustedes tienen la instrucción de censurar fotos como ésta, de Manuel Álvarez Bravo:



En cambio, toleran y hasta alientan la proliferación en su sistema de imágenes como esta otra, de autor anónimo:

No pasa nada. Es sólo cuestión de preferencias estéticas y de actitudes ante la vida. Las del patrón de ustedes quedan muy claras.

La invasión de Polonia

Luis Alberto Quevedo (Rinconete)

Junto a los opositores, futurólogos y economistas independientes, los medios son la última trinchera que impide que el fascismo nos domine por completo. El mecanismo es relativamente sencillo: Alguien comenta que CFK nunca negó que quiera invadir Polonia. Otro lo escribe en Clarín. TN entrevista a los opositores para que opinen sobre ese terrible proyecto y, quién sabe, incluso los convencen de lanzar un petitorio al respecto. Se produce el esperado escándalo y muchas voces moderadas exigen que CFK desmienta que quiera invadir Polonia. Ella, en su soberbia, mantiene el silencio. L.A. Romero, retoma esta sospecha y nos alerta sobre "este clima de agitación nacionalista".

Kovadloff denuncia que la presidenta se aleja del mundo libre y retoma con la invasión, "una de las más peligrosas obsesiones del hitlerismo". Luego en TN, Bonelli y Alfano ponen cara de crisis mundial y le preguntan a Ricardito Alfonsin y a Binner si "les parece normal que la presidenta quiera invadir un país independiente como Polonia, con el que mantenemos lazos históricos de amistad y relaciones diplomáticas fluidas, sin siquiera declarar la guerra". "Digo, no es normal...¿No?", concluye Bonelli. Ricardito explicará entonces que está de acuerdo, que "es un escándalo". Y mencionará la doctrina yrigoyenista de neutralidad y no intervención y el petitorio que acaba de lanzar el Comité Nacional contra la invasión de Polonia y "todo eso que ustedes mencionan". Algún constitucionalista independiente explicará que no se puede invadir Polonia sin antes solicitar la opinión no vinculante de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, mientras que el doctor Gil Lapiedra declarará que ésta es una crisis institucional grave o incluso terminal. Por último, cuando por fin no ocurra la invasión, Mariano y su Chihuahua cordobés invitarán a Marcos Novaro, quien explicará la raíz fascista del peronismo y la enorme victoria que "el verdadero progresismo" ("no el que el gobierno nos quiere hacer creer que es") ha llevado a cabo contra la Presidenta, al frenar un proyecto "contrario al derecho internacional y a los DDHH que ellos dicen defender".

Alguien mencionará la fuerte campaña en twitter y FB contra la invasión ("¡¡FUERA YEGUA DE CRACOVIA!!"),y concluirá, citando a Manuel Castells, que la democracia "pasa hoy más por las redes sociales que por las urnas". Mariano el Latinista hablará de los beneficios de haber detenido la invasión para la república, la democracia e incluso, para la libertad. "Siento que esta ha sido nuestra batalla de Stalingrado. Hemos logrado frenar al Tirano".

Concluirá con los ojos húmedos. Finalmente, CFK no invade Polonia. Conclusión de Clarín: "La presión de los medios impidió la invasión."

(Vía Adolfo Dunayevich. Tomado de aquí.)

