Paragobierno

Alvaro Uribe va en su segundo periodo presidencial en nombre de la legalidad y el combate a la delincuencia, pero buena parte de su círculo político está bajo el señalamiento público por sus vínculos con los poderes fácticos de la criminalidad organizada: esos grupos paramilitares en los que confluyen, a decir del senador Gustavo Petro, del Polo Democrático Alternativo, las tradicionales guardias blancas de los grandes hacendados, las iniciativas de contrainsurgencia y el narcotráfico. A la luz del escándalo, que ha llevado ya a la cárcel a 10 políticos de altos vuelos, ha podido saberse que los cabecillas de los grupos armados de ultraderecha tuvieron, por medio de sus patrocinados, el control del 30 por ciento del Congreso. Uribe mismo es señalado, en un reporte de inteligencia militar de Estados Unidos fechado en septiembre de 1991, como “un senador dedicado a a la colaboración con el Cártel de Medellín” y como estrecho amigo del finado Pablo Escobar Gaviria. La oposición ha documentado que durante su desempeño como gobernador de Antioquia (1995-1997) los grupos paramilitares que operaban en la región ostentaron un crecimiento de 640 por ciento. “Los grupos llamados Convivir, formados por hacendados para luchar contra los guerrilleros, fueron creados por decreto nacional y desarrollados en Antioquia por el gobernador Uribe. La relación de estos grupos con los paramilitares es clara: el 35% de sus juntas directivas estaba formado por personas que se habían dedicado al narcotráfico o al paramilitarismo en algún momento. Mi denuncia es que la política aplicada por Uribe en Antioquia es la misma que aplica hoy en el país”, afirmó Petro en una entrevista publicada ayer por El País de España.

En 2002 Uribe ganó su primera elección presidencial con algo más que su carisma personal: los generosos dineros de corporaciones y de políticos vinculados a los paramilitares y los votos forzados en las regiones dominadas por esos grupos ilegales. Él mismo ha reconocido haber recibido 100 millones de pesos (aunque tal vez hayan sido 200 millones) de Enilce López, una empresaria de apuestas y propietaria de escuadrones paramilitares que el año pasado acabó en la cárcel de Sanrta Marta (Barranquilla), acusada de lavado de dinero y desvío de fondos, pero sostiene que no hubo nada de ilegal en ello. Desde el palacio de Nariño, el presidente colombiano inició un “proceso de paz” con los que han sido sus protegidos y luego sus benefactores económicos y les ha gestionado términos de desmovilización que equivalen a una impunidad casi total.

La negociación ha permitido que cientos de crímenes de lesa humanidad se queden sin castigo y que han sido documentados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Amnistía Internacional y Human Rights Watch. Según el Comité Permanente por la defensa de los Derechos Humanos, en 2003 mil 440 personas fueron asesinadas por razones políticas en el país sudamericano. Tres por ciento de esos homicidios fue obra de las corporaciones oficiales, 27 fueron responsabilidad de las organizaciones guerrilleras y el resto, 70 por ciento, fueron perpetradas por los paramilitares.

Uribe ha puesto un título muy bonito a su estrategia para combatir la violencia endémica en Colombia: “Política de Defensa y Seguridad Democrática”. Siempre que puede habla de apego al derecho, de la importancia de acatar las leyes, de defender el orden público, de garantizar la paz y la integridad de las personas. Ya va siendo uno de los últimos gobernantes latinoamericanos adorados por la Casa Blanca. Además, su presencia personal es pulcra, agradable y elegante. Pero cada vez hay más colombianos que piensan que su presidente es la más alta representación de la delincuencia criminal que azota al país desde hace mucho tiempo.