Hasta la madre

Juan Francisco Sicilia Ortega no es ni más ni menos importante que cualquier otro muerto de esta guerra estúpida. Puede representar a todos ellos. Dependerá de nosotros, deudos de una nación ensangrentada y desarticulada, que así sea. Dependerá de nosotros el que la náusea y la ira tomen un rumbo preciso de acción para detener el baño de sangre que padecemos por obra de los intereses imperiales y de sus socios y ejecutores locales: las mafias políticas, empresariales y mediáticas que en 2006 se vieron ante la disyuntiva de perder el poder o destruir al país, y que optaron por lo segundo.

Treinta o cuarenta mil muertos después, el saqueo regular a la población y al erario, el terror de Estado, la entrega de regiones a grupos paramilitares, la plena disolución de la seguridad pública y los ejercicios de simulación de normalidad democrática, han tenido efectos catastróficos en la sociedad: la desarticulación y el desaliento son evidentes y empieza a proliferar una suerte de resignación ciudadana ante el achicamiento, el enrarecimiento y el deterioro generalizados en todos los espacios de la vida, especialmente en el ingreso, la educación, la calle, la salud y la seguridad. Los saldos de treinta o cuarenta muertos diarios son un trago cotidiano amargo, pero cada vez más familiar. Si hace unos años era exasperante la proliferación de asaltos, hoy esos episodios delictivos ya ni escandalizan, porque se han instalado en nuestras posibilidades adversas el levantón, el tránsito súbito a la condición de “baja colateral”, la decapitación y el desmembramiento.

Ni el miedo, ni la desesperanza ni el cinismo, han disipado la exasperación y la rabia de vastos sectores de la población ante la destrucción programada del país. Pero, hasta ahora, ninguna de las masacres, ninguno de los robos, ninguno de los atropellos, ha logrado congregar el hartazgo nacional ante la administración corrupta, irresponsable, entreguista y cruenta. No lo consiguieron, por diversas razones, los llamados de empresarios prominentes que sufrieron secuestro y asesinato de un pariente cercano, ni los homicidios múltiples en Ciudad Juárez, ni el desprecio oficial por la vida de los niños que murieron quemados en la Guardería ABC, ni el uso faccioso de los aparatos de justicia, ni la cesión a mineras transnacionales de una buena parte del territorio nacional, ni el brutal despido de 40 mil electricistas, ni las muestras de connivencia entre el poder público y las organizaciones delictivas a las que dice combatir.

El asesinato de siete personas en Temixco, perpetrado la semana pasada por un grupo de la delincuencia organizada, incrustado o no, con vínculos o no, en alguna corporación de seguridad pública, podría ser el detonante para que la sociedad exprese, de manera masiva, inequívoca e indiscutible, el enojo contenido por tantos agravios. El llamado a tomar las calles formulado por Javier Sicilia, padre de una de las víctimas, ha prendido. Mañana, en una veintena de ciudades del país, un número incierto de ciudadanos se reunirá para exigir que el gobierno federal ponga un alto al baño de sangre. Ya no es tiempo de experimentos, y nunca debió serlo, porque la materia de experimentación ha sido la vida humana. Ya no debe haber margen de condescendencia o tolerancia ante un régimen que declara una guerra, por ocurrencia propia o por imposición gringa, y que después no sabe cómo perderla, mucho menos cómo ganarla, y que termina diciendo: “yo no fui”.

Que no se equivoquen: la responsabilidad política por las entre treinta y cuarenta mil vidas destruidas –sin contar las de las viudas, los viudos, las y los huérfanos, las madres y los padres– recae en el jefe nominal del régimen; el mismo que, en la hora de la carnicería, se sube a jugar a un avión de la Fuerza Aérea Mexicana y lanza una broma pueril y disociada: “¡Disparen misiles!”

La ciudadanía no tiene porqué dirigirse a la delincuencia no gubernamental ni exigirle nada, ni hacerse justicia por propia mano, ni ir a comprar armas de fuego; para eso mantiene –y a qué precio– un aparato gubernamental legal y constitucionalmente encargado de prevenir el delito, procurar justicia y velar por las seguridades pública y nacional. Para eso se asignan carretadas de dinero nuestro; para eso la autoridad detenta el monopolio de la violencia legítima; para eso pagan –se supone– un enjambre de sesudos asesores.

El llamado es para mañana, miércoles, a las cinco de la tarde. En varias ciudades. En la capital el encuentro será en la explanada de Bellas Artes para partir rumbo al Zócalo. De la ciudadanía depende que el llamado fructifique y que pueda enviarse al calderonato un mensaje civil inocultable y masivo: arreglen como puedan esta idiotez sangrienta o quítense de ahí. Estamos hasta la madre.