Fashion is fusion

Cuando era joven y me ganaba la vida escribiendo ajeno conocí a individuos comunes y a individuos extraños. De entre los segundos, el más peculiar es uno de apellido Ricaurte que por aquellos tiempos regenteaba una agencia de publicidad y que me puso a redactar decenas de cuartillas para siete proyectos distintos por las cuales no me pagó un centavo. O sea que era tramposo pero muy embaucador y su esnobismo apantallaba. Tenía una rara habilidad para hacerte sentir importante y privilegiado por enterarte antes que nadie más de las tendencias que estaban a punto de sacar al mundo de su órbita y por colaborar en un plan que habría de trastocar  las relaciones comerciales planetarias; te hacía creer que tenía contactos en segundo grado con estadistas y magnates; en fin, te seducía y te negreaba y luego, previo aviso, desaparecía durante tres semanas para “cerrar el trato” y tú te quedabas ese tiempo revisando los anuncios de bienes raíces y de coches porque te parecía importante ir planeando en qué ibas a invertir la lanota que te ibas a ganar. Al cabo de ese tiempo reaparecía con la nueva de que el proyecto había experimentado un “giro radical” y había que hacerle ajustes, y tú aceptabas aquella postergación –sólo son unos meses– para empezar a ganar a la semana lo que hasta entonces ganabas al año. Eso le pasó a media docena de amigos míos. Cuando por fin senté cabeza –en términos laborales, se entiende– Ricaurte desapareció de mi radar.

Me localizó hace unos meses y, con el ímpetu desconsiderado de siempre, me citó en su despacho para platicarme de un proyecto importantísimo. Decidí seguirle la corriente, no porque sus ideas alocadas me generaran alguna expectativa sino porque sentí curiosidad de verlo en acción, ya con los ojos de la experiencia –o, cuando menos, del escarmiento– y porque seguía sin entender los mecanismos que había empleado ese hombre para timar a tanta gente ni el sentido de ponerla a trabajar en planes que no cristalizaban nunca.

Entré a su despacho, el mismo de siempre, pero con el valor agregado de un olorcillo a rancio, y una señorita despampanante me recibió en la recepción. Me hizo esperar la consabida media hora y cuando me hizo pasar al despacho, me impresionó el golpe de vejez en la persona de Ricaurte: tenía la piel muy sobrada y de su antigua cabellera de beatle sólo quedaban unas hebras de plata adheridas al cráneo. Él no acusó recibo de mi sorpresa, me indicó con un gesto que tomara asiento y me espetó:

–Fashion is fusion.

Me le quedé viendo y no me esforcé en fingir que entendía el sentido de sus acertijos ni que me regocijaba con la luz cegadora de la verdad.

–¿O sea? –aventuré con prudencia.

–Te has vuelto un poco lerdo en estas décadas –se encogió–. Antes me captabas las ideas al vuelo.

–Perdona –le repliqué–. Es que lejos de tu influencia uno se abotaga.

No vio o no quiso ver la ironía y se lanzó a explicarme que en el mundo actual la política, la cultura y los negocios estaban dominados por las mezclas y las hibridaciones. Bastaba con echar una mirada a lo que la gastronomía y a la música.

–¿Ya ves? –remachó–: Fashion is fusion.

Recordé que estaba allí para hacer un poquito de antropología, así que me hice el deslumbrado.

–Oh, tienes toda la razón. ¿Y cómo piensas aplicar ese principio?

–Piensa en el mejor negocio legal del mundo, después de vender el agua –me desafió, sintiéndose cómplice de sí mismo.

–No sé. La energía...

–También en ese campo aplica: mira los coches híbridos, por ejemplo... Pero mi producto es mucho mejor. Fundemos una religión.

Confieso que, a pesar de mi voto de escepticismo hacia Ricaurte, el disparate me sorprendió. Entre otras cosas, porque tenía razón: operar una organización religiosa puede generar dividendos altísimos y, en una buena cantidad de países, libres de impuestos. Traté de hilvanar:

–¿Una iglesia fusion?

–Ah, regresaste –se congratuló–. Exactamente. A primera vista podría parecer que la gente tiene cada vez menos necesidades de alivio espiritual y que las que tiene ya están cubiertas por toda clase de cultos. Pero con una iglesia que combine elementos de otras, puedes ir reuniendo feligresías y expandir el mercado del nuevo producto.

–Órale. ¿Y para qué soy bueno? –inquirí, a sabiendas de que no iba a ser bueno para nada porque no tenía ni las ganas ni el tiempo ni la desvergüenza que aquella empresa requería.

Como siempre, Ricaurte fue muy puntual. Me pidió tres documentos a los que llamó “la cosmogonía”, “las escrituras” y el “plan organizacional”.

