Pileta de piedra

Ilustración: Elena Brightorch

“Félix Bernabé Méndez Aké, de 90 años de edad, miope, enfermo y casi sordo, fue acusado por su sobrina política María Inés del Rosario Concha May de haberse robado una pileta de piedra para venderla en 900 pesos en el poblado rural de Muxupip, de donde ambos son originarios. por estar acusado de robo calificado, el nonagenario no tendría derecho a libertad bajo fianza”: entre seis meses y cinco años de cárcel, de acuerdo con el Código Penal de Yucatán. “Méndez Aké no recibe pensión ni es jubilado. Sobrevive de ‘trabajitos’ y hace unos meses enviudó. De sus hijos no sabe casi nada. ‘Lo único que quiero es regresar a mi pueblo para hacerle una misa a mi esposa’, asegura”. Eso dice la nota enviada por el corresponsal Luis A. Boffil Gómez en La Jornada, y no hay razones para no creerle, aunque no puede descartarse que el gobierno emita un boletín para afirmar que en realidad el anciano no será encarcelado sino internado en un hospital para curarle una gastritis no atendida, o bien un comunicado que elogie la mano firme y la vigencia sin cortapisas de la legalidad en todo el territorio nacional.

Poco ha cambiado, salvo por el crudo anacronismo, en la descripción de un país en el que se castigaba con prisión el robo de un pan y se premiaba el saqueo si éste se realizaba en dimensiones de un millón para arriba.

Hace casi diez años, el 12 de diciembre de 1998, en un recinto legislativo custodiado por la fuerza pública, 325 diputados panistas y priístas aprobaron una iniciativa presentada por el partido de los primeros para legalizar la transferencia, sin autorización del Congreso, de fondos públicos a los bancos privados por un total cercano a 600 mil millones de pesos. Sin argumentos y sin asomo de pudor, la mayoría cogobernante inventó e impuso el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) para cambiarle el envase a la inmundicia que se había desarrollado en el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa): autopréstamos que resultaban incobrables, empresas quebradas con afán de lucro, financiamientos perdidos para campañas políticas oficiales y –eso se sabría después— la siembra de formidables oportunidades de negocio para las generaciones jóvenes de oligarcas, que al amparo de las influencias familiares, en el gobierno siguiente, pudieron adquirir propiedades del IPAB a una centésima parte de su valor.

La legalización del saqueo fue operada en San Lázaro por Arturo Núñez, entonces priísta, y por panistas como Carlos Medina Plascencia y Fauzi Hamdan. Felipe Calderón Hinojosa, por aquel tiempo presidente de Acción Nacional, festinó la votación. Unos días más tarde mintió por escrito (“con la iniciativa del PAN, cuyas condiciones han sido finalmente aceptadas por el gobierno y por su partido, se desechó definitivamente la iniciativa del Ejecutivo que pretendía convertir a deuda pública los pasivos del Fobaproa” ) y dio una indicación precisa de lo que significa para él la promesa de mano firme cuando va dirigida a los poderosos: “Parte medular de la propuesta de Acción Nacional fue el decir ¡No a la impunidad! Dijimos y sostenemos que deben realizarse auditorías a fondo y castigarse a los culpables (...) Ello sin menoscabo de que seguirán adelante las demandas de juicio político en contra de los funcionarios que, con sus actos, llevaron al país a una virtual bancarrota”. Por supuesto, hasta la fecha ninguno de los culpables del astronónico saqueo ha recibido castigo alguno.

Tal vez sea cierta la acusación de María Inés del Rosario Concha May contra su tío. En todo caso, a Félix Bernabé Méndez Aké más le habría valido desfalcar un par de corporativos al amparo del Fobaproa. De esa forma habría resuelto sus problemas económicos y familiares y, con un poco de suerte, hasta lo habrían hecho funcionario público. Pero lo acusan de robarse una pileta de piedra que vale 900 pesos, y ahora irá a la cárcel. Quién le manda.

San Lázaro, 12 de diciembre de 1998: legalización del saqueo
(Fotos de Francisco Olvera y José Antonio López)