La Comisión Federal de Electricidad y las ocho empresas particulares que contrató (total: 200 trabajadores para suplir a 44 mil electricistas despedidos) no tienen capacidad para enfrentar la emergencia en que se encuentra la capital de la República. El pasado 18 de enero, el vocero de la paraestatal, Estefano Conde, admitió que a la CFE le tomará “unos 20 meses” establecer en el DF un servicio similar al de otras entidades.
Además de la severa afectación que los apagones causan en la vida cotidiana, y que generan un efecto de onda expansiva en otros rubros (tránsito, suministro de agua, telecomunicaciones, seguridad pública, protección civil...), la situación está causando graves daños económicos a incontables ciudadanos y a microempresas y pequeñas empresas: abarroterías y misceláneas, carpinterías, salones de belleza, despachos de contabilidad, consultorios médicos y odontológicos, centros de copiado, imprentas, panaderías, tortillerías...
En días recientes, esta emergencia ya ha generado expresiones de descontento social masivo, como en Azcapotzalco, en donde, en días pasados, y tras 72 horas de interrupción de la energía eléctrica (y, por consiguiente, del abasto de agua), los habitantes han procedido a bloquear vialidades en demanda de atención.
La emergencia no sólo justifica sino que hace necesaria la intervención de las autoridades locales. El Gobierno del Distrito Federal debe tomar en sus manos, a la brevedad, el abasto (y acaso también la generación) de electricidad para sus habitantes, por medio del establecimiento de una entidad pública dedicada a ello, y procurar una acción coordinada, en este terreno, con los gobiernos de las entidades colindantes.
El Artículo 27 de la Constitución dice: “Corresponde exclusivamente a la Nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la Nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines.”
Es decir, no señala, como en otros pasajes de ese mismo artículo, atribuciones exclusivas del Gobierno Federal, sino “de la Nación”. No parece haber obstáculo legal, en consecuencia, para que las autoridades capitalinas (y de las entidades circundantes) asauman la rsponsabilidad conrrespondiente. Con ello se enfrentaría la emergencia, se daría a la capital de la República certidumbre y confianza, se desactivarían descontentos sociales por demás explosivos y se restablecería la viabilidad económica de decenas de miles de negocios y de cientos de miles de capitalinos afectados por la incertidumbre y la irregularidad en el abasto de energía eléctrica.
3 comentarios:
Es una idea extraordinaria.
Quizás el Gobierno del DF pueda retomarla.
E problema es que dudo de la capacidad de generación que se pueda tener en el DF (no creo que los gobiernos colindantes participen).
Y es que entiendo que ese fue el problema con LFC (no provocado por el SME), que tenían que comprar electricidad cara a la CFE, y venderla barata.
Obviamente eso genera un problema, ya que, definitivamente, la CFE (gobierno) no tiene la menos intención de subsidiar una idea como ésta.
Saludos
RRS
Nop, Xerófilo, el problema principal de LyFC es que no cobraba la electricidad a las grandes empresas privadas ni a las dependencias gubernamentales y que el régimen la hizo competir en condiciones desventajosas con firmas privadas extranjeras.
Sin duda, es un golpe bajísimo a CFE el párrafo del artículo 27 constitucional.
Buen razonamiento Pedro, un saludo.
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