–Del plan de negocios me encargo yo –dijo, en lo que era una sutil mención de mi idiotez irremediable en asuntos de números.

De golpe, la idea me pareció divertida. Así fuera como ejercicio de escritura y de imaginación, podía resultar interesante el trabajo de concebir una nueva religión a partir de cero. De modo que, como en los viejos tiempos, fingí prestancia, me levanté y le dije:

–Cuenta con ello. En una semana tienes una primera propuesta de las tres cosas.

–Sabía que seguirías siendo el mismo –dijo él, levantándose, a su vez. Me estrechó la mano con tal fuerza como si quisiera provocarme fracturas múltiples y yo abandoné su oficina sin más trámite.

La consigna de Ricaurte, fashion is fusion, me dio vueltas en la cabeza en el camino de vuelta a casa y esa tarde descuidé mis obligaciones para concentrarme en la elaboración de algunas notas:

Tareas: explorar todos los sincretismos religiosos posibles y ubicar patrones en ellos. Construir un dios con las manos perforadas de Cristo, como signo de entrega por los demás; la barriga de Buda, como símbolo de serenidad, y el empeine de Tezcatlipoca; esto último, para articular con las búsquedas del yo, el psicoanálisis, etc. (para la cosmogonía).

Tareas: Redactar textos sembrados con frases como 'Soy. Y miro y existo' – formada por palabras cuyo número de letras da el número π (3.1416) para que luego los ministros puedan descubrir correspondencias y apantallar a los fieles (para las escrituras).

Senescal no es un grado o cargo religioso pero como tal fue popularizado por El Código da Vinci y puede usarse en ua jerarquía híbrida: alim (como seminarista, diácono, o algo así), ministro (jefe de iglesia), senescal (obispo) arcipreste (arzobispo), babalao (pontífice) (para el plan organizacional).

Durante tres días me consagré (nunca mejor dicho) a anotar estupideces de ese estilo (unas 20 páginas) y dormí tres horas diarias en promedio. Luego la vida me reclamó en forma terminante porque no le estaba haciendo el menor caso y decidí parar. En ese momento me cayó encima la verdad como un plato de sopa caliente arrojado desde el piso de arriba: el poder de manipulación de Ricaurte derivaba de su capacidad para involucrarlo a uno en cosas completamente inútiles, pero divertidas. 

El siguiente misterio se desvelaba solo: cuando ponía a trabajar al prójimo en proyectos que no servían para maldita la cosa, Ricaurte no lo hacía por interés monetario, sino por divertirse y por hacer que los otros se divirtieran. El tercer enigma era de qué carajos vivía, pero eso ya no era asunto mío. Con una gran satisfacción regresé a mis rutinas cotidianas habituales. A la semana siguiente el número telefónico de Ricaurte apareció tres o cuatro veces en el identificador de llamadas. Opté por no contestarle el teléfono porque desde un punto de vista aquel tipo era un gran filántropo pero, visto desde otro ángulo, era un gran cabrón. Y ya no quise saber nada más de él.

¿Y Calderón?

La condena por genocidio que cayó el viernes pasado en Guatemala sobre el general Efraín Ríos Montt –emblema del sadismo cuartelario contrainsurgente que azotó a América Latina en los años 70 y 80 del siglo pasado en el contexto mundial de la guerra fría– fue recibida en México con esperanza y con renovada simpatía hacia las víctimas de las dictaduras militares en el país vecino. No era para menos porque es un acto de justicia y de civilización, y porque abre un boquete histórico en las paredes de la impunidad y sienta un precedente para castigar a los muchos otros asesinos de masas que se han encaramado, de la forma que sea, en el poder.

Además, el fallo, era inevitable, hizo voltear la vista hacia los esfuerzos –estériles, hasta ahora– para sancionar a algunos de nuestros propios gobernantes asesinos, desde Luis Echeverría, ejecutor de la guerra sucia, hasta Felipe Calderón, pasando por Ernesto Zedillo, responsable de varias masacres campesinas. También es inevitable que la frustración se centre sobre todo en el segundo, no sólo porque la guerra que él organizó sigue su curso implacable en el país –aunque la actual administración le haya metido sordina– sino también porque los muertos de su responsabilidad suman decenas de miles.

Sin duda, Efraín Ríos Montt y Felipe Calderón Hinojosa son individuos y casos muy distintos. Por ejemplo, el primero se graduó en la tristemente célebre Escuela de las Américas, en donde maestros ex nazis y torturadores instruían a aspirantes a gorilas, mientras que el segundo estudió en la Escuela Libre de Derecho; el guatemalteco llegó a la jefatura de Estado por medio de un cuartelazo, en tanto que el michoacano fue impuesto mediante un fraude electoral; Ríos Montt sólo pudo sostenerse 15 meses en el poder y Calderón logró terminar los seis años de su espuriato; el general se desenvolvió como engranaje de la política anticomunista de Washington, que pasaba por el exterminio de poblaciones indígenas en Guatemala, y el abogado hizo de ejecutor de la estrategia estadunidense “contra” (es decir, por) las drogas, que en la administración anterior llevó a la tumba a decenas de miles de mexicanos. Para la Casa Blanca el segundo fue un aliado más sumiso que el primero. Por lo demás, uno y otro experimentaron, en algún momento de sus respectivos mandatos, una suerte de llamado divino, y da la impresión de que se creyeron instrumentos de Dios en la lucha contra el mal en el mundo. Ninguno de ellos fue capaz de avanzar un milímetro por el camino de la rectificación y menos aun por el de la contrición. Ahora el primero está preso y el segundo está en Harvard.

Pero quédese Ríos Montt en su celda del cuartel de Matamoros, en la ciudad de Guatemala, y vayamos con Calderón; de entre los malos presidentes que ha padecido México de 1988 en adelante, es él quien más claramente encaja en el perfil de genocida. En numerosas ocasiones, el michoacano y sus colaboradores inmediatos manifestaron su determinación de acabar por los medios que fuera (matándolos, por ejemplo, o alentado que “se mataran entre ellos”) con “los criminales”, y particularmente, con los individuos involucrados en el narcotráfico. Esto no es un propósito sino un despropósito, delictivo por donde se le vea, por cuanto la tarea constitucional de la autoridad no es matar infractores sino perseguirlos, detenerlos y presentarlos ante un juez.

El problema no es sólo que la estrategia aplicada por Calderón haya tenido una concepción criminal sino también que se proyectó a un grupo conformado por entre medio millón y varios millones de mexicanos, dependiendo cómo se delimite el universo de la “delincuencia organizada”. Es decir, el calderonato planeó –y ejecutó, hasta donde le fue posible– el exterminio de presuntos infractores y le pareció razonable pagar por ello un costo de vidas inocentes, esas a las que se denominó “bajas colaterales”; a la postre, fueron una proporción mucho mayor a “nueve de cada diez” de los caídos, si no es que la mayoría. Y en estricto sentido jurídico, todos los muertos de la guerra calderonista son muertos inocentes porque no tuvieron la oportunidad de desvirtuar acusaciones formales ante un tribunal.

Cuántos muertos hacen un genocidio. Qué cantidad de objetivos humanos conforma un proyecto genocida. Bien: entre 2006 y 2012 se aplicó en México uno que buscaba suprimir a uno de cada 200 habitantes, por lo menos.

No va a ser fácil, sin duda, forzar el tránsito de Calderón de su cátedra de Harvard a una rejilla de prácticas. La consumación de la hazaña social, en el caso de Ríos Montt tomó treinta años. La respuesta depende, en buena medida, de la determinación con la que el ofendido colectivo diga (cómo no recordar a Roque Dalton): “es mi turno”.

Ejemplo del extravío

Las válvulas migratorias del mundo contemporáneo están diseñadas, en términos generales, para facilitar el libre tránsito de empresarios y turistas a cualquier país y acotar o impedir la llegada de pobres procedentes de las economías más débiles a las más poderosas. Los turistas llegan con dinero para gastar –mucho o poco– y los empresarios, con capital para invertir o mercancías y servicios para vender. Los obstáculos migratorios del sur hacia el norte están diseñados para quienes viajan sólo con su fuerza de trabajo. Por eso cualquiera que tenga pasaporte canadiense, estadunidense o mexicano puede transitar hacia el sur del continente sin restricción alguna, en tanto que centro y sudamericanos tienen que cumplir con requisitos severísimos en los consulados de esos tres países si es que quieren llegar a ellos con los papeles en orden, o bien arriesgarse a cruzar el Suchiate y/o el Bravo a la buena de Dios.

Hace ya tiempo las autoridades mexicanas aceptaron desempeñar el papel de policía migratoria externa para Estados Unidos y Canadá y hasta para Europa y Japón: “Los extranjeros de naciones que requieran visa (mexicana) estarán exentos de la misma, cuando acrediten ser residentes legales permanentes en Estados Unidos, Canadá, Japón, Reino Unido o Espacio Schengen”, concede la Secretaría de Relaciones Exteriores en su página web. Somos, pues, una especie de primer dique de control para atrapar a latinoamericanos –o africanos, o ciudadanos de países a los que Washington considera sospechosos de algo– que buscan hacerse una vida en el vecino del norte. Con el tiempo México ha ido eliminando el requisito de visa para argentinos, beliceños, costarricenses, chilenos, panameños, paraguayos, peruanos, uruguayos y venezolanos, pero se mantiene –unilateralmente– para oriundos de Antigua y Barbuda, Bolivia, Dominica, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Nicaragua, República Dominicana, Santa Lucía, Santo Tomé y Príncipe, San Vicente y Granadinas, Saint Kitts y Nevis y Surinam. Y claro, a uno se le cae la cara de vergüenza cuando desembarca en cualquiera de esos países, muestra en el puesto de control migratorio su pasaporte mexicano, sin visa ni nada, y escucha: “Pase”.

Pero obviemos por un momento lo vergonzoso de la asimetría en el condicionamiento del ingreso al país y dejemos de lado el hecho de que la reducción de los extranjeros a la condición de indocumentados se traduce en situaciones de total indefensión, que propicia toda suerte de atropellos por parte de las autoridades y que alimenta a la delincuencia organizada. Además, resulta que esa política migratoria sale carísima: el Instituto Nacional de Migración (INM) informa que cada año se gasta mil millones de pesos en detectar, perseguir, capturar, fichar, internar y deportar a extranjeros indocumentados, procedentes, en su gran mayoría, de cuatro países centroamericanos (La Jornada, 6/5/2013, p. 10).

Referencias: en 2011 el Fondo de Cultura Económica tuvo un presupuesto de 200 millones de pesos; los programas federales de Promoción y Fomento de Libros y la Lectura y Nacional de Lectura fue de 152 millones; el programa de Universidad Virtual recibió 200 millones; las actividades culturales recibieron un subsidio federal de 2.5 millones en Sinaloa, de tres millones en Tamaulipas y de 12 millones en Chihuahua, por mencionar sólo tres entidades afectadas por la violencia. Los institutos de la Frontera Norte y de la Frontera Sur tuvieron subsidios federales, entre ambos, por un total de 439 millones de pesos; un programa que buscaba la reinserción académica de jóvenes integrantes de bandas y pandillas recibió 13 millones de pesos en 2010 y se canceló en 2011. Un año antes había pasado otro tanto con una partida presupuestal para financiar becas de educación media y superior a hijos de migrantes internos.

Otro dato: según el ayuntamiento de Madrid construir una escuela básica equipada en esa ciudad cuesta el equivalente en euros a 13 millones de pesos mexicanos; Aun suponiendo que aquí costara lo mismo, si se considera el sobreprecio impuesto por la corrupción, el hecho es que por andar persiguiendo y deportando a hermanos en desgracia se ha dejado de construir 77 escuelas cada año. De ese tamaño son el extravío, la torpeza y la inmoralidad.

Vender las costas

 El robo de Texas por Estados Unidos empezó con una colonización de ese territorio que luego, tras un alzamiento, fue declarado independiente por los propios colonos, como paso previo a su conversión en estado 28. La historia se repitió en California y el filibustero William Walker trató de replicarla, años después, en Baja California y Sonora, territorios en los que llegó a proclamar una “República de Baja California”. Otro intento secesionista apoyado por Estados Unidos tuvo lugar en los actuales estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, en donde los opositores a Santa Anna intentaron fundaron una “República del Rïo Grande”. Por lo demás, a lo largo del siglo XIX y principios del XX el territorio nacional sufrió varias invasiones por vía marítima.

Con esos antecedentes no es de extrañar que el constituyente de 1917 plasmara la prohibición expresa de que extranjeros adquirieran tierras en propiedad en una franja de 100 kilómetros contada a partir de las fronteras terrestres, o de 50, a partir de las playas. Podría pensarse que la prohibición ya no tiene sentido, sobre todo si se considera que al menos desde 1988 Washington tiene en Los Pinos a aliados sumisos, lo que hace obsoleto un desembarco o un nuevo robo de territorio: los gobernantes del ciclo neoliberal viven ansiosos por entregar a las transnacionales tierras, atribuciones y propiedades nacionales bajo la forma de concesiones mineras, industriales, maquiladoras y energéticas; si el régimen de Peña lograra su propósito de poner la industria petrolera en manos del capital privado, veríamos el retorno del control de enormes extensiones del país a manos de empresas concesionadas, foráneas o nacionales, tal y como ocurría hasta antes del 18 de marzo de 1938.

En la actualidad, sin embargo, hay una razón distinta a la de antaño, pero no menos sólida, para mantener esa prohibición que la mayoría de los partidos del régimen pretende anular mediante la reforma recientemente aprobada: la necesidad de preservar los entornos humanos, sociales y económicos de las regiones costeras.

No todo el mar mexicano es Vallarta o Cancún ni todas las costas están moduladas por la industria turística de gran escala. Los 169 municipios que colindan con la zona federal marítimo terrestre (zofemat, definida en el Art. 119 de la Ley General de Bienes Nacionales, y que se considera propiedad inalienable de la nación) suman el 21 por ciento del territorio nacional y en ellos se asienta el 16 por ciento de la población (datos de 2005). Salvo en los grandes polos turísticos o portuarios, esa población padece una integración económica precaria y una gran porción de ella se encuentra, como en el resto del país, en condición de pobreza, independientemente de que ostente, o no, alguna forma de posesión de tierras.

Hasta ahora, la prohibición en el artículo 27 ha funcionado como dique para frenar, en alguna medida, la especulación mobiliaria internacional en las costas mexicanas. Los ricos nacionales que quieren casa en la playa ya la tienen y los ciudadanos extranjeros (como los estadunidenses que han comprado media Baja California) han debido recurrir a argucias legales –o ilegales– de diverso tipo. Pero la pretendida supresión del veto puede detonar una espiral de voracidad sobre zonas costeras, particularmente las económica, social y demográficamente deprimidas, mayormente situadas en Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz.

Ahora imaginen que el Senado ratifica la reforma constitucional mencionada y que, al día siguiente, los grandes consorcios turístico-inmobiliarios de Estados Unidos, Europa Occidental o Japón, por ejemplo, desembarcan (literalmente) en las costas de México, provistos de capital y buenas conexiones político-administrativas, y se enfrentan a millones de pescadores, rentadores de palapas, fonderos o cooperativistas de granjas acuícolas, y les ofrecen unos cuantos miles de dólares a cambio de sus tierras: la capacidad de resistencia de los segundos sería, previsiblemente, muy pequeña. Tendríamos, entonces, una reedición de la tragedia social que provocó el régimen de Salinas cuando, mediante otra modificación al 27, hizo posible la venta de tierras ejidales. Millones de vendedores, imposibilitados para transformar en capital el dinero que recibieron, se quedaron sin vivienda y sin medio de subsistencia y se fueron a engrosar las corrientes migratorias, los estamentos de la informalidad urbana o las filas de la delincuencia.

De otros asuntos: aguas con las provocaciones, especialmente en las movilizaciones previstas para mañana, 1 de mayo. Al régimen le urge encontrar pretextos para reprimir y criminalizar las luchas sociales.

“Tú lo quisiste...”

El “Pacto por México” es como una carta a Santa Claus redactada por un Estado que quiere parecerse al de Dinamarca, o algo así, y en esa medida es difícil no estar de acuerdo –al menos, en la situación actual de México– con la mayor parte de su letra. Quién sabe si los dirigentes panistas y perredistas recibieron el texto ya listo para firma o si realmente fue producto de un acuerdo negociado entre esos partidos y Los Pinos. El panismo, demolido por dos desastrosos ejercicios sucesivos de la Presidencia, podía firmar casi cualquier cosa; el perredismo, amputado del movimiento político más relevante en la historia de la izquierda mexicana, también. Y si uno y otro realmente aportaron algo al documento, peor para ellos, porque, con conocimiento de causa, se volvían, de esa forma, coautores de una obra de ficción: el “Pacto por México” –no hay cómo no darse cuenta– viene siendo lo opuesto al programa real de Peña Nieto.

En uno u otro caso, es razonable pensar que las principales fuerzas “opositoras” renunciaron ya no a serlo, sino incluso a parecerlo, y no con el propósito de impulsar propuestas, sino con el objetivo de obtener prebendas.

En los cálculos del régimen –que es, desde hace mucho, el instrumento principal con el que gobierna la oligarquía– el tal pacto podría aportar a Peña algo de la legitimidad democrática corroída por las pruebas de una elección comprada y, sobre todo, un soporte para armar una mayoría legislativa capaz de tramitar sin contratiempos las adulteraciones legales de signo antipopular, antidemocrático, privatizador, entreguista y monopólico que son parte medular de lo que sí quiere hacer, y está haciendo, el actual gobierno.

El problema surge cuando los cofirmantes “descubren”, por ejemplo, que la llamada reforma educativa es en los hechos el capítulo II de la contrarreforma laboral aprobada en los últimos días del calderonato, o que el “sistema nacional de programas de combate a la pobreza” es un entramado electorero priísta operado por Rosario Robles en activa colaboración con desgobernadores como Javier Duarte. Ave María Purísima. ¿En serio no lo sabían? Pues al parecer todavía no caen en la cuenta (o será que aún no quieren darse por desengañados) que la “reforma de telecomunicaciones” es un enésimo regalote a los grandes intereses corporativos del sector, en detrimento de instancias públicas y expresiones sociales organizadas que aspiran, legítimamente, a poseer y operar medios y canales de difusión independientes y distintos a lo que hay, que es una lisa y llana dictadura del empresariado.

Ahora los cofirmantes del “Pacto por México” se inconforman, hacen berrinche y se dicen defraudados. Podría ser que tras esos aspavientos haya una auténtica ingenuidad mancillada. Si ese fuera el caso, tendrían que salirse del convenio, denunciarlo y dedicarse a algo distinto que dar cobertura política a una presidencia comprada. De otra manera, si pese a todo se mantienen fieles al engendro, habrá que sospechar que no los mueve ningún compromiso por el país sino un propósito de renegociar al alza (y tal vez en forma prematura) las prebendas que acaso les ofrecieron en diciembre pasado, tal vez porque se han dado cuenta que el costo político de su adhesión al acuerdo las supera con mucho: ha de ser monumental el desgaste, la pérdida de credibilidad y el desprestigio de quienes se hacen corresponsables por lo que haga o deje de hacer el gobierno que encabeza Peña. En cualquiera de los dos escenarios –el de la candidez y el del interés–, les aplica la expresión con la que se flagelaba el recluso de un monasterio paupérrimo:

“Tú lo quisiste, fraile mostén; / tú lo quisiste, tú te lo ten”.